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Bienestar Social adeuda el mes de diciembre a 3.500 cuidadores de afectados de la ley de dependencia
Un abogado pide ayuda para una familia con un padre ciego y un hijo dependiente
. G. del Burgo, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social adeuda la paga del mes de diciembre a los 3.489 cuidadores familiares y externos que se encargan de atender a las personas con dependencia, que ya tienen la ayuda aprobada, según han expresado a Levante-EMV varios afectados que han calificado la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana como un "fraude moral" y una "carrera de obstáculos".Son muchas las personas con dependientes a su cargo que viven en una situación muy precaria y para quienes esta prestación económica constituye un auténtico respiro, según informaron algunos allegados que han denunciado ya en otras ocasiones el retraso en el que incurre la Conselleria de Bienestar Social en el abono de estas prestaciones.Por otra parte, el abogado Rafael Venegas ha remitido una carta al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que le informa de la acuciante necesidad de una familia que tiene un hijo de 8 años, con una parálisis cerebral desde su nacimiento, y 40 kilos de peso que requiere el cuidado constante de la madre y una de las hermanas, ya que para llevarle de la cama a la silla de ruedas necesita la ayuda de tres personas. El padre sufre una enfermedad progresiva que le ha dejado casi ciego y trabaja como vendedor de la ONCE.En la misiva remitida al responsable de Bienestar Social, el letrado destaca que cuando los padres le refirieron su dramática situación se ofreció a ayudarles y solicitó una cita con el secretario de la dependencia. Eso fue en septiembre de 2008 y todavía no ha podido recibirle."Hasta ahora solo he tenido acceso a su secretaria y a su asesor, a quienes he hecho partícipes de la urgencia del problema, dada la grave situación de los padres del menor", añade el letrado, quien destaca que lo único que recibe son buenas palabras, "pero que la ayuda sigue sin llegar".Rafael Venegas afirma que no comprende como la Ley de la Dependencia, "tarde tanto en cumplirse, cuando su aplicación debería ser prioritaria ya que afecta a necesidades básicas y perentorias de ciudadanos de nuestra Comunitat".Como el caso que expone este abogado, hay centeneras de personas en el territorio autonómico que esperan esta prestación desde hace meses, con impaciencia y una necesidad crucial.Trabajadores sociales despedidosPor otra parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV ha denunciado que miles de valencianos de cuatro municipios de la Comunitat se quedarán sin poder tramitar sus expedientes de la Ley de la Dependencia al haber despedido los respectivos consistorios a los trabajadores sociales encargados de tramitar la documentación y asignar, de acuerdo con la familia, las ayudas que más se adecúen a sus necesidades (PIA). Estos ayuntamientos han rescindido los contratos de al menos a cuatro empleados al haber alcanzado el máximo de 24 meses de contratación y estar obligados a suscribir uno indefinido."Esto supone un caos organizativo monumental, dificulta el seguimiento de los casos y de las prestaciones, supone perder a trabajadores ya formados conocedores de las situaciones personales y familiares y comportará más retrasos y trabas para aplicar la ley", afirma un portavoz de FSP-UGT, que critica el sistema de subvenciones anuales de la Generalitat, ya que no garantiza a los ayuntamientos la continuidad de su financiación lo que impide asumir el coste de estos empleados e incorporarlos a la plantilla.
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contratos de la generalitat
El BOE publica el contrato millonario de los helicópteros dos días antes de finalizar el plazo
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dimarts, 20 de gener del 2009
dimarts, 6 de gener del 2009
Per ofrenar noves glòries a Españña.
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A les seues ordres, Molt Honorable Francisco! Els pofesionals de la casa el saluden!
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La directoradeTVV traslada la orden de Camps de que se le llame Francisco y Molt Honorable
Francesc Arabí, Valencia
Desde la campaña electoral de 2003 que le llevó al Palau, Francisco Camps se llamaba Francesc. En Canal 9. En la voz de los presentadores y periodistas de la casa y en los rótulos sobreimpresionados en las pantallas, donde, además, se le presentaba como "president de la Generalitat". Con el nuevo año, el jefe del Consell ha cambiado de identidad en la televisión pública. Ahora se le ha de llamar "Francisco" y en los rótulos aparecerá como "Molt honorable president de la Generalitat". Lo dice una hoja Din A4, en formato apaisado, pegada a un pilar del departamento lingüístico de TVV, en la primera planta de Burjassot.
Lo colgó Lola, secretaria de la directora, Lola Johnson, quien, a su vez, seguía instrucciones del presidente. Se las trasladó en vivo durante la grabación del discurso de fin de año en Alicante. Tras seis años de escuchar varias veces a diario su nombre en valenciano, el presidente ha dicho basta. En la emisión de ese mensaje, el nombre ya apareció rotulado como Francisco, tal como fue bautizado Camps hace 46 años. Al día siguiente, el 1 de enero, la directora cayó en la cuenta de que no había trasladado la consigna a periodistas y lingüistas y corrió a dar las órdenes cuando el informativo del mediodía ya estaba en marcha. Para que nadie diga que no se enteró, la directora mandó colgar el cartel. Como dijo Carod-Rovira en TVE1, es más fácil decir Josep Lluís que Schwarzenegger. Y, en Canal 9, desde ahora, más fácil decir Francisco que Francesc.
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El Colegio de Abogados prepara un turno de oficio para atender los casos de la dependencia
La Generalitat abonará los servicios de los letrados que demandarán a la conselleria
P. G. del Burgo, Valencia
El Colegio de Abogados de Valencia implantará un turno de oficio específico para asistir de forma gratuita a las personas con discapacidad que se hayan acogido a la ley de la Dependencia y sufran demoras o problemas que les impide cobrar la ayuda solicitada a la Conselleria de Bienestar Social.
El decano del colegio, Francisco Real, manifestó a Levante-EMV que la Junta Directiva ha analizado y aprobado la creación de la sección de discapacidad en el turno de oficio que entrará en vigor a finales de enero o principios de enero.
Por el momento, en el colegio han comenzado a realizar los estudios de viabilidad previos para estimar el número de beneficiarios y de profesionales que serán necesarios para atender sus demandas.
En estos momentos son unos quinientos los letrados que se han acogido a realizar este tipo de servicio, cuyos honorarios son sensiblemente inferiores a las minutas oficiales reconocidas por el colegio.
El turno de oficio para atender a personas con discapacidad se sumará a los tres existentes: el que se ha habilitado para tratar a las víctimas de la violencia doméstica, el que se creó para asistir los asuntos de extranjería y el que históricamente se proporciona a las personas sin recursos económicos.
En estos momentos, los miembros de la Junta estudian también qué tipo de formación tendrán que impartir a los abogados que quieran participar de forma voluntaria en esta nueva modalidad de turno de oficio.
Los solicitantes tendrán que cumplir una serie de requisitos previos para atender los casos relacionados con la dependencia.Se da la paradoja de que será la propia Generalitat Valenciana la que abonará el coste de este nuevo servicio al Colegio de Abogados de Valencia, pese a que las demandas que se planteen serán contra las decisiones de la Conselleria de Bienestar Social.
El Colegio de Abogados de Alicante también va a implantar un turno de oficio similar.
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Anulado el PGOU de Castellón por infringir la ley estatal del suelo
EP
El Supremo afirma que la derogada LRAU no garantizaba la participación
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A les seues ordres, Molt Honorable Francisco! Els pofesionals de la casa el saluden!
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La directoradeTVV traslada la orden de Camps de que se le llame Francisco y Molt Honorable
Francesc Arabí, Valencia
Desde la campaña electoral de 2003 que le llevó al Palau, Francisco Camps se llamaba Francesc. En Canal 9. En la voz de los presentadores y periodistas de la casa y en los rótulos sobreimpresionados en las pantallas, donde, además, se le presentaba como "president de la Generalitat". Con el nuevo año, el jefe del Consell ha cambiado de identidad en la televisión pública. Ahora se le ha de llamar "Francisco" y en los rótulos aparecerá como "Molt honorable president de la Generalitat". Lo dice una hoja Din A4, en formato apaisado, pegada a un pilar del departamento lingüístico de TVV, en la primera planta de Burjassot.
Lo colgó Lola, secretaria de la directora, Lola Johnson, quien, a su vez, seguía instrucciones del presidente. Se las trasladó en vivo durante la grabación del discurso de fin de año en Alicante. Tras seis años de escuchar varias veces a diario su nombre en valenciano, el presidente ha dicho basta. En la emisión de ese mensaje, el nombre ya apareció rotulado como Francisco, tal como fue bautizado Camps hace 46 años. Al día siguiente, el 1 de enero, la directora cayó en la cuenta de que no había trasladado la consigna a periodistas y lingüistas y corrió a dar las órdenes cuando el informativo del mediodía ya estaba en marcha. Para que nadie diga que no se enteró, la directora mandó colgar el cartel. Como dijo Carod-Rovira en TVE1, es más fácil decir Josep Lluís que Schwarzenegger. Y, en Canal 9, desde ahora, más fácil decir Francisco que Francesc.
