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La orden del TSJM (documento en pdf)
Gürtelpedia
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El TSJ de Madrid investiga el nexo del Consell con Correa
El juez Pedreira quiere conocer las relaciones económicas entre las empresas de la trama y la Generalitat - Reabre la vía en que el TSJ valenciano no se declaró competente
EP/LEVANTE-EMV.COM
El instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, dictó el pasado 3 de agosto una providencia en la que requirió a la Generalitat valenciana la relación de pagos y contratos con trece empresas relacionadas con Francisco Correa, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con trece empresas de Correa.
El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de Valencia para que asumieran la investigación del 'caso Gürtel' al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.
En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud "en modo alguno" obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional".
De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat valenciana a la hora de facilitar la relación de los pagos y contratos señalados con anterioridad".
"Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo", añade la nota del TSJM.
A principios de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. El Tribunal determinó que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama de Correa no son constitutivos de delito.
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Luna: "Era evidente que bajo los trajes había algo extraño"
El Senado inicia la tramitación del suplicatorio de Bárcenas
El Congreso acelera el suplicatorio de Merino
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El TSJM pide a Camps que informe de contratos con la 'trama Gürtel'
El juez Pedreira insiste en que la pesquisa no es contra el presidente valenciano sino para conocer las actividades una red corrupta que obra a nivel nacional
EP - Madrid - 08/09/2009
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó el pasado 3 de agosto una providencia en la que requirió a la Generalitat valenciana la relación de pagos y contratos con 13 empresas relacionadas con Francisco Correa, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con 13 empresas de la red corrupta vinculada a cargos del PP.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
TSJM(Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
A FONDO
El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de Valencia para que asumieran la investigación del caso Gürtel al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.
En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud no obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional". De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat valenciana a la hora de facilitar la relación de los pagos y contratos señalados con anterioridad". "Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo", añade la nota del TSJM.
A principios de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. El Tribunal determinó que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama de Correa no son constitutivos de delito.
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Los suplicatorios de Bárcenas y Merino echan a andar
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El TSJM insiste en pedir los contratos del Govern de Camps con Correa
Valencia limitó el caso al cohecho. Camps lleva siete meses sin atender una petición judicial.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 08/09/2009 21:10
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidida por Juan Luis de la Rúa, limitó la investigación del caso Gürtel a los cohechos en forma de trajes que Francisco Camps y otros dirigentes del PP valenciano recibieron de la trama de Francisco Correa.
El auto de admisión de la causa en Valencia no incluía las referencias que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, hacía a la presunta financiación irregular de los conservadores en dicha comunidad. Pero esos hechos no tienen por qué quedar impunes y serán investigados por la Justicia.
Este martes se supo que el propio Garzón requirió a la Generalitat valenciana –el pasado mes de febrero, cuando estalló el caso– los contratos suscritos desde 1998 con las trece empresas que conformaban el entramado dirigido por Correa. Siete meses después, los tribunales aún no han obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo que preside el que hasta el pasado 3 de agosto era el principal imputado de la rama valenciana del caso, Francisco Camps.
Archivo y requerimiento
Ese mismo día, el pasado día 3, el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, volvió a requerir a la Generalitat todos los contratos suscritos con Special Events y las otras empresas del entramado.
Según fuentes del TSJM, la petición de Pedreira obedece a la reiterada solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de tener acceso a esta información, que cree clave para conocer las actividades de estas sociedades, cuyo “ámbito de actuación es o era nacional”. Y, aunque el último requerimiento a la Generalitat se hizo el mismo día que se archivó el caso en Valencia, es totalmente independiente de la decisión adoptada por el tribunal que preside De la Rúa, cuya relación con Camps fue definida por este como superior a lo que implica “la palabra amistad”.
Fuentes jurídicas indicaron a Público que, ante la falta de respuesta de la Generalitat a los requerimientos judiciales, la propia Fiscalía optó por tratar de obtener ella misma los datos. Pero sólo le fueron facilitados los contratos posteriores a 2005.
