Una investigación arqueológica localiza dos fosas comunes con 127 personas fusiladas en el municipio malagueño, que serán identificadas y exhumadas en 2025
El 13 de septiembre de 1936 una voz resonó desde el campanario de la iglesia de Campillos (Málaga, 8.372 habitantes). “¡Vienen los fascistas!” gritó uno de los vigilantes. Parte de la población huyó y el municipio cayó aquel mismo día en manos del bando nacional. Desde entonces, la justicia militar franquista fue encarcelando en la prisión del pueblo a sus rivales. Muchos fueron fusilados. “Se ha procedido a la ejecución sin que en dicho acto ocurriera el menor incidente”, escribía el 6 de mayo de 1937 Joaquín Moñino, alférez de la Guardia Civil y comandante militar de Campillos, tras certificar la muerte de las 44 personas ajusticiadas ese día. Sus cuerpos, como ya había ocurrido antes y ocurriría después, fueron arrojados a una zanja que la memoria oral del pueblo situaba a las puertas del cementerio pero nadie sabía exactamente dónde estaba. Hasta ahora. Una excavación ha permitido encontrar dos fosas comunes con 127 víctimas. “Es un acto de reparación, justicia y dignidad: ahora se podrán cerrar las heridas”, subraya el alcalde, Daniel Gómez.
El trabajo realizado en Campillos es parte del convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para desarrollar investigaciones en fosas con víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, dentro del Plan Estatal de Exhumaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Es un proyecto que incluye trabajos en otras localidades de la comarca de Guadalteba. Los investigadores han realizado pruebas con georradar en Almargen —sin que haya habido éxito hasta el momento— y Cañete la Real, aunque se espera que la labor se amplíe a Ardales y Colmenar. En todos los casos son los propios alcaldes quienes, en representación de sus habitantes, han solicitado las actuaciones a los especialistas de la universidad. “Por eso nuestro trabajo es importante: porque son los propios vecinos los que nos lo piden”, destaca María José Berlanga, profesora del departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga y una de las coordinadoras de las actuaciones. Desde la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía, la administración autonómica ha dejado sin gastar casi cinco millones de euros en memoria democrática, la mitad de lo presupuestado, según el balance realizado por el Gobierno andaluz a principios de julio y a pesar de las críticas de las asociaciones memorialistas.
El arqueólogo Andrés Fernández es buen conocedor de la comarca —ya en 2012 llegó a identificar a 125 personas en fosas comunes ubicadas en Teba— y relata que, antes de excavar en Campillos, el equipo realizó una primera fase de indagación e investigación, consultando tanto documentación como testimonios orales. Después hicieron prospecciones con un georradar. “Los resultados no eran concluyentes, pero cuando arrancamos a excavar obtuvimos resultados pronto”, relata Fernández. Justo a la entrada del cementerio “existían restos óseos en una disposición inusual”, destaca. Habían dado con el perímetro de una fosa que más tarde se delimitó: dos metros de ancho y 15 de largo. Justo al lado había otra de iguales dimensiones. En ellas se han hallado restos de 127 personas. Estaban bajo unos jardines y una de las zonas peatonales del cementerio.
¿Qué pasó para que hubiera tantas víctimas en un pueblo pequeño? La coordinadora del trabajo histórico y documental del proyecto, Encarnación Barranquero, cree que existen varias razones. La primera, la larga tradición socialista en la comarca. La segunda, la alta participación de trabajadores de Campillos en las revoluciones huelguistas de 1934. La tercera ocurrió en 1936: cuando el municipio cercano de El Saucejo fue tomado por el bando nacional, los campilleros dieron asistencia a sus vecinos e incluso consiguieron asaltar el cuartel de la Guardia Civil. La cuarta fueron las decenas de asesinatos cometidos por la izquierda durante el primer verano de la contienda. “Todo eso recayó luego en la población, que recibió un castigo extra”, explica Barranquero. El 6 de mayo de 1937 fueron 44 víctimas, pero hubo otras muchas antes y después.
Fusilados a partir de rumores
Los perfiles de los represaliados revelan que muchos estaban ligados al trabajo en el campo, pero también hay otros profesionales relacionados con el sector ferroviario, la abogacía o la banca. “La mayoría de sentencias son por rumor público, es decir, que los testigos dicen que en el pueblo se rumorea que muchas de estas personas estuvieron ligadas con los muertos de la derecha, pero casi ningún caso está plenamente probado que se viese directamente a alguno de ellos realizar esos asesinatos”, afirma Barranquero. Tampoco tuvieron suerte muchos de los que consiguieron escapar como refugiados a municipios de la zona y a Málaga, donde terminaron atrapados en la carretera de Almería y luego fueron juzgados y fusilados en la capital para acabar en otra fosa común. Algunos acabaron ajusticiados en el campo de concentración de Mauthausen.
El castigo extra también afectó a las mujeres: en estas fosas representan alrededor del 10%, cuando la media en la mayoría de Andalucía roza el 3% o 5%. Unas lo fueron porque sus maridos o padres habían huido y la pena recayó sobre ellas. Otras “por haberse alegrado de los asesinatos de la gente de derecha de su pueblo durante el verano de 1936 o por haber incitado a ello”, destaca Barranquero, que acaba de publicar un capítulo centrado en las represiones a la mujer dentro del libro Control social, represión y otras violencias sobre las mujeres en las dictaduras ibéricas. “Hasta ahora las mujeres han estado en un plano muy secundario en la Guerra Civil, pero creo que jugaron un papel muy importante y los restos arqueológicos van a permitir encontrar la realidad y contar lo que el relato de los ganadores no hizo”, subraya María José Berlanga.
La Junta de Andalucía ya ha facilitado al proyecto los materiales para tomar las muestras de ADN a los familiares de las víctimas. Se hará el próximo otoño y, después, a partir de enero de 2025 y con nuevos fondos, se realizarán las exhumaciones. Se tomarán pruebas genéticas —piezas dentales y huesos en buen estado— de los restos que serán analizadas por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. El objetivo es dar nombre y apellidos a cada persona. “Así podremos realizar una exhumación individual con garantías”, concluye el arqueólogo Andrés Fernández. “Y sus familias podrán enterrarlos, ponerle flores, llorarles y homenajearles”, concluye el alcalde.
