Prosigue el choque entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid a cuenta del edificio que alberga la sede de la Presidencia. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la contestación a las alegaciones presentadas por Isabel Díaz Ayuso contra la decisión de declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol y que fue el principal centro de detención y tortura policial durante el franquismo. Los populares madrileños están intentando blindar el edificio “usando todos los resortes legales” para evitar la colocación de una placa.
Con este objetivo, el PP echó mano de su mayoría absoluta para aprobar a finales de año una enmienda en una ley ómnibus a pesar de contar con el rechazo de los letrados del parlamento autonómico. Y también interpuso un requerimiento pidiendo el archivo del expediente iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre porque considera el Gobierno de Ayuso que recordar el pasado franquista del espacio es contrario a “la verdad, la historia y su uso actual”. A este requerimiento es al que ahora los equipos jurídicos de tres ministerios responden.
La base de su argumentación radica en que ello “no supone una invasión de las competencias” de la Comunidad de Madrid, tal y como justifica Ayuso, que considera que nombrar espacio de memoria el edificio las “vulnera” en materia de bienes patrimoniales, seguridad, patrimonio histórico o “defensa de la libertad, la justicia y la igualdad” de los madrileños, además de constituir un “ataque” a su autogobierno y una “falta de lealtad” por parte del Ejecutivo central al no haberle comunicado el inicio del proceso hasta su publicación en el BOE.
“La mera iniciación de un procedimiento para declarar un inmueble de titularidad autonómica conforme a un procedimiento legalmente establecido y en el que tendrá audiencia la propia comunidad no puede ser considerado una injerencia”, esgrime por su parte el Gobierno en su respuesta, que alude a que las razones de la Comunidad de Madrid “carecen de fundamento”. En su caso, la declaración iría acompañada de una “señalización adecuada” –a menudo una placa o panel– y acciones de “interpretación, explicación y difusión”.
Un conflicto “preventivo”
Los servicios jurídicos recuerdan que la Real Casa de Correos, que fue sede de la Dirección General de Seguridad entre 1939 y 1979, es Bien de Interés Cultural (BIC) y esto “no es óbice” para que pueda proclamarse Lugar de Memoria. Para ello el Gobierno “se ha limitado” a seguir “el procedimiento establecido” en la ley “dictada con fundamento en la Constitución”, lo que consiste, de momento, en la incoación del procedimiento “sin que este haya siquiera finalizado”. Por eso, argumenta el informe, “el conflicto resultaría aquí preventivo” porque no se ha llevado a cabo “ninguna alteración –por mínima que sea– del inmueble”.
Reconocen los ministerios –Memoria Democrática, Presidencia y Justicia– que “los intereses públicos” en juego son “muy significativos” debido a que el inmueble es sede del Gobierno madrileño, pero “en ningún caso son incompatibles con la aplicación” de la ley de memoria “como muestra el hecho de que ya existan en el inmueble distintas señalizaciones que aluden a otros hechos de relevancia muy singular”, apuntan en referencia a las placas conmemorativas que están instaladas en el edificio: una que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.
Así, “no hay incompatibilidad” entre el uso y destino actual del inmueble y que sea un Lugar de Memoria, algo que no tiene por qué afectar al “óptimo funcionamiento del servicio público”, justifican desde Moncloa, que apuntan por ejemplo al belén que cada Navidad se instala en su interior sin que eso parezca perturbar la actividad habitual del edificio.
Disputa por la memoria histórica
Más allá de los argumentos técnicos esgrimidos por una y otra administración, de fondo emerge una disputa sobre las políticas de memoria histórica. El PP madrileño apela a los varios usos que ha tenido la Real Casa de Correos –por ejemplo, fue también sede del Ministerio de Gobernación durante la Segunda República– para oponerse frontalmente a la declaración y asegura que “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las campanadas o con el Kilómetro 0, por lo que vincularlo con el franquismo “es una auténtica barbaridad”, según dijo en su momento el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.
En la misma línea se ha vuelto a expresar este lunes, cuando ha definido como “un aquelarre” la insistencia del Gobierno, al que acusa de intentar “manchar el buen nombre de la Comunidad de Madrid”, que es lo que a su juicio provocaría instalar una señalización en el edificio que recuerde las vulneraciones de derechos humanos que se cometieron en él durante la dictadura, una época en la que “no fue un espacio cualquiera, sino el epicentro de la represión”, explica el historiador Pablo Alcántara, que ha estudiado a fondo la historia del inmueble.
De hecho, la decisión del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres se basa en la consideración de la Dirección General de Seguridad como “referente y símbolo de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo”. El objetivo es “rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias” y “contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió con la finalidad de que nunca vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.
La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Víctimas y asociaciones memorialistas llevan años reclamando que allí se instale una placa que cuente también esta parte de su pasado y consideran “una anomalía” que aún no se haya hecho. Sin embargo, el pulso entre administraciones solo acaba de empezar y el Gobierno de Ayuso no descarta acudir a los tribunales para evitarlo.
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