Cincuenta años después de ser torturado por la Brigada Político-Social, Carlos Serrano Suárez ha declarado este lunes ante el juzgado de Madrid. A la cita también estaba llamado uno de los policías acusados de ejercer torturas en la Dirección General de Seguridad de Madrid, Agustín Costo Martínez, quien se acogió a su derecho a no declarar. La causa recae en manos de Juan Carlos Peinado, un magistrado señalado por sus actuaciones de sesgo reaccionario.
Este lunes 22 de junio ha ocurrido un hecho excepcional en el Estado español: una víctima de las torturas franquistas ha podido sentarse frente a un juez para contar los padecimientos que vivió. Carlos Serrano Suárez, exmilitante de la Liga Comunista y el PST, fue detenido en dos ocasiones en 1975, cuando tenía apenas 17 años, poco antes de la muerte de Franco. Trasladado a la Dirección General de Seguridad (DGS) -sede de la Brigada Político-Social-, Carlos fue torturado y sometido a un régimen de incomunicación total por el delito de oponerse al régimen del dictador. Después de 50 años Serrano ha podido declarar ante un juez las torturas sufridas durante el franquismo
A la misma cita estaba llamado Agustín Costo Martínez, uno de los policías de la Brigada Político-Social imputados en la querella presentada junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). El exagente, igual que han hecho otros torturadores franquistas en procesos similares, decidió no declarar. Cinco décadas después de los hechos, el aparato represivo de la dictadura sigue contando con el blindaje legal que el propio Estado le garantizó.
A la salida del juzgado, visiblemente emocionado, Serrano explicó que lo ocurrido es una "continuidad de la lucha, no solo mía sino de todos los compañeros y compañeras que entregaron su vida o parte de ella al antifascismo". “He respondido a todo, he contado que estuve en la cárcel dos veces y los malos tratos a los que fui sometido”, ha dicho Serrano a la salida. Y ha destacado que el objetivo de su querella busca "abrir una brecha en el muro de impunidad del franquismo", denunciando que "todas las dictaduras del siglo XX se juzgaron, pero el Estado español es el único territorio donde nunca se han investigado ni juzgado los crímenes del franquismo", hasta el punto de calificarlo de "refugio de criminales franquistas".
Una causa en manos de un juez reaccionario
La causa ha caído en el juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, a cargo de Juan Carlos Peinado, un magistrado que se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico "juez estrella" por su batería de actuaciones polémicas y de marcado sesgo reaccionario, entre ellas su instrucción contra Begoña Díaz, esposa del presidente del Gobierno, apoyándose en las acusaciones populares de Hazte Oír y Vox. El celo que ha desempeñado en el caso de Begoña Díaz, contrasta por otra parte con otro caso por presuntas sospechas de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid que ha sido archivado por la inacción en algunas actuaciones con plazos concretos a cargo del juez Peinado. Por si faltaban credenciales, el juez es conocido por su gran afición a la tauromaquia y se le ha visto en muchos de los cosos taurinos del Estado español celebrando las esencias patrias.
Peinado termina su carrera en septiembre y este mismo lunes el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha un expediente por su auto sobre Begoña Gómez, lo que alimenta el temor de que esta causa, como tantas otras, termine empantanada antes de llegar a ningún lado.
El muro del pacto de impunidad de la Transición sigue en pie
Que Carlos Serrano haya podido declarar ante un juez las vejaciones que sufrió durante el franquismo es una conquista de la lucha antifranquista sostenida durante décadas. Pero el proceso podría frenarse, y no sería la primera vez.
Según datos de CEAQUA, desde 2024 se han presentado más de 150 querellas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y la Transición, de las que solo cuatro permanecen activas. La mayoría choca contra la reaccionaria aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, que el Tribunal Constitucional sigue invocando para blindar a los torturadores, pese a que la jurisprudencia internacional sostiene que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse.
“El Constitucional dictó un auto en 2024 donde vuelve a repetir que estos delitos no son objeto de investigación como crímenes de lesa humanidad”, explica el abogado Jacinto Lara. El muro del pacto de impunidad de la Transición sigue en pie y es el que amenaza a las otras tres querellas activas. Prueba viva de que el Régimen del 78 no nació de ninguna “ruptura democrática”, sino de un pacto entre las élites franquistas recicladas y las direcciones del PCE y el PSOE que, a cambio de su legalización institucional, dejaron impune el aparato represor de la dictadura.
La justicia para las victimas del franquismo no vendrá de la reaccionaria judicatura española y los tribunales del régimen, que tienen como exponentes a jueces como Peinado. La verdadera justicia para las víctimas del franquismo siegue siendo, sobre todo, tarea de la movilización popular.
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