Documentos independientes
El requerimiento realizado por Pedreira es también independiente de la documentación que remitió a finales de julio al TSJ valenciano. El juez madrileño envió lo relativo a Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, en relación con los trajes regalados a los dirigentes del PP valencianos. El caso fue archivado con los votos de los magistrados del TSJCV Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, pese a que aún no tenían a su disposición estos papeles.
La decisión del TSJ de Madrid fue aplaudida por el PSPV, que confía en que el caso se investigue en Valencia. Su portavoz en Les Corts, Ángel Luna, dijo ayer que “era muy evidente que además del tema de los célebres trajes, por debajo había una serie de relaciones cuanto menos extrañas y que se deberían haber investigado antes”.
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El juez Pedreira impulsa una investigación en la que el Tribunal de Valencia optó por no declararse competente
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El juez Antonio Pedreira impulsa una investigación en la que el Tribunal de Valencia optó por no declararse competente, según ha sabido la CADENA SER
GONZALO CORTIZO / CADENA SER 08-09-2009
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reabre la investigación sobre las relaciones entre el gobierno de Camps y la trama que dirigía Correa. El juez Antonio Pedreira impulsa así una vía de investigación para la que el tribunal de Valencia no se quiso declarar competente.
DOCUMENTO: Imagen del expediente del TSJM enviado a la Generalitat de Valencia
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Madrid quiere saber lo que Valencia no quiso analizar: las relaciones económicas entre las empresas de la trama Gürtel y la administración que preside Francisco Camps. Para ello, Pedreira ha dictado una resolución a la que ha tenido acceso la CADENA SER dirigida al gobierno valenciano y en la que pide los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado entre la Generalitat y la trama corrupta.
Llama la atención que la orden de Pedreira tiene fecha 3 de agosto. Coincide por tanto en el tiempo con la decisión de archivar la causa contra Camps por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Según las fuentes jurídicas consultadas, Madrid conserva todas las competencias de la Gürtel que otros tribunales no han querido asumir. Esta investigación, por tanto, pone en evidencia la inacción del tribunal de Valencia a la hora de analizar las relaciones económicas entre la trama corrupta y la administración de la que se benefició.
Pedreira pide toda la información sobre contratos entre el gobierno de Valencia y 13 empresas de la trama. Entre ellas, Orange Market, Special Events, Pasadena Viajes o Easy Concept.
La decisión del juzgado madrileño abre la vía a la imputación de delitos mucho más graves que el cohecho impropio que se limitó a investigar el Tribunal Valenciano. Pretende aclarar el papel que lo público tenía en la trama de corrupción. En caso de que Pedreira estime que Camps pudiera haber cometido delitos más allá de los ya investigados, tendrá que remitir la información al TSJV para que decida si también allí a Camps se le complica la deriva judicial del Caso Gurtell.
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El TSJM investigará la relación de la Generalitat valenciana con la Gürtel
ELPLURAL.COM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) va a reabrir la investigación sobre la relación del Gobierno valenciano de Francisco Camps con las empresas de la trama de corrupción de la operación Gürtel, según informa la Cadena SER. De esta manera, el juez Antonio Pedreira impulsaría una vía de investigación para la que el Tribunal Superior de Valencia (TSJV) no se declaró competente (este tribunal sólo investigo los regalos recibidos por el presidente valenciano, dejando al margen el resto de posibles conexiones de la trama).
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Según adelantó la Cadena SER, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiere investigar lo que su homónimo en Valencia pasó por alto: las relaciones económicas entre las empresas de la trama de corrupción de la Operación Gürtel y la administración que preside Francisco Camps. El juez del alto tribunal, Santiago Pedreira, ha dictado para iniciar esta investigación una resolución dirigida al Ejecutivo valenciano en al que pide los expedientes completos de contratación, facturas, o cualquier otro tipo de contrato celebrado entre la Generalitat y las empresas de Francisco Correa.
