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En 2012 el alcalde pedáneo Antonio Pozo (PP) montó una consulta sin autorización legal y sin garantías
El objetivo era preguntar a sus vecinos si querían que el nombre ‘Del Caudillo’ se mantuviera, o no
PSOE e IU mostraron su completa oposición y tacharon el proceso de irregular: “No tenía ni pies ni cabeza, no se ajustaba a la legalidad que marca cualquier procedimiento. No tenía garantías y no estaba autorizado”, denuncian los socialistas
Extremadura también ha tenido su propia consulta ciudadana envuelta en la duda de la legalidad. Y de eso no hace demasiado tiempo. Se trata de Guadiana del Caudillo, que a día de hoy, y tras lograr la independencia de la ciudad de Badajoz, mantiene su nombre franquista.
La localidad consiguió su segregación de la capital pacense aun conservando el topónimo alusivo al dictador. Lo hizo en 2012, y con una Ley de Memoria Histórica vigente.
El entonces alcalde pedáneo Antonio Pozo (PP) montó una consulta ‘popular’ a la que estaban llamados los 2.500 habitantes de la localidad. El objetivo era preguntar a sus vecinos si querían que el nombre ‘Del Caudillo’ se mantuviera, o no.
"No tenía ni pies, ni cabeza"
Fueron unas votaciones sin ningún proceso legítimo conforme a la legislación que regula estos procesos, recuerda Marisol Mateos, diputada regional y miembro del PSOE de Badajoz. Tanto los socialistas como Izquierda Unida mostraron entones su completa disconformidad, solicitando a todas aquellas personas en contra que no votaran en un acto ilegal.
“No tenía ni pies ni cabeza, no se ajustaba a lo que marca cualquier procedimiento, no tenía garantías y no fue autorizado”, critica la dirigente socialista, que insiste que fue un proceso fuera de la legalidad, que contradecía la Ley de Memoria Histórica. Finalmente ganó en la consulta la opción de mantener ‘Del Caudillo’.
Un alcalde premiado como diputado provincial
A su juicio el proceso sirvió a Antonio Pozo, hoy alcalde, para reafirmarse en una campaña electoral montada en torno a esta polémica y al sentimiento de que el nombre debía mantenerse como parte de la historia de Guadiana.
Descarta que fuera un proceso montado por el PP extremeño y lo achaca a una campaña del propio regidor, “por su cuenta y riesgo”. Dejando al PP extremeño al margen de esta consulta ilegal, sí surge la pregunta de por qué, tras las elecciones, Antonio Pozo termina siendo diputado provincial en la institución provincial pacense, nombrado evidentemente por el Partido Popular.
Marisol Mateos prefiere no entrar en la dinámica interna de otros partidos, aunque sí tacha de ‘inverosímil e indignante’ que éste siga ocupando el escaño tras la polémica por su participación en un acto franquista, junto al diputado de la Asamblea de Extremadura Juan Antonio Morales.
Ambos acudieron en diciembre del pasado año a una cena donde fueron condecorados como caballeros de honor de la Fundación Francisco Franco.
Un pulso legal
En la actualidad Antonio Pozo mantiene un pulso legal con la Diputación de Badajoz, una vez que la institución anunció que los municipios que tengan simbología franquista perderán las subvenciones.
Su gestión también se ha visto rodeada de polémica tras blindar con un cristal, e incluso restaurar, la placa franquista que preside la fachada del ayuntamiento, y que exalta la dictadura militar. A la placa le acompaña el escudo del Águila de San Juan y el recuerdo del paso del dictador Francisco Franco por el municipio, en el contexto del Plan Badajoz de regadíos.
La independencia de Guadiana del Caudillo
Guadiana del Caudillo se constituyó como localidad independiente de Badajoz en 2012 tras una lucha con el gobierno de la Junta de Extremadura, bajo el primer mandato de gobierno socialista de Fernández Vara.
Finalmente fue Monago el que les concedió su independencia, manteniendo la denominación alusiva Franco, y cerrando la polémica. Hay que tener en cuenta que existía un informe jurídico de los servicios de la Junta (con Vara, antes de que el PP llegara al Gobierno de Extremadura) que dejaba claro que en cumplimiento de la ley, la segregación no iba a concederse hasta que no se eliminara en la solicitud el topónimo alusivo a Franco.
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