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Exhumar los millares de restos de las víctimas de la Guerra Civil española, que permanecen desde hace ocho décadas en 2.457 fosas comunes registradas, es un reclamo político que, sin embargo, no acompaña la financiación para materializarlo.
Fran Giménez Escalona
Zaragoza (España), 12 ago (EFE).- Exhumar los millares de restos de las víctimas de la Guerra Civil española, que permanecen desde hace ocho décadas en 2.457 fosas comunes registradas, es un reclamo político que, sin embargo, no acompaña la financiación para materializarlo.
A pesar de algunos casos, como el de la región de Aragón, donde se libró la mítica batalla del Ebro, ha comenzado a fluir hacia asociaciones sin ánimo de lucro que velan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y ese gobierno regional prevé un presupuesto de 275.000 euros.
Aún así, los expertos perciben que son las familias las que asumen finalmente el coste de la exhumación.
Y es que Aragón presenta el mayor número de enterramientos colectivos de España, con 598.
"La administración se centra en recibir la autorización de las familias de los muertos, cuando la acción y el dinero debería venir del Gobierno y no de los familiares", matiza a Efe el arqueólogo forense David Alonso, encargado de diferentes excavaciones en la provincia aragonesa de Teruel.
En concreto, Alonso completó en agosto de 2016 cerca de la localidad de Argente el desenterramiento de los restos de Lorenzo Martínez, teniente de alcalde del vecino pueblo de Camañas, fusilado en 1936 y cuyos descendientes han podido ahora darle sepultura.
Según el historiador, los familiares asumieron el esfuerzo económico del trabajo, así como del funeral, en el que también enterraron a una segunda persona hallada, de identidad desconocida.
"Queda muy bien legislar y hacer leyes muy bonitas, pero si luego la administración no contrata equipos, no hacemos absolutamente nada", defendió.
En 2005, Alonso llevó a cabo en la periferia de Teruel otra excavación, en la que halló los restos de trece personas ejecutadas por el bando franquista, una tarea que igualmente hizo a título individual.
"Además de mí, hay otros arqueólogos que centran su actividad profesional en estos temas, pero siempre con la misma traba, que es el tema económico", explica.
Ante la ausencia de financiación por parte del Gobierno central, administraciones territoriales han dado un paso, como la Diputación de Zaragoza, que recientemente concedió 150.000 euros a distintas agrupaciones.
O el caso de la región de Andalucía, donde el pasado lunes el ejecutivo aprobó exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura en siete municipios.
También en la ciudad de Guadalajara, donde el Ayuntamiento aprobó en julio la subvención de todas las tasas por desenterramiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en las fosas comunes del cementerio.
A ello se suman las discrepancias sobre el número de víctimas sepultadas. "Hay unos que hablan de 150.000 personas y otros que elevan la cifra hasta las 350.000. En Teruel, en el Pozo de Caudé, se estima que puede haber 1.043, en teoría", comenta David Alonso.
El arqueólogo estima que se debe "diferenciar entre las fosas comunes de civiles ejecutados y las de soldados a los que tuvieron que enterrar por diferentes motivos", un criterio que "dificulta" el recuento.
En medio del caos administrativo y político, se atisban hilos de esperanza para el trabajo de los investigadores, como el hecho de que entes como el Gobierno aragonés consideren como material arqueológico los descubrimientos de los ejecutados durante la Guerra Civil y el Franquismo a pesar de no cumplir el criterio de tener más de un siglo de antigüedad.
"Los arqueólogos son quienes mejor saben cómo proceder ante estos hallazgos. Además, a mí me da igual si quien fusiló a una persona fue un republicano o un golpista. Lo que me importa es sacarla de la cuneta y enterrarla en un cementerio, conozcamos o no a su familia", concluye Alonso. EFE
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