Limpiar Córdoba de símbolos franquistas.

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Las asociaciones memorialistas reclaman la eliminación de todos los vestigios de la dictadura

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  En Vallellano Cruz de los Caídos. - Foto:A.J. GONZALEZ

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IRINA MARZO 14/10/2015

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Las asociaciones memorialistas de Córdoba recibieron ayer con esperanza y cautela la noticia de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Un proceso que comenzó hace ya más de dos años con encuentros comarcales y provinciales, que culminaron en una asamblea regional celebrada precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. No en vano, el artífice del texto, el entonces director general de la memoria democrática y presidente del Foro por la Memoria, Luis Naranjo (IU), es cordobés. Desde este foro reclamaron ayer al Gobierno andaluz que aplique la ley, para que "no acabe en un cajón" o derogada de facto como la de Zapatero. Además piden la retirada de toda la simbología franquista en Córdoba (incluida la del nomenclátor), que la antigua cárcel de Fátima se dedique al recuerdo de las víctimas y que el Ayuntamiento haga suyos los senderos de la memoria. Desde la Plataforma para la Comisión de la Verdad, Florentina Rodríguez pide que la Junta dote la norma económicamente y que su aplicación dependa de la Consejería de Justicia y no de Cultura: "Somos víctimas, no restos arqueológicos", dijo ayer en laCadena Ser . También se pronunció al respecto el primer teniente de alcalde, Pedro García, quien afirmó que el Consistorio debe "a iniciativa propia retirar urgentemente todos los símbolos que tengan que ver con una de las dictaduras más crueles de la historia de la humanidad". Precisamente mañana, el abogado madrileño Eduardo Ranz volverá a pedir al Ayuntamiento la retirada de la simbología franquista. Ya lo hizo en abril, pero no recibió respuesta por parte del PP, por lo que confía en que el actual Gobierno local sea más permeable a sus peticiones. En concreto, Ranz --que ha presentado solicitudes a 40 ayuntamientos españoles-- pide la retirada "por dignidad y legalidad" de la cruz de los caídos de Vallellano, de las placas con el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda y una placa en la Mezquita que recuerda a los caídos "por Cristo en la persecución religiosa". De manera paralela a la vía administrativa, Ranz denunció por lo penal a 24 obispados, incluido el de Córdoba, por un delito contra la independencia del Estado, que no prosperó. En unas alegaciones canónicas, el obispo de Córdoba negó que existiese exaltación de la dictadura en la mencionada placa, por lo que Ranz ha recurrido al Papa ésta y el resto de alegaciones que los obispos no han contestado (todos salvo el obispo de Segovia, que se ha comprometido a eliminar los símbolos).