RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
Ninguno de los grupos presenta enmiendas a la totalidad al texto. Aguilar destaca que la norma facilita el derecho a la verdad de los familiares
EFE
11/02/2016
11/02/2016
La Ley de Memoria Democrática, que establece el régimen jurídico de las iniciativas de reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y que amplía su horizonte temporal desde la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982, superó ayer el trámite de debate a la totalidad en el Parlamento. La norma, que se mantiene prácticamente sin variaciones respecto al texto remitido al Parlamento en la legislatura anterior e impulsado por IU durante su presencia en el Gobierno, no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, por lo que comienza ahora su trámite parlamentario para ser debatida en la comisión de Cultura.
La ley, que decayó en la legislatura anterior por el anticipo de las elecciones, incluye como novedad respecto a ese texto la ampliación de consideración de víctima a colectivos como los familiares de los represaliados y los niños robados e incluye el estudio de los contenidos relacionados con la memoria democrática en los planes de enseñanza, aunque no como asignatura. El régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización.
DERECHO A LA VERDAD La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, destacó que este proyecto de ley culmina "el camino de iniciativas" desarrolladas por el Gobierno andaluz desde 1999 como proceso de recuperación de la memoria histórica y que se posiciona junto a la comunidad internacional en "la importancia de investigar las desapariciones y facilitar el derecho a la verdad" de las víctimas y sus familiares. "Es un proyecto de ley que mira a las víctimas y busca el acuerdo para cerrar heridas, reparando el daño causado y haciendo justicia a los que sufrieron y a sus familias", dijo la consejera.
El diputado del PP Juan Ramón Ferreira calificó la ley como "innecesaria" y recordó que el PSOE así lo opinaba cuando en 2011 se debatió este asunto a propuesta de Izquierda Unida. "Hay muchos votantes de izquierdas que no quieren oír más hablar de leyes que despierten rencores", dijo Ferreira, que opinó que la norma "pone en cuestión el espíritu de la Transición".
Desde Ciudadanos Sergio Romero pidió que la memoria democrática "se quede al margen de intereses políticos" y apostó por "reparar y corregir cuanto tenga que corregirse, dándole a los familiares de las víctimas el derecho a descansar".
Lucía Ayala, de Podemos, calificó como "inconcebible" que una ley "de este calado" se enmarque dentro de las competencias de Cultura y del marco legislativo del patrimonio histórico y anunció que su grupo presentará enmiendas "con el objetivo de mejorarla", además de pedir "al Gobierno de Susana Díaz que haga las cosas bien".
La diputada de IU Inmaculada Nieto agradeció al exvicepresidente de la Junta Diego Valderas --presente ayer en la Cámara-- su labor en la elaboración del texto y aseguró que "cansan los argumentos tan endebles como falaces esgrimidos por la derecha" para oponerse a esta norma, como "dejar descansar a los muertos, pasar página o no reabrir heridas".
María Márquez, del PSOE, hizo un llamamiento al acuerdo y afrontar este debate "desde la naturalidad y la normalidad democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación", y afeó al PP que "busque excusas permanentemente para no mirarse en el espejo de la historia", además de subrayar que Andalucía "vuelve a ser vanguardia en España para saldar una deuda con miles de demócratas".
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