El President del PP i de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps i el diputat i Secretari General del PPCV, Ricardo Costa. Els dos, implicats per Garzón._
Auto de ampliación por el que Garzón imputa a seis personas más en la causa, entre ellos los alcaldes de Pozuelo y Arganda
Auto por el que Garzón se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
DOCUMENTOS: Auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Valencia
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Camps: "Me noto más acompañado que nunca"
El president asegura estar "indignado", aunque asume con "absoluta paz" la situación y garantiza que seguirá trabajando "con más fuerza y más ilusión que nunca"
EFE/LEVANTE-EMV.COM
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmado hoy que asume con "absoluta tranquilidad y paz" la implicación en la supuesta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando.
Camps ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi, al que también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que preside la sala que llevará el caso.
El president, quien se ha reafirmado en la declaración de inocencia que hizo cuando su implicación se hizo pública por primera vez, ha asegurado confiar "plenamente en la Justicia" y tener "la conciencia tranquila", además de asegurar que su esfuerzo se seguirá centrando en su labor al servicio de los ciudadanos."Estoy indignado por las cosas que se dicen y se proponen pero lo asumo con absoluta tranquilidad y paz" ha manifestado, y ha asegurado que hay "circunstancias en la vida que a uno le hacen estar más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de su trabajo".
Tras asegurar que va a seguir "trabajando todos los minutos de todos los días con más fuerza si cabe como president de la Generalitat", se ha mostrado convencido de que se "hará justicia" porque tiene "la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas" administraciones e instituciones.
"Como president de la Generalitat voy a continuar trabajando con toda la fuerza y con toda la ilusión, esperando los próximos días con tranquilidad y con paz y esperando que al final todo acabe como yo creo que tiene que acabar", ha explicado y ha incidido en que no hay ninguna cuestión que le cause "preocupación".
Camps, quien ha acudido al acto de toma de posesión del síndic de Greuges acompañado por un amplio número de sus consellers, ha asegurado que hoy se encuentra "más acompañado" de lo que "nunca" se ha podido encontrar "a lo largo de todos estos años", y que sigue recibiendo el "cariño, ilusión, cercanía y compromiso" de muchas personas.
El president de la Generalitat ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la Comunitat Valenciana "sea una de las referencias inexcusables de la España moderna, viva, alegre y confiada que mira al futuro con toda la fuerza y el tesón" y que lo hará "con más fuerza y con más ilusión que nunca".
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Vídeo: Costa niega las acusaciones
Exigen un pleno en les Corts retransmitido en directo por Canal 9.
Barberá: "El auto es ridículo, desproporcionado, contradictorio y curioso".
El PP apoya a Camps y Costa y agradece la dimisión de los alcaldes de Pozuelo y Arganda.
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Garzón acusa a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por recibir 34.908 euros en ropa que pagó la trama corrupta
La declaración del sastre, apuntes de la caja B de «la organización» y documentos de Forever Young implican a los políticos
Francesc Arabí, Valencia
La rama valenciana de la trama de presunta corrupción montada por el empresario Francisco Correa parece que era el tronco. Eso se desprende del auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón en el que, tras interrogar a 37 imputados y visto el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, decide inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, a quien compete investigar a los aforados. El juez implica a dos diputados autonómicos y no son menores: la cabeza del Consell, Francisco Camps, y la del partido, Ricardo Costa. En el escrito de 37 páginas, Garzón no pone a estos políticos la etiqueta del delito que se corresponde con su presunta actuación: recibir regalos en especie, concretamente trajes a medida y otros artículos de vestir por 12.783 y 7.325 euros, adquiridos en dos tiendas de lujo de Madrid, pero pagados por empresas que, como Orange Market, han sido contratistas del PP y de la Generalitat. Sólo de esta última han recibido al menos 6 millones de euros en adjudicaciones.A los otros dos implicados -el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de Turismo, Rafael Betoret- el juez sí puede imputarlos directamente. Y lo hace. Les atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por comportamientos similares a los que relata de Camps y Costa. Esto es, aceptar que los trajes, por 14.800 euros en ese caso, los pagaran firmas de la trama corrupta como la citada o Diseño Asimétrico y Servimadrid, consideradas la espina dorsal del cruce de facturación falsa.