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El Colegio de Abogados prepara un turno de oficio para atender los casos de la dependencia
La Generalitat abonará los servicios de los letrados que demandarán a la conselleria
P. G. del Burgo, Valencia
El Colegio de Abogados de Valencia implantará un turno de oficio específico para asistir de forma gratuita a las personas con discapacidad que se hayan acogido a la ley de la Dependencia y sufran demoras o problemas que les impide cobrar la ayuda solicitada a la Conselleria de Bienestar Social.
El decano del colegio, Francisco Real, manifestó a Levante-EMV que la Junta Directiva ha analizado y aprobado la creación de la sección de discapacidad en el turno de oficio que entrará en vigor a finales de enero o principios de enero.
Por el momento, en el colegio han comenzado a realizar los estudios de viabilidad previos para estimar el número de beneficiarios y de profesionales que serán necesarios para atender sus demandas.
En estos momentos son unos quinientos los letrados que se han acogido a realizar este tipo de servicio, cuyos honorarios son sensiblemente inferiores a las minutas oficiales reconocidas por el colegio.
El turno de oficio para atender a personas con discapacidad se sumará a los tres existentes: el que se ha habilitado para tratar a las víctimas de la violencia doméstica, el que se creó para asistir los asuntos de extranjería y el que históricamente se proporciona a las personas sin recursos económicos.
En estos momentos, los miembros de la Junta estudian también qué tipo de formación tendrán que impartir a los abogados que quieran participar de forma voluntaria en esta nueva modalidad de turno de oficio.
Los solicitantes tendrán que cumplir una serie de requisitos previos para atender los casos relacionados con la dependencia.Se da la paradoja de que será la propia Generalitat Valenciana la que abonará el coste de este nuevo servicio al Colegio de Abogados de Valencia, pese a que las demandas que se planteen serán contra las decisiones de la Conselleria de Bienestar Social.
El Colegio de Abogados de Alicante también va a implantar un turno de oficio similar.
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Anulado el PGOU de Castellón por infringir la ley estatal del suelo
EP
El Supremo afirma que la derogada LRAU no garantizaba la participación
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divendres, 12 de desembre del 2008
El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes.
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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dissabte, 6 de desembre del 2008
Camps desvia diners de Dependència a residències mentre continua amb les polítiques de grans esdeveniments i propaganda i mentida a C9.
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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dilluns, 13 d’octubre del 2008
La Generalitat no podrà tanca el repetidor de TV3 a Serra Perenxisa i altres del PV.
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TV3
C9 Castellà Català Catalunya Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Ecologia Economia
Educació EpC F1 Fabra Finançament Immigració Metro Mitjans Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament Urbanisme depredador.
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La Generalitat no podrá cerrar el repetidor de TV3 en Serra Perenxisa
El juez estima "desproporcionada" la medida solicitada por la Generalitat, y recuerda que se trata de un acuerdo provisional, que la decisión sobre el fondo está reconocida y que la ley en la que se basa todo el expediente está todavía pendiente de un recurso de inconstitucionalidad.
EUROPA PRESS
El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha denegado a la Generalitat valenciana la autorización para acceder y precintar las instalaciones del repetidor de TV3 de Serra Perenxisa (Valencia), según informaron hoy en un comunicado fuentes de Acció Cultural del País Valencià (ACPV).El órgano judicial basa su decisión en el hecho de que la Generalitat no ha conseguido acreditar la proporcionalidad de la medida solicitada. Indica que aunque se alega la necesidad de reestablecer la legalidad, no se especifican los efectos de la infracción, ni que vayan a evitarse los perjuicios por estas emisiones no autorizadas pueden causar a los titulares de las concesiones del servicio público.
Expone que tampoco se acredita la urgencia del caso para adoptar esta medida, que afecta al derecho de la libertad de expresión y comunicación, reconocido en la Constitución como derecho fundamental en el artículo 20.1.Así, el juez estima "desproporcionada" la medida solicitada, y recuerda que se trata de un acuerdo provisional, que la decisión sobre el fondo está reconocida y que la ley en la que se basa todo el expediente está todavía pendiente de un recurso de inconstitucionalidad. En estas circunstancias, y "teniendo en cuenta que hay libertades y derechos fundamentales en juego", el juez deniega la solicitud a la espera de la resolución sobre la cuestión de fondo, reiteran.
Ante ello, ACPV recordó que es la tercera resolución judicial contraria al cierre de repetidores de TV3 por parte de la Generalitat, y citó los ejemplos del repetidor de Montdúver, en La Safor, y del Bartolo, en La Plana. Ahora, indica la organización, se está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia respecto al expediente sancionador que afecta a los repetidores de Carrasqueta, Montdúver y Bartolo.
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ERC preguntará a De la Vega por el "incumplimiento flagrante" del pacto de reciprocidad de TV3 y Canal 9
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Terra Mítica debe al Estado 15 millones
La deuda incluye más de dos millones por intereses de demora. La cantidad pendiente arranca del incumplimiento de las condiciones por recibir subvenciones de incentivos regionales
denuncia
Juan Antonio Blay, Madrid. corresponsal
La deuda certificada que mantiene la sociedad Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A., con el Tesoro Público asciende en estos momentos a 14.740.489,49 euros, según explica el Gobierno en su respuesta a una pregunta por escrito planteada por el diputado socialista por Alicante Carlos González Serna, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El diputado socialista alicantino se interesó el pasado 24 de junio ante el Ejecutivo por la "materialización" por parte de la sociedad que explota el conocido parque temático de Benidorm "del reintegro al Tesoro Público de la subvención de 14.584.860,15 euros requerida por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda".
En su respuesta, el Ejecutivo explica que el reintegro de esa cantidad fue acordada el 22 de marzo de 2007 al "declarar el incumplimiento total de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos a la empresa Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A.". A la citada cantidad había que sumar otros 2.567.658,89 en concepto de intereses de demora, es decir algo más de 17 millones de euros.
Según la respuesta por escrito facilitada por el Gobierno al diputado, a fecha de 9 de septiembre no consta en los registros contables de la Administración General del estado "otros ingresos correspondientes a dicha liquidación que los realizados por 'Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A. en suspensión de pagos', con fecha de 15 de febrero de 2008, por importe de 2.412.030 euros, de los que 2.050.959,41 euros corresponden al reintegro de la subvención y el resto, 361.070,59 euros a intereses de demora".
En su escrito al diputado González el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, informa que "la deuda pendiente de ingreso (14.740.489,49 euros) se encuentra certificada de descubierto con fecha 31 de julio de 2007 y en gestión de cobro por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".
El Ministerio de Economía y Hacienda procedió a la reclamación de la subvención pública de más de 14,5 millones de euros recibida en su día por la sociedad promotora y constructora del parque temático Terra Mítica tras constatar que su desarrollo incumplía las condiciones establecidas para recibir la subvención.
Terra Mítica fue un proyecto impulsado desde la Generalitat bajo el mandato de Eduardo Zaplana hasta el punto de que instituciones públicas formaron parte de su accionariado junto a las dos grandes cajas de ahorros de la Comunitat Valenciana, la CAM y Bancaja. El proceso de su construcción así como el de su explotación ha estado rodeado de grandes polémicas e irregularidades que incluyen una suspensión de pagos y varias investigaciones judiciales.
En el último año, el parque temático cerró con un beneficio operativo de 1,1 millones de euros, y un Beneficio Después de Impuestos positivo por segundo año consecutivo de más de 19,6 millones, según las cuentas anuales de Terra Mítica. Además, tuvo un aumento de asistencia del 4% respecto a 2006, un crecimiento similar al que se esperaba obtener.
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Bienestar Social envía cartas a mayores sin ayudas en las que les garantiza la prestación
FSP-UGT califica de burla y publicidad engañosa las misivas de la conselleria
Levante-EMV, Valencia
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV tildó ayer de "burla" que la Conselleria de Bienestar Social haya enviado cartas a personas ingresadas en residencias que no reciben ninguna ayuda de la Generalitat en las que les asegura que no verán mermadas sus cuantías.
La entidad sindical explicó en un comunicado que la Conselleria de Bienestar Social "ha remitido centenares de cartas a usuarios de residencias privadas de personas mayores, en las que afirma que, aunque no se les reconociera la situación de dependencia, y con el objetivo de que no vea mermada en ningún caso la cuantía que venía percibiendo, seguiría igualmente disfrutando del servicio de atención residencial como consecuencia del nivel adicional de protección prestado por la Generalitat". El asunto es que estas cartas "también se remiten a personas ingresadas en residencias que no reciben ninguna ayuda de la Generalitat, y que se están pagando el 100% del coste de la plaza en una residencia privada".
