Un juzgado de la Audiencia Nacional ha paralizado de forma urgente las exhumaciones de víctimas del valle de Cuelgamuros. En un auto, el magistrado estima la petición de medidas cautelarísimas de la nieta de una mujer enterrada en la basílica y paraliza los trabajos para “tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación”. El auto da tres días a Patrimonio Nacional para hacer alegaciones y anuncia que tomará una decisión después.
La decisión de este juzgado de lo contencioso-administrativo llega después de que otro magistrado de la Audiencia Nacional estudiara, con el rechazo de la Fiscalía, una petición similar. Recientemente, además, un juzgado ordinario de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para llevar a cabo los trabajos necesarios para las exhumaciones.
Este pleito nace a raíz de la petición de medidas urgentes de una mujer, representada por Abogados Cristianos, cuya abuela está enterrada en la basílica del valle. Esta organización ultra de letrados asegura que los trabajos implican “cierto grado de profanación” y que para hacer pruebas de ADN a los restos mortales de las criptas “no han solicitado consentimiento a los familiares”. Sobre el papel, entienden que se está vulnerando su derecho a la libertad religiosa.
En lo que tiene que ver con estas medidas cautelarísimas, puestas en marcha por el juzgado antes de consultar a las partes afectadas, el auto entiende que las exhumaciones y los trabajos previos se están realizando en vía de hecho: “No se aprecia, con la información obrante en autos, que no acaezca la situación denunciada como actuación en vía de hecho”, afirma el escrito judicial. Da tres días a Patrimonio Nacional para “tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación” y después ya decidir si levanta o mantiene las medidas.
Años esperando las exhumaciones
Las exhumaciones de víctimas del franquismo del valle de Cuelgamuros llevan años atascadas en los tribunales, desde que en 2016 un juzgado de Madrid abrió la puerta a extraer los restos de los hermanos Lapeña. Desde entonces, un pleito iniciado por la Fundación Franco y otras asociaciones de extrema derecha derivó en la paralización cautelar durante meses de la licencia urbanística necesaria para llevar a cabo los trabajos.
Esa paralización cautelar fue levantada pero la sentencia sobre el fondo del asunto, dictada recientemente por un juzgado de Madrid, anuló la licencia. Esta sentencia, recurrida por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital, entendió que ese tipo de trabajos iban mucho más allá de lo que podía autorizar un gobierno municipal a través de una licencia de obras.
Otros recursos fueron presentados ante los juzgados centrales de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Por el momento esta es la primera decisión cautelarísima y, hasta la fecha, la Fiscalía se ha opuesto a que este tipo de acciones puedan paralizar de forma urgente los trabajos desarrollados en Cuelgamuros.
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