Lo que el TSJ valenciano no quiso investigar
La orden del magistrado, con fecha del pasado 3 de agosto, coincide con la decisión del TSJ valenciano de archivar precisamente la causa que abrió contra Camps y que se centraba solo en los regalos recibidos por el dirigente popular por personas vinculadas a las empresas corruptas. Hasta el momento, el alto tribunal madrileño conserva todas las competencias del caso Gürtel que otros tribunales no han querido asumir, como en el caso de estas posibles relaciones económicas entre la Generalitat y Correa.
Inacción en Valencia
La investigación deja en evidencia la inacción del tribunal valenciano a la hora de analizar los posibles vínculos entre la administración regional y la trama de corrupción. La decisión del juzgado madrileño abre ahora la vía para imputar delitos mucho más graves que el de cohecho impropio que del TSJV acusó a Camps en su momento.
Posibles nuevos delitos para Camps
Si Pedreira estima que Camps pudo haber cometido delitos más allá de los ya investigados y archivados en Valencia tendría que remitir de nuevo la información al tribunal valenciano para que este decida si se declara también competente para investigar este nuevo fleco de la operación Gürtel.
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Miércoles, 09 de Septiembre de 2009
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Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
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dimarts, 8 de setembre del 2009
PP Vice. El TSJ de Madrid investiga el nexo del Consell con Correa. 08/09/2009.
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diumenge, 5 d’octubre del 2008
Camps baixa els imposts i demana la diferència i més a Zapatero.
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I ara Zapatero, ves si n'és de dolent, dirà que NO i el Molt Honorable li tirarà la culpa. La fallera machor abaixa els imposts, mesura popularíssima, i demana al Govern el que no cobrarà als valencians: ell boníssim -pocavergonya però boníssim- i Zapatero, dolentíssim quan dirà que no i se li tiri al coll lo mejor de cada casa del PP, C9 o Las Provincias.
Ah, i els diners de la dependència que aquesta gentola ha distret per altres coses, també culpa de Zapatero. I el deteriorament sistemàtic, a consciència i a fons, perpetrat pel PPCV sobre la Sanitat i Educació públiques, també culpa de Zapatero. I Tous, de moment encara no. I és que els valencians som massoquistes en votar aquesta banda.
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Camps rebaja los impuestos en 1.978 millones pero pide más dinero al Estado
MIGUEL OLIVARES
¡Que pague José Luis Rodríguez Zapatero! Gerardo Camps, consejero de Hacienda, presentó ayer las grandes líneas del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2009 y destacó una serie de recortes fiscales que mermarán los ingresos de la Generalitat en 1.978 millones de euros.
64.250 personas dejarán de pagar 902 millones por sucesiones
El discurso oficial del PP valenciano y del Consell reitera hasta la saciedad que la Generalitat está mal financiada, que es necesario actualizar lo antes posible el modelo de financiación autonómica de 2001 porque la población ha crecido de forma alarmante en territorio valenciano y, por lo tanto, ha crecido en paralelo el gasto que implica la prestación de los servicios públicos.
La deuda pública de la Generalitat roza los 12.000 millones de euros y alcanza el 11,4% del PIB regional, un porcentaje que no compara con ninguna otra comunidad autónoma.
Los presupuestos del Estado para 2009 se ajustan a la caída de los ingresos previstos para este año y recortan su volumen en un 6,9%. Pedro Solbes ya ha anunciado que no deflactará los tramos del IRPF, es decir, no corregirá ningún porcentaje de retención aunque los sueldos suban al mismo ritmo que el IPC. A más sueldo, más retención.
Pero el Consell que preside Francisco Camps se permite renunciar a casi 2.000 millones de ingresos. En realidad prescinde de 1.520 porque la primera merma de 458 millones de euros vinculados a la desaparición del impuesto sobre el patrimonio es fruto de una decisión del Gobierno central. Según la Generalitat, esa desaparición beneficiará a 137.240 valencianos.
