- Tras décadas olvidados en el archivo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el hallazgo de unos documentos que acreditan la apertura forzosa de cajas de seguridad durante la Guerra Civil aporta nuevos datos a la memoria histórica
El 15 de diciembre de 1937, coincidiendo con el inicio de la batalla de Teruel, Francisco Brum, operario de la casa Bamb, fue citado en las oficinas del Banco Garrigues Nogués junto a plaza Catalunya de Barcelona para descerrajar cinco cajas de alquiler. La apertura violenta, en ausencia de sus propietarios, estuvo supervisada por un juez del juzgado especial de Contrabando por Evasión de Capitales, un representante del Banco de España, un delegado de la Generalitat y un empleado de la entidad bancaria. Hallaron “un ajustador de oro con perlitas, una onza de oro de Fernando VII, dos cuartos de onza, una con busto de Carlos III y la otra de Carlos V y un alfiler de corbata con brillantes”. Todo fue confiscado y depositado en la oficina del Banco de España en Barcelona.
Este episodio forma parte de la documentación que el abogado Manuel de Bofarull localizó en el 2010 en el archivo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y con la que inició una larga investigación que, ya en forma de tesis doctoral, arroja luz sobre uno de los misterios de laGuerra Civil en Catalunya: la incautación de los bienes que miles de familias guardaban en las cajas de seguridad de los bancos.
Los documentos, 14 expedientes muy voluminosos, contienen las actas de 2.876 aperturas de cajas alquiler llevadas a cabo entre el 27 de septiembre de 1937 y el 30 de mayo de 1938. Esta documentación es inédita, no sólo en Catalunya sino en España, ya que únicamente hay constancia de la conservación de dos expedientes más en Madrid.
Bofarull calcula que la suma entre los llamamientos por edictos publicados en el Diari Oficial de la Generalitat y las actas que se han conservado alcanzan la cifra de 9.788 aperturas de cajas de alquiler en 28 oficinas bancarias en Barcelona en las que se incautaron oro, joyas, divisas, acciones, valores y algunos objetos personales. Las aperturas, que a veces se producían con la presencia y el consentimiento de los titulares, otras a la fuerza, se enmarcan dentro de la batalla por la financiación que se desarrolló en paralelo a la contienda militar. Como dejó escrito el historiador y banquero José Ángel Sánchez Asiaín en su obra La financiación de la guerra civil española, el Gobierno republicano costeó la guerra con el ahorro que los españoles habían acumulado, y el Gobierno de Burgos la financió con el ahorro futuro.
En esa batalla monetaria, en la que cada bando llegó a emitir su propia peseta, el Gobierno republicano, sin el auxilio financiero internacional del que sí gozó el alzamiento, buscó también liquidez con el control de las cuentas corrientes privadas y de las cajas de ahorro, práctica que también llevó a cabo el gobierno de Burgos a medida que fueron conquistando terreno. “Vieron en el contenido de las cajas una fuente de financiación rápida; Azaña en sus memorias señala que sólo en Asturias se había recogido con la apertura de cajas unos 6.000 millones de pesetas”, apunta Bofarull.
El Gobierno republicano dio cobertura legal a esta práctica poco después del alzamiento militar. Juan Negrín, a la sazón ministro de Hacienda, estableció que en un plazo de siete días toda persona debía entregar en el Banco de España u otras entidades bancarias el oro o divisas que tuviera en su propiedad. A cambio, se les entregaba el importe equivalente en pesetas que debía depositar en cuenta corriente o un resguardo como garantía del depósito realizado. Aquellas cajas de ciudadanos que no acudieron a la llamada de las autoridades fueron abiertas a la fuerza bajo la supervisión del juzgado especial de Contrabando de Evasión de Capitales.
En Barcelona, las aperturas por órdenes del gobierno de Companys empezaron en 1936 y continuaron, ya con el gobierno de la República en la capital catalana tras abandonar Valencia, hasta pocas horas antes de que las tropas nacionales desfilaran por la Diagonal y que numerosos camiones con todo tipo de objetos de valor cruzaran la frontera francesa de Le Perthus.
El oro y las joyas hallados en las cajas de alquiler se entregaban al Banco de España o a la Tesorería de la Generalitat, el resto de las pertenencias se depositaban en la Delegación de Hacienda en Barcelona, donde estaba la oficina del juez especial de Contrabando.
Los ciudadanos extranjeros residentes en Barcelona también vieron confiscados sus enseres pese a los intentos de los consulados para frenarlo. Entre los archivos que ha analizado Bofarull hay numerosos ejemplos, como el del ciudadano alemán Hernan Levy, a quien los certificados del cónsul alemán y argentino en Barcelona no pudieron evitar que su caja en el Banco Alemán Transatlántico fuera descerrajada y se le confiscara un collar de perlas con broche de brillantes, diez diamantes y pendientes de oro.
Concluida la Guerra Civil, muchos de los afectados por las aperturas acudieron a la Comisión Provincial de Reclamaciones Bancarias, operativa de 1942 hasta 1945. Apenas fueron escuchados. El gobierno franquista no incluyó el caso de las cajas violentadas en la legislación que, en cambio, sí permitió devolver parte del dinero sustraído de las cuentas corrientes en zonas rojas. El principal obstáculo es que el contenido de las cajas de alquiler no estaba registrado por el banco. Tampoco fueron atendidas sus reclamaciones tras la caída del régimen franquista y el advenimiento de la democracia.
En su investigación, Bofarull sólo ha encontrado un caso en el que, tras un largo periodo de reclamaciones, el Tribunal Supremo acabó dando la razón en 1994 al demandante, un joyero de La Jonquera al que le fueron incautadas 150.000 pesetas en oro y joyas, y al que se le resarció con 23.612.502 millones de pesetas. El Supremo decretó la responsabilidad del Estado al entender que la acción no quedó prescrita y que recobró eficacia con la entrada en vigor de la Constitución.
Pese a la dificultad técnica y legal para concretar las devoluciones, el Parlament ha aprobado una proposición de ley para instar al Congreso a modificar la ley de Memoria Histórica y debatir la devolución del dinero republicano declarado ilegal por Franco durante la guerra, así como la reparación a aquellos que sufrieron la apertura ilegal de cajas por el gobierno republicano y la Generalitat.
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