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Rajoy apoya a Camps: 'Es un político honrado'
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El líder del PP dice que Camps está en una situación de "indefensión".- El presidente valenciano niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Anticorrupción implica a Camps en la trama
Aguirre: "La trama es del ministro furtivo y el juez socialista contra el PP"
Suspendido diez minutos el pleno de la Asamblea de Madrid por una ruidosa bronca entre diputados del PP y del PSOE
Audio: Rifirrafe en la Asamblea
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Rajoy: "Camps es un dirigente ejemplar"
El líder del Partido Popular subraya que el president de la Generalitat "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si le acusa de algo"
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El PP responsabiliza a Conde-Pumpido de la filtración
Castellano afirma que habla con la cabeza muy alta como el resto de consellers
Fabra pone "la mano en el fuego" por Camps
Canal 9 oculta el fondo de la investigación
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Suspendido el pleno de la Asamblea de Madrid por una bronca entre PP y PSOE
Durante diez minutos. -Después de que Aguirre acusara al PSOE de tener imputados dentro de su partido
Audio: Rifirrafe en la Asamblea de Madrid
Analizamos la trama de corrupción
El director de Informativos, Rodolfo Irago, y el redactor, Javier Álvarez, desgranan las claves
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Aguirre ataca: "En el PSOE hay imputados y el PP no los juzga"
El Pleno de la Asamblea de Madrid se ha suspendido ante las protestas del PSOE e IU. La 'lideresa' reitera que su partido sufre "una trama clarísima organizada por el ministro furtivo y el juez socialista".
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La Junta abre expediente informativo a Bermejo por cazar sin licencia
El ministro de Justicia reconoce que posee licencia en casi todas las comunidades, aunque no en Andalucía.
Bermejo asume que cazó sin licencia
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El PP pide al Congreso que investigue la relación entre Bermejo y Garzón
Los conservadores consideran que el encuentro casual del ministro y el juez supone una alteración de la "calidad democrática" en España.
Rajoy dice que Camps es "un dirigente ejemplar" que tiene "pleno apoyo" del PP
Asegura que es "un político honrado" que "está pasando ahora por un momento de indefensión".
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Bronca y suspensión en el pleno de la Asamblea de Madrid
Aguirre dispara contra “el ministro furtivo y el juez socialista” y les acusa de filtrar a los “medios de su secta”
¿Otro bochornoso intento de coaccionar la Justicia?
Cospedal amenaza a Garzón con una querella por prevaricación
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INVESTIGACIÓ DE L'AUDIÈNCIA SOBRE UNA TRAMA FRAUDULENTA
Camps nega l'acusació de corrupció i l'emmarca en una campanya contra ell i el PP
El president valencià anuncia accions legals en defensa del seu honor i el del partit
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dijous, 19 de febrer del 2009
La banca y el desempleo.Vicenç Navarro.
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La banca y el desempleo
19 Feb 2009
VICENÇ NAVARRO
Ha sido una constante en la historia de nuestra democracia que, cuando el desempleo aumenta en España, la comunidad bancaria, dirigida por el Banco de España, lo atribuye siempre a las supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia del excesivo proteccionismo promovido por los sindicatos.
De ahí que fuera predecible que al aumentar el desempleo en España (mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea) haya habido una respuesta del gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez (conocido por su pensamiento económico liberal), que ha centrado sus recetas de cómo resolver la crisis de empleo en la necesidad de flexibilizar todavía más el mercado de trabajo. Estas declaraciones han contrastado con un silencio ensordecedor sobre la enorme responsabilidad que la banca ha tenido en la crisis financiera y económica del país, causa mayor del elevado desempleo. Veamos los datos.
Durante la década y media siguiente a la transición, dos de los hechos que llamaban más la atención eran el elevado precio del dinero que prestaba la banca (uno de los más altos en la Comunidad Europea) y la exuberancia de sus beneficios –la tasa de beneficios netos de la banca española fue casi tres veces mayor que la tasa de beneficios netos de la francesa, casi el doble que la alemana, más de cuatro veces que la belga, casi el doble de la italiana, casi tres veces mayor que la holandesa y casi el doble de la británica (ver La economía política de la banca española en Navarro, V., Globalización económica, poder político y estado del bienestar, Ariel Económica, 2000)–. Tales beneficios no se basaban en su mayor eficiencia, sino en un comportamiento oligopolístico, resultado de unas políticas de Estado altamente proteccionistas de la banca española, la cual se opuso exitosamente a la apertura del sector bancario al capital extranjero.
Como consecuencia de ello, el coste de pedir el dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresariado de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EEUU y más del doble que el empresariado japonés. Ello explica, en parte, las enormes dificultades que experimentó la manufactura, con la consiguiente destrucción de empleo y elevado crecimiento del desempleo. Este fue uno de los orígenes de la desindustrialización de España y del establecimiento de una economía especulativa basada en el matrimonio banca-industria inmobiliaria. Como bien dijo entonces el Financial Times (15-03-1991), “durante los años expansivos de la economía española, se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario– en lugar del incremento del tejido productivo”. No podía haberse escrito más claro. Estas políticas fueron bendecidas por el Banco de España con la aprobación de los sucesivos gobiernos españoles. Este complejo banca-inmobiliarias y empresas constructoras ha sido el eje del crecimiento económico de España desde entonces.
