- Este domingo se cumplen cuatro décadas de la Ley de Amnistía, una norma que las asociaciones denuncian porque impide investigar y perseguir posibles delitos de lesa humanidad
- La ONG Amnistía Internacional ha entregado 205.000 firmas al ministro de Justicia para pedir que esta ley deje de ser un mecanismo de impunidad
Acto de Amnistía Internacional bajo el lema #NoEsMiLey en contra de la Ley de Amnistía de 1977.
A.I.Este domingo 15 de octubre se cumplen cuatro décadas de la promulgación de la Ley de Amnistía, la norma que establece que quedan condonados los actos de intencionalidad política tipificados como falta o delito y cometidos antes de 1976 y, en algunos supuestos, hasta 1977.
Fue una iniciativa parlamentaria nacida en la izquierda que recibió el apoyo de toda la Cámara –salvo de la Alianza Popular de Fraga–, y que tenía como objetivo lograr una verdadera clausura de la guerra y la dictadura, según señala el historiador Pepe Reig.
Sin embargo, juristas y expertos denuncian que, en la práctica, ha venido aplicándose como una ley de punto final, empleándose como pretexto para no investigar y perseguir posibles delitos de lesa humanidad, los cuales ni prescriben ni pueden ser perdonados en ningún caso según diversas normas internacionales. De hecho, varios organismos, como Naciones Unidas, ya han recomendado a España que la derogue, o por lo menos que la reforme, para que no obstaculice investigaciones judiciales.
Esa es la crítica que Amnistía Internacional lleva años haciendo y en la que insiste en el aniversario de una norma que, según la ONG, “bloquea cualquier paso para que la legislación española cumpla con sus compromisos internacionales en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”. Por todo ello, el pasado miércoles, la organización entregó 205.000 firmas que piden a Rafael Catalá, ministro de Justicia, que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo de impunidad. Una iniciativa que demuestra que “hay una parte de la sociedad que no se conforma con no conocer la verdad”, en palabras de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Además, realizaron un acto homenaje bajo el lema #EstaNoEsMiLey con personas nacidas a partir de 1977 que denunciaban “40 años sin verdad, justicia y reparación” y que “una injusticia ayer, es una injusticia hoy”.
En ese mismo acto, Beltrán señaló que, además de que el Parlamento vota siempre en contra de la derogación o cualquier tipo de reforma, “la Fiscalía del Estado la utiliza para oponerse a que una jueza argentina pueda interrogar a dieciocho presuntos autores de lo que pasó en aquellos años” y que “el Tribunal Supremo la utiliza para cerrar de un plumazo114.000 casos de desaparición forzada y de torturas”.
Ana María Andaluz, nieta de una víctima de desaparición forzada en 1936 en Soria, criticó el abandono gubernamental a la hora de recuperar los cuerpos de familiares y pidió que “esta parte de la historia se puede cerrar de una manera positiva para seguir todos hacia adelante como un país unido”.
Además, Amnistía Internacional ha anunciado que el martes 17 de octubre comparecerá en la Comisión de Justicia del Senado para hablar de cómo esta ley niega su derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
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