El pleno del Congreso debate este martes tarde una proposición de ley del PSOE que reclama la nulidad de la sentencia de muerte contra el presidente de la Generalitat Lluis Companys dictada por el régimen franquista al término de la Guerra Civil.
La iniciativa, que llega ahora al pleno de la Cámara Baja, fue acordada el pasado 14 de julio por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una reunión celebrada en Barcelona.
El texto de la proposición de ley declara que las sentencias dictadas contra Companys por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el 13 de diciembre de 1939, y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, en octubre de 1940, son "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez".
Asimismo, se reitera la "ilegitimidad" del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, "constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".
También considera ilegítimas las "condenas y sanciones dictadas por éstos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución". "Condenas -prosigue la proposición no de ley- todas ellas también radicalmente nulas e injustas y carentes absolutamente de eficacia y validez".
En la exposición de motivos, se recuerda que el pasado 29 de junio el propio Parlament de Cataluña declaró ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamó la nulidad de las sentencias de los mismos, una aprobación que se produjo, por primera vez, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Además, el pasado mes de julio, el PDeCat propuso la modificación del artículo 3 de la
Ley de Memoria Histórica para que los juicios "políticos, ideológicos o de creencia" ejecutados durante la dictadura franquista se declaren nulos, y no tan solo ilegítimos, como establece la actual normal aprobada en 2007.
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