El mundo empresarial de la manufactura y de los servicios intentó compensar la enorme carestía del dinero prestado por la Banca mediante la reducción de los salarios, intento exitoso, puesto que el crecimiento anual real salarial por persona trabajadora creció durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de 5,2%.El elevado coste del dinero implicaba también una peseta sobrevalorada que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basa precisamente en aquel hecho. La entrada de España en la zona euro ha eliminado esta situación, pero tal entrada se ha realizado (en la década de los años noventa) de manera beneficiosa a la banca y a costa de un gran sacrificio de la población asalariada y de un considerable subdesarrollo de nuestro Estado del Bienestar. Como he demostrado en otro lugar (El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Anagrama, 2006), la reducción del déficit del presupuesto del Estado (exigido por el Pacto de Estabilidad) se hizo a costa de que los recursos que durante los años ochenta iban a corregir el enorme retraso del gasto público social de España se gastaran en los años noventa en reducir el déficit del presupuesto del Estado de manera tal que, cuando las cuentas del Estado se equilibraron (para alcanzar incluso más tarde un superávit), el déficit social de España, medido por la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más semejante al nuestro) había aumentado considerablemente. Esto quiere decir que nosotros gastamos cada vez menos (en términos proporcionales) en nuestras escuelas, en nuestros servicios sanitarios, en nuestra vivienda social y en nuestras pensiones que el promedio de países de la UE-15.
La integración monetaria se hizo a costa de nuestro Estado del Bienestar. Y también a costa de una reducción de la masa salarial (porcentaje que las rentas del trabajo representan de toda la renta nacional). Ello ha ido acompañado de un incremento exuberante de las rentas del capital y muy en especial de las rentas de la banca, la cual continúa siendo una de las que muestran beneficios mayores en el mundo.
Ahora bien, la burbuja inmobiliaria (estimulada por el comportamiento especulativo del complejo banca-inmobiliaria) explotó. La mitad del desempleo creado se debe al colapso de la construcción sostenido por aquel complejo. Es más, el pánico creado en la banca ha determinado también la dificultad de conseguir crédito, causa mayor de la recesión y de la destrucción de empleo, atribuida por el gobernador del Banco de España (como era de esperar) a una inexistente rigidez del mercado laboral.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
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La polarización de las rentas como causa de la crisis.
La situación de la clase trabajadora. Por Vicenç Navarro
La ignorada causa de la crisis. Por Vicenç Navarro
El Vicepresident Pedro Solbes s’equivoca. Per Vicenç Navarro
La situación de la clase trabajadora en España. Una comparación con los países de la UE-15 y de EE.UU. Por Vicenç Navarro, Marta Tur y Miquel Campa
El abandono del keynesianismo por la Unión Europea. Por Vicenç Navarro
Existeix autèntica democràcia en el nostre país? Part I. Per Vicenç Navarro
Hi ha autèntica democràcia en el nostre país? Part II. Per Vicenç Navarro
Los muertos que no se registran. Por Vicenç Navarro
Las raíces de la guerra de Afganistán. Por Vicenç Navarro
La Administración Obama. Por Vicenç Navarro
La inauguración de Obama. Por Vicenç Navarro
El mimetisme del periodisme espanyol sobre els EUA. Per Vicenç Navarro
Políticas Públicas para resolver la crisis. Por Vicenç Navarro
Qué es lo que la mayoría del electorado de EE.UU. entiende por cambio. Por Vicenç Navarro
Por qué el desempleo es mayor en la Unión Europea que en EE.UU. Por Vicenç Navarro
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La banca y el desempleo
19 Feb 2009
VICENÇ NAVARRO
Ha sido una constante en la historia de nuestra democracia que, cuando el desempleo aumenta en España, la comunidad bancaria, dirigida por el Banco de España, lo atribuye siempre a las supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia del excesivo proteccionismo promovido por los sindicatos.
De ahí que fuera predecible que al aumentar el desempleo en España (mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea) haya habido una respuesta del gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez (conocido por su pensamiento económico liberal), que ha centrado sus recetas de cómo resolver la crisis de empleo en la necesidad de flexibilizar todavía más el mercado de trabajo. Estas declaraciones han contrastado con un silencio ensordecedor sobre la enorme responsabilidad que la banca ha tenido en la crisis financiera y económica del país, causa mayor del elevado desempleo. Veamos los datos.
Durante la década y media siguiente a la transición, dos de los hechos que llamaban más la atención eran el elevado precio del dinero que prestaba la banca (uno de los más altos en la Comunidad Europea) y la exuberancia de sus beneficios –la tasa de beneficios netos de la banca española fue casi tres veces mayor que la tasa de beneficios netos de la francesa, casi el doble que la alemana, más de cuatro veces que la belga, casi el doble de la italiana, casi tres veces mayor que la holandesa y casi el doble de la británica (ver La economía política de la banca española en Navarro, V., Globalización económica, poder político y estado del bienestar, Ariel Económica, 2000)–. Tales beneficios no se basaban en su mayor eficiencia, sino en un comportamiento oligopolístico, resultado de unas políticas de Estado altamente proteccionistas de la banca española, la cual se opuso exitosamente a la apertura del sector bancario al capital extranjero.
Como consecuencia de ello, el coste de pedir el dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresariado de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EEUU y más del doble que el empresariado japonés. Ello explica, en parte, las enormes dificultades que experimentó la manufactura, con la consiguiente destrucción de empleo y elevado crecimiento del desempleo. Este fue uno de los orígenes de la desindustrialización de España y del establecimiento de una economía especulativa basada en el matrimonio banca-industria inmobiliaria. Como bien dijo entonces el Financial Times (15-03-1991), “durante los años expansivos de la economía española, se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario– en lugar del incremento del tejido productivo”. No podía haberse escrito más claro. Estas políticas fueron bendecidas por el Banco de España con la aprobación de los sucesivos gobiernos españoles. Este complejo banca-inmobiliarias y empresas constructoras ha sido el eje del crecimiento económico de España desde entonces.
