Castilla y León publica su mapa de fosas comunes mientras PP y Vox negocian el nuevo decreto de Memoria. Más de la mitad de las 680 fosas comunes de la comunidad todavía no están localizadas.
Castilla y León ha publciado su primer mapa de fosas comunes mientras PP y Vox negocian el nuevo decreto de Memoria, que ambos partidos llaman 'decreto de Concordia'. El informe elaborado cifra este tipo de enterramientos en un "mínimo" de 680. Eso sí, más de la mitad siguen sin estar localizadas y, por lo tanto, no están exhumados los restos que ahí reposan.
Este mapa es fruto de un convenio firmado por el anterior gobierno de coalición (PP-Ciudadanos) y la Universidad de Burgos. A lo largo de 2021, dos investigadores —Ignacio Fernández de Mata y Juan Montero Gutiérrez— han profundizado en los archivos históricos, documentos de las asociaciones memorialistas y trabajos de científicos para poder elaborar un mapa que reflejara cuántas personas murieron represaliadas en ejecuciones extrajudiciales, sumarísimas, en prisión, en combate...
El convenio, sin embargo, es posterior al decreto que Vox quiere derogar. El decreto de Memoria Histórica de Castilla y León es de 2018, cuando el PP tenía mayoría absoluta con Juan Vicente Herrera al frente. El partido ultraderechista quiere establecer un Decreto de Concordia, que está negociando ahora con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha apostaba por reconocer a las víctimas del "régimen franquista", pero también a "las de algunos gobiernos de la II República".
Este estudio refleja que de las 680 fosas comunes contabilizadas, 73 fueron cavadas por republicanos, 5 por la dictadura franquista, 21 por un bando desconocido y el resto (581) por los sublevados. Según esta investigación, Burgos es la provincia que más fosas comunes ha registrado (119), seguida de León (111), Valladolid (105), Salamanca (94), Palencia (66), Soria (57), Ávila (55), Segovia (50) y Zamora (23).
311 fosas comunes sin intervención
Los restos de 2.767 personas se han recuperado, pero todavía quedan miles de personas cuyos restos descansan en cunetas, bosques y cementerios. Concretamente, calculan que hay 311 fosas comunes en las que no ha habido ningún tipo de intervención y 65 que no se han conseguido localizar pese a los sondeos realizados. Por ejemplo, se sabe que hay dos enterramientos en la urbanización de chalets El Montico, a 25 kilómetros de Valladolid, pero no se sabe dónde.
También se desconoce cuántas víctimas hay en los cementerios de Astorga, Ponferrada, Benavente, Pozoantiguo y Toro, por ejemplo. El informe habla también de Villadangos del Páramo, el pueblo que rechazó la exhumación de las víctimas de la guerra civil. En marzo de 2022 terminaron los trabajos, pero solo encontraron a diez de las 71 personas allí enterradas porque se habían construido tumbas encima de las fosas. Las excavaciones en el cementerio del Carmen de Valladolid continúan paralizadas, a la espera de recibir los fondos del Gobierno.
Aún queda mucho por trabajar en el Monte de San Isidro (León), en Montearenas (Ponferrada), en los Montes Torozos (Valladolid), en el Monte de La Orbada (Salamanca), el Puente Oñez (Segovia) o en las Matas de Lubia (Soria).
En la provincia de León se han recuperado 227 cuerpos: 215 hombres y 9 mujeres. Hay 8 localizaciones sin intervenciones (en Sariegos, Cimanes de la Vega, Villaquejida, Toreno, Sobrado, Ponferrada, Arganza, Villarejo de Órbigo).
La investigación ha conseguido documentar un total de 680 fosas comunes en las dos regiones, aunque se cree que hay muchas más. De hecho, Fernández y Montero aseguran que las 680 fosas son "un número mínimo", aunque en realidad estos 680 son lugares que, en ocasiones, hacen referencia a varias tumbas. Por ejemplo, en Gumiel de Izan (Burgos), hubo seis fosas comunes. El rastreo realizaron abarcaría unas 7.000 personas, pero algunos historiadores cifran entre 16.000 y 18.000 a los represaliados del conflicto.
Se han investigado "exhaustivamente" Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Palencia, mientras que en Zamora ha habido pocas prospecciones. León, por ejemplo, tiene muchas fosas individuales o pequeñas, que coinciden con las ejecuciones de combatientes que fueron capturados y asesinados tras la caída del Frente Norte, en otoño de 1937.
Durante el franquismo, además de las 90 fosas que fueron levantadas para llevar los restos de 339 personas al Valle de Los Caídos, también hubo tres exhumaciones particulares en los años 40 y a mediados de los 60. Aunque fueron unas exhumaciones discretas, se produjeron con los permisos necesarios.
Las primeras exhumaciones en la década de los 70 fueron solicitadas por los familiares: en 1971 en Bayubas de Abajo (Soria) y en 1972 en Retortillo y Valdenegro (Soria) y en Traspinedo (Valladolid). Entre 1975 y 1982 se abrieron 35 fosas con unos trescientos cuerpos exhumados.
En la última década del siglo XX se excavaron otras siete fosas, mientras que las excavaciones científicas de estos últimos veinte años han permitido la recuperación de 1.975 personas cuyos restos estaban en 169 fosas comunes.
El mapa incluye también datos catastrales y el titular del terreno en el que hay una fosa común, lo que puede adelantar trabajo a familiares y asociaciones cuando decidan excavar en los enterramientos. El trabajo financiado por el gobierno autonómico subraya el valor que tienen los testimonios orales recabados hace varias décadas: son "la principal razón del éxito" en la localización de fosas. "La desaparición de las generaciones directamente afectadas por la guerra civil dificulta sobremanera la ubicación de estos espacios", lamentan los autores de la investigación.
La financiación de las exhumaciones ha sido uno de los principales escollos ante los que las asociaciones memorialistas se han enfrentado. En muchos casos financiado por los propios familiares o las ARMH provinciales, incluso por el gobierno vasco. La Junta de Castilla y León empezó a financiar las exhumaciones en 2017 y ha financiado once (hasta 2021). También figura un párroco que halló de forma casual un enterramiento en Espinosa de los Monteros en 1965, en el que había víctimas enterradas tras una ejecución extrajudicial.
Un censo de víctimas
El siguiente paso de este mapa, además de que debería actualizarse para no quedar obsoleto, será realizar un censo de víctimas de la comunidad. "Permitirá profundizar en la atención obligada a las víctimas en la resolución de conflictos y memorias traumáticas, y en el apuntalamiento de nuestra convivencia democrática como sociedad a partir de la promoción y defensa de los principios de verdad, justicia y reparación", concluyen.
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