El fiscal delegado de Memoria Histórica de la provincia de Badajoz se ha personado este jueves en el cementerio de Castuera para abrir diligencias a partir de los hallazgos
El fiscal delegado de Memoria Histórica de la provincia de Badajoz se ha personado este jueves en el cementerio de Castuera para abrir diligencias a partir de los hallazgos / Cadena SER
Castuera
Por tercera vez en Extremadura, la Fiscalía actúa directamente en una fosa común del franquismo en la región. Tras las intervenciones realizadas en 2025 en Zarza la Mayor y Villanueva de la Serena, el fiscal delegado de Memoria Histórica de la provincia de Badajoz se ha personado este jueves en el cementerio de Castuera para conocer de primera mano los resultados de la última campaña de exhumaciones y abrir diligencias a partir de los hallazgos.
t
Los trabajos, desarrollados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, han permitido recuperar un mínimo de 18 individuos, una cifra que podría elevarse hasta 21 tras los análisis de laboratorio. Según el equipo forense, los restos presentan evidencias compatibles con la represión franquista, como impactos de bala o la presencia de alambres utilizados para inmovilizar a las víctimas.
La antropóloga forense María Fortuna ha explicado que estas evidencias permiten “certificar que estamos ante víctimas de la represión franquista”, tras documentar también objetos asociados como fragmentos de proyectil o elementos personales.
La presencia del fiscal permite trasladar estos hallazgos al ámbito judicial. A partir de ahora, se abrirán diligencias que podrán servir de base para procedimientos de jurisdicción voluntaria, una vía contemplada en la Ley de Memoria Democrática para el reconocimiento oficial de los hechos, especialmente en aquellos casos en los que no es posible depurar responsabilidades penales.
Desde la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), sin embargo, valoran este paso con escepticismo. Su tesorera, María Luisa Blanco, considera que la implicación institucional sigue siendo insuficiente y denuncia que gran parte del trabajo continúa recayendo en la sociedad civil.
Según explica, son las propias asociaciones las que asumen tareas como la localización de fosas, la contratación de equipos técnicos, la búsqueda de familiares o la realización de pruebas de ADN. “No se está aplicando como debería”, asegura.
Con la finalización de los trabajos de campo, la intervención entra ahora en una segunda fase centrada en el análisis antropológico y genético de los restos. Estos estudios permitirán avanzar en la identificación de las víctimas y, en su caso, en su restitución a las familias.
Un proceso que, más de ocho décadas después, sigue marcando el ritmo de la recuperación de la memoria democrática en España.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada