http://www.foroporlamemoria.info/2015/08/el-crimen-de-estado-fue-en-granada-cronica-de-una-arbitrariedad/
La publicación del documento en el que se reconocía el crimen de estado cometido con Lorca vuelve a mostrar la arbitrariedad y el oscurantismo de la política archivística
Boletín Sección de Historia de la FIM. página 80: http://www.fim.org.es/media/2/2132.pdf
La publicación en la prensa, el pasado mes de abril, del documento en el que se reconocía el crimen de estado cometido con Federico García Lorca en la Granada fascista de 1936, vuelve a mostrar la arbitrariedad y el oscurantismo de la política archivística en España. Lejos de avanzar en la transparencia y el acceso libre a la documentación que testifica y explica nuestro dramático y autoritario pasado más reciente, continuamos en la línea más lejana de las democracias avanzadas.
La publicación, de indudable éxito periodístico, no debe lograrse gracias a documentos que deberían haber estado al alcance de investigadores y ciudadanía en general, desde hace largo tiempo. Los medios que han disfrutado de la “exclusiva” son unos afortunados, beneficiarios de un sistema que perpetúa arbitrariedades al impedir el libre acceso a la documentación histórica.
Todos los ciudadanos agradecemos el conocimiento del documento que reconoce oficialmente la responsabilidad en el asesinato de Lorca de las autoridades militares sublevadas contra la legalidad democrática. Es, sin duda, uno de los documentos más buscados por los investigadores de la represión franquista. Pero no se trata, faltaría más, de denunciar un caso de intrusismo profesional porque lo hayan logrado periodistas en lugar de historiadores. Es el mecanismo de su consecución lo que debe indignar a todos los ciudadanos, pues cualquier persona debería haber tenido la oportunidad de conseguirlo.
La información en exclusiva sobre todo tipo de noticias es perfectamente legítima y objeto de sana rivalidad entre los medios de comunicación. Pero lo que no es motivo de satisfacción es que la exclusividad provenga de una arbitrariedad de la administración o de un abuso de poder en el control de la información.
Estas situaciones podrían entenderse en el proceso de transición de la dictadura a la democracia actual, cuando los resortes del poder estaban ocupados por personajes relevantes del régimen anterior, celosos de guardarse los documentos que evidenciaran las responsabilidades penales y políticas en la represión de cuarenta años de dictadura. El periodista Antoni Batista tuvo acceso a la documentación de la Brigada Política Social de Barcelona de los años sesenta dos décadas después gracias a la colaboración de un “inspector demòcrata”. En cambio, ya en 2011, la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense pretendió investigar los tenebrosos orígenes de la misma y, aún contando con la dirección científica del profesor Julio Aróstegui, el respaldo institucional de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Presidencia e incluso contactos en las altas esferas del Ministerio de Interior, fue imposible obtener el permiso necesario para acceder a la documentación solicitada. Lo que certifica que los casi cuarenta años de la desaparición física del dictador no han sido suficientes para eliminar las trabas al derecho a saber, no sólo de los afectados por cualquier forma de represión (cárcel, expropiación, depuración, destierro, multa,…) sino de la ciudadanía de un país democrático que se precia de serlo.
Ya se evidenciaba en el editorial del nº 3 del Boletín de la Sección de Historia de la FIM la lamentable realidad de los archivos españoles, denunciada de forma recurrente desde los ámbitos profesionales de la Historia, la Archivística, algunos partidos políticos y asociaciones de expresos.
El no acceso o la restricción a las fuentes documentales de la represión franquista niega el primero de los tres principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario: la verdad, inseparable de la justicia y la reparación, reconocidos para las víctimas del franquismo. España todavía arrastra una deuda pendiente con los represaliados de la dictadura al restringir el conocimiento de todos los mecanismos utilizados para castigar su defensa de las libertades o su lucha contra el franquismo. Así lo denunció también en 2014 el relator de la ONU Pablo de Greiff quien puso de manifiesto las pervivencias en el Estado español de limitaciones en el acceso a la información, más propias de una dictadura que de una democracia, como recoge perfectamente el comunicado de la Red de Archivos de CCOO disponible en su web.
El humanista Emilio Lledó, reciente premio Princesa de Asturias, reivindica también el conocimiento del pasado y tilda a los que lo impiden de “defensores de la muerte de la historia, de la vida, de la sociedad y de la educación”. Explica las razones de su negativa a permitir la “luz y los taquígrafos” sobre el conocimiento del pasado, no sólo por eludir responsabilidades pasadas, sino también por su preocupación por el futuro: “a lo mejor los que quieren olvidarse de lo que pasó es para justificar cualquier vileza del presente con la esperanza de que nunca será recordado después”.
Los vientos frescos de mayo que recorren este país desde las mareas atlánticas hasta el Mediterráneo parecen el camino necesario para limpiar los oscuros rincones donde anidan las miserias del franquismo, escondidas por sus herederos legítimos con la connivencia de los que les denigran cuando se encuentran en la oposición. Conviene recordar que en estas casi cuatro décadas de democracia se han sucedido gobiernos de UCD (5 años), PSOE (22 años) y PP (11 años) y aún perduran las restrictivas condiciones que padecemos.
Nuestra democracia alcanzará la mayoría de edad cuando se puedan sanar definitivamente las heridas del pasado con el conocimiento como mejor medicina, para afrontar libremente todos los asuntos que provocan debate, no ya entre las dos Españas de Machado, sino en la pluralidad que nos enriquece, ya iniciado el siglo XXI.