El mundo empresarial de la manufactura y de los servicios intentó compensar la enorme carestía del dinero prestado por la Banca mediante la reducción de los salarios, intento exitoso, puesto que el crecimiento anual real salarial por persona trabajadora creció durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de 5,2%.El elevado coste del dinero implicaba también una peseta sobrevalorada que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basa precisamente en aquel hecho. La entrada de España en la zona euro ha eliminado esta situación, pero tal entrada se ha realizado (en la década de los años noventa) de manera beneficiosa a la banca y a costa de un gran sacrificio de la población asalariada y de un considerable subdesarrollo de nuestro Estado del Bienestar. Como he demostrado en otro lugar (El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Anagrama, 2006), la reducción del déficit del presupuesto del Estado (exigido por el Pacto de Estabilidad) se hizo a costa de que los recursos que durante los años ochenta iban a corregir el enorme retraso del gasto público social de España se gastaran en los años noventa en reducir el déficit del presupuesto del Estado de manera tal que, cuando las cuentas del Estado se equilibraron (para alcanzar incluso más tarde un superávit), el déficit social de España, medido por la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más semejante al nuestro) había aumentado considerablemente. Esto quiere decir que nosotros gastamos cada vez menos (en términos proporcionales) en nuestras escuelas, en nuestros servicios sanitarios, en nuestra vivienda social y en nuestras pensiones que el promedio de países de la UE-15.
La integración monetaria se hizo a costa de nuestro Estado del Bienestar. Y también a costa de una reducción de la masa salarial (porcentaje que las rentas del trabajo representan de toda la renta nacional). Ello ha ido acompañado de un incremento exuberante de las rentas del capital y muy en especial de las rentas de la banca, la cual continúa siendo una de las que muestran beneficios mayores en el mundo.
Ahora bien, la burbuja inmobiliaria (estimulada por el comportamiento especulativo del complejo banca-inmobiliaria) explotó. La mitad del desempleo creado se debe al colapso de la construcción sostenido por aquel complejo. Es más, el pánico creado en la banca ha determinado también la dificultad de conseguir crédito, causa mayor de la recesión y de la destrucción de empleo, atribuida por el gobernador del Banco de España (como era de esperar) a una inexistente rigidez del mercado laboral.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
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La polarización de las rentas como causa de la crisis.
La situación de la clase trabajadora. Por Vicenç Navarro
La ignorada causa de la crisis. Por Vicenç Navarro
El Vicepresident Pedro Solbes s’equivoca. Per Vicenç Navarro
La situación de la clase trabajadora en España. Una comparación con los países de la UE-15 y de EE.UU. Por Vicenç Navarro, Marta Tur y Miquel Campa
El abandono del keynesianismo por la Unión Europea. Por Vicenç Navarro
Existeix autèntica democràcia en el nostre país? Part I. Per Vicenç Navarro
Hi ha autèntica democràcia en el nostre país? Part II. Per Vicenç Navarro
Los muertos que no se registran. Por Vicenç Navarro
Las raíces de la guerra de Afganistán. Por Vicenç Navarro
La Administración Obama. Por Vicenç Navarro
La inauguración de Obama. Por Vicenç Navarro
El mimetisme del periodisme espanyol sobre els EUA. Per Vicenç Navarro
Políticas Públicas para resolver la crisis. Por Vicenç Navarro
Qué es lo que la mayoría del electorado de EE.UU. entiende por cambio. Por Vicenç Navarro
Por qué el desempleo es mayor en la Unión Europea que en EE.UU. Por Vicenç Navarro
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Distracción masiva . JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
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Distracción masiva
Paul Krugman tiene dos virtudes: claridad y habilidad para interrelacionar política y economía, dando a aquélla -cuando procede- el carácter de factor determinante de una situación. Así lo demuestra en Después de Bush, libro de 2007 en el que plantea una cuestión referida a Estados Unidos: si es la desigualdad económica la que lleva a la radicalización política, o es la radicalización política la que trae consigo la desigualdad económica. Parte de una doble constatación: de que, en la década de 1980, concluyó la evolución -iniciada con el New Deal- que convirtió a Estados Unidos en un país de clases medias, en el que las diferencias entre los dos principales partidos no eran grandes; y de que, desde entonces, han aumentado las desigualdades sociales, pues, mientras una minoría medraba, la mayoría de los estadounidenses progresaba poco, al mismo tiempo que crecía la polarización, en la medida en que los políticos adoptaban posiciones cada vez más extremas a lo largo del eje derecha-izquierda. Lo que ha llevado a la situación actual, en la que la desigualdad de ingresos es tan elevada como en los años veinte, y los niveles de confrontación política son mayores que nunca.
Paul Krugman
Raza, patria y religión llevan a muchos trabajadores a votar en contra de sus intereses objetivos
Para el pensamiento conservador, este proceso se explica por el hecho de que fuerzas impersonales del mercado -el cambio tecnológico y la globalización- han provocado que la distribución de ingresos sea cada vez más desigual, con una élite minoritaria destacándose del resto de la población; lo que ha determinado que el Partido Republicano haya escogido velar por los intereses de este grupo emergente que financia sus campañas. En consecuencia, se ha abierto una brecha entre ambos partidos, por la cual el Republicano se ha convertido en el partido de los ganadores, mientras que el Demócrata pasaba a representar a quienes se habían quedado atrás.
Para Krugman, en cambio, ha sucedido lo contrario: la radicalización política ha sido la causa del incremento de la desigualdad. Así, en los setenta, extremistas de derecha decididos a acabar con los logros del New Deal se hicieron con el Partido Republicano, provocando la ruptura con los demócratas, quienes se convirtieron en los verdaderos conservadores, en cuanto que garantes de la igualdad. El poder adquirido por la derecha dura envalentonó a los empresarios, que lanzaron un ataque contra el movimiento sindical, para reducir su capacidad negociadora. Y en este marco se diluyeron los controles sociales y políticos que limitaban los galopantes emolumentos de los directores de empresas, y se redujeron los impuestos sobre los ingresos más elevados, promoviendo la desigualdad económica.
Sea como fuere, lo cierto es que los republicanos se hicieron con el poder desde 1980 hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca, con el solo paréntesis de Clinton. Lo que plantea una cuestión: ¿qué dieron los republicanos a muchos de sus electores para que éstos, siendo pobres, les votasen en contra de sus propios intereses? O, dicho de otra manera, ¿qué tuvieron que hacer para alejar a los trabajadores de raza blanca del amplio grupo de votantes que había prestado su apoyo al New Deal?
