El refrán ‘nadie es profeta en su tierra’ sigue vigente desde los tiempos bíblicos. La falta de reconocimiento de las administraciones valencianas a la labor pública que realizan asociaciones sin ánimo de lucro como ArqueoAntro –dedicada a la localización, exhumación e identificación de combatientes y represaliados de la Guerra Civil–se verá por segundo año consecutivo suplementada por el respaldo de un colectivo extranjero: Elogit, la mayor confederación sindical noruega de electricistas que viene ayudando a financiar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en España.
ArqueoAntro ha recurrido de nuevo al sindicato noruego para que ayude a financiar su próximo y décimo Curso de Arqueología y Antropología Forense en el Frente de Levante, una formación práctica que recibió el respaldo financiero de la Diputación de Valencia de la anterior legislatura, pero no del actual gobierno de Vicente Mompó (Partido Popular).
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Valencia y Castellón selló, en 2021, un contrato de patrocinio anual con la Diputación de Valencia. La administración pública se comprometía a través de este acuerdo a respaldar con 3.000 euros al año la formación en técnicos de memoria histórica, un perfil que escasea en España y que el Colegio Oficial es pionero en ofrecer en todo el país, ya que que resulta indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de la memoria democrática.
El presupuesto de este contrato de patrocinio ayudaba a sufragar dos cursos, uno teórico que imparte Paleolab y otro práctico que ofrece ArqueoAntro en la provincia de Castellón cada agosto, con 1.500 euros de respaldo a cada uno. La cantidad suponía poco más del 10% del coste total de la formación en la provincia.
Fuentes del Colegio Oficial lamentan que el año pasado ya no pudieron optar al patrocinio. La formación teórica no se impartió por cuestiones médicas, mientras que el curso práctico se ‘salvó’ gracias a la financiación del Colegio Oficial y la colaboración del sindicato noruego y del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castellón. Este 2026, la Diputación de Valencia ha optado por retirar definitivamente el contrato de la mesa. Todo ello a pesar de que 114.000 personas siguen desaparecidas en toda España.
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Por su parte el director de ArqueoAntro, Miguel Mezquida, reconoce que «nosotros podemos ofrecer la formación [que se realiza en Vilafranca con la colaboración indispensable del Ayuntamiento] de todas formas, pero sin el patrocinio el coste para los alumnos se dispara y queda fuera del alcance de muchas personas realmente interesadas en formarse y colaborar con las actuaciones».
La falta de voluntad de la derecha política que acusan los implicados en la memoria histórica estaría ahogando así la búsqueda, exhumación e identificación de combatientes –el ADN de cuyos familiares comienza a escasear debido al fallecimiento de sus sucesores más directos–.
El retroceso político en este sentido se ha materializado ya en la caída libre de las intervenciones anuales, que durante el anterior gobierno valenciano de izquierdas (el Govern del Botànic de Ximo Puig), llegaron a casi 25 al año en la Comunitat Valenciana. El primer año de gobierno del PP de Carlos Mazón y Vox bajaron a cinco. El motivo: reducir considerablemente las subvenciones económicas y excluir a las familias y asociaciones como beneficiarios de las mismas.
Desde el cambio de color político en el Consell el apoyo anual ha caído de los 600.000 a los 200.000 euros. La otra estrategia clave ha sido limitar los beneficiarios de las subvenciones a administraciones públicas, de forma que para llevar a cabo los trabajos las familias deben contar, sí o sí, con la connivencia y colaboración de los ayuntamientos donde se ubican las fosas. Esto funciona como un doble filtro: el primero, muchos de estos consistorios son demasiado pequeños para asumir el trabajo extra que supone tramitar todo el proceso; el segundo, no todos los gobiernos locales están dispuestos a atender a las familias.
Todo ello a pesar de que la propia Generalitat Valenciana reconoce, en la convocatoria de subvenciones que acaba de publicar, que «la recuperación de la memoria colectiva constituye un instrumento esencial para la consolidación de un futuro basado en la convivencia, la concordia y la paz, y representa, asimismo, una manifestación de cultura democrática». También reconoce que «corresponde a la Generalitat Valenciana, a través del departamento competente en materia de concordia y en colaboración con el departamento competente en materia de patrimonio histórico y cultural, la realización de las actuaciones necesarias para la localización, exhumación e identificación de los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, de conformidad con los protocolos de actuación establecidos en la normativa vigente». Una competencia que no solo no se asume y se deriva a ONGs, sino a la que cada vez se ofrece menos respaldo institucional.
Por lo que respecta a este año la provincia de Castellón tan solo acogerá dos actuaciones de búsqueda de desaparecidos, que servirán para continuar las labores ya iniciadas años anteriores en Vilafranca y Vistabella. Ambos trabajos se realizarán con el apoyo del Gobierno de España a través de subvenciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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