Las familias de los últimos condenados a muerte por el régimen franquista siguen en su lucha por la inocencia de las víctimas. El nuevo anteproyecto de ley parece dar esperanza a la nulidad de las sentencias que, reclaman las familias, fueron totalmente injustas.
SEVILLA
Flor Baena aún recuerda, como víctima colateral del franquismo por el fusilamiento de su hermano Humberto, la llamada del responsable de Amnistía Internacional en Vigo, Alberto Estévez, que le anunciaba esperanza en la anulación de su condena cuando habían pasado 45 años de de su asesinato. "Flor a esto ya le queda nada. La revisión del anteproyecto de ley memorialista permitirá anular la condena que pesa sobre juicios como los de tu hermano", pronuncia a Público de memoria estas palabras.
Flor lleva demasiado tiempo luchado, demasiado peso en sus espaldas por un trauma que le ha acompañado toda la vida, ver una condena injusta que ha pesado sobre el asesinato de su hermano Humberto Baena, cuando tenía 25 años de edad.
"Esta nueva ley debe permitir que se repare definitivamente a las víctimas aunque haya que pasar por los tribunales"
Victoria Sánchez Bravo, hermana de José Luis Sánchez Bravo, otro de los últimos hombres fusilados por Franco, también conocía hace escasos días la noticia y solo pide que "su nombre quede limpio ante la justicia". Además, el abogado de la familia de Salvador Puich Antich, Sebastián Martínez Ramos, ha declarado como representante de las cuatro hermanas del militante fusilado por garrote vil el 2 de marzo de 1974 que "lucharán para una anulación definitiva en los tribunales" a la espera de que todo quede aprobado en el Congreso en el primer trimestre de 2021.
Daniel Canales, investigador de Amnistía que ha revisado cada detalle de la nueva ley, declara a Público que "el anteproyecto aún tiene que pasar por el Parlamento". La declaración expresa de nulidad "por vicios de forma y fondo de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura (…)", constituye un gran avance con respecto a la legislación vigente que "se limitaba a establecer la ilegitimidad de este tipo de sentencias, lo que ha impedido la revisión y anulación de las mismas", como se estipula en la Ley de Memoria Histórica del año 2007.
El nuevo anteproyecto memorialista permitirá en su artículo 5.3 la declaración "ilegítimas y nulas de las condenas y sanciones con independencia a la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones". La declaración de nulidad con independencia de la calificación jurídica permitirá "declarar la nulidad también de condenas dictadas en el marco de juicios injustos, de motivación política, aunque desarrollados con base en delitos ordinarios", como ocurre en los casos de Puig Antich y los últimos fusilados por Franco.
"Las autoridades tienen que garantizar que haya una reparación real"
Canales concluye que "las autoridades tienen que garantizar que haya una reparación real. Fue muy esclarecedor el informe del relator de Naciones Unidas cuando expresó que la declaración de ilegitimidad de la Ley de Memoria Histórica de 2007 se había manifestado insuficiente porque no ha conllevado la nulidad de esas sentencias, que es a lo que hay que aspirar".
Humberto y José Luis fueron al mismo pelotón
Flor recuerda a Público la última vez que vio con vida a su hermano Humberto. No olvida las largas horas de espera en la cárcel de Carabanchel para verlo 20 minutos a la semana. El viaje en tren de Vigo a Madrid y las horas a pleno sol sin saber cuándo lo dejarían verlo. Un pasillo infinito lleno de cristales donde veía a su hermano, ella y su padre.
"En pocos minutos de conversión te entraba un miedo tremendo delante de aquellos agentes que nos acompañaban con una metralleta". Flor le enseñó a su hermano la que fue su última petición, conocer quién era aquel chico paisano, José Luis Sánchez-Bravo Solla, que estaba también condenado y que había estudiado en su mismo instituto, Santa Irene de Vigo. "Recorté su foto del Faro y se la pegué al cristal para que lo pudiera identificar. Un agente me apuntó y me dijo que soltara inmediatamente la foto".
La siguiente visita de mi padre fue para verlo antes de que fuera ejecutado en Hoyo de Manzanares el 27 de septiembre de 1975 junto a José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz (militantes del FRAP). Jon Paredes Txiki, y Ángel Otaegui (miembro de ETA) también pasaron por el pelotón formado por voluntarios de la Guardia Civil. "Mi madre y yo nos enteramos al día siguiente por un familiar. Mi padre murió a los ocho años de aquello. Nunca se recuperó de aquel fuerte dolor cuando sabía que su hijo era inocente".
"Mi padre murió a los ocho años de aquello. Nunca se recuperó de aquel fuerte dolor cuando sabía que su hijo era inocente"
Victoria como hermana de José Luis Sanchez-Bravo Solla recuerda que lo único que "pretendemos es que se repare su nombre y su condena. Por lo menos que quede limpio. Dos juicios distintos. Un juicio farsa. Eso fue vergonzoso. Pretendemos que se restituya la inocencia que le quitaron en un juicio en el solo pretendían un escarmiento a la izquierda".
En el proceso de consulta pública del anteproyecto, las dos hermanas, Flor y Victoria pudieron escribir a políticos como Carmen Clavo, ministra de Presidencia hablando de las barbaridades cometidas a sus hermanos 45 años después de su asesinato. Victoria escribía a Calvo cómo su hermano "fue sometido a diferentes torturas y técnicas de dolor, palizas, golpes con diversos instrumentos, corrientes eléctricas en varias partes de su cuerpo, llevadas a cabo por el comisario Roberto Conesa y Billy el Niño". "Su declaración fue firmada en estado de semiconsciencia", sentencia.
Victoria pudo estar la noche antes del fusilamiento de su hermano con parte de su familia acompañando a aquellos jóvenes del FRAP que guardaban la calma, a pesar de la fatalidad del momento. Las secuelas psicológicas acompañaron a la familia de por vida. "Mi madre no pudo superar aquello y quedó traumatizada tras pasar sus últimos años bajo mi cuidado. Mis hermanos sufrieron de manera especial sin jamás poder superarlo". El único consuelo para Victoria es la reparación de su figura aunque sea lo último que pueda hacer en vida. Una incansable lucha cuya victoria parece más cercana para los familiares de las víctimas cada día que pasa. Mientras, esperan la llegada de la nueva Ley de Memoria Histórica.
Las hermanas Puig Antich en su lucha por la nulidad
A las 9 horas y 40 minutos del 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich murió ejecutado mediante garrote vil en el patio de la prisión Modelo de Barcelona. Las hermanas, Inma, Montserrat, Carme y luego la pequeña Marçona llevan toda una vida luchado por esclarecer aquel proceso judicial que fue una auténtica farsa.
Sebastián Martínez recuerda a Público que la hermana más pequeña de Salvador, Marçona viajó a Argentina para hacer una declaración en el proceso de la querella argentina. "La influencia del franquismo en la justicia durante la Transición ha consistido en poner palos en la rueda a una justicia responsable con los Derechos Humanos, fundamentalmente al nivel de los crímenes del franquismo".
Sebastián lleva acompañando a la familia durante varias décadas en una lucha por esclarecer los hechos. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una querella contra el exmilitar Carlos Rey González, abogado en activo que redactó y firmó la sentencia de muerte , basada jurídicamente en el concepto de asesinato de lesa humanidad. Sebastián señala a que "las hermanas Puig Antich están apoyando esta querella y nunca han cejado en su empeño de hacer justicia. Solo esperamos que la aprobación de esta ley permita a las víctimas que se haga reparación de la justicia".
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