Josef, el sexto fusilado, y los juicios ilegítimos del franquismo

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Publicado el 24 septiembre, 2015 por Ana María Pascual

El sábado 27 de septiembre de 1975,  Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo, Ángel Otaegui y Jon Paredes Manot, `Txiki´,  no fueron los únicos asesinados por el régimen franquista.  Aquel día también falleció ametrallado por la Guardia Civil el ciudadano alemán Josef W. Frankie (27 años) en Port-Bou (Gerona), justo después de cruzar la frontera en su coche. Según la noticia que publicó el diario Abc, el alemán “conduciendo a gran velocidad atravesó la zona de control de ambas aduanas, sin hacer caso de los gestos y gritos de los agentes, y estuvo a punto de arrollar a un sargento. Se hicieron varios disparos de aviso al aire, pero al no hacer caso, la fuerza tuvo que utilizar sus armas y disparó sobre el coche y su ocupante”. Por último, el diario mencionaba que Josef conducía en estado de embriaguez.

Al lado de la anodina noticia -escasas veinte líneas y en un tono de cotidianidad espantoso–, en la misma página del Abc, aparecían publicados los indultos que había aprobado el consejo de ministros del día 26, presidido por el Generalísimo. Salvaban sus vidas José Antonio Garmendia, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca y Concepción Tristán. A los seis se les conmutó la pena de muerte por la de 30 años de prisión. Los fusilados el 27 de septiembre de 1975 fueron los últimos del franquismo. Ni tuvieron un juicio justo ni la justicia militar pudo demostrar su culpabilidad. Pero todo estaba decidido de antemano: Franco se consumía y el régimen tenía que sobrevivirle. Por eso había que dar un escarmiento a los subversivos.

Exmilitantes del FRAP en la tumba de Ramón García Sanz, fusilado el 27 de septiembre de 1975. A Manuel Blanco Chivite (primero por la derecha) y Vladimiro Fernández (a su lado) les conmutaron la pena de muerte. Foto: Guillermo Navarro para INTERVIU

Cuarenta años después de los últimos fusilamientos del franquismo, todavía habrá quien piense que aquellos cinco muchachos pasados por las armas en nombre de la justicia militar del régimen eran terroristas que merecían semejante escarmiento. Por supuesto que hay quien lo piensa. Solo hay que rascar un poco en el corrosivo velo que envuelve a los demócratas de toda la vida y hallaremos a millares que están convencidos de que los cinco últimos fusilados del franquismo, hace ahora 40 años, eran asesinos sanguinarios de ETA o del FRAP (Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico) y, por lo tanto, merecían un castigo ejemplar. Incluso algunos, fervientes defensores del espíritu de la Transición, dirán que están en contra de la pena de muerte, pero nunca se les oirá decir que están en contra de la legitimidad de los juicios franquistas.

Una grúa transporta el féretro con el cadáver de Jon Paredes Manot

El 27 de agosto de 1975 –tres meses antes de que Franco muriera– el régimen aprobó la Ley de Prevención del Terrorismo. Por supuesto, no podían llamarla de otra manera, por ejemplo, Ley de Prevención de la Resistencia o de la Oposición. Los activistas antifranquistas eran oficialmente terroristas, que atentaban contra las fuerzas de Seguridad.  La violencia engendra violencia, por eso estoy en contra de cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Pero seguramente muchos de los que vivieron aquella época de dictadura, de falta de libertades y de derechos, los que recibieron palos y fueron torturados en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, opinaban entonces que no quedaba otra que enfrentarse a la sempiterna violencia franquista con violencia. Y unos cuantos lo hicieron.

La Historia ha cubierto de heroicidad a los hombres y las mujeres de la Resistencia francesa. Y la mayoría apoyamos a los disidentes cubanos y venezolanos. Y salvando las distancias -y no hay tantas-, creo que nos cuesta reconocer como sociedad la generosidad de los luchadores antifranquistas, su contribución al restablecimiento de la democracia. La Transición no fue justa con ellos: amnistía para todos, para ellos y para sus torturadores. Entonces ni siquiera se planteó la posibilidad de declarar nulos o ilegítimos aquellos consejos de guerra.  Cuarenta años después seguimos igual.