Se facturaban «metros de tela»
Los justicantes de todos los pagos se amañaban al dictado de Pablo Crespo -el que desarrollaba en la trama la «estrategia de ocultación de fondos»- o del propio Álvaro Pérez. Camuflaban en la factura los nombres de los beneficiarios del pedido y en su lugar aparecían empresas de Correa.
¿Por qué concepto se emitían los recibos?
Se incluía como producto vendido «metros de tela, seda natural, seda roja, batista suiza azul, Oxford algodón, etc». Materiales, que, por cierto, no venden las tiendas en cuestión. La presunta implicación de los cuatro políticos valencianos se ha descubierto básicamente por las declaraciones del sastre, José Tomás, por la documentación aportada por una de las tiendas y por apuntes contables en la caja B de «la organización» -que es como Garzón nombra el tinglado de 23 empresas- desvelada por Isabel Jordán, que fue apoderada de Easy Concept y en unas grabaciones aludía a una factura de 30.000 euros en trajes relacionada con Camps.
Las palabras de Tomás, las anotaciones en «hojas de Excell» sobre el dinero negro y un lápiz de memoria incautado al contable acabaron de completar el relato judicial que sostiene la acusación de que el presidente Camps lleva la sospecha encima, pegada a la piel. El relato del auto destroza la palabra de honor que el pasado día 19 de febrero empeñó Camps cuando salió a proclamar con toda solemnidad que desmentía «de plano» cualquier participación en esta maraña de intereses abonados en el lado oscuro de la ley comprando a políticos y funcionarios con «dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de plasma u otros objetos». El auto sí avala la palabra de Camps cuando dijo que había devuleto un pedido de cuatro trajes, pese a que ya le habrían hecho los arreglos.
Clientes muy fieles
Igual que Álvaro Alonso «se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa», el secretario general del PP y el jefe del Consell iban a Madrid con El Bigotes porque allí estaba el sastre de confianza de éste. Tan de confianza era que cuando Tomás se trasladó de Milano -de donde fue despedido- a Forever Young, los clientes VIP también se mudaron. El presidente acudió a la boutisituada en el número 29 de la comercial Calle Serrano de Madrid de la mano de Álvaro Pérez. A Camps le «tomaron las medidas de patronaje» y se le hizo la «ficha para la empresa confeccionadora». El primer gasto como cliente fue de 4.700 euros en dos facturas: una de 3.300 y otra de 1.400. La segunda la abonó Orange Market mediante cheque bancario. El pago de la primera no se ha podido acreditar de momento en la investigación, según el juez. La ropa se la llevó el 24 y el 26 de enero de 2006. Por aquellas fechas, se celebró el primer Fitur en el que Orange Market debutó como contratista y desde ese día se ha llevado todos las adjudicaciones. Casi todas rozan los 1,1 millones de euros, menos la última que, con la crisis, ha bajado a 915.820.
«Entradas y salidas de milan»
A lo largo de 2008, Camps recibió ropa de Forever Young por 8.083 euros, que fueron abonados, según el auto, por las antes citadas Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, además de la propia Orange mediante cheque o transferencia bancaria. Entre la ropa confeccionada para el presidente el año pasado se incluía un «smoking confeccionado para ir a Nueva York» y un chaleco blanco que lució en una recepción del Papa en el Vaticano. La caja B de Easy Concept, la firma que realmente montaba el pabellón valenciano de Fitur según Isabel Jordán, recogía un apunte de 63.000 euros bajo el epígrafe «entradas y salidas de milan» (sic). En esa cantidad estarían incluidos los 35.000 euros de los trajes para políticos valencianos.La atención era tan personal que, siempre según el escrito judicial, en el caso de Ricardo Costa el modisto le tomó las medidas «en su despacho de la sede del PP», según contó el propio sastre. El mismo 26 de enero de 2006 en el que se hizo el pedido de Camps, se añadió uno de «tres trajes» para Ricardo Costa. Este pago lo hizo Orange Market en una cuenta de Milano en Barclays Bank. En Forever Young, Costa también tendría un pedido a su nombre con fecha del 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones en las que el PP revalidó su éxito absoluto.
