La ley de memoria que obligará a retirar símbolos franquistas recibe el primer aval del Parlament
Memorial Democràtic instalará 95 adoquines 'stolpersteine' en 2023
Relanzar el Memorial Democràtic y blindarlo de los vaivenes a los que ha estado sometido en sus dieciséis años de existencia en función del gobierno de turno. Este es el propósito del actual Govern para esta institución que fue concebida en 2007, durante el segundo 'tripartit', para preservar la memoria democrática de Catalunya del periodo que va de 1931 a 1980. Su trayectoria ha sido convulsa, con años minorizada por recortes de presupuestos -sobre todo los de la crisis con Artur Mas como 'president'-, cambios de liderazgo, de ubicación física y también de 'conselleria' de referencia, ya que durante este tiempo ha dependido de Interior, de Relacions Institucionals, de Exteriors y, finalmente, de Justícia. Una inestabilidad con la que ahora la titular de este departamento, Gemma Ubasart, se ha propuesto acabar.
En un acto este jueves por la tarde en la Universitat de Barcelona con figuras memorialistas de referencia se ha oficializado que en el año 2025 el Memorial se trasladará a un edificio de 1.300 metros cuadrados de propiedad -el de la ubicación actual en el Raval es de alquiler- en la calle Ciutat número 13, muy cerca del Palau de la Generalitat, una proximidad que, resaltan desde la 'conselleria', no es baladí y se enmarca en un plan para potenciar la institución.
A principios de esta misma legislatura, con la dirigente Lourdes Ciuró como 'consellera', se defendió que el Memorial se ubicara en la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana, opción que quedó descartada por la negativa reiterada del Gobierno de Pedro Sánchez a ceder el edificio para convertirlo en espacio de memoria.
El del Memorial Democràtic no se trata solo de un cambio físico, sino que también se dotará al ente de más recursos y personal para que despliegue las competencias que tiene asignadas. Se trata, ha defendido Ubasart, de poner el Memorial "en el centro" y que su actividad y valores fundacionales no se vea alterado por los cambios de Govern. Una "nueva etapa" que capitanea Jordi Font como director y que pivotará en cuatro líneas estratégicas de trabajo a partir del año que viene.
Por un lado, se ha fijado como objetivo consolidar el Banc de la Memòria Democràtica, que conserva, cataloga y difunde bibliografía de la Segunda Guerra Mundial y del tardofranquismo. Se actualizará el censo de personas deportadas a campos nazis y la base de datos del coste humano de la guerra. Otro de los ejes es reforzar la red de espacios de memoria, identificando los que aún no están reconocidos como tal. Se potenciarán también los vínculos con la comunidad universitaria para impulsar la investigación y, por último, fortalecer una red de profesorado para sensibilizar sobre memoria democrática en las aulas de la etapa educativa obligatoria.
"Apelación a la memoria republicana"
Ubasart y Font han defendido durante el acto que la institución debe ir más allá de preservar el conocimiento para tener proyección pública e incidir en la "profundización" de la calidad democrática del presente. Eso pasa también por centrarse en las víctimas de los años de represión, pero también en otras memorias "silenciadas" como la de las mujeres y de la resistencia y los sujetos activos políticamente. "Hay que hacer una apelación a la memoria republicana como antecedente de la democracia actual", ha asegurado la 'consellera', que ha apostado por la interacción del Memorial también con el ámbito municipal.
Desde que asumió el rol de 'consellera' de Justícia en octubre del año pasado, Ubasart ha convertido el impulso de las políticas de memoria en buque insignia de su mandato, tanto a nivel de reconocimiento de figuras republicanas y espacios hasta ahora en el ostracismo institucional como de avanzar en la exhumación de fosas e identificación de víctimas. Además, el pasado mes de marzo la nueva ley de memoria, que obligará a la retirada de simbología franquista en toda Catalunya en un plazo de dos años, recibió el primer aval del Parlament.
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