La respuesta incluye diversas acciones que Krugman etiqueta como "armas de distracción masiva": 1. Remover la cuestión racial apelando al impulso segregacionista vivo en los Estados del Sur, con el pretexto de que la ampliación de los derechos sociales beneficia a los negros en perjuicio de los blancos. 2. Insistir en que la seguridad nacional es mayor cuando está en manos de los firmes patriotas republicanos, en vez de las de los débiles liberales demócratas. 3. Destacar la superioridad moral de los valores religiosos defendidos por los republicanos frente al relativismo ético atribuido a los demócratas. Raza, patria y religión. Buena tríada.
Esta deliberada "distracción" de parte del electorado, que le impulsa a votar en sentido contrario a sus intereses, no es exclusiva de Estados Unidos. También se da aquí. Así, para el Partido Popular la perenne apelación tremendista a la unidad de España -"España se quiebra"- cumple una función aglutinadora, que amplía el ámbito de los que serían sus votantes naturales por razón de intereses. Y, para el Partido Socialista, idéntica función expansiva desarrolla su sostenida revisión de la memoria histórica y su impostada invocación a la laicidad del Estado.
Son maniobras de distracción de los auténticos problemas, que quedan aplazados y sustituidos en el diario debate político por estas cuestiones, bajo las que ambos partidos enmascaran su auténtico objetivo: la lucha por el poder, con olvido de las reformas estructurales que exigen los intereses generales. Ambos partidos van a la suya. Son en esto, como en tantas cosas, iguales. Con olvido, también ambos, de que -como dijo Roosevelt tras la crisis de 1929- "siempre hemos sabido que buscar el propio interés ignorando el de los demás era malo moralmente; ahora también sabemos que lo es económicamente". Pronto tendremos ocasión de comprobarlo.
Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.
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Distracción masiva
Paul Krugman tiene dos virtudes: claridad y habilidad para interrelacionar política y economía, dando a aquélla -cuando procede- el carácter de factor determinante de una situación. Así lo demuestra en Después de Bush, libro de 2007 en el que plantea una cuestión referida a Estados Unidos: si es la desigualdad económica la que lleva a la radicalización política, o es la radicalización política la que trae consigo la desigualdad económica. Parte de una doble constatación: de que, en la década de 1980, concluyó la evolución -iniciada con el New Deal- que convirtió a Estados Unidos en un país de clases medias, en el que las diferencias entre los dos principales partidos no eran grandes; y de que, desde entonces, han aumentado las desigualdades sociales, pues, mientras una minoría medraba, la mayoría de los estadounidenses progresaba poco, al mismo tiempo que crecía la polarización, en la medida en que los políticos adoptaban posiciones cada vez más extremas a lo largo del eje derecha-izquierda. Lo que ha llevado a la situación actual, en la que la desigualdad de ingresos es tan elevada como en los años veinte, y los niveles de confrontación política son mayores que nunca.
Paul Krugman
Raza, patria y religión llevan a muchos trabajadores a votar en contra de sus intereses objetivos
Para el pensamiento conservador, este proceso se explica por el hecho de que fuerzas impersonales del mercado -el cambio tecnológico y la globalización- han provocado que la distribución de ingresos sea cada vez más desigual, con una élite minoritaria destacándose del resto de la población; lo que ha determinado que el Partido Republicano haya escogido velar por los intereses de este grupo emergente que financia sus campañas. En consecuencia, se ha abierto una brecha entre ambos partidos, por la cual el Republicano se ha convertido en el partido de los ganadores, mientras que el Demócrata pasaba a representar a quienes se habían quedado atrás.
Para Krugman, en cambio, ha sucedido lo contrario: la radicalización política ha sido la causa del incremento de la desigualdad. Así, en los setenta, extremistas de derecha decididos a acabar con los logros del New Deal se hicieron con el Partido Republicano, provocando la ruptura con los demócratas, quienes se convirtieron en los verdaderos conservadores, en cuanto que garantes de la igualdad. El poder adquirido por la derecha dura envalentonó a los empresarios, que lanzaron un ataque contra el movimiento sindical, para reducir su capacidad negociadora. Y en este marco se diluyeron los controles sociales y políticos que limitaban los galopantes emolumentos de los directores de empresas, y se redujeron los impuestos sobre los ingresos más elevados, promoviendo la desigualdad económica.
Sea como fuere, lo cierto es que los republicanos se hicieron con el poder desde 1980 hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca, con el solo paréntesis de Clinton. Lo que plantea una cuestión: ¿qué dieron los republicanos a muchos de sus electores para que éstos, siendo pobres, les votasen en contra de sus propios intereses? O, dicho de otra manera, ¿qué tuvieron que hacer para alejar a los trabajadores de raza blanca del amplio grupo de votantes que había prestado su apoyo al New Deal?
La respuesta incluye diversas acciones que Krugman etiqueta como "armas de distracción masiva": 1. Remover la cuestión racial apelando al impulso segregacionista vivo en los Estados del Sur, con el pretexto de que la ampliación de los derechos sociales beneficia a los negros en perjuicio de los blancos. 2. Insistir en que la seguridad nacional es mayor cuando está en manos de los firmes patriotas republicanos, en vez de las de los débiles liberales demócratas. 3. Destacar la superioridad moral de los valores religiosos defendidos por los republicanos frente al relativismo ético atribuido a los demócratas. Raza, patria y religión. Buena tríada.
Esta deliberada "distracción" de parte del electorado, que le impulsa a votar en sentido contrario a sus intereses, no es exclusiva de Estados Unidos. También se da aquí. Así, para el Partido Popular la perenne apelación tremendista a la unidad de España -"España se quiebra"- cumple una función aglutinadora, que amplía el ámbito de los que serían sus votantes naturales por razón de intereses. Y, para el Partido Socialista, idéntica función expansiva desarrolla su sostenida revisión de la memoria histórica y su impostada invocación a la laicidad del Estado.