El periodista Bonifacio de la Cuadra, uno de los grandes cronistas de la  la Transición, autor de Democracia de papel, opina que una vez que la democracia se consolidó debió iniciarse el proceso para reparar las injusticias del franquismo, empezando por los juicios militares. “No revisar la condena a muerte de Puig Antich (ejecutado a garrote vil en 1974) es una ignominia, igual que en el caso de los fusilados en septiembre de 1975. Pero si no se atreven ahora, ¿cómo iban a plantearlo antes? Hay que recordar que tras la muerte de Franco, la izquierda era la que más corría para alejarse del franquismo, no para condenarlo. La amnistía la pedían los izquierdistas, aunque se beneficiaran también los franquistas, que tenían la sartén por el mango; tanto que los prodemócratas se conformaban con que soltaran la sartén o, por lo menos, que no les dieran con ella en la cabeza”.

“Es necesario contextualizar”, recomienda siempre el periodista y editorManuel Blanco Chivite, exmilitante del FRAP: “Hay que contarle a las nuevas generaciones cómo era la dictadura, explicarles que las fuerzas de Seguridad gozaban de  absoluta impunidad, que torturaban y que mataron a muchos ciudadanos que acudían a manifestaciones en contra de la dictadura, sin que ningún responsable de aquellas muertes pagase jamás por los crímenes. Era una dictadura militar que empleaba la violencia sistemáticamente y muchos optamos por pasarnos a la militancia antifranquista, recurriendo a la violencia, para derribar a aquel régimen”. 

El FRAP (Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico) fue un organización fundada por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), en 1973, con la colaboración del exministro de la RepúblicaJulio Álvarez del Vayo, que desapareció una vez llegada la democracia.

Si algo ha perdurado en la memoria colectiva sobre los últimos fusilamientos del franquismo es la absoluta farsa que supusieron los consejos de guerra que juzgaron a los ajusticiados. Sirva el caso de Jon Paredes Manot, `Txiki´ para comprender la pantomima de proceso que lo condenó a muerte a los 21 años. El muchacho militaba en ETA, pero siempre negó su participación en el atraco de una sucursal bancaria de Barcelona el 6 de junio de 1975, en el que falleció el policía Ovidio Díaz. “No se nos permitió a sus abogados la más mínima defensa de Jon –me cuenta la abogada Magda Oranich–. No se llamó a los testigos que aseguraban que la descripción del individuo que disparó no coincidía con la `Txiki´ (apodado así por su baja estatura, 1,52 metros). Hubo dos testigos sorpresa del fiscal, dos policías, que reconocieron a Jon. Estaba condenado de antemano“. Magda acompañó a `Txiki´ en su última noche, “la noche más larga de mi vida. Hasta el final, él creyó que iban a ser soldados los que formasen el pelotón de fusilamiento y que se iban a negar a disparar a un civil. Pero fueron voluntarios de la Guardia Civil y de la Policía los que apretaron el gatillo”.

Jon Paredes Manot, alías Txiki, nació en Extremadura pero creció en Zarautz (Guipúzcoa). Murió a las 21 años.

Su familia le recuerda como era entonces: “un joven apasionado y con unos ideales sociales enormes –me cuenta su hermano Diego–. Se merece, igual que los otros cuatro fusilados, que se haga justicia. Lo que peor llevo es que le condenaran por algo que no cometió”. Su hermano mayor, Mikel, que acompañó a Jon desde que entró en capilla, la madrugada del 27 de septiembre de 1975, considera que  hay que asimilar la historia de una vez por todas. “Los españoles deben saber lo que ocurrió en el país y se debe asimilar como sociedad. Negarlo solo sirve para provocar más heridas y divisiones. La dictadura torturó y asesinó. Mi hermano Jon fue una víctima”.