Gerardo Camps, consejero de Hacienda, anunció que sí deflactará los cuatro tramos de la escala autonómica del IRPF, una medida que supone renunciar a 30 millones de euros y que beneficiará a 1,7 millones de declarantes a razón de 17 euros por persona.Gerardo Camps se extendió en las explicaciones relativas a la compensación que tiene prevista la Generalitat para aliviar a las familias que pagan una hipoteca. El consejero aseguró que la medida "compensará el aumento de los intereses de las hipotecas de 517.500 valencianos" y supondrá una merma de ingresos para las arcas de la Generalitat de 44 millones de euros. Es decir, la compensación media por hipoteca será de 85 euros al año.
El Consell considerará 2007 como el año base para estimar las oscilaciones sobre el euribor. Los beneficiarios no podrán superar los 25.000 euros de ingresos anuales si su declaración de IRPF es individual. El límite se eleva a 40.000 para declaraciones conjuntas. La deducción se aplicará sobre el pago de un máximo de 9.000 euros de intereses al año.
Camps aseguró que una familia que haya adquirido su vivienda habitual en 2007 a través de un préstamo hipotecario de 150.000 euros contratado con un plazo de amortización de 25 años y a un tipo de interés del 4,95% -el euribor medio de 2007 más medio punto- podrá deducirse 277 euros en su declaración de renta.
El consejero dio por hecho que el euribor medio en 2009 será del 5,6%. No contempló la posibilidad de que el índice pueda bajar a lo largo de 2009 ni explicó cómo se aplicaría la deducción en ese caso.
El grueso del recorte de ingresos por IRPF corresponde a la rebaja de un cuarto de punto en el tramo autonómico. La Generalitat ya tomó idéntica medida el año pasado y se comprometió a reducir la presión fiscal hasta un punto a lo largo de cuatro años consecutivos. En conjunto, la reducción de ingresos previstos en el tramo autonómico del IRPF suma 382 millones.
La merma de ingresos más importante responde a la práctica desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Sólo beneficiará a 64.250 valencianos, pero representa una reducción de ingresos de la Generalitat de 900 millones de euros. La desaparición de tal impuesto se aprobó el año pasado y se aplica, por primera vez, en el momento más inoportuno.
Camps tampoco dio detalles sobre la reducción de 235 millones de euros en los ingresos vinculados a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un impuesto vinculado esencialmente a las operaciones de compra y venta de viviendas.
El Consell tiene previsto modificar 13 leyes a través de la ley de acompañamiento. Cinco de ellas son de estricto contenido económico y permitirán introducir los recortes anunciados por Camps. Pero también habrá retoques en la legislación urbanística, sobre el juego, sobre el Servicio Valenciano de Empleo (Servef), sobre la coordinación del sistema universitario o sobre horarios comerciales.
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Es veu que Borja Mari no té límits en la jeia.
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Costa atribuye al Gobierno un alza de impuestos de 1.000 millones
EL PAÍS
Ricardo Costa, secretario general del PP, atribuyó ayer al Gobierno de Rodríguez Zapatero un alza de impuestos a los valencianos que estimó sin más precisiones en 1.000 millones de euros a la vista de los presupuestos del Estado. Costa añadió que las cuentas representan "un insulto político" a los valencianos y dijo declararse en "rebeldía", también "política".
Los ingresos previstos por el Estado en 2008 eran de 203.536 millones de euros. Los ingresos estimados a finales del ejercicio se cifran en 186.141 millones de euros. Y los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos para 2009 suman 189.584 millones de euros.
Costa no fue muy preciso, pero sorprende que el Estado prevea ingresar 1.000 millones más de la Comunidad Valenciana cuando, sobre el papel, recorta su previsión de ingresos respecto al presupuesto anterior en 14.000 millones.
El día anterior, Gerardo Camps, consejero de Hacienda, anunció beneficios fiscales para los valencianos que sumaban 1.978 millones de euros en los próximos presupuestos de la Generalitat. La partida más significativa de esa rebaja del Consell es la merma de ingresos estimada en 980 millones de euros por la desaparición del impuestos de sucesiones, que solo beneficiará a 64.000 valencianos.
