Madrid contará con el primer museo sobre memoria histórica a nivel nacional. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer la hoja de ruta de su departamento en esta materia. Torres ha afirmado que el Gobierno creará mediante Real Decreto “y en coordinación con el Ministerio de Cultura un Centro Museo de la Memoria Democrática”, que estará emplazado en el centro de Madrid, ha dicho sin dar detalles sobre fechas.
La creación de un espacio de estas características está dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022. Su finalidad, especifica el texto, “será la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos” sucedidas en el pasado “y la promoción de la memoria democrática”. En la programación y realización de sus actividades “se garantizará la participación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”, añade la ley, que apunta a que los detalles de gestión tendrán que desarrollarse vía reglamento.
El ministro también ha utilizado su intervención para anunciar la creación de algunas de las comisiones técnicas a las que obliga la ley y que aún estaban pendientes a pesar de que ya se ha cumplido el año de plazo que se daba la norma. Previsiblemente la creación de estos equipos de trabajo será elevada al Consejo de Ministros el próximo 23 de abril, ha afirmado el ministro, que ha reconocido el retraso “motivado sin duda por las citas electorales” de 2023 “y la etapa de gobierno en funciones”.
Así, se pondrá en marcha la comisión técnica destinada a elaborar supuestos de vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” durante la Transición, entre 1978 y 1982. La idea es que este estudio “señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”. También la creación de la comisión sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano y una tercera que deberá elaborar un estudio sobre las medidas de reparación económica que tanto el Estado central como autonómico ha concedido a las víctimas de la guerra y el franquismo con el objetivo de “establecer conclusiones” sobre la cobertura alcanzada y “déficits subsanables”.
Torres también ha anunciado la creación “de una comisión técnica” para que asesore a la administración pública sobre símbolos y elementos que exaltan el franquismo o a sus responsables y que aún permanecen en el espacio público y ha asegurado que su departamento “está elaborando” un Real Decreto “de restitución o compensación a los partidos políticos” de los bienes y derechos incautados, para lo que el ministerio “está realizando los ajustes precisos” con Hacienda.
En materia de incautaciones, aún está pendiente la realización de una auditoría de bienes expoliados por el franquismo por razones ideológicas y políticas, un proceso en el que Torres ha afirmado estar inmerso y haber definido hasta ahora “los pasos a seguir con la identificación de fuentes y tipología de expolios, el diseño metodológico y la concreción de instrumentos de recolección de datos”. Sin embargo, se ha comprometido, tal y como el PSOE pactó con ERC el pasado febrero en una moción, a informar de la puesta en marcha de la auditoría al final del periodo de sesiones.
4.500 cuerpos exhumados
El ministro también ha hecho un repaso de las medidas y actuaciones puestas en marcha durante la presidencia de Pedro Sánchez y tras la entrada en vigor de la ley y ha dado algunos datos: mediante el desarrollo del Plan Cuatrienal de exhumaciones, que pretende asumir como política de Estado la búsqueda de desaparecidos, se han transferido “15 millones de euros” principalmente a comunidades autónomas (un 57%) y a entidades locales (37%) con los que se han exhumado “unos 4.500 cuerpos” en todo el territorio en unas “600 actuaciones”, ha cifrado Torres.
Sobre las exhumaciones de víctimas en el Valle de Cuelgamuros, que 160 familias han reclamado hasta la fecha, el ministro ha detallado el hallazgo de la caja 198 con los asesinados en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila) y ha querido lanzar un mensaje ante los múltiples intentos de impedir estos trabajos: “Ya les anticipo: tantos sean los obstáculos que se pongan para frenar los trabajos en el Valle, tanto mayor será mi empeño y el del Gobierno en seguir adelante. A cada recurso ante la justicia que se interponga, habrá una respuesta”, ha esgrimido el titular de Memoria Democrática, que ha calificado “oprobio nacional” la situación en la que se hallan las víctimas.
Torres también ha dado cuenta de las 326 declaraciones de reconocimiento y reparación personal entregadas por el Gobierno a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo desde la entrada en vigor de la ley, “más de un millar desde el inicio de la presidencia de Pedro Sánchez” y ha anunciado que, tal y como dispone la norma, el Gobierno ampliará el plazo un año más, hasta octubre de 2025, para que los descendientes de exiliados que hayan perdido la nacionalidad española puedan recuperarla.
También el inventario de Lugares de Memoria “ya está accesible”, ha apuntado el ministro, y “se han incoado expedientes” para declarar los del casco urbano de Gernika, 12 inmuebles “emblemáticos vinculados al liberalismo español del siglo XIX” y la masacre del ejército sublevado contra la población civil que huyó de Málaga a Almería en febrero de 1938, conocido como La Desbandá.
El negacionismo de Vox
Además, Torres ha afeado el negacionismo de partidos como el PP y Vox, que en varias comunidades autónomas han pactado la derogación de las leyes de memoria histórica y en Aragón lo han consagrado. El ministro ha reconocido ser “plenamente consciente” de que algunas administraciones “no van a hacer desarrollo” de la Ley de Memoria Democrática “o van a realizar atajos o reinterpretaciones”: “Esto supone un paso atrás en el fortalecimiento democrático del país”, pero “la voluntad del Gobierno va a ser firme”, ha manifestado.
Muestra de este negacionismo ha sido la intervención del diputado de Vox, Carlos Flores, en su turno de réplica tras la intervención del ministro, que directamente ha repasado uno a uno todos los acuerdos sellados por las derechas: “Vamos a avanzar en la derogación de las leyes de memoria en las comunidades, vamos a hacerlo en la Comunidad Valenciana en base al pacto que yo mismo firmé”, ha comenzado Flores, que fue vetado por el PP en Valencia tras conocerse que sobre él pesa una condena por violencia machista pero Vox lo colocó como cabeza de lista en el Congreso. “Vamos a hacerlo en Extremadura, en Baleares, en Castilla y León. Lo estamos haciendo en Cantabria”, ha proseguido.
El resto de grupos ha aprovechado para condenar las posiciones de la extrema derecha y ha reclamado algunas peticiones concretas al ministro. Ha sido el caso de Iñigo Errejón, de Más País, que ha pedido el desarrollo de la Ley de bebés robados. Torres, sin embargo, ha dejado para casi el final de su intervención este tema y ha asegurado que aunque “son hechos que merecen ser abordados desde el ámbito público, desbordan las competencias de mi departamento” y primero “deben ser estudiados en sus dimensiones” para “tomar medidas después”.
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