FSP-UGT resaltó que la Conselleria ha realizado "envíos masivos" de cartas con "publicidad engañosa", ya que "induce a error al garantizar aparentemente ayudas a todos los residentes y al afirmar que se disfruta de una ayuda que realmente no se recibe". Asimismo, el sindicato indicó que "una lectura detenida desvela que, en realidad, a quién no cobra ninguna ayuda simplemente se le garantiza que no cobrará menos, no verá mermada en ningún caso la cuantía que venía percibiendo", lo que, para la formación sindical, supone "una burla".
Malentendidos desagradables
La federación de UGT-PV hizo hincapié en que esta situación "ha llevado al enfado de muchas de estas personas, y ha puesto en apuros a dirigentes de residencias privadas cuando los usuarios han preguntado por las ayudas que supuestamente reciben por estar ingresados en la residencia".
Por otra parte, la entidad sindical criticó que la Conselleria de Bienestar Social "se está centrando en llenar las residencias llamadas de accesibilidad social -acogidas al plan que pretendía crear 9.000 plazas- y está dejando de subvencionar plazas en residencias más pequeñas, con el sistema de Bono-residencia", una situación que está provocando que "varias pequeñas residencias hayan cerrado y otras muchas se vean en serios problemas económicos".
UGT indicó que "se da la paradoja que a estas residencias de accesibilidad social se les exige menos requisitos de personal que con el anterior sistema de bono-residencia, que requería la presencia de enfermero durante las 24 horas del día y de médico ocho horas diarias, lo que no ocurre en residencias de accesibilidad social". Y señala que "prácticamente se les paga el mismo precio por plaza". De esta forma, "la conselleria ha conseguido pagar lo mismo pero exigiendo menos personal y menos calidad del servicio".
La federación de UGT también criticó que la Conselleria "ha eliminado la libertad de elección de residencia de las personas mayores dependientes. Con el Bono-residencia el beneficiario tenía la oportunidad de elegir entre decenas de residencias acogidas a este sistema, ahora cada grupo empresarial del Plan 9.000 tiene el monopolio de las zonas asignadas en el contrato administrativo que suscribió, y se garantiza que la administración no ofrecerá ayudas a otras residencias".
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El Bloc denuncia una nueva agresión a su sede esta madrugada
El lanzamiento de una piedra de grandes dimensiones contra la fachada ha provocado la rotura de los cristales.
EFE
El Bloc Nacionalista Valencià (Bloc) ha denunciado hoy ante la Policía la agresión que ha sufrido esta madrugada la sede de la formación, en la que el lanzamiento de una piedra de grandes dimensiones contra la fachada ha provocado la rotura de los cristales.
Según un comunicado del Bloc, esta "nueva agresión" se suma a la que ha sufrido también este puente festivo el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, y se produce un año después de la que sufrió la sede del Bloc con la colocación de un artefacto incendiario y que está investigando la Audiencia Nacional.
El Bloc ha recordado además que hace quince días una edil del Bloc, Maite Peiró, "recibió doce puntos de sutura por una pedrada que un grupúsculo de ultraderecha le lanzó en la celebración del Correllengua en Gandia. Quince días después aún no ha habido ninguna detención".Según el texto de la denuncia presentada, la piedra que ha roto los cristales de la sede del Bloc medía veinticinco por diez centímetros.El Bloc destaca que su sede sufre "año tras año, por estas señaladas fechas, el ataque de los intolerantes. La fecha elegida para este atentado nos confirma la intencionalidad política e ideológica de estos hechos".
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TV3
C9 Castellà Català Catalunya Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Ecologia Economia
Educació EpC F1 Fabra Finançament Immigració Metro Mitjans Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament Urbanisme depredador.
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La Generalitat no podrá cerrar el repetidor de TV3 en Serra Perenxisa
El juez estima "desproporcionada" la medida solicitada por la Generalitat, y recuerda que se trata de un acuerdo provisional, que la decisión sobre el fondo está reconocida y que la ley en la que se basa todo el expediente está todavía pendiente de un recurso de inconstitucionalidad.
EUROPA PRESS
El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha denegado a la Generalitat valenciana la autorización para acceder y precintar las instalaciones del repetidor de TV3 de Serra Perenxisa (Valencia), según informaron hoy en un comunicado fuentes de Acció Cultural del País Valencià (ACPV).El órgano judicial basa su decisión en el hecho de que la Generalitat no ha conseguido acreditar la proporcionalidad de la medida solicitada. Indica que aunque se alega la necesidad de reestablecer la legalidad, no se especifican los efectos de la infracción, ni que vayan a evitarse los perjuicios por estas emisiones no autorizadas pueden causar a los titulares de las concesiones del servicio público.
Expone que tampoco se acredita la urgencia del caso para adoptar esta medida, que afecta al derecho de la libertad de expresión y comunicación, reconocido en la Constitución como derecho fundamental en el artículo 20.1.Así, el juez estima "desproporcionada" la medida solicitada, y recuerda que se trata de un acuerdo provisional, que la decisión sobre el fondo está reconocida y que la ley en la que se basa todo el expediente está todavía pendiente de un recurso de inconstitucionalidad. En estas circunstancias, y "teniendo en cuenta que hay libertades y derechos fundamentales en juego", el juez deniega la solicitud a la espera de la resolución sobre la cuestión de fondo, reiteran.
Ante ello, ACPV recordó que es la tercera resolución judicial contraria al cierre de repetidores de TV3 por parte de la Generalitat, y citó los ejemplos del repetidor de Montdúver, en La Safor, y del Bartolo, en La Plana. Ahora, indica la organización, se está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia respecto al expediente sancionador que afecta a los repetidores de Carrasqueta, Montdúver y Bartolo.
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ERC preguntará a De la Vega por el "incumplimiento flagrante" del pacto de reciprocidad de TV3 y Canal 9
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Terra Mítica debe al Estado 15 millones
La deuda incluye más de dos millones por intereses de demora. La cantidad pendiente arranca del incumplimiento de las condiciones por recibir subvenciones de incentivos regionales
denuncia
Juan Antonio Blay, Madrid. corresponsal
La deuda certificada que mantiene la sociedad Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A., con el Tesoro Público asciende en estos momentos a 14.740.489,49 euros, según explica el Gobierno en su respuesta a una pregunta por escrito planteada por el diputado socialista por Alicante Carlos González Serna, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El diputado socialista alicantino se interesó el pasado 24 de junio ante el Ejecutivo por la "materialización" por parte de la sociedad que explota el conocido parque temático de Benidorm "del reintegro al Tesoro Público de la subvención de 14.584.860,15 euros requerida por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda".
En su respuesta, el Ejecutivo explica que el reintegro de esa cantidad fue acordada el 22 de marzo de 2007 al "declarar el incumplimiento total de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos a la empresa Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A.". A la citada cantidad había que sumar otros 2.567.658,89 en concepto de intereses de demora, es decir algo más de 17 millones de euros.
Según la respuesta por escrito facilitada por el Gobierno al diputado, a fecha de 9 de septiembre no consta en los registros contables de la Administración General del estado "otros ingresos correspondientes a dicha liquidación que los realizados por 'Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S. A. en suspensión de pagos', con fecha de 15 de febrero de 2008, por importe de 2.412.030 euros, de los que 2.050.959,41 euros corresponden al reintegro de la subvención y el resto, 361.070,59 euros a intereses de demora".
En su escrito al diputado González el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, informa que "la deuda pendiente de ingreso (14.740.489,49 euros) se encuentra certificada de descubierto con fecha 31 de julio de 2007 y en gestión de cobro por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".
El Ministerio de Economía y Hacienda procedió a la reclamación de la subvención pública de más de 14,5 millones de euros recibida en su día por la sociedad promotora y constructora del parque temático Terra Mítica tras constatar que su desarrollo incumplía las condiciones establecidas para recibir la subvención.
Terra Mítica fue un proyecto impulsado desde la Generalitat bajo el mandato de Eduardo Zaplana hasta el punto de que instituciones públicas formaron parte de su accionariado junto a las dos grandes cajas de ahorros de la Comunitat Valenciana, la CAM y Bancaja. El proceso de su construcción así como el de su explotación ha estado rodeado de grandes polémicas e irregularidades que incluyen una suspensión de pagos y varias investigaciones judiciales.
En el último año, el parque temático cerró con un beneficio operativo de 1,1 millones de euros, y un Beneficio Después de Impuestos positivo por segundo año consecutivo de más de 19,6 millones, según las cuentas anuales de Terra Mítica. Además, tuvo un aumento de asistencia del 4% respecto a 2006, un crecimiento similar al que se esperaba obtener.