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La rebaja de Camps por las hipotecas ahorrará 84 euros al año de media a 517.000 beneficiarios
El Consell limita la aplicación a rentas de hasta 25.000 euros en declaraciones individuales y 40.000 en conjuntas
Carlos Alós, Valencia
La medida estrella del Consell contra la crisis ya tiene concreción. La nueva deducción fiscal para compensar la subida de los tipos de interés que se aplican a las hipotecas, que fue anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante el debate de política general, supondrá en dinero contante y sonante que los valencianos se ahorren de media 84 euros al año, es decir siete euros al mes, según los datos que maneja la Conselleria de Economía.
La deducción comenzará a aplicarse en el ejercicio fiscal de 2009 y está limitada a contribuyentes con rentas de hasta 25.000 euros en declaración individual y hasta 40.000 en conjunta y a una cantidad tope de intereses anuales que no supere los 9.015 euros, que se elevan a 12.020 en el caso de adaptación de la vivienda para discapacitados. En concreto afecta a "las rentas medias y bajas, porque las altas pueden pagárselo", según explicó el vicepresidente económico y conseller de Economía, Gerardo Camps.Aún no se conocen los porcentajes específicos de la deducción a aplicar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el incremento de los tipos de interés de los préstamos para vivienda ya que éste lo establecerá el Consell una vez conocido el Euribor medio de cada período. Pero, según los datos de la Conselleria de Economía, supondrá un ahorro anual de 43,9 millones de euros para 517.500 valencianos, lo que arroja una media anual de 84 euros y mensual de unos siete. Sin embargo el conseller puso como ejemplo el tope máximo, que podrá suponer una deducción de 277 euros para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. El conseller manejó una previsión del tipo de interés para 2009 del 5,59 frente al 4,95 de 2007, "lo que supone pagar 637 euros más al año de intereses y permitirá un ahorro de 277", según detalló el titular de Economía.
Criticas, pero rebaja de impuestosGerardo Camps criticó la deducción de 400 euros del Gobierno de Zapatero por "injusta", pero anunció que el Consell seguirá con la política de rebaja de impuestos. Además, el conseller de Economía anunció la modificación de la escala autonómica del IRPF que permitirá a 1,7 millones de valencianos ahorrarse 29,4 millones de euros, detalló, y cuyas deducciones también se revisan al alza a partir del ejercicio de 2009, añadió Camps. El vicepresidente económico invitó al Gobierno de España a sumarse a la iniciativa del Consell porque "sí se puede hacer frente a la crisis y los valencianos deben saber que ésta no les va a afectar tanto como al resto de españoles", aseveró. Camps no descartó que otras autonomías "nos copien". El conseller de Economía realizó estas declaraciones durante la presentación de la ley de acompañamiento a los presupuestos de Consell para 2009.Camps también señaló que el Gobierno ha fijado para el 8 de octubre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero que del orden del día de ese encuentro "desaparece" la revisión del modelo de financiación pese al "compromiso" del vicepresidente económico, Pedro Solbes, por lo que aprovechó para lanzar otro dardo al Gobierno que "no es justo ni solidario" con los valencianos, dijo. En este sentido, Camps contrapuso las medidas del Consell contra la crisis frente a la política de "palos de ciego" del Gobierno. El vicepresidente económico aseguró que la C. Valenciana es la autonomía con menor presión fiscal ya que los valencianos se ahorrarán en conjunto 1.978 millones con las rebajas o exenciones a los impuestos de IRPF, patrimonio, sucesiones y Donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que beneficiarán a unos cuatro millones de valencianos. Camps destacó también que el endeudamiento por vivienda supone para las familias valencianas más del 30% de sus ingresos y además "esta preocupante situación" afecta particularmente a los más jóvenes. Además, prácticamente el 60 por ciento de las viviendas principales que se adquieren en la Comunitat Valenciana, lo son por ciudadanos menores de 35 años.
