Han bastado seis meses para que los restos de José Antonio Primo de Rivera salgan del Valle de Cuelgamuros, después de que sus familiares iniciasen los trámites en octubre. El próximo lunes los herederos del fundador de la Falange enterrarán al político ya fuera de la basílica, mientras los descendientes de represaliados durante la Guerra Civil y sepultados en el Valle llevan años solicitando ese mismo derecho.
“Las víctimas lo acogen con gran desesperación”, indica el abogado Eduardo Ranz sobre la fecha de exhumación de Primo de Rivera. Este letrado consiguió en marzo de 2016 una sentencia judicial que avalaba la salida de los hermanos Lapeña para darles “digna sepultura”. Los Lapeña, dos afiliados a la CNT represaliados, fueron enterrados en Cuelgamuros tras ser fusilados en Calatayud. Su familia lleva siete años esperando a que se exhumen sus restos, a pesar de contar con un aval judicial.
La mayor fosa común de España
Los restos de casi 34.000 personas se encuentran en las criptas de las ocho capillas de la basílica. De esta forma, Cuelgamuros continúa siendo la mayor fosa común de España. Ranz considera que las exhumaciones de Primo de Rivera, Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Franco “genera una discriminación” en comparación con las familias de los represaliados que continúan en Cuelgamuros. “Falla el enfoque, que debe ser el de las víctimas y no el de los políticos”, indica el letrado.
En esa misma línea se manifiesta Emilio Silva. El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamenta “que todavía haya miles de familias republicanas que están esperando la exhumación de sus parientes” y esperan que esas identificaciones se hagan con “una ayuda pública”. “La única realidad es que se han exhumado a políticos y no a las víctimas”, señala Ranz.
Los descendientes del fundador de La Falange solicitaron el pasado 10 de octubre al prior del Valle de Cuelgamuros y a la Comunidad de Madrid la exhumación de sus restos. El comunicado que se hizo público estaba firmado por Fernando Primo de Rivera. La familia busca que los restos sean trasladados a un camposanto “sagrado”. Con la Ley de Memoria Democrática, las criptas y lugares de enterramiento de la Basílica pasarán a ser un cementerio civil y todo ese espacio quedará resignificado como un lugar de memoria.
Para argumentar esta solicitud, el comunicado citó la primera cláusula del testamento de Primo de Rivera: “Deseo ser enterrado conforme al rito de la Religión Católica, Apostólica, Romana que profeso en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz”.
Falange anuncia un homenaje en la nueva sepultura
Primo de Rivera será enterrado en el cementerio de San Isidro, según ha adelantado Infovaticana. Desde que se conoció su petición, el Gobierno ha optado por realizar todos los trámites de forma sigilosa y sin publicidad. Desde el Ministerio de Presidencia, el departamento que se ha encargado de las gestiones de la exhumación, han evitado dar información sobre este asunto a lo largo del proceso para mantener la discreción solicitada por los descendientes. Ya conocida la noticia, este jueves el ministro Félix Bolaños ha asegurado que la salida de Cuelgamuros del fundador de la Falange “es un paso más en la resignificación del Valle”.
Tras conocer esta noticia, los herederos políticos de Primo de Rivera ya han anunciado que celebrarán un homenaje en la nueva sepultura, tal y como ha anunciado Falange Española de las JONS en su cuenta de Twitter. También han convocado a una concentración el domingo 23, un día antes de la exhumación, que se realizará un lunes por estar ese día cerrado el complejo.
Aunque lamentan que sus familiares, por el momento, no hayan tenido la misma suerte que Primo de Rivera, desde los colectivos memorialistas celebran la decisión del Gobierno. Silva sostiene que “toda familia tiene derecho a enterrar a un familiar”. Además, cree que esta exhumación tiene diferencias con la del dictador, ya que Franco “todavía está en un cementerio de titularidad pública” abonado por “todos los españoles”.
Por su parte, Fausto Canales reseña que esta decisión “va a servir para acelerar casos como el de mi padre que sigue allí enterrado indebidamente porque está sin conocimiento ni consentimiento”. Se muestra, asimismo, “muy contento de que salga de allí uno de los verdugos de las víctimas”. Eso sí, Canales recuerda que él y otros afectados continúan “esperando” a que sus familiares salgan de Cuelgamuros. Y añade: “Entendemos que el asunto de Primo de Rivera haya sido antes, aunque nuestros casos sean prioritarios”.
La primera licencia otorgada por un juez para empezar los trabajos de exhumación llegó en 2016, cuando una resolución autorizó estas operaciones para buscar los restos mortales de los hermanos Lapeña. Desde entonces, esa autorización se encalló en los tribunales. No ha sido hasta hace poco más de un mes cuando el Supremo eliminó el último obstáculo para iniciar estas labores.
Las gestiones para obtener los permisos requeridos para exhumar a Primo de Rivera, con el beneplácito de la familia, han sido más sencillas y fluidas. El pasado 23 de febrero el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica Cuelgamuros, otorgó la licencia para retirar las losas de la sepultura actual del fundador de la Falange: un proceso que consiste en el levantamiento de seis losas y que cuenta con un presupuesto de 8.630 euros.
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