El Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de dos apartados de la Ley de Memoria Histórica y Democrática relativos a la recuperación de patrimonio documental "incautado" durante la Guerra Civil y la dictadura que permite evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) al dar por "solventadas" las "discrepancias" expresadas por el Ejecutivo central.
El acuerdo ha sido alcanzado en un grupo de trabajo creado en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y fue suscrito el pasado 29 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
Dicho acuerdo, consultado por Europa Press, da por "solventadas" las "discrepancias competenciales manifestadas" por el Gobierno de la Nación en relación con los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en marzo por unanimidad de los cinco grupos del Parlamento andaluz.
En concreto, el primer apartado de la nueva norma que cuestionaba el Gobierno establece que la Junta emprenderá "en el plazo máximo de un año" desde la entrada en vigor de la ley "actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica".
Junto a ello, el Ejecutivo central también planteaba objeciones a otro apartado que determina que la Junta "impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía".
CON RESPETO A LA "COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO"
Según el acuerdo alcanzado, ambas partes entienden que la regulación establecida en la Ley relativa al inicio de actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática se transfiera al Archivo General de Andalucía "ha de interpretarse de acuerdo con la competencia exclusiva del Estado respecto de archivos de titularidad estatal, prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución, sin que tal regulación pueda suponer el establecimiento de obligaciones respecto de la Administración General del Estado".
Igualmente, Junta y Gobierno "entienden como un posible marco idóneo para desarrollar la colaboración entre ambas administraciones, las actuaciones comprendidas en el programa de adquisición, copia o suscripción de convenios al que se refiere el artículo 36.2 de la ley, que habrá de desarrollarse de acuerdo con las respectivas competencias que tanto el Estado, como la comunidad autónoma, ostentan en materia de archivos de titularidad estatal".
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