El consultor Víctor Bello considera inviable estudiar los delitos cometidos durante el franquismo si previamente no se modifica y cumple la ley sobre fondos documentales.
Bello participó el pasado lunes en las jornadas organizadas por el colectivo Sin Identidad para debatir ideas sobre la proposición de Ley sobre Memoria Histórica en la Comunidad Autónoma. Lejos de posicionamientos ideológicos, el experto en archivística ofrece una postura técnica sobre el asunto. Manifiesta que "es muy loable la intención que se quiere plasmar en la futura Ley Canaria de Memoria Histórica de crear un centro de documentación que favorezca la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, pero resulta inviable si, en paralelo, no se modifica y cumple la Ley de Archivos". En opinión de Bello, las islas carecen de "un sistema de archivos que englobe todos los existentes". Estos centros pueden ser del Gobierno autónomo, los cabildos, los ayuntamientos; a los que habría que añadir los eclesiásticos, hospitalarios o militares, por ejemplo. El experto recuerda que los archivos insulares, en muchos casos, están infradotados de personal y medios, mientras que los municipales son inexistentes en casi la mitad de los consistorios. Respecto a los parroquiales, apunta que "son bastante inaccesibles". Ante ese panorama, dice que "el acceso a los documentos por parte de las víctimas es casi imposible". Explica que la Ley de Archivos en Canarias está aprobada desde 1990, pero las herramientas básicas "no se tienen". De hecho, está convencido de que "no sabemos qué archivos existen ni qué contienen". Comenta que organizar un archivo requiere mucho tiempo y trabajo. Y en dichos departamentos trabaja solo una persona, que está destinada a llevar a las oficinas los papeles que le demandan diariamente, por lo que digitalizar la documentación es casi imposible. "En unos casos se ponen trabas injustificadas, pero en otros no se colabora con los investigadores porque no hay personal suficiente", señala. Respecto a la Ley de Protección de Datos, Víctor Bello refiere que "se usa muchas veces para frenar el acceso a documentos históricos" (con más de 50 años).
Comenta que, "hace poco, se produjo la reapertura de los archivos militares, porque los historiadores tenían bloqueado el acceso a los mismos para hacer investigaciones de la etapa franquista". Unos 300 estudiosos firmaron un documento para reabrir dichos centros. Advierte de que España "no tiene una Ley de Archivos ni de Desclasificación de documentos". "Y, cuando se pide, se argumenta que no hay dinero, que no es prioritario; o bien, se escudan en la Protección de Datos o el honor de las personas que figuran" en dichos papeles.
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