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Bienestar Social envía cartas a mayores sin ayudas en las que les garantiza la prestación
FSP-UGT califica de burla y publicidad engañosa las misivas de la conselleria
Levante-EMV, Valencia
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV tildó ayer de "burla" que la Conselleria de Bienestar Social haya enviado cartas a personas ingresadas en residencias que no reciben ninguna ayuda de la Generalitat en las que les asegura que no verán mermadas sus cuantías.
La entidad sindical explicó en un comunicado que la Conselleria de Bienestar Social "ha remitido centenares de cartas a usuarios de residencias privadas de personas mayores, en las que afirma que, aunque no se les reconociera la situación de dependencia, y con el objetivo de que no vea mermada en ningún caso la cuantía que venía percibiendo, seguiría igualmente disfrutando del servicio de atención residencial como consecuencia del nivel adicional de protección prestado por la Generalitat". El asunto es que estas cartas "también se remiten a personas ingresadas en residencias que no reciben ninguna ayuda de la Generalitat, y que se están pagando el 100% del coste de la plaza en una residencia privada".
FSP-UGT resaltó que la Conselleria ha realizado "envíos masivos" de cartas con "publicidad engañosa", ya que "induce a error al garantizar aparentemente ayudas a todos los residentes y al afirmar que se disfruta de una ayuda que realmente no se recibe". Asimismo, el sindicato indicó que "una lectura detenida desvela que, en realidad, a quién no cobra ninguna ayuda simplemente se le garantiza que no cobrará menos, no verá mermada en ningún caso la cuantía que venía percibiendo", lo que, para la formación sindical, supone "una burla".
Malentendidos desagradables
La federación de UGT-PV hizo hincapié en que esta situación "ha llevado al enfado de muchas de estas personas, y ha puesto en apuros a dirigentes de residencias privadas cuando los usuarios han preguntado por las ayudas que supuestamente reciben por estar ingresados en la residencia".
Por otra parte, la entidad sindical criticó que la Conselleria de Bienestar Social "se está centrando en llenar las residencias llamadas de accesibilidad social -acogidas al plan que pretendía crear 9.000 plazas- y está dejando de subvencionar plazas en residencias más pequeñas, con el sistema de Bono-residencia", una situación que está provocando que "varias pequeñas residencias hayan cerrado y otras muchas se vean en serios problemas económicos".
UGT indicó que "se da la paradoja que a estas residencias de accesibilidad social se les exige menos requisitos de personal que con el anterior sistema de bono-residencia, que requería la presencia de enfermero durante las 24 horas del día y de médico ocho horas diarias, lo que no ocurre en residencias de accesibilidad social". Y señala que "prácticamente se les paga el mismo precio por plaza". De esta forma, "la conselleria ha conseguido pagar lo mismo pero exigiendo menos personal y menos calidad del servicio".
La federación de UGT también criticó que la Conselleria "ha eliminado la libertad de elección de residencia de las personas mayores dependientes. Con el Bono-residencia el beneficiario tenía la oportunidad de elegir entre decenas de residencias acogidas a este sistema, ahora cada grupo empresarial del Plan 9.000 tiene el monopolio de las zonas asignadas en el contrato administrativo que suscribió, y se garantiza que la administración no ofrecerá ayudas a otras residencias".
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El Bloc denuncia una nueva agresión a su sede esta madrugada
El lanzamiento de una piedra de grandes dimensiones contra la fachada ha provocado la rotura de los cristales.
EFE
El Bloc Nacionalista Valencià (Bloc) ha denunciado hoy ante la Policía la agresión que ha sufrido esta madrugada la sede de la formación, en la que el lanzamiento de una piedra de grandes dimensiones contra la fachada ha provocado la rotura de los cristales.
Según un comunicado del Bloc, esta "nueva agresión" se suma a la que ha sufrido también este puente festivo el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, y se produce un año después de la que sufrió la sede del Bloc con la colocación de un artefacto incendiario y que está investigando la Audiencia Nacional.
El Bloc ha recordado además que hace quince días una edil del Bloc, Maite Peiró, "recibió doce puntos de sutura por una pedrada que un grupúsculo de ultraderecha le lanzó en la celebración del Correllengua en Gandia. Quince días después aún no ha habido ninguna detención".Según el texto de la denuncia presentada, la piedra que ha roto los cristales de la sede del Bloc medía veinticinco por diez centímetros.El Bloc destaca que su sede sufre "año tras año, por estas señaladas fechas, el ataque de los intolerantes. La fecha elegida para este atentado nos confirma la intencionalidad política e ideológica de estos hechos".
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dilluns, 6 d’octubre del 2008
Comunitat Valenciana.
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Ara només cal estar alerta perquè el sàtrapa local no s'ho gasti en Fórmula 1, assessors, privatitzacions, deute de C9, ... I, a sobre, li tiri la culpa a Zapatero.
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El Gobierno destinará 85 millones para implantar la Ley de la Dependencia en la Comunitat
De la Vega ha anunciado un Plan de Acción para mejorar la independencia de las personas discapacitadas.
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.
Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.
Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.
"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".
"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".
Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".
El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones"."De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".
Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.
"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.
También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.
Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".
Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.
Al desarrollo de esta estrategia se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años, de los que un 60% corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad, y el resto a fomentar el empleo protegido, en particular en los centros especiales de empleo.
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Com a Madrid, que hi ha una llista d'espera per a entrar en la llista d'espera? Què quedarà quan els tirem i governi l'esquerra? Ho hauran destrossat tot i repartit beneficis?
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Cervera anuncia la puesta en marcha del registro de pacientes en lista de espera
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha la primera fase del registro de pacientes en lista de espera, "centralizado e integral, que nos permitirá, entre otras cosas, conocer en tiempo real el impacto de las medidas de gestión que vayamos aplicando en cada uno de nuestros centros hospitalarios y de especialidades".
Cervera respondió así a las 24 preguntas formuladas por el diputado socialista Ignacio Subías para saber el número de pacientes en lista de espera -para la realización de exploraciones médicas- en los hospitales de la Comunitat. Cervera también indicó que en diciembre de 2007 la Agencia Valenciana de Salud tenía registrados a 2.149 pacientes en lista de espera es decir, "un 95,87% menos que en 1995".
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El partit "nacionalista i d'esquerres" que es diu Bloc ja ha expulsat l'individu de la moció de censura? Ja poden tapar-la, que la merda fa i farà pudor.
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La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp
ARTURO RUIZ
Bloc y PP pasan página sobre un escándalo en el que hay seis imputados.
Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.
Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad
Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento
La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.
Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.
Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.
Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.
Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.
Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.
Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.
El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".
El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.
La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.
Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.
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Ara només cal estar alerta perquè el sàtrapa local no s'ho gasti en Fórmula 1, assessors, privatitzacions, deute de C9, ... I, a sobre, li tiri la culpa a Zapatero.
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El Gobierno destinará 85 millones para implantar la Ley de la Dependencia en la Comunitat
De la Vega ha anunciado un Plan de Acción para mejorar la independencia de las personas discapacitadas.
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.
Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.
Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.
"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".
"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".
Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".
El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones"."De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".
Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.
"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.
También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.
Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".
Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.
Al desarrollo de esta estrategia se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años, de los que un 60% corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad, y el resto a fomentar el empleo protegido, en particular en los centros especiales de empleo.
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Com a Madrid, que hi ha una llista d'espera per a entrar en la llista d'espera? Què quedarà quan els tirem i governi l'esquerra? Ho hauran destrossat tot i repartit beneficis?
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Cervera anuncia la puesta en marcha del registro de pacientes en lista de espera
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha la primera fase del registro de pacientes en lista de espera, "centralizado e integral, que nos permitirá, entre otras cosas, conocer en tiempo real el impacto de las medidas de gestión que vayamos aplicando en cada uno de nuestros centros hospitalarios y de especialidades".
Cervera respondió así a las 24 preguntas formuladas por el diputado socialista Ignacio Subías para saber el número de pacientes en lista de espera -para la realización de exploraciones médicas- en los hospitales de la Comunitat. Cervera también indicó que en diciembre de 2007 la Agencia Valenciana de Salud tenía registrados a 2.149 pacientes en lista de espera es decir, "un 95,87% menos que en 1995".
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El partit "nacionalista i d'esquerres" que es diu Bloc ja ha expulsat l'individu de la moció de censura? Ja poden tapar-la, que la merda fa i farà pudor.
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La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp
ARTURO RUIZ
Bloc y PP pasan página sobre un escándalo en el que hay seis imputados.
Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.
Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad
Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento
La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.
Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.
Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.
Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.
Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.
Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.
Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.
El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".
El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.
La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.
Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.
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dijous, 2 d’octubre del 2008
Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana".
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C9 Colpisme Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Economia Educació EpC
F1 Fabra Finançament Immigració Metro Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica
Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana
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Sí, home, com si no tingués res millor a fer! Què creu aquest individu que som els valencians, una colla de cretins? És el mateix que he dit anteriorment de Font de Mora y Millán Astray: si pensa el que diu és impossible que estigui en possessió de totes les seves facultats mentals, si no ho pensa, és un miserable, cínic, mentider, demagog i pocavergonya que busca rèdit polític i personal. I jo estic convençut que no ho pensa.
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Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana"
El president de la Generalitat y el portavoz del PSPV, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.
EFE El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.La polémica se ha originado durante la primera sesión de control parlamentario al president tras el verano a raíz de la pregunta del portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre financiación autonómica y los recortes del Gobierno en los anticipos de tesorería para Sanidad, en la que ha aprovechado para denunciar que los Presupuestos del Estado "odian" a los valencianos, porque "Zapatero odia a esta comunidad".
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha manifestado que en política hay que ser "cuidadoso" con el lenguaje, porque "es una constante histórica que hablar de odio incita a la violencia", y que quienes hacen referencia a "odios inexistentes están llamando a violencias futuras".
"Es una constante histórica que hablar del odio, que incitar al odio, que llamar al odio, es un lenguaje prefascista, y ese lenguaje, señor presidente, yo no lo voy a utilizar jamás en esta tribuna", ha aseverado.Camps ha replicado: "aquí los únicos que han roto los principios de la concordia nacional que dio como consecuencia nuestra Constitución han sido ustedes, no sólo hablando, sino legislando sobre la memoria histórica".
El president ha reivindicado que una generación entera buscó puntos de concordia y logró elaborar "el mayor acuerdo político y social que jamás los españoles habían hecho".Sin embargo, ha añadido, "los socialistas de Zapatero, que no de González", se han dedicado durante la legislatura pasada a intentar llevar constantemente "a la memoria histórica de los españoles una etapa cerrada con convicción, con compromiso y sobre todo con concordia y con ganas de mirar al futuro".Luna ha afirmado que desconoce "qué extraña correlación" ha llevado a Camps a relacionar el lenguaje del odio con la memoria histórica, pero ha considerado que "tiene su importancia" que haga esa relación.
"La memoria histórica tiene por finalidad otra cosa, precisamente cerrar los caminos del odio, porque cuando no se cierra bien" y cuando "se cierra un conflicto con la victoria para unos y la humillación para otros", entonces se sigue hablando de "odio" y de "injusticia histórica", ha asegurado el portavoz socialista.Ángel Luna ha añadido que en ese caso "se sigue negando a unos lo que otros han tenido con creces durante 40 años; seguramente ustedes están en ese lado de la balanza", ha afirmado Luna, quien ha indicado que los populares "sabrán de qué lado se encuentran, y de qué lado se han encontrado en los años en que aquí había que dar la cara por las libertades".
Por lo que respecta a los anticipos de tesorería para financiar la Sanidad, Camps ha denunciado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ataca directamente la sanidad pública" con decisiones como la de "retirarle" a la Comunitat Valenciana más de 350 millones de euros comprometidos.Camps ha manifestado que este Gobierno "erróneo para la economía española" está provocando que, después de quince años, ahora en España "se hable de paro", y ha mostrado el compromiso del Consell de que la Comunitat "siga siendo el motor que genere empleo y esperanza".
Por su parte, el portavoz popular ha señalado que Zapatero, "si no se ha convertido en el enemigo público número uno, por lo menos está entre los diez más buscados de esta comunidad", y le ha acusado de querer "descompensar" la sanidad pública valenciana, un servicio que en la actualidad "sólo garantiza" el Consell del PP.
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Una propuesta de contrato-programa de RTVV "en poco tiempo"
"Estamos en mejores condiciones que otros para afrontar la crisis"
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Tot i l'odi que ens té Zapatero:
El Gobierno mantiene las inversiones en 2.336 millones de euros para 2009
Peralta dice que las cuentas aumentan un 2,6% y el ministerio que se reducen un 0,6%
L. B. B./J. G. G./R. M. C., Valencia
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunitat Valenciana en 2009 reduce la inversión, en conjunto, un 0,6%, según las cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda al presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados. En total serán 2.336 millones de euros los que recibirá la Comunitat Valenciana de las arcas del Estado según se refleja en el proyecto de presupuestos del Ministerio de Economía y adelantó ayer el delegado del Gobierno en la C. Valenciana. Aunque la opacidad de este último en la rueda de prensa para explicar los presupuestos creará seguramente la polémica de la semana. Según Peralta, los presupuestos crecen este año un 2,6% al inyectar una lluvia de 2.336 millones en 2009. Sin embargo, las informaciones oficiales procedentes de Madrid, tal como informó un teletipo de la agencia Efe, reflejaban que las inversiones en la C. Valenciana se reducían un 0,6%. ¿Quién tenía razón? El error que hará correr ríos de tinta se encuentra en la cifra total de las cuentas de 2008 de la que se parte. Hasta tres cifras llegó a barajar ayer este periódico: 2.346 millones (del proyecto de presupuestos) 2.352 millones (de las cuentas consolidadas, cifra que ofrecía la agencia Efe). Aunque, finalmente, "la cifra actual de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat para 2008 es de 2.278 millones de euros y no de 2.352", según aclararon fuentes de la Delegación del Gobierno cerca de las 20 horas. La cantidad total invertida el pasado año se reduce a 2.278, según Peralta, porque "los 74 millones previstos para la Copa del América fueron eliminados a raíz del litigio que mantiene paralizada la organización en Valencia de la competición náutica". Así pues, las cuentas crecen un 2,6%, y no un 0,6%, si se dan por buenas las explicaciones del Delegado del Gobierno. Estos raquíticos porcentajes crecen prodigiosamente si se suman las cuentas de los ministerios inversores por excelencia: Fomento y Medio Ambiente. Ambos inyectarán en la Comunitat Valenciana en 2009 un total de 2.169 millones de euros, cuando en 2008 fueron 1.807 millones de euros, lo que supone un incremento del 20%. Por último, las cuentas del Estado supondrán, según Peralta, que el próximo año "se invertirán cada día 6,4 millones de euros diarios en la Comunitat Valenciana. La población ha crecido un 11,8% de 2004 a 2008, pero la inversión ha aumentado en este periodo un 70%, desde los 1.380 millones del último presupuesto del PP hasta los 2.336 millones que invierte José Luis Rodríguez Zapatero".
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Valencia, la cuarta por la cola por habitante
Los contratistas valencianos creen que el presupuesto es "un balón de oxígeno"
La estación central de Valencia recibe tres millones de euros
Interior pone los recursos para proteger las costas de la inmigración ilegal
El aeropuerto de Manises abordará su nuevo centro de control aéreo
La mayor parte de la inversión en puertos irá a la primera fase de ampliación de Valencia
Medio Ambiente no incorpora nuevos proyectos y se limita a cerrar las obras del Plan AGUA
Fomento inyecta en carreteras 279 millones de euros, un 26% más que en 2008
El presupuesto para las líneas de AVE crece en Valencia pero cae en Castelló y Alicante
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El paro subió en 9.350 personas en septiembre en la Comunitat, un 3,27% más
Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castelló, con un 7,14% y en Alicante, con un 4,37%. En Valencia, un 1,57%.
EUROPA PRESS
El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de la Comunitat Valenciana al término del mes de septiembre subió en 9.350 personas respecto al mes anterior, un 3,27 por ciento, con lo que el número de desempleados se situó en 295.010.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el conjunto de España el desempleo subió el pasado mes de septiembre en 95.367, un 3,77 por ciento, algo más que el 3,27 por ciento registrado en la comunidad autónoma.En relación al mismo mes del año anterior, el paro aumentó en 91.115, un 44,69 por ciento.Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castellón, con un 7,14 por ciento y en Alicante, con un 4,37 por ciento.
Por sectores, el paro subió en septiembre en todos los sectores, excepto en agricultura, donde bajó en 166.En servicios aumentó en 7.075; en construcción, en 262; en el colectivo sin empleo anterior, en 902 y en industria en 1.267.El paro masculino se situó en 145.935 y el femenino en 149.075.
Del total de parados de la comunidad, 38.687 son menores de 25 años, y de ellos 22.846 son hombres y 15.841 mujeres.El número de contratos se elevó en septiembre a 147.950, 46.523 más que el mes anterior; de ellos, 16.613 fueron indefinidos, 8.516 más que en agosto.
