El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 4.500 los cuerpos recuperados en las 591 actuaciones de exhumación realizadas desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática en octubre del pasado año, la cual se ha comprometido a desarrollar reglamentariamente esta legislatura.
Torres ha ofrecido estos datos en respuesta a una interpelación urgente de ERC en el pleno del Congreso acerca de cuál ha sido el despliegue y desarrollo de la ley, aprobada hace catorce meses, según ha recogido EFE.
El ministro ha informado también de que se han realizado 275 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a víctimas y que se han retirado 33 títulos nobiliarios creados por el franquismo.
También se ha creado ya el Consejo Territorial de Memoria Democrática y está "ultimado" el Consejo de la Memoria Democrática, en el que están representadas las entidades memorialísticas, a la espera de un real decreto que establezca cuál es el reglamento para "poder avanzar con estos dos órganos", ha explicado.
Torres ha avanzado que "en los primeros meses de 2024" en el ministerio tienen la voluntad de "tener ya la posibilidad de realizar" los análisis de ADN pertinentes para la identificación de cuerpos de víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
El objetivo es tener en 2024 "un banco de ADN estatal", ha añadido el ministro, quien también ha indicado que está asimismo "culminándose" una auditoría de los bienes expropiados.
Acerca de los trabajos en Cuelgamuros, tras informar de que Patrimonio Nacional ya ha presentado alegaciones a la paralización de las exhumaciones dictada por la Audiencia Nacional la semana pasada como una medida cautelarísima, ha señalado que se está avanzando en la digitalización de los datos.
También ha incluido dentro del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática los reales decretos de carácter educativo gracias a los jóvenes pueden conocer que "hay una etapa de nuestra historia que no debemos repetir".
El diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, ha recordado que su grupo se abstuvo la legislatura anterior a la aprobación de la ley, porque les pareció insuficiente en algunos aspectos, como en la ausencia del reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y de la Iglesia, pero la consideran una buena herramienta.
Además, Álvaro ha advertido a Torres de que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática "es un buen indice para medir el compromiso de su Gobierno".
Álvaro ha emplazado al ministro a que las políticas de memoria no sean "una asignatura maría" para el gobierno, "sino una cuestión central".
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