El pesebre, en Valencia y Madrid
La campaña la organizó, como todas desde 1996, la red de Correa. Primero era Special Events y después fue Orange Market, creada en Algemesí el 24 de julio de 2004. Montar esta firma fue la adaptación de la trama a las nuevas circunstancias de la derrota de Aznar. El pesebre se redujo a Madrid y Valencia. Y se metieron de cabeza. El paquete de prendas para el secretario general fue abonado por las mismas sociedades de la trama que sufragaron supuestamente el fondo de armario de Camps. Y los rastros fueron borrados de las facturas también con el mismo «modus operandi» que en el caso del presidente: fingiendo que se estaban pagando metros de tela de todos los colores y texturas y escondiendo los importes en partidas más amplias. El ex vicepresidente del Consell y ex titular de Justicia, Victor Campos, anunció su retirada de la política en abril de 2007. Un año antes, en enero de 2006, también se vistió con trajes, americanas y pantalones manufacturados por José Tomás. Mucha confianza debían de tenerse, porque el sastre le tomó las medidas «en su despacho de la Generalitat». Como secretario general provincial del PP, Campos impuso tres años antes a Carlos Fabra la elección de Special Events para organizarle el congreso provincial de Peñíscola, como contó este diario cuando saltó el escándalo Gürtel. Campos está hoy en el consejo de Aguas de Valencia, desde el 8 de mayo de 2008, y en el de la constructora Romymar.
Otro cliente con mano en la Administración que acudía a menudo a las tiendas de Madrid es Rafael Betoret, actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia. Concuñado de Carlos Fabra, el dandy Betoret habría adquirido ropa por casi 10.000 euros. Era de los fijos cada año en esa fiesta sin par que es Fitur. Fuentes de la Generalitat indicaron a este diario que como jefe de gabinete de la entonces consellera Milagrosa Martínez, supervisaba el montaje del pabellón valenciano. Allí se encontraba con Isabel Jordán, de Easy Concept. A Betoret le tomaron las medidas en el Mesón 5 Jotas de Valencia. La cocina y la moda son dos maneras distintas de rendir tributo a los sentidos.
El sastre declaró que Camps dijo: «Álvaro es un bocazas»El lunes 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón acelerara la operación Gürtel ante el riesgo de fuga de los cabecillas, el sastre José Tomás acudió a declarar «en sede policial». Durante su testimonio recibió «varias llamadas a su teléfono móvil procedentes del Sr. Camps que no atendió». Según cuenta el auto judicial, en el transcurso del interrogatorio, Tomás explicó que había hablado con el jefe del Consell y que éste le había transmitido que «Álvaro era un bocazas». Las llamadas fueron registradas porque el teléfono de Tomás estaba intervenido por el juez. Por eso es más que posible que se hayan grabado conversaciones del sastre con interlocutores.
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DOCUMENTO: Auto del juez Garzón
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LA RED CORRUPTA LIGADA AL PP
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ELPAÍS.com - Madrid - 06/03/2009
El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar, informa Carlos E. Cué. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.
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Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.
Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.
Tres dimisiones más
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.
Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades, informa Europa Press.
En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".
Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".
Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".
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La corrupción sacude al Consell y al PP
Ricardo Costa, imputado en la trama, alega que se trata de acusaciones "infundadas" - Para el líder socialista, Jorge Alarte, "es la peor crisis de la democracia valenciana"
J. FERRANDIS / S. VELER TC. VÁZQUEZ - Valencia - 06/03/2009
El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo ayer un efecto demoledor en el seno del Consell y del Partido Popular. Tras el terremoto generado por la publicación (EL PAÍS del pasado día 19) del informe de la Fiscalía Anticorrupción que implicaba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama corrupta vinculada al PP, el auto remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juez Garzón sacudió con intensidad inusitada los cimientos institucionales y políticos del Partido Popular.
Francisco Camps Ortiz
Ricardo Costa Climent
La trama corrupta apunta a la financiación ilegal del PP
Rambla: "en los próximos días se aclarará la no relación" de Camps
La sala que preside De la Rúa es de mayoría conservadora
El auto no solo halla indicios de cohecho, tráfico de influencias y falsedad en la actuación del jefe del Consell, Francisco Camps; el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. El auto apunta a la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana a través de la red de empresas corruptas que montaron en Madrid Francisco Correa y Pablo Crespo. Una red que cobró cuerpo en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market, tras la pérdida de las elecciones generales de 2004 por parte del PP, y su responsable Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes.
Según el auto del juez Baltasar Garzón, Orange Market disponía de una caja B (de dinero negro) en la que figura, al menos, "un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market" con fecha de 31 de agosto de 2005.
