dijous, 27 de setembre del 2018

¿Por qué una ley estatal de bebés robados?


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¿Por qué una ley estatal de bebés robados?
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El Salto


Soledad Luque Delgado
Presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños.
Integrante de CeAqua.


Hoy, martes 25 de septiembre de 2018, se ha registrado en el Congreso de los Diputados la primera Proposición de Ley estatal sobre bebés robados. El primer gran paso para la aprobación de esta Ley en el Parlamento estatal.



Hay que echar la vista atrás casi dos años para entender cómo se gesta y se desarrolla esta iniciativa. A finales de 2016, se empezó a poner en marcha la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. El objetivo de esta modificación era incluir a las víctimas de la práctica del robo de bebés como una forma más de represión, la de género.

Durante este proceso, nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños, participó activamente y pudimos aportar todas aquellas consideraciones que, tras meses de trabajo con los grupos políticos, se vieron reflejadas en el texto definitivo que se aprobó el 29 de junio de 2017.

En marzo de 2017 nos invitaron a realizar una comparecencia en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local de las Corts Valencianes para exponer la importancia de incorporar a las víctimas de robo de bebés en la Ley de memoria democrática y por la convivencia de la Comunidad Valenciana (RE número 51.671). Aportamos un escrito al equipo jurídico redactor con enmiendas a la Ley, en relación con este tema.

Fue con aquellas experiencias cuando empezamos a percibir que, a pesar del triunfo que supuso la aprobación en el Parlamento navarro de la modificación de la Ley Foral, el precedente de la inclusión del robo de bebés en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y el importante paso que se dio en la Comunidad Valenciana, cuya ley quedó aprobada el 19 de octubre de 2017, era imprescindible dotar de un marco estatal a las disposiciones legislativas establecidas en las diferentes comunidades autónomas, debido a la especificidad que tiene este crimen en relación con otros delitos de lesa humanidad.
El destino de los bebés que eran sustraídos estaba bastante alejado del lugar de nacimiento […] Las actuaciones que se realicen en cada comunidad autónoma sin conexión con otras comunidades no facilita que las familias se encuentren con sus niños desaparecidos
Habitualmente, el destino de los bebés que eran sustraídos estaba bastante alejado del lugar de nacimiento. Es así como, según se ha ido conociendo, los bebés que nacían en Euskadi fueron a parar a Canarias, o los nacidos en Madrid fueron trasladados a la Comunidad Valenciana, por poner algunos ejemplos. Las actuaciones que se realicen en cada comunidad autónoma sin conexión con otras comunidades no facilita que las familias se encuentren con sus niños desaparecidos, ni esos niños, hoy adultos, con su identidad robada, ya que es muy probable que unos y otros se encuentren en puntos muy diferentes del Estado.

Es por ello que todas las medidas que, de forma absolutamente necesaria, deben establecerse en las diferentes disposiciones legislativas de las comunidades autónomas precisan de unos mecanismos homogéneos en todas ellas. De igual forma, es imprescindible “crear y coordinar distintos organismos e instrumentos estatales que permitan la efectiva investigación de los delitos relacionados con la sustracción de bebés”, tal y como las Cortes de Aragón exponen en la Proposición No de Ley, aprobada el pasado 20 de septiembre, sobre la necesidad de “Aprobar y poner en marcha una Ley de carácter estatal sobre bebés robados”.

Una vez que tuvimos muy clara esta necesidad, la planteamos en la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua), entidad de la que formamos parte y realizamos nuestro trabajo desde su constitución en 2012.



ENTIDAD PROMOTORA

Ceaqua es una organización de largo e intenso recorrido en la lucha por la defensa de los derechos humanos, centrándose fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia. Es la promotora de la acción judicial que se está llevando a cabo en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo. Aquí, en nuestro país, son variadas las acciones que estamos realizando: impulsar en numerosos ayuntamientos del Estado la interposición de querellas por crímenes del franquismo cometidos contra los vecinos de cada municipio, presentación de querellas individuales de víctimas de tortura contra sus victimarios, y, en breve, comenzaremos a elaborar las querellas individuales de víctimas por el robo de bebés.Sin embargo, Ceaqua no está únicamente realizando acciones judiciales, también hay varias iniciativas legislativas en marcha: una PL sobre la modificación de la Ley de Amnistía para que no impida que se investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a los responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad; otra PL sobre modificación del Código Penal para reforzar el principio de legalidad internacional; y, ahora, esta PL sobre los bebés robados.