Son maniobras de distracción de los auténticos problemas, que quedan aplazados y sustituidos en el diario debate político por estas cuestiones, bajo las que ambos partidos enmascaran su auténtico objetivo: la lucha por el poder, con olvido de las reformas estructurales que exigen los intereses generales. Ambos partidos van a la suya. Son en esto, como en tantas cosas, iguales. Con olvido, también ambos, de que -como dijo Roosevelt tras la crisis de 1929- "siempre hemos sabido que buscar el propio interés ignorando el de los demás era malo moralmente; ahora también sabemos que lo es económicamente". Pronto tendremos ocasión de comprobarlo.
Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.
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PP Vice (2). 19/02/2009. El PP denuncia a Anticorrupción por filtrar el sumario que implica a Camps en la trama de Correa.
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La culpa fue del chachachá. Aquesta banda de corruptes, en lloc d'assumir cap responsabilitat, intenta emmerdar. Però és una tàctica que no els pot durar sempre: Capone acabà a la presó.
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El PP denuncia a Anticorrupción por filtrar el sumario que implica a Camps en la trama de Correa
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pide conocer cuántos aforados de su partido están siendo investigados por Garzón.
19/02/2009 13:28
El PP presentará hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras saber que el presidente valenciano, Francisco Camps, pudiera estar implicado en un caso de corrupción, una denuncia ante "un delito de filtración de un sumario secreto" cometido presuntamente "por personal al servicio" de Anticorrupción.
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido conocer cuántos aforados del partido están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón, por lo que ha exigido que se levante el secreto de sumario, y ha expresado su temor de que si esto no ocurriera, haya más filtraciones la semana que viene, la última de campaña electoral en Galicia y en el País Vasco.
Pons ha añadido que a la investigación que sigue Garzón puede acceder el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no puede hacerlo, y que por ello, se trata de una trama "contra el Partido Popular" dirigida con el único fin de "hacer daño político" a los conservadores y "eliminar cualquier oposición" al Ejecutivo.
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Camps lo niega todo y aviva la teoría de la conspiración en contra de su partido
La Fiscalía tiene indicios que relacionan al presidente de la Generalitat con la trama dirigida por Francisco Correa.
PÚBLICO.ES - Valencia - 19/02/2009 08:51
El presidente de la Generalitat de Valencia ha comparecido ante la prensa rodeado por todo su equipo a primera hora de la mañana para negar cualquier implicación en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.
Francisco Camps ha recuperado la idea fuerza de su partido de que todas las informaciones no son más que una campaña orquestada contra el PP cuyo fin consiste en debilitarlo de cara a las elecciones vascas y gallegas.
Asimismo, ha retomado la estrategia puesta en escena por el líder del PP, Mariano Rajoy, de comparecer rodeado de todo su equipo. En el caso de Camps ha estado acompañado por 13 de sus 14 consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
Recuerdo para sus compañeros
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas, el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada".
Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
División e incertidumbre
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia"."Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana."De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa".
Proceso paralelo
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías"
Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
Relación con la operación Gürtel
El diario El País publica hoy, en su portada, que el presidente de la Generalitat valenciana sería uno de los aforados que investiga el juez Garzón en el contexto de la operación Gürtel (correa, en aleman).
Según el diario, que cita fuentes de la investigación, el informe de la Fiscalía "cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de los supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana".arropado por mimebrios de la generalitat
Como viene siendo habitual en todo lo que relaciona al PP y al caso de corrupción, Camps ha optado por defenderse atacando. El presidente de la Generalitat ha advertido de que se querellará contra todo aquel que atente contra su "honorabilidad" o la de su partido.
Camps ha asegurado que no tiene nada que ver con el cobro de comisiones y ha criticado que todas las filtraciones que se han publicado en los últimos días no se han sustentado "ni 24 horas".
La frase de Correa
En las grabaciones aportadas en la denuncia "aparece una frase imputada a Correa -dice El País- que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto".
"En la denuncia aparece una frase imputada a Correa que alude al pago de 30.000 euros en trajes"
Ésta sería, según el diario, "la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana".
Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.
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El imputado Fabra sí que pone la mano en el fuego por Camps
El presidente el PP de Castellón está imputado por fraude fiscal, malversación de fondos, tráfico de influencias y otros seis delitos en una instrucción que dura ya cinco años.
... Recita versos de un moralista en vez de ofrecer transparencia...
... Mientras Gallardón se reconoce compungido por los escándalos
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó hasta siete contratos a Special Events
En los años 1996, 1999, 2001, 2004 y en 2005 tres, los tres primeros con Álvarez del Manzano y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Gallardón.
Garzón deja en libertad al chófer de Correa
También queda libre el consejero delegado de Orange Market.
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También a los diputados de Aguirre Martín Vasco, López Viejo y Bosch
La Fiscalía implica a Camps en la trama de Corrupción
El presidente valenciano se considera “víctima de un proceso” contra el PP
Camps niega vinculación alguna con la trama de corrupción
"Me querello porque El Plural ha publicado que existen unas grabaciones en las que denuncian que he cobrado 2.400.000 euros por guardar silencio"
Benjamín Martín: "He emprendido acciones judiciales contra Isabel Jordán, pero no contra vosotros, que sólo sois los voceros"
El presidente de la comisión sobre el espionaje cesa salpicado por la ola de corrupción vinculada al PP
El recuerdo del tamayazo es precedente de sobra
Ante la pantomima del PP, PSOE y IU deberían abandonar la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid
Génova contrató a una de las empresas de Correa en 2005 para organizar campañas electorales
¿Por qué miente Rajoy?
Enric Sopena
Cabos sueltos
Cañonazo de un monago de Rajoy a la línea de flotación de Aznar
Un pichurreche del periodismo escribe a menudo sobre el PP y ha venido a convertirse en una especie de portavoz oficioso del marianismo.
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El Ayuntamiento de Madrid 'regaló' un contrato a Correa
Gallardón admite que "se manipuló" el concurso Special Events se embolsó 153.000 €.
