En el texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática hay un tratamiento mínimo al robo de niñas y niños. Únicamente aparece en el Artículo 3, sobre víctimas, en la letra h) la siguiente descripción:

“Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas”.

Tal descripción de la realidad sucedida durante décadas es claramente insuficiente, por lo que propusimos, como entidad integrante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, varias enmiendas en la consulta abierta que el Gobierno realizó durante el mes de octubre de 2020, entre ellas, la correspondiente al apartado h) anteriormente mencionado:

Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin la autorización, y en la inmensa mayoría   de   las   veces   sin   el   conocimiento,   de   sus   progenitores   como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura, así como sus progenitoras, progenitores, hermanas y hermanos,  y demás familiares hasta cuarto grado,  por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos,  morales, religiosos,  sociales  o   de clase,  económicos y de  género,  y que  se produjeron en cárceles, clínicas y maternidades, y en cualquier otro establecimiento donde las mujeres pariesen. Siendo perpetrado este crimen por participación activa del Estado en un primer momento como por ir adoptando una posición pasiva posteriormente, con elementos de consentimiento, aquiescencia y ocultación, al permitir su continuidad hasta entrada la democracia, a través de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado: sanitarias, religiosas, y funcionariado de toda índole.

No tenemos constancia de que esta enmienda propuesta, ni ninguna otra aportada por las demás entidades compañeras memorialistas del Encuentro, haya sido admitida.

¿Por qué el colectivo de los ‘bebés robados’ debe tener presencia en una Ley de Memoria Democrática?

La represión que impuso el franquismo no fue únicamente política, también fue ideológica, social, sexual, y de género bajo el manto del nacionalcatolicismo, cuyos preceptos religiosos y morales llegaron hasta el último rincón de nuestro Estado y calaron hasta el tuétano de los huesos, manteniéndose incluso después de la muerte del dictador. En este ámbito de opresión generalizada es donde se producen todos los crímenes de la dictadura, incluido el robo de niñas y niños.

Defender que el único robo de menores que está relacionado con el franquismo es el perpetrado a las mujeres republicanas es caer en un triple error:

  1. Minimizar la represión del franquismo al considerarla únicamente política.
  2. Ignorar, por tanto, la dimensión temporal del robo de niñas y niños dentro de una represión general que fue sistémica y sistemática.
  3. Menospreciar, en concreto, la represión sufrida por las mujeres a lo largo de toda la dictadura por el hecho de ser mujeres.

De entrada, la represión política nunca es tan solo política. Más bien, para su mantenimiento, tanto en el tiempo como en un gran espacio territorial, es preciso que se dote de la imposición de contextos ideológicos y sociales precisos que impongan una realidad donde esa represión integral sea exitosa. El franquismo lo consiguió.

El ejemplo más evidente es el yugo bajo el que tuvieron que vivir las mujeres de nuestro país durante décadas. La represión continuada, compuesta por todos los motivos citados en nuestra enmienda al Artículo 3, punto h) (eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales o de clase, económicos y de género), hizo posible el robo de niñas y niños en diferentes etapas entrelazadas y todas bajo el franquismo, un Estado totalitario y heteropatriarcal que solo permitía un modelo de mujer, en singular. Cualquier alejamiento de ese canon, convertía a las mujeres en hijas, esposas, y madres no idóneas.

Los tentáculos del poder siempre crean figuras delegadas que, bien por derecho o de hecho, permiten mantener ese sometimiento bajo la más absoluta impunidad en un régimen corrupto que, una vez asentado, hace de la opresión una práctica diaria del vivir cotidiano.

El robo de niñas y niños, que comenzó contra las mujeres republicanas, a través de leyes y decretos, pudo continuar a lo largo de décadas ya sin necesidad de ese soporte legal. Es decir, tal y como planteamos en la enmienda anteriormente citada “Siendo perpetrado este crimen por participación activa del Estado en un primer momento como por ir adoptando una posición pasiva posteriormente, con elementos de consentimiento, aquiescencia y ocultación, al permitir su continuidad hasta entrada la democracia, a través de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado: sanitarias, religiosas, y funcionariado de toda índole”, en otras palabras, los tentáculos del poder.

Por tanto, la tan manoseada división entre los motivos políticos (el robo contra las mujeres republicanas) y económicos (todos los demás y sin vinculación con el franquismo) nunca fue real. Por supuesto que la ganancia económica pudo ser un móvil más, igual que lo fue en el trabajo esclavo, que benefició al Estado y a empresas, o el expolio generalizado, y nadie cuestiona que estos fueran crímenes de la dictadura. El enriquecimiento de los totalitarismos, a costa de sectores vulnerables, es una de sus características, pero este móvil no puede desvincularse de todos los demás que componían la represión.

Por todos los motivos anteriores, creemos imprescindible que el robo de niñas y niños tenga presencia en una ley de Memoria Democrática al ser un crimen más del franquismo y su herencia.

Por otro lado, también somos conscientes, a partir de todas las investigaciones realizadas, de las características específicas de este crimen: sus distintos móviles entrelazados y diversas etapas en intersección, la tipología de víctimas, las diferentes instituciones implicadas, su continuación en la transición fruto de la impunidad, etc. Todas estas circunstancias hacen necesaria una ley propia como la que estamos trabajando desde 2017, la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.

La concurrencia de las dos leyes será imprescindible para dar una respuesta global a todas las reivindicaciones de las víctimas del robo de niñas y niños en nuestro país. Seguimos trabajando para que esto sea posible.

* Soledad Luque Delgado. Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Entidad integrante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo