Según cifras extraoficiales, 300 mil bebes fueron robados y vendidos en España en los años cincuenta y sesenta; hoy, esos adultos demandan que se capture y juzgue a los culpables, una red que incluye a religiosos, médicos y burócratas
Modesto Frías
06/02/2013 20:59
MADRID, 5 de febrero.- 3 00,000 niños robados es la cifra que estima la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), entre los años cuarenta y los años noventa.
El ex juez Baltasar Garzón, marcaba ya los 30,000 casos sólo en la década comprendida entre 1944 y 1954, se trató entonces de hijos de republicanos que fueron fusilados o encarcelados y cuyos descendientes fueron dados en adopción a familias afines al régimen franquista. Ha pasado más de medio siglo para los más jóvenes de esos ‘niños’ (que tendrían por lo menos 58 años) y otros que ya no están entre nosotros.
El problema no termina con la muerte de Francisco Franco, sino que continúa sin importar la tendencia ideológica o política, con la única finalidad de obtener un niño.
La trama distribuida por todo el territorio español, se basaba en el engaño a la madre, algunas veces ella no quería conservar al hijo, mientras que en otras sólo se les informaba de su muerte, dejándolas sin la opción de ver el cuerpo. Después los padres adoptivos tenía dos opciones registrar al hijo como legítimo (falseando la documentación) o simplemente con el acta de nacimiento añadiendo la palabra adoptado.
La adopción en la sociedad mundial es siempre un tema complicado; por una parte los progenitores se enfrentan al temor de tomar la decisión de dejar a sus hijos sin saber cómo será su vida, mientras que los padres adoptivos procurarán ser los mejores para este niño. Hasta aquí todo bien, se realiza el trámite pertinente, se registra al niño, y si en un futuro quiere conocer sus raíces, podrá hacerlo si las clínicas u hospitales, mantienen el registro, junto con las cartas de renuncia de los padres biológicos.
Los casos con similares modus operandi continúan apareciendo a lo largo de la geografía española. Una embarazada que tenía problemas, era ‘ayudada’ por alguien relacionado con el clero, se les hacía creer que su hijo había muerto y posteriormente se les daba en adopción, previo pago de los ‘gastos’ lógicamente.
Adopciones irregulares es el término utilizado, pero en realidad se trata de una sustracción o secuestro de un menor, junto con la falsificación de documentación tanto de actas de nacimiento como documentos de identidad; varios delitos, en suma, vidas robadas.
Muchos de estos niños sintieron la inquietud e investigaron, otros como el presidente de ANADIR, Antonio Barroso se enteraron de la peor manera. Durante su infancia, en la escuela le decían que tanto él como su Juan Luis, su amigo eran adoptados, pero nunca lo creyeron porque cuando preguntaron a sus padres siempre lo negaron.
Pasó el tiempo y el padre de su amigo enfermó y al verse en el lecho de muerte le confesó que no sólo era adoptado sino que habían pagado 150,000 pesetas por él en 1969, (precio medio de una vivienda) y que los padres de Antonio habían hecho lo mismo, dos vidas que desde entonces buscan respuestas, en sus actas de nacimientos se puede leer los nombres de sus padres adoptivos como si fueran los biológicos.
En el caso de Antonio incluso tuvieron que pagar por él a plazos por diez años, como si de una hipoteca o de un préstamo se tratara, porque no poseían recursos suficientes para hacerlo de inmediato.
Algo similar le ocurrió a Enrique Vila Torres, su infancia fue tranquila, su padre funcionario y su madre lo criaron en el seno de una familia de clase media en Valencia, cuando cumplió 23 años, su padre enfermó gravemente y murió. Al buscar documentación descubrió que era adoptado de la Casa Cuna Santa Isabel, y decidió investigar pero su caso uno de los más complicados según su propia experiencia siendo abogado en situaciones similares, se ve obstaculizada por la iglesia que mantiene el silencio por respuesta a todas las preguntas que los adoptados tienen y la falta de registro de las madres ingresadas.
Los casos siguen y siguen, el más reciente María Gómez Valbuena, está imputada por los delitos de detención ilegal, y falsedad en documento público es la primera en realidad que ha sido investigada por la denuncia de María Luisa Torres, que dio a luz a una niña en Madrid en 1982 y que le fue arrebatada de su vida. Según su testimonio, ella estaba casada y tenía una hija, se separó de su marido, y comenzó otra relación fruto de la cual quedó embarazada, su pareja se desentendió de ella, su situación no era sencilla, llegó a sus manos una revista en la cual ayudaban a madres solteras, así conoce a Sor María. Se interna en el Hospital Santa Cristina, donde fue sedada por completo, cuando despertó preguntó por su bebé y la monja le comentó que había muerto, para después cambiar su versión a que había sido entregada en adopción y que no preguntara nada más. Al increparla, según el relato de María Luisa, la monja amenazó con quitarle a su otra hija, al acusarla de adulterio ante este temor, no le quedó otro remedio que ceder.
Su historia podría quedar ahí pero se convirtió en casi una novela al ser expuesto en los medios a través de un programa de televisión El Diario de Antena 3, el padre adoptivo de la niña que tuvo María Luisa, intentó por todos los medios encontrar a la madre biológica de su hija, a la cual a diferencia de otros casos desde pequeña se le informó su adopción. En el programa se encontró con una persona que había dado a luz y se le realizó una prueba genética que dio como resultado la reunión de madre e hija.
El padre adoptivo relató, “Yo no compre una niña. Me pasaron facturas por la estancia de la madre, la anestesia, el quirófano, las guardo todas y se las enseñaré al juez”, una cifra de 100,000 pesetas, una cantidad que le pareció razonable, no sólo por los gastos de hospitalización materna, sino porque su hija estuvo 40 días ingresada. Quizás si existieran personas como él, los casos tendrían mejor resultado porque como reconoció “Los padres adoptivos deberían ayudar a sus hijos a buscar a sus padres biológicos. Tienen derecho a saber quiénes son”.
Sor María, religiosa de 87 años, como era de esperarse, se negó a declarar, pero en una carta abierta declaró “Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas”.
La también Hermana de la Caridad, en 1979 utilizó según los padres adoptivos de Camila (otra bebé supuestamente robada), nacida en San Ramón en 1979, un sistema diferente. Ellos no tenían dinero, por lo cual les ofreció hacer un trueque traer una embarazada que no quisiera quedarse al bebé y ella les entregaría otro.
La octogenaria ha sido imputada en otro caso más; en esta ocasión de unas gemelas nacidas en la clínica Santa Cristina en 1981, mismo sistema después del nacimiento las niñas supuestamente murieron.
El sistema básicamente estaría encabezado por un médico de ese hospital, las religiosas (asistentes sociales) encargadas de las madres, funcionarios que se dedicaban a falsear los documentos para que aparecieran como hijos legítimos y no adoptados e, incluso, como se ha visto tras las investigaciones se involucraron algunos funcionarios de los cementerios, para cubrir todos los frentes.
La adopción venía precedida por lo general de una presión familiar, social, económica, muchas de las embarazadas ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver a sus hijos, les informaban que habían muerto, algunos tienen décadas llevándoles flores, a unas cajas vacías. El delito, mientras que unos señalan que ha prescrito, otros como el abogado Vila lo comprende como un delito continuado.
La Fiscalía General del Estado remitió una circular a principios de este año. El texto establece “que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada al respecto, considera que el delito de detención ilegal es un delito permanente, por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad, aun cuando ya sea mayor de edad. Éste es el criterio que más favorece el interés de los denunciantes por conocer la verdad de los hechos y que permite a los fiscales realizar una completa investigación efectiva”.
Básicamente les brinda esperanza a las víctimas (padres e hijos), al impedir que los casos prescriban por ser un delito continuado, y favorece que todos aquellos casos cerrados por esta causa puedan investigarse sin las limitaciones de tiempo que tenían.
La revista Interviú (famosa por los desnudos de personajes españoles), destapó uno de los casos de robo de recién nacidos. En la trama, además de la constante de médicos, religiosos y el pago, se utilizaba un bebé congelado, para que dada la situación de que los padres exigieran ver a su hijo, se les mostraba. El fotógrafo encontró al bebé y la instantánea se publicó en los medios. Algunas madres y padres reconocieron que era el mismo que les habían mostrado.
Se han unificado los criterios de las pruebas para formar un banco de ADN, para hacer una base de datos donde se puedan cruzar el nombre, fecha de nacimiento, centro sanitario, y cualquier detalle que facilite la correcta identificación de las víctimas tanto padres como hijos, ya que tal como expresó el ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón “El derecho a conocer la propia identidad está en la Constitución”.
Se tiene conocimiento de la separación de los mellizos uno para la madre y el otro si podían lo ocultaban o decían que había muerto, en otras ocasiones cuando se trataba de una familia con varios hijos, simplemente les informaban que tenía una malformación y que había fallecido.
Pero también existía la otra parte, los adoptantes tenían que simular en muchas ocasiones que estaban embarazadas simulando con cojines, náuseas, incremento de peso, para poder llevarse en cuanto la madre diera a luz un niño con todas las de la ley y con sus apellidos. Algunas exhumaciones se solicitaron y fueron concedidas por los jueces, en algunas de ellas, se encontraron cajas vacías, con trapos, piedras, o con huesos que no correspondían a ningún recién nacido.
Se trataba a los niños como mercancía; algunos incluso como si de un catálogo se tratara, como la historia que relata uno de estos niños robados. Tiene dos actas de nacimiento con sus respectivos nombres; en España respondería al nombre Luis Aguirre García, mientras que en Chile, dónde actualmente vive es conocido como Luis Fernando Lezaeta Hurtado.
Durante el franquismo un militar realizó las gestiones para que él llegara a la casa de una pareja chilena, que solicitaban a través de una carta un niño rubio de ojos azules y una niñita. Entre los documentos que conserva, encontró la respuesta en la cual le informaban que las niñas eran muy escasas y caras.
Casi medio siglo después otro niño robado logró encontrar a sus padres biológicos. A sus 47 años, sus padres adoptivos fallecieron, pero ha encontrado a sus padres biológicos gracias al banco de ADN. Pudo localizarlos en el norte de España, mientras que él vive en el sur.
Además de ANADIR, existe la Plataforma Afectados Clínicas de Toda España, Causa Niños Robados, SOS bebes robados, cuyos casos no son focalizados sino que se encuentran en denuncias en prácticamente todo el territorio español. Si bien llama mucho la atención el de la monja, se encuentran registros de sacerdotes, que realizaban el mismo delito, robo de infante y entrega previo pago a una familia que ellos seleccionaban. Quizás el octavo mandamiento es lo que más llama la atención entre los católicos. Lo que es un hecho es que existen víctimas: los progenitores que fueron engañados, los niños que fueron apartados de ellos y los padres adoptivos que en muchos casos pagaron lo que a su juicio eran gastos, aunque en realidad estaban comprando un hijo.
Jueces a lo largo de la geografía española han dado órdenes para exhumar diversas tumbas para examinar los restos, y poder hacer el correspondiente análisis genético; en algunos si se encontraron huesos, mientras que en otros sólo se descubrieron vendas o incluso piedras. La lucha contra el tiempo sigue, las pistas se enfrían y los culpables pueden quedar impunes, por su edad o por falta de pruebas, ya que los jueces se ven obligados por este motivo.
La historia de estos niños es realmente dramática, ninguno de ellos en realidad es quién dice ser en sus documentos de identidad, su vida está basada en una mentira, en realidad en un delito, el robo o secuestro de un infante.
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