EUROPA PRESS. 19.02.2009
En 2004 adjudicó a la empresa Special Events el diseño, montaje y mantenimiento del stand del Ayuntamiento en el Salón Inmobiliario.
El trabajo estaba valorado en 153.000 euros, según el alcalde.
Dice que se está investigando para descubrir quién cambió el informe.
Claves para entender la trama de corrupción que investiga Garzón.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha reconocido este jueves que el contrato adjudicado a la empresa Special Events (la empresa de Francisco Correa) en 2004 para el diseño, montaje y mantenimiento del stand del Ayuntamiento en el Salón Inmobiliario, valorado en 153.000 euros, fue amañado, y ha asegurado que se está investigando para descubrir quién cambió el informe técnico que fue elevado al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para decidir la adjudicación.
El informe que se elevó al Consejo de Administración no se correspondía con el informe previo
En mayo de 2004 el Consejo de Administración de la EMVS, presidido entonces por Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato a la empresa de Francisco Correa, actualmente imputado por ser el presunto cabecilla de la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La quinta mejor oferta
El problema radica en que a ese concurso se presentaron diez compañías y Special Events fue valorada como la quinta mejor oferta. Sin embargo, en un segundo expediente se convirtió en la segunda con más posibilidades y finalmente logró alzarse con el concurso.
"Lo que se produjo ahí fue una manipulación del informe técnico", ha explicado Gallardón durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, indicando que ésa es la explicación aportada por el propio Herráez y por la EMVS, que justificaron la adjudicación del acuerdo "de acuerdo con el informe técnico presentado ante el Consejo de Administración".
En 2005 la oposición pidió una relación de empresas como Special Events
El alcalde cree que todos los implicados en la decisión, "incluida la oposición que también tiene representación en la EMVS, de acuerdo con el informe técnico". "El problema es que el informe que se elevó al Consejo de Administración no se correspondía con el informe previo, había sido manipulado y queremos saber quién lo hizo y por qué razones", apostilló.
Es decir, que los miembros del Consejo que finalmente decidieron dar el contrato a Special Events lo hicieron basándose en un informe falseado, en el que se asegura que existe una valoración positiva de los técnicos en contra del expediente real que era totalmente contrario.
"Un hecho gravísimo"
"Es un hecho gravísimo, una manipulación injustificada absolutamente y el Ayuntamiento actuará con toda la dureza del mundo contra quien haya inducido o producido esa manipulación. Es importante matizar esto porque no puede establecerse reproche sobre el Consejo de Administración de la EMVS, porque ellos adjudicaron de acuerdo con la propuesta que se les elevó", considera el primer edil.
Le corresponde al juez averiguar por qué la propuesta que se elevó a la EMVS no se ajustaba al informe técnico
Gallardón ha explicado que en junio de 2005 la oposición pidió una relación de empresas como Special Events con las que el Ayuntamiento había contratado, y el resultado fue un listado de siete expedientes de 1996, 1999, 2001, 2004 y tres de 2005. "Dentro de ellos estaba éste, sólo que en ese momento no se hizo más que la relación, sin analizar la adjudicación, por lo que no se apreció la irregularidad", explicó.
Sin embargo, "ahora, como consecuencia de las informaciones aparecidas, se han cotejado todos los expedientes y en el único en el que hemos encontrado irregularidades es en éste, y cuando ayer (por el miércoles) la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, elevó la constatación de que había habido una propuesta de adjudicación diferente porque se encontró el informe técnico (original)", se presentó "una denuncia ante el juzgado de guardia".
Contratos menores
"Ahora le corresponde al juez averiguar por qué la propuesta de adjudicación que se elevó (a la EMVS) no se ajustaba al informe técnico", ha indicado el alcalde.
Asimismo, ha indicado que la comprobación del expediente de adjudicación ha sido posible gracias al hallazgo de los informes originales en la sede de la Empresa Municipal del Suelo, ya que no se encontraba en los registros de la Empresa Municipal de la Vivienda. Aseguró además que los servicios municipales ya están mirando "los distintos contratos menores que no van por concurso y que se pudiera haber realizado con cualquiera de esas empresas". "Cuando tengamos el cotejo de todas las áreas se lo facilitaremos al Grupo Municipal Socialista y a los medios de comunicación", aseguró.
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Claves para entender la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón
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"Das lo mejor de ti mismo, pero a la gente le parece poco" Pobret!
El presidente, en las Corts.
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Camps nega l'acusacióde corrupció i l'emmarcaen una campanya contra el PP
Anuncia accions legals en defensa del seu honor i el del partit
El fiscal té indicis contra Camps, el president valencià
• Demana la inhibició de Garzón perquè al sumari hi surten fins a cinc aforats
• La Fiscalia Anticorrupció situa a Madrid el nucli de la trama investigada
MARGARITA BATALLAS MADRID
Les ramificacions de la trama de corrupció que investiga Baltasar Garzón arriben, amb més o menys intensitat, a un dirigent de primer nivell del Partit Popular: el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Així ho entén, almenys, la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit subjecte al secret sumarial cita Camps entre els cinc aforats --càrrecs públics protegits pel fur parlamentari-- contra els quals té indicis de delicte. Per aquesta raó, el fiscal insta el jutge a inhibir-se en favor dels tribunals superiors de la Comunitat de Madrid i el País Valencià, competents per investigar els seus respectius aforats.
De la relació dels cinc diputats autonòmics investigats només n'han transcendit quatre noms: el de Camps i els dels parlamentaris de l'Assemblea de Madrid Alberto López Viejo, recentment dimitit com a conseller autonòmic d'Esports; Benjamín Martín Vasco, fins ahir president de la comissió d'investigació sobre la trama madrilenya d'espionatge, i Alfonso Bosch, gerent de l'Empresa Municipal de la Vivenda de Boadilla del Monte. El cinquè, valencià, no es coneixia al tancar aquesta edició.Tampoc s'han fet públics els indicis de delicte concrets que pesen sobre cada un dels aforats. De fet, fonts del ministeri públic aclareixen que les evidències contra el president Camps podrien ser insuficients perquè sigui objecte d'una imputació formal.