En su escrito, el magistrado relaciona también otros apuntes contables de la red corrupta de empresas, que se remontan, supuestamente, al décimo congreso regional del PP, celebrado en Valencia en 2002, en el que fue reelegido Eduardo Zaplana.
Los socialistas ya apuntaron, antes de conocerse el auto del juez Garzón, a la financiación irregular de los populares valencianos en la sesión de control de las Cortes Valencianas. El portavoz socialista, Ángel Luna, aseguró: "Orange Market está en la financiación del PP. Una empresa con cinco trabajadores es una agencia de contratación para ganar dinero y ese dinero va a parar a sus amigos o al PP".
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se abstuvo de responder a las preguntas de la oposición, e insistió en su honradez y en la de su Administración. Pero a la hora del almuerzo el auto de Garzón ya había hecho saltar por los aires el escenario planteado por el jefe del Consell.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó: "Es la peor crisis de la democracia valenciana".
Los populares se reunieron en gabinete de crisis, aunque les costó sobreponerse a la situación, con todo el partido sobrecogido y noqueado por el auto del juez Garzón.
El secretario general del PP, Ricardo Costa, compareció a las puertas de la sede del partido en Valencia al filo de las nueve de la noche, hora de inicio de la mayoría de los informativos nocturnos. Bajó las escaleras a la calle con una sonrisa forzada y trató de no parecer nervioso ante los medios de comunicación.
"El PP pone de manifiesto su absoluta negación de las acusaciones que se vierten contra sus dirigentes", indicó Costa, que aseguró que las acusaciones son "absolutamente infundadas".
"Nos ratificamos en todo lo que hemos venido defendiendo en las últimas semanas", abundó el secretario general del PP, que eludió mencionar siquiera cualquier aspecto sobre la financiación irregular de su partido o los trajes que se hizo confeccionar por el sastre de Álvaro Pérez.
El número dos del PP garantizó la "colaboración" del PP con la Justicia, aunque también pidió la "máxima diligencia y máxima rapidez" en el proceso.
A la misma hora, aproximadamente, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, emitió un comunicado en el que negó los hechos que se le atribuyen al presidente de la Generalitat en la investigación de la Audiencia Nacional. "Estamos convencidos de que en los próximos días se aclarará la no relación del presidente con los hechos que se están investigando", indicó.El día acabó para el presidente de la Generalitat mucho peor de lo que había comenzado. Y eso que desde hace tres semanas la sesión de control al jefe del Consell en las Cortes Valencianas se ha convertido en un auténtico suplicio. En el hemiciclo los portavoces del PSPV, Ángel Luna, y de Compromís, Mónica Oltra, exigieron respuestas claras al jefe del Consell sobre los escándalos relacionados con Orange Market y las adjudicaciones de contratos de manera irregular por parte de distintos departamentos de la Generalitat.
Camps insistió: "Mi conciencia está tranquilísima". El presidente de la Generalitat buscó la cercanía ("mis amigos son los cinco millones de valencianos") y la legitimidad de las urnas para argumentar que la gestión de su Administración es transparente y conforme a la legalidad. Y nuevamente se escudó en las auditorías de la Sindicatura de Comptes, que revisan contratos aleatoriamente, y en los pocos recursos que se presentan a las adjudicaciones de las contratas públicas.
Argumentos etéreos para la oposición. "Empieza a ser incómodo para su partido", apuntó Luna, que vinculó Orange Market con la financiación irregular del PP y advirtió que ya hay dirigentes populares que "empiezan a hablar".
Mónica Oltra, de Compromís, reclamó por activa y por pasiva (se puso una camiseta pidiendo transparencia y los papeles del Consell) respuestas claras sobre las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; sobre las llamadas al sastre José Tomás y sobre la implicación del presidente en la trama corrupta de empresas. Tanto Luna como Oltra calificaron las comparecencias de los consejeros para dar explicaciones de los contratos y su relación con Orange Market de "pantomima".
Tras conocerse el auto, la reacción de la oposición fue todavía más contundente. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió al presidente Camps una explicación urgente sobre los "indicios claros" de responsabilidad penal de él mismo y de dirigentes de su partido por el caso Gürtel.
Para la coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, la implicación de Camps y Costa apunta a la "financiación irregular en el PP". Marcos pidió la destitución de todos los cargos implicados en el caso.
El presidente de la Generalitat, a diferencia del pasado día 19 cuando se informó de su implicación, guardó silencio tras conocerse el contenido del auto del juez Garzón. No hubo declaración institucional. Tan solo el vicepresidente Rambla, a través de un comunicado, y Costa, en la sede del PP, salieron a realizar una primera valoración.
Fuentes de Presidencia insistieron en que los hechos demostrarán la honradez del presidente de la Generalitat, implicado en un auto judicial por su relación con personas en las que erróneamente depositó su confianza.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer el auto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Una vez sea registrada la causa, y por turno de reparto, se nombrará un instructor de entre cuatro de los cinco magistrados de la sala. Aunque la ley no excluye al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, por normas internas, no instruye.
José Flors, Carlos Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los magistrados que componen, junto a De la Rúa, la sala de Lo Civil y Penal, encargada de los casos que afectan a aforados, informa Lydia Garrido.
José Flors pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Fue el encargado de archivar la causa que presentó Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por difundir unas conversaciones grabadas con dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica. Flors está vinculado a la revista jurídica y se le reconoce un buen hacer jurídico.
Carlos Climent proviene del mundo de la universidad. No es un magistrado de carrera. Llegó a la sala en virtud de la potestad que la ley concede al Parlamento autonómico de proponer miembros para la sala. Fue a propuesta socialista. Juan Montero también procede de la Universidad y su nombramiento fue a propuesta del PP. Una de sus últimas rúbricas ha sido el archivo de la causa en la que estaba implicado Díaz Alperi.
José Francisco Ceres es de posición marcadamente conservadora. Su firma está en el archivo de los casos que afectaban al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica.
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'El Bigotes' y la campaña de Hábitat
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 06/03/2009
Feria Valencia dio en 2008 a Orange Market, empresa presidida por Álvaro Pérez, una campaña de promoción de unos 800.000 euros para Hábitat, certamen estrella del calendario ferial que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación.
El plan de mercadotecnia fue confeccionado al margen de los comités organizadores de Hábitat y presentado a éstos en una reunión celebrada en junio de 2008 por el propio Pérez, conocido por El Bigotes en el PP valenciano e imputado en la trama investigada por Garzón. El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, y el director, Carlos de Vargas, estaban presentes; de hecho explicaron que la campaña era un refuerzo a las diseñadas por el certamen en cuestión y que no se preocuparan por su coste porque iba a cargo de la institución.
El plan incluía la distribución de monopostes y grandes lonas publicitarias e incluso reproducciones de muebles a gran escala por diferentes puntos de la ciudad. También organizó una exposición itinerante de una falla por ciudades como Madrid o Sevilla. Fuentes presenciales recuerdan que Pérez vendió a los presentes la ventaja que suponía que la campaña coincidiese con el Gran Premio de Fórmula 1, celebrado en agosto en Valencia, pese a que el público de la F-1 y el ferial son diferentes.
Un portavoz de Feria Valencia no quiso ayer confirmar el coste del contrato -"por cada cosa se pagó lo que costaba en cada momento", dijo-, pero sí explicó que Orange Market se incorporó como empresa de cabecera de Feria Valencia en febrero de 2008, sustituyendo a su anterior proveedora, la firma BSB. La eligieron de forma directa, sin que mediase concurso, porque la feria no está obligada a ello.
La empresa que dirige Álvaro Pérez prestaba servicios de tipo "horizontal", según el portavoz, quien no proporcionó cuánto ha facturado Orange Market por servicios a Feria Valencia. Sí detalló que algunos de ellos tuvieron que ver con la web o el diseño de folletos institucionales.
Los miembros de los comités organizadores de los tres sectores aceptaron la campaña porque habían sido ellos mismos los que, debido a la situación de crisis, habían pedido a Feria Valencia un esfuerzo publicitario para atraer a más compradores
El portavoz oficial aseguró que el recinto hizo una rebaja del 20% del precio del suelo a los expositores e invirtió un millón de euros en la captación de compradores. "Todo ello atendiendo a la petición de los organizadores", concluyó.
Feria Valencia, entidad tutelada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, fue escenario del último congreso del PP regional, en octubre del año pasado, y Orange Market se encargó de organizarlo.
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CASO CORREA
Los alcaldes de Arganda y Pozuelo dimiten tras ser imputados
Defiende al alcalde de Arganda
Camps tiene la conciencia tranquila
Camps, "indignado"
TRAMA DE ESPIONAJE
Marcos Peña asegura que nunca ha hecho seguimientos ni ''dosieres''
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