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El paro vuelve a subir y alcanza su mayor cifra desde 1997
Declaran concurso de acreedores de la promotora Constructalia Global
La afiliación media a la Seguridad Social bajó en 117.197 cotizantes en septiembre
Valencia, la ciudad con mayor incremento del paro femenino
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Acisclo Arrambla Pael:
El PP impide garantizar por ley que los informes ambientales se publiquen antes de hacer los PAI
Los populares aprueban en solitario el proyecto de puntos de encuentro familiar, mientras la oposición critica que se permita la gestión privada de estos centros
J. G. G., Valencia
El grupo popular rechazó ayer en el pleno de las Corts la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís pel País Valencià que planteaba la modificación de la ley de impacto ambiental, de 1989, para obligar al Consell a publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el plazo máximo de dos meses, los informes que recogen las exigencias ambientales que deben respetar, entre otros, los promotores en cualquier actuación urbanística. Imponiendo un plazo por ley, quedaría garantizado que los informes de impacto ambiental (DIA) se difundieran siempre antes de que las actuaciones se culminen, ya que, advirtió Mònica Oltra, de Compromís-Iniciativa, ahora se dan a conocer "muchas veces" cuando ya se ha puesto el último ladrillo, y además los ciudadanos podrían ser "cómplices" de la Administración en velar por que se respeten las exigencias.
"Es así de simple pero así de importante", enfatizó Oltra para defender la sencilla reforma legal, sin lograr ablandar el niet de la bancada popular. La ley obliga ahora a publicar los DIA pero sin plazo y el socialista Francesc Signes puso ejemplos bastante inquietantes: El 2 de septiembre pasado se difundieron en el diario oficial declaraciones de impacto ambiental aprobadas ¡en noviembre de 2006, hace dos años! Otra "práctica habitual", alertó Signes, son las "publicaciones masivas" que se limitan a hacer constar "sólo el nombre del municipio", con lo que resulta "imposible" saber a qué actuación se refieren si no se va a la letra pequeña. Todo ello causa "situaciones esperpénticas" cuyo objetivo es "ocultar información sobre las DIA aprobadas para que no sean conocidas por terceros que pudieran tener interés en cuestionarlas públicamente". Oltra atribuyó también a "razones inconfesables" esta "falta de transparencia" y "oscuridad", y se preguntó quién controla que las declaraciones condicionadas a determinadas cuestiones se cumplan. El popular José Ciscar se parapetó tras una ley del Gobierno de Zapatero, la reguladora de los derechos de acceso a la información en medio ambiente, para sostener que está "garantizada la plena publicidad de las DIA", ya que la norma avala el acceso a estos documentos por cualquier ciudadano que los solicite. Al margen de la publicación, indicó, las determinaciones de los informes ambientales son vinculantes para los promotores. Y sostuvo que los dos meses chocarían con los plazos fijados en el reglamento que desarrolló la ley de impacto ambiental. Signes desveló, sin embargo, un dato sorprendente: El reglamento obliga a publicar las DIA en 15 días, una determinación que el Consell "incumple sistemáticamente desde hace años".
"Legorragia" popular
El PP aprobó en solitario, con la oposición de socialistas y Compromís, la ley de los Puntos de Encuentro Familiar, los centros donde los familiares pueden relacionarse con los menores en los casos de separación o divorcio. La oposición criticó que el Consell mantenga la posibilidad de privatizar la gestión de estos centros. Los populares también rechazaron la enmienda a la totalidad de Compromís al proyecto de ley de asociaciones. Oltra acusó al PP de sufrir "legorragia", que definió como hacer leyes vacías de contenido para dar la imagen de que se trabaja, aunque en este caso reprochó al Consell una "fata morgana asociativa", la ilusión de un tejido asociativo basado en una red clientelar. La nueva consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, destacó que el texto regulará las más de 40.000 asociaciones.
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L'Acisclo d'aquí em fa que és del Bloc:
El Ayuntamiento de Calp llevará a la Sindicatura las facturas extrajudiciales aprobadas por el PP
El alcalde de Calp, Luis Serna (PSPV-PSOE), ha anunciado hoy que el equipo de gobierno municipal llevará el próximo viernes a la Sindicatura de Cuentas las facturas aprobadas extrajudicialmente durante el anterior mandato del PP para que se investigue si existe delito en esta manera de proceder.
EFE
El anuncio se ha producido pocos días antes del pleno del próximo lunes en el que se debatirá para su aprobación la moción de censura presentada por el PP, Bloc y PSD con el fin de arrebatarle la Alcaldía a Serna y dejarla en manos de primer teniente alcalde y portavoz del Bloc, Joaquín Tur.El concejal de Hacienda, Nicolay Pérez Titeca, ha cifrado en más de catorce millones de euros el montante total de las citadas facturas aprobadas, según el gobierno municipal, "sin ningún tipo de expediente de contratación" o "ejecutadas al margen de la Ley de Contratación".
Pérez Titeca también ha resaltado que se han acometido obras, como el vial J del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el parque botánico, la ampliación del Ayuntamiento o la piscina climatizada, con "sobrecostes" del precio de licitación que "superan con creces lo que permite la ley" y que suman un importe global de 3.798.000 euros.
En otros casos, como en las obras de las instalaciones de RTV-Calp, se han realizado "sin ningún tipo de contratación formal, sin tan siquiera instruir o iniciar algún tipo de expediente", según el gobierno municipal.
El alcalde ha considerado "una tremenda irresponsabilidad" contratar "obras sin expedientes y con sobrecostes de hasta cuatro millones de euros"."Por ello queremos denunciar esas irregularidades y llevar la documentación al Tribunal de Cuentas para que se depuren responsabilidades", ha explicado Serna.
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Aguas de Calpe pagó 790.000 euros en obras de la red por movimientos de tierra que no se hicieron
El PSPV reta a Camps a defender la moción
Morera le recuerda a Alarte que tienen "muchas mayorías absolutas" juntos
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Boicot de Camps a la Llei de la Dependència:
Los dependientes reclaman ante la Generalitat más agilidad para aplicar la ley
Más de un centenar de personas se ha concentrado hoy frente al Palau de la Generalitat para reclamar al Gobierno valenciano "una mayor agilidad" en el reconocimiento y aplicación de la Ley de Dependencia.
EFE La concentración, convocada por la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) del sindicato UGT ha tenido lugar en las sedes autonómicas de toda España bajo el lema "Por la defensa y el cumplimiento de la Ley de Dependencia".
El secretario general de UPJP-UGT-PV, Antonio Leal, ha denunciado la existencia de "diecinueve velocidades" en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha lamentado que la Comunitat está "a la cola" en el cumplimiento de este derecho.
Leal ha valorado la Ley que garantiza "derechos sociales en lugar de caridad o beneficencia" aunque ha criticado la "dejadez" del Consell en esta materia.La secretaria de la mujer y la igualdad del sindicato, Elvira Ródenas, ha manifestado que, según los datos del 1 de septiembre ofrecidos por el Ministerio, en la Comunitat hay una laguna de 4.800 personas con un grado III de Dependencia que no han recibido las ayudas, se les han denegado o no la han solicitado por falta de información.
Algunos de los familiares de los dependientes que han acudido a la concentración han ratificado esta situación al afirmar "sentirse desmoralizados" ante la lentitud del proceso y la falta de respuesta.
Uno de ellos, hermana e hija de personas dependientes, ha reconocido no haber solicitado las ayudas para su hermana tras pedirlas para su padre y recibir el aviso de valoración siete meses después, cuando ya había fallecido.
Ródenas ha reivindicado que aunque la Ley reconoce el derecho de la persona a elegir cuál es la prestación que se adecúa mejor a su situación, en la Comunitat no se recoge esta opción y el 72 por ciento de las ayudas concedidas se basa en compensaciones económicas.
Desde la formación sindical han reclamado que se incremente el equipo de personal de valoración porque aunque la Generalitat habla de un grupo permanente de 150 personas, según UGT-PV hay 45 profesionales para toda la Comunitat.
En opinión de la secretaria de igualdad del sindicato, la ley "no se está aplicando correctamente" ya que en lugar de crear empleo de calidad, impulsar la cualificación profesional y desarrollar un consejo consultivo de vigilancia integrado por las organizaciones sindicales y empresariales, se está "parcheando con los derechos de los ciudadanos".Esta situación también ha sido denunciada por representantes de UGT-PV en Alicante y Castellón, presentes en la concentración.
Finalmente, una representación de los manifestantes ha sido recibida por una asesora de Presidencia que, según fuentes del sindicato, trasladará estas reivindicaciones.
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CONTRA El "PASOTISMO" EN LA LEY DE DEPENDENCIA
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Els sindicats, aleshores, què són, còmplices, imbècils..? No home, no! "Cree el ladrón ..."