La Fiscalia Anticorrupció centra la trama de corrupció a la Comunitat de Madrid. Per aquesta raó, el ministeri públic recolza que la trama corrupta sigui investigada "en la seva totalitat" pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), excepte determinats fets, "perfectament escindibles", que correspondria investigar a la mateixa instància del País Valencià. En suma, ahir va demanar al jutge que remeti el gruix del sumari al tribunal madrileny, excepte una part "escindible", que hauria d'enviar al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV).
"SERIOSOS INDICIS"
La fiscalia, en una breu nota de premsa, explica que va entregar ahir al magistrat l'informe que aquest li va demanar divendres passat després de trobar "seriosos indicis que persones vinculades o integrades" al Partit Popular "podrien tenir responsabilitat penal en aquesta causa". Aquestes persones, al ser aforades, han de ser investigades pels tribunals de justícia de les seves respectives comunitats autònomes.
INFORMES PENDENTS
Previsiblement, el jutge remetrà la causa al TSJM la setmana que ve. No obstant, fins que el tribunal competent no accepti el cas, ell podrà continuar amb la investigació. El magistrat encara espera els informes policials dels documents intervinguts en els registres. En aquests hi apareix una relació de càrrecs del PP que han rebut suborns de Francisco Correa, el cervell d'aquesta trama.
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El cap de la trama va treballar per al PP més temps del que diu Rajoy
• El líder popular declara que va tallar amb Correa el 2004, però li va fer encàrrecs mesos més tard
• El 2005 va confiar a Pasadena Viajes la caravana electoral de l'euroreferèndum i un acte a Vitòria
MÉS INFORMACIÓ
Martín Vasco abandona la presidència de la comissió sobre espies
El jutge deixa en llibertat els imputats Gordon i Balín
El Govern recolza Bermejo enfront de les esbroncades populars
Camps nega l'acusació de corrupció i l'emmarca en una campanya contra ell i el PP
ENRIC HERNÀNDEZMADRID
A l'esclatar la trama de corrupció vinculada al PP, Mariano Rajoy va aixecar una muralla per protegir-se de la deflagració. El 9 de febrer, el líder conservador es va afanyar a aclarir que el 2004, tan aviat com va agafar les regnes del partit, va tallar relacions amb Francisco Correa, ara imputat com a cap de la trama, al sospitar dels seus mètodes. Rajoy intentava així desvincular-se de l'escàndol, per més que autonomies i ajuntaments governats pel seu partit hagin seguit contractant Correa. Però el dic de contenció de Rajoy es comença a esquerdar: el PP va seguir treballant amb Pasadena Viajes, una de les firmes de Correa, almenys fins al 2005, segons la documentació que posseeix aquest diari.
Paral.lelament a l'ofensiva contra el jutge Baltasar Garzón i el Govern socialista, l'estratègia de defensa del líder popular s'ha basat a garantir que el seu equip no té res a veure amb la trama de corrupció investigada. "Nosaltres vam decidir que no hi hagués més contractacions amb aquesta empresa, que en èpoques anteriors al 2004 s'havien anat reduint (...), perquè vam tenir coneixement que algunes persones utilitzaven el nom del PP, fins i tot el de la direcció nacional, davant ajuntaments del nord-oest de Madrid", va declarar la setmana passada.Dilluns passat, a Antena 3, va ser més explícit respecte a les dates: "El 2004 el tresorer em va dir que aquestes persones estaven usant indegudament el nom del partit, va proposar que no se'ls contractés més i jo vaig acceptar la seva petició." El llavors tresorer, Álvaro Lapuerta, es feia ressò de les denúncies d'alguns regidors madrilenys del PP, que després van motivar l'obertura de la causa que instrueix Garzón.
SOTA LA PRESIDÈNCIA DE RAJOY
Però el relat cronològic del president del PP no s'ajusta amb exactitud a la realitat, si es tenen en compte les factures que un any més tard Pasadena Viajes va remetre als mitjans de comunicació --inclosa Ediciones Primera Plana, editora d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-- que van seguir Rajoy durant la campanya del referèndum sobre la Constitució europea i la precampanya de les eleccions basques, totes dues el 2005. Rajoy, fins llavors secretari general, havia assumit la presidència del partit en el congrés celebrat a Madrid l'octubre del 2004.
Quan s'acosta una campanya electoral, els grans partits contracten a agències de viatges l'organització de la caravana que seguirà el líder en els seus mítings i altres actes pú- blics, a les quals s'integren els periodistes acreditats i el personal del partit. L'empresa escollida factura a cada mitjà de comunicació una quantitat tancada que inclou els vols per tot Espanya en un avió contractat per a l'ocasió, els desplaçaments entre els aeroports i les ciutats de destí i les nits d'hotel del periodista, entre altres despeses. L'a- gència, per tant, no la tria el mitjà, sinó el partit. I, en la campanya del sí a la Constitució europea, el febrer del 2005, el PP va escollir la firma de Correa.
LES TARIFES
Una cosa semblant va passar en la precampanya de les eleccions basques del 2005. El PP va organitzar a Vitòria l'onzena reunió de la seva Unió Intermunicipal, que congrega els alcaldes i regidors populars de tot Espanya. Com que Rajoy la clausurava el 15 de març, el PP va encarregar a Pasadena Viajes la gestió de l'estada a l'Hotel Palacio Elorriaga dels periodistes que assistissin a la cita. La factura per una habitació individual va pujar a 235 euros. La tarifa que ahir oferia l'hotel era sensiblement més econòmica: 85 euros.
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La culpa fue del chachachá. Aquesta banda de corruptes, en lloc d'assumir cap responsabilitat, intenta emmerdar. Però és una tàctica que no els pot durar sempre: Capone acabà a la presó.
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El PP denuncia a Anticorrupción por filtrar el sumario que implica a Camps en la trama de Correa
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pide conocer cuántos aforados de su partido están siendo investigados por Garzón.