Desde hace más de un año, hemos realizado numeras reuniones con todos los grupos parlamentarios y, finalmente, se ha conseguido un texto que recoge todas las demandas de las víctimas de este crimen y aporta, tal y como era nuestro objetivo, un marco estatal a toda la normativa de las comunidades autónomas sobre el robo de bebés, posibilitando su cumplimiento. Hoy, por fin, este texto que conforma la Proposición de Ley ha sido registrado.
Tan solo el Partido Popular no nos ha ofrecido ninguna respuesta
El registro ha sido realizado por parte de Podemos Grupo Confederal (UP, EC, EM), Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, PdeCat, Compromís y PSOE. En cuanto a Ciudadanos y PNV, aunque no han sido firmantes, se han comprometido con CeAqua a votar a favor de la toma en consideración. Tan solo el Partido Popular no nos ha ofrecido ninguna respuesta.



CONTENIDO DE LA LEY

En repetidas ocasiones, diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas han hecho recomendaciones, sustentadas en el derecho internacional de derechos humanos, al Estado español para investigar y juzgar este crimen, al igual que otros crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país. De momento, nuestro Estado no ha seguido estas recomendaciones.Esta proposición de ley garantiza el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las personas que sufrieron el delito de robo de bebés en un contexto de crímenes contra la humanidad. Y sobre estos principios de Naciones Unidas se sustenta el contenido de esta PL, cuyas líneas básicas son: el derecho de acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, incluidos los de la iglesia católica; la creación de una fiscalía especializada que actuará de oficio, la gratuidad de las exhumaciones y las pruebas de ADN; la creación de una base de datos de afectados estatal y un banco único de ADN, así como la creación de una Comisión Estatal por el derecho a la Identidad; el reconocimiento de la condición de víctimas para los afectados por este crimen y la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este delito nunca vuelva a producirse.
El marco temporal de esta proposición de ley comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene fecha de cierre
Algo muy importante para las víctimas es que el marco temporal de esta proposición de ley comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene fecha de cierre. Como es bien conocido, la ausencia de ruptura con una determinada estructura de poder después de la muerte del dictador provocó que este crimen siguiera ocurriendo hasta bien entrada la democracia y que los presuntos implicados, personal sanitario, religioso y funcionario, es decir, integrantes de las estructuras del Estado pudieran seguir actuando año tras año. De esta forma, esta PL ampara todos los casos ocurridos durante la dictadura y durante la democracia.



APOYOS

Hasta el momento, esta iniciativa cuenta con los siguientes apoyos, además de con el de todas las organizaciones integrantes de Ceaqua: entidades nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos como La asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Amnistía Internacional y La Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad —representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España—; y, de forma destacada, por las siguientes asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español: Adelante Bebés Robados, Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia “Itxaropena”, Asociación de Bebés Robados de Andalucía (ABEROA), Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA), Asociación Origens de Baleares, Bebés Robados de Aragón, Bebés Robados Región de Murcia, SOS Bebés Robados de Almería, SOS Bebés Robados de Cantabria, SOS Bebés Robados Galicia, SOS Bebés Robados Huelva, SOS Bebés Robados Jerez de la Frontera, SOS Bebés Robados Madrid, SOS Bebés Robados Sevilla, y Todos los niños robados son también mis niños-CeAqua, como entidad promotora.Y al cierre de este artículo seguimos recibiendo mensajes de más organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales y académicas, expresando su intención de colaborar en impulsar esta iniciativa, que no es una iniciativa más sino LA PRIMERA PROPOSICIÓN DE LEY sobre bebés robados en el Estado español. Un gran avance para las víctimas de este horrible crimen, cuyas consecuencias estamos pagando todavía a día de hoy.

Como decía el Relator Especial para la promoción de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre, “en la desaparición forzada, la incertidumbre de las víctimas aumenta con el tiempo […] y si el Estado es responsable de la desaparición de una persona, tiene la obligación de encontrarla”. Con esta proposición de ley que hoy se ha registrado se ofrecen herramientas para que el Estado cumpla por fin con su obligación: investigar la verdad de los hechos, que las víctimas obtengan justicia y reparación, juzgar a los victimarios y asegurar que este terrible crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.

Que así sea.