Cotino acusa a Zapatero de "engañar" a los sindicatos con la ley de Dependencia
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Poca broma.
La juez del metro autoriza el desguace del convoy dos meses después de haberse realizado
La magistrada cierra definitivamente el caso del accidente que causó 43 fallecidos en la Línea 1
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C9 Colpisme Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Economia Educació EpC
F1 Fabra Finançament Immigració Metro Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica
Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana
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Sí, home, com si no tingués res millor a fer! Què creu aquest individu que som els valencians, una colla de cretins? És el mateix que he dit anteriorment de Font de Mora y Millán Astray: si pensa el que diu és impossible que estigui en possessió de totes les seves facultats mentals, si no ho pensa, és un miserable, cínic, mentider, demagog i pocavergonya que busca rèdit polític i personal. I jo estic convençut que no ho pensa.
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Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana"
El president de la Generalitat y el portavoz del PSPV, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.
EFE El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.La polémica se ha originado durante la primera sesión de control parlamentario al president tras el verano a raíz de la pregunta del portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre financiación autonómica y los recortes del Gobierno en los anticipos de tesorería para Sanidad, en la que ha aprovechado para denunciar que los Presupuestos del Estado "odian" a los valencianos, porque "Zapatero odia a esta comunidad".
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha manifestado que en política hay que ser "cuidadoso" con el lenguaje, porque "es una constante histórica que hablar de odio incita a la violencia", y que quienes hacen referencia a "odios inexistentes están llamando a violencias futuras".
"Es una constante histórica que hablar del odio, que incitar al odio, que llamar al odio, es un lenguaje prefascista, y ese lenguaje, señor presidente, yo no lo voy a utilizar jamás en esta tribuna", ha aseverado.Camps ha replicado: "aquí los únicos que han roto los principios de la concordia nacional que dio como consecuencia nuestra Constitución han sido ustedes, no sólo hablando, sino legislando sobre la memoria histórica".
El president ha reivindicado que una generación entera buscó puntos de concordia y logró elaborar "el mayor acuerdo político y social que jamás los españoles habían hecho".Sin embargo, ha añadido, "los socialistas de Zapatero, que no de González", se han dedicado durante la legislatura pasada a intentar llevar constantemente "a la memoria histórica de los españoles una etapa cerrada con convicción, con compromiso y sobre todo con concordia y con ganas de mirar al futuro".Luna ha afirmado que desconoce "qué extraña correlación" ha llevado a Camps a relacionar el lenguaje del odio con la memoria histórica, pero ha considerado que "tiene su importancia" que haga esa relación.
"La memoria histórica tiene por finalidad otra cosa, precisamente cerrar los caminos del odio, porque cuando no se cierra bien" y cuando "se cierra un conflicto con la victoria para unos y la humillación para otros", entonces se sigue hablando de "odio" y de "injusticia histórica", ha asegurado el portavoz socialista.Ángel Luna ha añadido que en ese caso "se sigue negando a unos lo que otros han tenido con creces durante 40 años; seguramente ustedes están en ese lado de la balanza", ha afirmado Luna, quien ha indicado que los populares "sabrán de qué lado se encuentran, y de qué lado se han encontrado en los años en que aquí había que dar la cara por las libertades".
Por lo que respecta a los anticipos de tesorería para financiar la Sanidad, Camps ha denunciado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ataca directamente la sanidad pública" con decisiones como la de "retirarle" a la Comunitat Valenciana más de 350 millones de euros comprometidos.Camps ha manifestado que este Gobierno "erróneo para la economía española" está provocando que, después de quince años, ahora en España "se hable de paro", y ha mostrado el compromiso del Consell de que la Comunitat "siga siendo el motor que genere empleo y esperanza".
Por su parte, el portavoz popular ha señalado que Zapatero, "si no se ha convertido en el enemigo público número uno, por lo menos está entre los diez más buscados de esta comunidad", y le ha acusado de querer "descompensar" la sanidad pública valenciana, un servicio que en la actualidad "sólo garantiza" el Consell del PP.
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Una propuesta de contrato-programa de RTVV "en poco tiempo"
"Estamos en mejores condiciones que otros para afrontar la crisis"
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Tot i l'odi que ens té Zapatero:
El Gobierno mantiene las inversiones en 2.336 millones de euros para 2009
Peralta dice que las cuentas aumentan un 2,6% y el ministerio que se reducen un 0,6%
L. B. B./J. G. G./R. M. C., Valencia
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunitat Valenciana en 2009 reduce la inversión, en conjunto, un 0,6%, según las cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda al presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados. En total serán 2.336 millones de euros los que recibirá la Comunitat Valenciana de las arcas del Estado según se refleja en el proyecto de presupuestos del Ministerio de Economía y adelantó ayer el delegado del Gobierno en la C. Valenciana. Aunque la opacidad de este último en la rueda de prensa para explicar los presupuestos creará seguramente la polémica de la semana. Según Peralta, los presupuestos crecen este año un 2,6% al inyectar una lluvia de 2.336 millones en 2009. Sin embargo, las informaciones oficiales procedentes de Madrid, tal como informó un teletipo de la agencia Efe, reflejaban que las inversiones en la C. Valenciana se reducían un 0,6%. ¿Quién tenía razón? El error que hará correr ríos de tinta se encuentra en la cifra total de las cuentas de 2008 de la que se parte. Hasta tres cifras llegó a barajar ayer este periódico: 2.346 millones (del proyecto de presupuestos) 2.352 millones (de las cuentas consolidadas, cifra que ofrecía la agencia Efe). Aunque, finalmente, "la cifra actual de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat para 2008 es de 2.278 millones de euros y no de 2.352", según aclararon fuentes de la Delegación del Gobierno cerca de las 20 horas. La cantidad total invertida el pasado año se reduce a 2.278, según Peralta, porque "los 74 millones previstos para la Copa del América fueron eliminados a raíz del litigio que mantiene paralizada la organización en Valencia de la competición náutica". Así pues, las cuentas crecen un 2,6%, y no un 0,6%, si se dan por buenas las explicaciones del Delegado del Gobierno. Estos raquíticos porcentajes crecen prodigiosamente si se suman las cuentas de los ministerios inversores por excelencia: Fomento y Medio Ambiente. Ambos inyectarán en la Comunitat Valenciana en 2009 un total de 2.169 millones de euros, cuando en 2008 fueron 1.807 millones de euros, lo que supone un incremento del 20%. Por último, las cuentas del Estado supondrán, según Peralta, que el próximo año "se invertirán cada día 6,4 millones de euros diarios en la Comunitat Valenciana. La población ha crecido un 11,8% de 2004 a 2008, pero la inversión ha aumentado en este periodo un 70%, desde los 1.380 millones del último presupuesto del PP hasta los 2.336 millones que invierte José Luis Rodríguez Zapatero".
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Valencia, la cuarta por la cola por habitante
Los contratistas valencianos creen que el presupuesto es "un balón de oxígeno"
La estación central de Valencia recibe tres millones de euros
Interior pone los recursos para proteger las costas de la inmigración ilegal
El aeropuerto de Manises abordará su nuevo centro de control aéreo
La mayor parte de la inversión en puertos irá a la primera fase de ampliación de Valencia
Medio Ambiente no incorpora nuevos proyectos y se limita a cerrar las obras del Plan AGUA
Fomento inyecta en carreteras 279 millones de euros, un 26% más que en 2008
El presupuesto para las líneas de AVE crece en Valencia pero cae en Castelló y Alicante
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El paro subió en 9.350 personas en septiembre en la Comunitat, un 3,27% más
Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castelló, con un 7,14% y en Alicante, con un 4,37%. En Valencia, un 1,57%.
EUROPA PRESS
El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de la Comunitat Valenciana al término del mes de septiembre subió en 9.350 personas respecto al mes anterior, un 3,27 por ciento, con lo que el número de desempleados se situó en 295.010.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el conjunto de España el desempleo subió el pasado mes de septiembre en 95.367, un 3,77 por ciento, algo más que el 3,27 por ciento registrado en la comunidad autónoma.En relación al mismo mes del año anterior, el paro aumentó en 91.115, un 44,69 por ciento.Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castellón, con un 7,14 por ciento y en Alicante, con un 4,37 por ciento.
Por sectores, el paro subió en septiembre en todos los sectores, excepto en agricultura, donde bajó en 166.En servicios aumentó en 7.075; en construcción, en 262; en el colectivo sin empleo anterior, en 902 y en industria en 1.267.El paro masculino se situó en 145.935 y el femenino en 149.075.
Del total de parados de la comunidad, 38.687 son menores de 25 años, y de ellos 22.846 son hombres y 15.841 mujeres.El número de contratos se elevó en septiembre a 147.950, 46.523 más que el mes anterior; de ellos, 16.613 fueron indefinidos, 8.516 más que en agosto.
