Abrir más de 100 fosas del franquismo y rescatar de la tierra a miles de víctimas. Es el "plan de choque" que el Gobierno de España activa para 2021, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros repartidos en proyectos subvencionados a ayuntamientos, universidades, fundaciones y asociaciones de 13 comunidades autónomas.
Son las primeras ayudas estatales desde 2013 y el "cero euros" del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a las políticas de Memoria Histórica. Y abren la puerta al primer Plan Cuatrienal de búsqueda de desaparecidos forzados con una cuantía de cuatro millones de euros según los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (tres para Comunidades Autónomas y uno para entidades locales).
El plan recoge 114 trabajos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes situadas en 92 municipios de todo el país. Y asiste a otros 44 proyectos de investigación y difusión. Las ayudas están canalizadas por una doble vía, directa desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y gestionada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Las intervenciones arqueológicas previstas tienen una estimación que supera las 4.000 víctimas recuperables, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Aunque la tierra desvelará la realidad oculta durante décadas en las fosas.
Décadas de retraso en memoria histórica han condenado a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos. En las cunetas hay decenas de miles de desaparecidos forzados y apenas a una cuarta parte podrán ser localizados y unos 7.000 identificados genéticamente, según un informe de expertos. Desde el año 2000 hay 750 fosas abiertas en toda España para sacar a más de 9.000 víctimas del franquismo.
Críticas de la ARMH
El "plan de choque de exhumación" suma "un total de 114 fosas comunes" que serán trabajadas "a través de la FEMP y los ayuntamientos y asociaciones de memoria histórica y democrática", en palabras del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. A ese impulso le sigue "este mismo año" el arranque de "la primera anualidad del Plan Cuatrienal de fosas, incluido en el presupuesto de Memoria Democrática que dedica el 60% del mismo a exhumaciones", subraya.
La cuantía total de las subvenciones está dividida en dos partes iguales de 750.000 euros, una gestionada por el Ministerio y la otra canalizada por la FEMP. De esta partida, 1,2 millones de euros están destinados a labores de exhumación.
"Esto es como un subcontrato a los ayuntamientos para que subcontraten a asociaciones", lamenta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. El colectivo, crítico con la actuación del Gobierno, no ha participado en la convocatoria de ayudas estatales porque no comparte que haya subvenciones "para cumplir con los Derechos Humanos".
"El plan de choque lo han hecho las asociaciones durante 20 años", reivindica Silva. La ARMH exige que España cumpla las recomendaciones de Naciones Unidas, asumiendo la búsqueda de desaparecidos forzados y acabando con la "discriminación" mediante oficinas de atención a las víctimas del franquismo.
Víctimas de "diferente consideración"
"No podemos pasar ni un solo día, por mucho que nos enfrentemos a la pandemia y a la crisis y sufrimiento social que trae consigo", sin afrontar la realidad de las fosas en España, ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la presentación del Plan de Recuperación de la Memoria Democrática de la FEMP 2020, financiado por el Gobierno, junto a su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Calvo destaca el compromiso del Estado para que "en 2020, 2021, 2022 y 2023 no haya ni un solo día sin esfuerzo de excavar, identificar, recuperar y de dar digna sepultura a nuestros compatriotas". "Este país no puede tener víctimas de diferente respeto o consideración", ha aludido, en referencia a las víctimas del terrorismo, de la pandemia, y también de la dictadura.
"La ministra Calvo alude que las víctimas del terrorismo, del COVID y del franquismo tienen los mismos derechos y entonces no entiendo por qué no hay un organismo del Gobierno que atienda a estas familias y delega en ayuntamientos que luego delegan en asociaciones", afea Emilio Silva.
"Las víctimas del terrorismo han visto juzgar criminales, han recibido indemnización, están reconocidas por el Estado… y una exhumación es una parte de la reparación, ¿por qué una víctima del franquismo asesinada con dos tiros en la nuca no tiene el mismo derecho que una víctima del terrorismo?", apunta el presidente de la ARMH.
"Si todas estas políticas responden a las recomendaciones de Naciones Unidas", no es suficiente para el Estado "con ir a ayudar a sacar a una víctima de una fosa y entregarla a las familias", continúa Silva. El país debe construir el relato, "la verdad oficial", porque al delegar en colectivos de víctimas "las asociaciones están construyendo una verdad de parte" y "este plan de choque no se choca con esa verdad porque no la busca".
Para la vicepresidenta del Gobierno, el plan de exhumaciones de fosas "se lo debemos a quienes han estado trabajando tanto tiempo, como asociaciones y familias, esperando a que la democracia arrojara luz y dignidad a su dolor". "La dignidad política que le debemos a las víctimas y a nuestro pasado no puede tener color político", ha continuado Carmen Calvo, reclamando además el apoyo de los grupos políticos al Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que en breve llegará al Congreso de los Diputados, "para que sea una ley de todo el conjunto de nuestro país".
Proyectos en 13 regiones
La comunidad autónoma con más proyectos es Andalucía, con un total de 53 divididas en 46 ayuntamientos y siete asociaciones. Un tercio de la represión golpista ocurrió en suelo andaluz, con al menos 45.566 desaparecidos forzados en 708 fosas comunes, cifras que por sí solas superan a las que suma el terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas.
En el extremo contrario está Murcia, con un solo proyecto, dirigido a elaborar un catálogo sobre las fosas de la guerra civil y la represión franquista en la región con menos intervenciones arqueológicas: solo una, hasta el momento. Con uno están también Islas Baleares y Euskadi, primer lugar del Estado donde ya casi no hay fosas del franquismo.
La Comunidad Valenciana tiene 15 actuaciones (13 ayuntamientos y dos colectivos), seguida de Extremadura (10), Castilla y León (8), Aragón (6) y Comunidad de Madrid (5). Además, completan el listado Asturias y Cataluña (4), y Canarias y Castilla-La Mancha (3). La vía directa desde el ministerio subvenciona 22 proyectos de exhumaciones y apuesta por otras 44 iniciativas sobre estudios e investigaciones y difusión. Las 92 ayudas a través de la FEMP para abrir fosas también incluyen tareas de localización, recogida de testimonios, análisis de restos óseos e identificación de personas desaparecidas.
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