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Crítica a los Presupuestos Generales
EUROPA PRESS
El PPCV impulsa una campaña para criticar que "uno de cada cinco valencianos no existe para Zapatero"
El PPCV pondrá en marcha la próxima semana una campaña publicitaria en radio y vallas publicitarias para criticar que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "uno de cada cinco valencianos no existe" para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta iniciativa también incluirá videos que se difundirán a través de Internet y que estarán disponibles a partir de esta tarde.
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Presentará enmiendas
EFE
Costa dice que el PPCV se declara en rebeldía política ante los Presupuestos Generales del Estado
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat, Ricardo Costa, ha afirmado hoy que los diputados nacionales y senadores de su partido se declararán en "rebeldía política" contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 y anunció la presentación de varias enmiendas en el Congreso y el Senado.
I ara Zapatero, ves si n'és de dolent, dirà que NO i el Molt Honorable li tirarà la culpa. La fallera machor abaixa els imposts, mesura popularíssima, i demana al Govern el que no cobrarà als valencians: ell boníssim -pocavergonya però boníssim- i Zapatero, dolentíssim quan dirà que no i se li tiri al coll lo mejor de cada casa del PP, C9 o Las Provincias.
Ah, i els diners de la dependència que aquesta gentola ha distret per altres coses, també culpa de Zapatero. I el deteriorament sistemàtic, a consciència i a fons, perpetrat pel PPCV sobre la Sanitat i Educació públiques, també culpa de Zapatero. I Tous, de moment encara no. I és que els valencians som massoquistes en votar aquesta banda.
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Camps rebaja los impuestos en 1.978 millones pero pide más dinero al Estado
MIGUEL OLIVARES
¡Que pague José Luis Rodríguez Zapatero! Gerardo Camps, consejero de Hacienda, presentó ayer las grandes líneas del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2009 y destacó una serie de recortes fiscales que mermarán los ingresos de la Generalitat en 1.978 millones de euros.
64.250 personas dejarán de pagar 902 millones por sucesiones
El discurso oficial del PP valenciano y del Consell reitera hasta la saciedad que la Generalitat está mal financiada, que es necesario actualizar lo antes posible el modelo de financiación autonómica de 2001 porque la población ha crecido de forma alarmante en territorio valenciano y, por lo tanto, ha crecido en paralelo el gasto que implica la prestación de los servicios públicos.
La deuda pública de la Generalitat roza los 12.000 millones de euros y alcanza el 11,4% del PIB regional, un porcentaje que no compara con ninguna otra comunidad autónoma.
Los presupuestos del Estado para 2009 se ajustan a la caída de los ingresos previstos para este año y recortan su volumen en un 6,9%. Pedro Solbes ya ha anunciado que no deflactará los tramos del IRPF, es decir, no corregirá ningún porcentaje de retención aunque los sueldos suban al mismo ritmo que el IPC. A más sueldo, más retención.
Pero el Consell que preside Francisco Camps se permite renunciar a casi 2.000 millones de ingresos. En realidad prescinde de 1.520 porque la primera merma de 458 millones de euros vinculados a la desaparición del impuesto sobre el patrimonio es fruto de una decisión del Gobierno central. Según la Generalitat, esa desaparición beneficiará a 137.240 valencianos.
Gerardo Camps, consejero de Hacienda, anunció que sí deflactará los cuatro tramos de la escala autonómica del IRPF, una medida que supone renunciar a 30 millones de euros y que beneficiará a 1,7 millones de declarantes a razón de 17 euros por persona.Gerardo Camps se extendió en las explicaciones relativas a la compensación que tiene prevista la Generalitat para aliviar a las familias que pagan una hipoteca. El consejero aseguró que la medida "compensará el aumento de los intereses de las hipotecas de 517.500 valencianos" y supondrá una merma de ingresos para las arcas de la Generalitat de 44 millones de euros. Es decir, la compensación media por hipoteca será de 85 euros al año.
El Consell considerará 2007 como el año base para estimar las oscilaciones sobre el euribor. Los beneficiarios no podrán superar los 25.000 euros de ingresos anuales si su declaración de IRPF es individual. El límite se eleva a 40.000 para declaraciones conjuntas. La deducción se aplicará sobre el pago de un máximo de 9.000 euros de intereses al año.