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El paro vuelve a subir y alcanza su mayor cifra desde 1997
Declaran concurso de acreedores de la promotora Constructalia Global
La afiliación media a la Seguridad Social bajó en 117.197 cotizantes en septiembre
Valencia, la ciudad con mayor incremento del paro femenino
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Acisclo Arrambla Pael:
El PP impide garantizar por ley que los informes ambientales se publiquen antes de hacer los PAI
Los populares aprueban en solitario el proyecto de puntos de encuentro familiar, mientras la oposición critica que se permita la gestión privada de estos centros
J. G. G., Valencia
El grupo popular rechazó ayer en el pleno de las Corts la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís pel País Valencià que planteaba la modificación de la ley de impacto ambiental, de 1989, para obligar al Consell a publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el plazo máximo de dos meses, los informes que recogen las exigencias ambientales que deben respetar, entre otros, los promotores en cualquier actuación urbanística. Imponiendo un plazo por ley, quedaría garantizado que los informes de impacto ambiental (DIA) se difundieran siempre antes de que las actuaciones se culminen, ya que, advirtió Mònica Oltra, de Compromís-Iniciativa, ahora se dan a conocer "muchas veces" cuando ya se ha puesto el último ladrillo, y además los ciudadanos podrían ser "cómplices" de la Administración en velar por que se respeten las exigencias.
"Es así de simple pero así de importante", enfatizó Oltra para defender la sencilla reforma legal, sin lograr ablandar el niet de la bancada popular. La ley obliga ahora a publicar los DIA pero sin plazo y el socialista Francesc Signes puso ejemplos bastante inquietantes: El 2 de septiembre pasado se difundieron en el diario oficial declaraciones de impacto ambiental aprobadas ¡en noviembre de 2006, hace dos años! Otra "práctica habitual", alertó Signes, son las "publicaciones masivas" que se limitan a hacer constar "sólo el nombre del municipio", con lo que resulta "imposible" saber a qué actuación se refieren si no se va a la letra pequeña. Todo ello causa "situaciones esperpénticas" cuyo objetivo es "ocultar información sobre las DIA aprobadas para que no sean conocidas por terceros que pudieran tener interés en cuestionarlas públicamente". Oltra atribuyó también a "razones inconfesables" esta "falta de transparencia" y "oscuridad", y se preguntó quién controla que las declaraciones condicionadas a determinadas cuestiones se cumplan. El popular José Ciscar se parapetó tras una ley del Gobierno de Zapatero, la reguladora de los derechos de acceso a la información en medio ambiente, para sostener que está "garantizada la plena publicidad de las DIA", ya que la norma avala el acceso a estos documentos por cualquier ciudadano que los solicite. Al margen de la publicación, indicó, las determinaciones de los informes ambientales son vinculantes para los promotores. Y sostuvo que los dos meses chocarían con los plazos fijados en el reglamento que desarrolló la ley de impacto ambiental. Signes desveló, sin embargo, un dato sorprendente: El reglamento obliga a publicar las DIA en 15 días, una determinación que el Consell "incumple sistemáticamente desde hace años".
"Legorragia" popular
El PP aprobó en solitario, con la oposición de socialistas y Compromís, la ley de los Puntos de Encuentro Familiar, los centros donde los familiares pueden relacionarse con los menores en los casos de separación o divorcio. La oposición criticó que el Consell mantenga la posibilidad de privatizar la gestión de estos centros. Los populares también rechazaron la enmienda a la totalidad de Compromís al proyecto de ley de asociaciones. Oltra acusó al PP de sufrir "legorragia", que definió como hacer leyes vacías de contenido para dar la imagen de que se trabaja, aunque en este caso reprochó al Consell una "fata morgana asociativa", la ilusión de un tejido asociativo basado en una red clientelar. La nueva consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, destacó que el texto regulará las más de 40.000 asociaciones.
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L'Acisclo d'aquí em fa que és del Bloc:
El Ayuntamiento de Calp llevará a la Sindicatura las facturas extrajudiciales aprobadas por el PP
El alcalde de Calp, Luis Serna (PSPV-PSOE), ha anunciado hoy que el equipo de gobierno municipal llevará el próximo viernes a la Sindicatura de Cuentas las facturas aprobadas extrajudicialmente durante el anterior mandato del PP para que se investigue si existe delito en esta manera de proceder.
EFE
El anuncio se ha producido pocos días antes del pleno del próximo lunes en el que se debatirá para su aprobación la moción de censura presentada por el PP, Bloc y PSD con el fin de arrebatarle la Alcaldía a Serna y dejarla en manos de primer teniente alcalde y portavoz del Bloc, Joaquín Tur.El concejal de Hacienda, Nicolay Pérez Titeca, ha cifrado en más de catorce millones de euros el montante total de las citadas facturas aprobadas, según el gobierno municipal, "sin ningún tipo de expediente de contratación" o "ejecutadas al margen de la Ley de Contratación".
Pérez Titeca también ha resaltado que se han acometido obras, como el vial J del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el parque botánico, la ampliación del Ayuntamiento o la piscina climatizada, con "sobrecostes" del precio de licitación que "superan con creces lo que permite la ley" y que suman un importe global de 3.798.000 euros.
En otros casos, como en las obras de las instalaciones de RTV-Calp, se han realizado "sin ningún tipo de contratación formal, sin tan siquiera instruir o iniciar algún tipo de expediente", según el gobierno municipal.
El alcalde ha considerado "una tremenda irresponsabilidad" contratar "obras sin expedientes y con sobrecostes de hasta cuatro millones de euros"."Por ello queremos denunciar esas irregularidades y llevar la documentación al Tribunal de Cuentas para que se depuren responsabilidades", ha explicado Serna.
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Aguas de Calpe pagó 790.000 euros en obras de la red por movimientos de tierra que no se hicieron
El PSPV reta a Camps a defender la moción
Morera le recuerda a Alarte que tienen "muchas mayorías absolutas" juntos
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Boicot de Camps a la Llei de la Dependència:
Los dependientes reclaman ante la Generalitat más agilidad para aplicar la ley
Más de un centenar de personas se ha concentrado hoy frente al Palau de la Generalitat para reclamar al Gobierno valenciano "una mayor agilidad" en el reconocimiento y aplicación de la Ley de Dependencia.
EFE La concentración, convocada por la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) del sindicato UGT ha tenido lugar en las sedes autonómicas de toda España bajo el lema "Por la defensa y el cumplimiento de la Ley de Dependencia".
El secretario general de UPJP-UGT-PV, Antonio Leal, ha denunciado la existencia de "diecinueve velocidades" en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha lamentado que la Comunitat está "a la cola" en el cumplimiento de este derecho.
Leal ha valorado la Ley que garantiza "derechos sociales en lugar de caridad o beneficencia" aunque ha criticado la "dejadez" del Consell en esta materia.La secretaria de la mujer y la igualdad del sindicato, Elvira Ródenas, ha manifestado que, según los datos del 1 de septiembre ofrecidos por el Ministerio, en la Comunitat hay una laguna de 4.800 personas con un grado III de Dependencia que no han recibido las ayudas, se les han denegado o no la han solicitado por falta de información.
Algunos de los familiares de los dependientes que han acudido a la concentración han ratificado esta situación al afirmar "sentirse desmoralizados" ante la lentitud del proceso y la falta de respuesta.
Uno de ellos, hermana e hija de personas dependientes, ha reconocido no haber solicitado las ayudas para su hermana tras pedirlas para su padre y recibir el aviso de valoración siete meses después, cuando ya había fallecido.
Ródenas ha reivindicado que aunque la Ley reconoce el derecho de la persona a elegir cuál es la prestación que se adecúa mejor a su situación, en la Comunitat no se recoge esta opción y el 72 por ciento de las ayudas concedidas se basa en compensaciones económicas.
Desde la formación sindical han reclamado que se incremente el equipo de personal de valoración porque aunque la Generalitat habla de un grupo permanente de 150 personas, según UGT-PV hay 45 profesionales para toda la Comunitat.
En opinión de la secretaria de igualdad del sindicato, la ley "no se está aplicando correctamente" ya que en lugar de crear empleo de calidad, impulsar la cualificación profesional y desarrollar un consejo consultivo de vigilancia integrado por las organizaciones sindicales y empresariales, se está "parcheando con los derechos de los ciudadanos".Esta situación también ha sido denunciada por representantes de UGT-PV en Alicante y Castellón, presentes en la concentración.
Finalmente, una representación de los manifestantes ha sido recibida por una asesora de Presidencia que, según fuentes del sindicato, trasladará estas reivindicaciones.
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