Camps aseguró que una familia que haya adquirido su vivienda habitual en 2007 a través de un préstamo hipotecario de 150.000 euros contratado con un plazo de amortización de 25 años y a un tipo de interés del 4,95% -el euribor medio de 2007 más medio punto- podrá deducirse 277 euros en su declaración de renta.
El consejero dio por hecho que el euribor medio en 2009 será del 5,6%. No contempló la posibilidad de que el índice pueda bajar a lo largo de 2009 ni explicó cómo se aplicaría la deducción en ese caso.
El grueso del recorte de ingresos por IRPF corresponde a la rebaja de un cuarto de punto en el tramo autonómico. La Generalitat ya tomó idéntica medida el año pasado y se comprometió a reducir la presión fiscal hasta un punto a lo largo de cuatro años consecutivos. En conjunto, la reducción de ingresos previstos en el tramo autonómico del IRPF suma 382 millones.
La merma de ingresos más importante responde a la práctica desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Sólo beneficiará a 64.250 valencianos, pero representa una reducción de ingresos de la Generalitat de 900 millones de euros. La desaparición de tal impuesto se aprobó el año pasado y se aplica, por primera vez, en el momento más inoportuno.
Camps tampoco dio detalles sobre la reducción de 235 millones de euros en los ingresos vinculados a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un impuesto vinculado esencialmente a las operaciones de compra y venta de viviendas.
El Consell tiene previsto modificar 13 leyes a través de la ley de acompañamiento. Cinco de ellas son de estricto contenido económico y permitirán introducir los recortes anunciados por Camps. Pero también habrá retoques en la legislación urbanística, sobre el juego, sobre el Servicio Valenciano de Empleo (Servef), sobre la coordinación del sistema universitario o sobre horarios comerciales.
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Es veu que Borja Mari no té límits en la jeia.
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Costa atribuye al Gobierno un alza de impuestos de 1.000 millones
EL PAÍS
Ricardo Costa, secretario general del PP, atribuyó ayer al Gobierno de Rodríguez Zapatero un alza de impuestos a los valencianos que estimó sin más precisiones en 1.000 millones de euros a la vista de los presupuestos del Estado. Costa añadió que las cuentas representan "un insulto político" a los valencianos y dijo declararse en "rebeldía", también "política".
Los ingresos previstos por el Estado en 2008 eran de 203.536 millones de euros. Los ingresos estimados a finales del ejercicio se cifran en 186.141 millones de euros. Y los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos para 2009 suman 189.584 millones de euros.
Costa no fue muy preciso, pero sorprende que el Estado prevea ingresar 1.000 millones más de la Comunidad Valenciana cuando, sobre el papel, recorta su previsión de ingresos respecto al presupuesto anterior en 14.000 millones.
El día anterior, Gerardo Camps, consejero de Hacienda, anunció beneficios fiscales para los valencianos que sumaban 1.978 millones de euros en los próximos presupuestos de la Generalitat. La partida más significativa de esa rebaja del Consell es la merma de ingresos estimada en 980 millones de euros por la desaparición del impuestos de sucesiones, que solo beneficiará a 64.000 valencianos.
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La rebaja de Camps por las hipotecas ahorrará 84 euros al año de media a 517.000 beneficiarios
El Consell limita la aplicación a rentas de hasta 25.000 euros en declaraciones individuales y 40.000 en conjuntas
Carlos Alós, Valencia
La medida estrella del Consell contra la crisis ya tiene concreción. La nueva deducción fiscal para compensar la subida de los tipos de interés que se aplican a las hipotecas, que fue anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante el debate de política general, supondrá en dinero contante y sonante que los valencianos se ahorren de media 84 euros al año, es decir siete euros al mes, según los datos que maneja la Conselleria de Economía.
La deducción comenzará a aplicarse en el ejercicio fiscal de 2009 y está limitada a contribuyentes con rentas de hasta 25.000 euros en declaración individual y hasta 40.000 en conjunta y a una cantidad tope de intereses anuales que no supere los 9.015 euros, que se elevan a 12.020 en el caso de adaptación de la vivienda para discapacitados. En concreto afecta a "las rentas medias y bajas, porque las altas pueden pagárselo", según explicó el vicepresidente económico y conseller de Economía, Gerardo Camps.Aún no se conocen los porcentajes específicos de la deducción a aplicar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el incremento de los tipos de interés de los préstamos para vivienda ya que éste lo establecerá el Consell una vez conocido el Euribor medio de cada período. Pero, según los datos de la Conselleria de Economía, supondrá un ahorro anual de 43,9 millones de euros para 517.500 valencianos, lo que arroja una media anual de 84 euros y mensual de unos siete. Sin embargo el conseller puso como ejemplo el tope máximo, que podrá suponer una deducción de 277 euros para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. El conseller manejó una previsión del tipo de interés para 2009 del 5,59 frente al 4,95 de 2007, "lo que supone pagar 637 euros más al año de intereses y permitirá un ahorro de 277", según detalló el titular de Economía.
Criticas, pero rebaja de impuestosGerardo Camps criticó la deducción de 400 euros del Gobierno de Zapatero por "injusta", pero anunció que el Consell seguirá con la política de rebaja de impuestos. Además, el conseller de Economía anunció la modificación de la escala autonómica del IRPF que permitirá a 1,7 millones de valencianos ahorrarse 29,4 millones de euros, detalló, y cuyas deducciones también se revisan al alza a partir del ejercicio de 2009, añadió Camps. El vicepresidente económico invitó al Gobierno de España a sumarse a la iniciativa del Consell porque "sí se puede hacer frente a la crisis y los valencianos deben saber que ésta no les va a afectar tanto como al resto de españoles", aseveró. Camps no descartó que otras autonomías "nos copien". El conseller de Economía realizó estas declaraciones durante la presentación de la ley de acompañamiento a los presupuestos de Consell para 2009.Camps también señaló que el Gobierno ha fijado para el 8 de octubre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero que del orden del día de ese encuentro "desaparece" la revisión del modelo de financiación pese al "compromiso" del vicepresidente económico, Pedro Solbes, por lo que aprovechó para lanzar otro dardo al Gobierno que "no es justo ni solidario" con los valencianos, dijo. En este sentido, Camps contrapuso las medidas del Consell contra la crisis frente a la política de "palos de ciego" del Gobierno. El vicepresidente económico aseguró que la C. Valenciana es la autonomía con menor presión fiscal ya que los valencianos se ahorrarán en conjunto 1.978 millones con las rebajas o exenciones a los impuestos de IRPF, patrimonio, sucesiones y Donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que beneficiarán a unos cuatro millones de valencianos. Camps destacó también que el endeudamiento por vivienda supone para las familias valencianas más del 30% de sus ingresos y además "esta preocupante situación" afecta particularmente a los más jóvenes. Además, prácticamente el 60 por ciento de las viviendas principales que se adquieren en la Comunitat Valenciana, lo son por ciudadanos menores de 35 años.
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Crítica a los Presupuestos Generales
EUROPA PRESS
El PPCV impulsa una campaña para criticar que "uno de cada cinco valencianos no existe para Zapatero"
El PPCV pondrá en marcha la próxima semana una campaña publicitaria en radio y vallas publicitarias para criticar que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "uno de cada cinco valencianos no existe" para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta iniciativa también incluirá videos que se difundirán a través de Internet y que estarán disponibles a partir de esta tarde.
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Presentará enmiendas
EFE
Costa dice que el PPCV se declara en rebeldía política ante los Presupuestos Generales del Estado
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat, Ricardo Costa, ha afirmado hoy que los diputados nacionales y senadores de su partido se declararán en "rebeldía política" contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 y anunció la presentación de varias enmiendas en el Congreso y el Senado.
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divendres, 3 d’octubre del 2008
Borja Mari Costa trasllada a Zapatero tot el pes de la crisi i el declara enemic públic
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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