19/02/2009 13:28
El PP presentará hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras saber que el presidente valenciano, Francisco Camps, pudiera estar implicado en un caso de corrupción, una denuncia ante "un delito de filtración de un sumario secreto" cometido presuntamente "por personal al servicio" de Anticorrupción.
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido conocer cuántos aforados del partido están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón, por lo que ha exigido que se levante el secreto de sumario, y ha expresado su temor de que si esto no ocurriera, haya más filtraciones la semana que viene, la última de campaña electoral en Galicia y en el País Vasco.
Pons ha añadido que a la investigación que sigue Garzón puede acceder el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no puede hacerlo, y que por ello, se trata de una trama "contra el Partido Popular" dirigida con el único fin de "hacer daño político" a los conservadores y "eliminar cualquier oposición" al Ejecutivo.
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Camps lo niega todo y aviva la teoría de la conspiración en contra de su partido
La Fiscalía tiene indicios que relacionan al presidente de la Generalitat con la trama dirigida por Francisco Correa.
PÚBLICO.ES - Valencia - 19/02/2009 08:51
El presidente de la Generalitat de Valencia ha comparecido ante la prensa rodeado por todo su equipo a primera hora de la mañana para negar cualquier implicación en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.
Francisco Camps ha recuperado la idea fuerza de su partido de que todas las informaciones no son más que una campaña orquestada contra el PP cuyo fin consiste en debilitarlo de cara a las elecciones vascas y gallegas.
Asimismo, ha retomado la estrategia puesta en escena por el líder del PP, Mariano Rajoy, de comparecer rodeado de todo su equipo. En el caso de Camps ha estado acompañado por 13 de sus 14 consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
Recuerdo para sus compañeros
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas, el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada".
Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
División e incertidumbre
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia"."Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana."De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa".
Proceso paralelo
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías"
Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
Relación con la operación Gürtel
El diario El País publica hoy, en su portada, que el presidente de la Generalitat valenciana sería uno de los aforados que investiga el juez Garzón en el contexto de la operación Gürtel (correa, en aleman).
Según el diario, que cita fuentes de la investigación, el informe de la Fiscalía "cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de los supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana".arropado por mimebrios de la generalitat
Como viene siendo habitual en todo lo que relaciona al PP y al caso de corrupción, Camps ha optado por defenderse atacando. El presidente de la Generalitat ha advertido de que se querellará contra todo aquel que atente contra su "honorabilidad" o la de su partido.
Camps ha asegurado que no tiene nada que ver con el cobro de comisiones y ha criticado que todas las filtraciones que se han publicado en los últimos días no se han sustentado "ni 24 horas".
La frase de Correa
En las grabaciones aportadas en la denuncia "aparece una frase imputada a Correa -dice El País- que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto".
"En la denuncia aparece una frase imputada a Correa que alude al pago de 30.000 euros en trajes"
Ésta sería, según el diario, "la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana".
Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.
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El imputado Fabra sí que pone la mano en el fuego por Camps
El presidente el PP de Castellón está imputado por fraude fiscal, malversación de fondos, tráfico de influencias y otros seis delitos en una instrucción que dura ya cinco años.
... Recita versos de un moralista en vez de ofrecer transparencia...
... Mientras Gallardón se reconoce compungido por los escándalos
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó hasta siete contratos a Special Events
En los años 1996, 1999, 2001, 2004 y en 2005 tres, los tres primeros con Álvarez del Manzano y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Gallardón.
Garzón deja en libertad al chófer de Correa
También queda libre el consejero delegado de Orange Market.
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También a los diputados de Aguirre Martín Vasco, López Viejo y Bosch
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Asimismo, ha indicado que la comprobación del expediente de adjudicación ha sido posible gracias al hallazgo de los informes originales en la sede de la Empresa Municipal del Suelo, ya que no se encontraba en los registros de la Empresa Municipal de la Vivienda. Aseguró además que los servicios municipales ya están mirando "los distintos contratos menores que no van por concurso y que se pudiera haber realizado con cualquiera de esas empresas". "Cuando tengamos el cotejo de todas las áreas se lo facilitaremos al Grupo Municipal Socialista y a los medios de comunicación", aseguró.
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INFORMES PENDENTS
Previsiblement, el jutge remetrà la causa al TSJM la setmana que ve. No obstant, fins que el tribunal competent no accepti el cas, ell podrà continuar amb la investigació. El magistrat encara espera els informes policials dels documents intervinguts en els registres. En aquests hi apareix una relació de càrrecs del PP que han rebut suborns de Francisco Correa, el cervell d'aquesta trama.
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Camps nega l'acusació de corrupció i l'emmarca en una campanya contra ell i el PP
ENRIC HERNÀNDEZMADRID
A l'esclatar la trama de corrupció vinculada al PP, Mariano Rajoy va aixecar una muralla per protegir-se de la deflagració. El 9 de febrer, el líder conservador es va afanyar a aclarir que el 2004, tan aviat com va agafar les regnes del partit, va tallar relacions amb Francisco Correa, ara imputat com a cap de la trama, al sospitar dels seus mètodes. Rajoy intentava així desvincular-se de l'escàndol, per més que autonomies i ajuntaments governats pel seu partit hagin seguit contractant Correa. Però el dic de contenció de Rajoy es comença a esquerdar: el PP va seguir treballant amb Pasadena Viajes, una de les firmes de Correa, almenys fins al 2005, segons la documentació que posseeix aquest diari.
Paral.lelament a l'ofensiva contra el jutge Baltasar Garzón i el Govern socialista, l'estratègia de defensa del líder popular s'ha basat a garantir que el seu equip no té res a veure amb la trama de corrupció investigada. "Nosaltres vam decidir que no hi hagués més contractacions amb aquesta empresa, que en èpoques anteriors al 2004 s'havien anat reduint (...), perquè vam tenir coneixement que algunes persones utilitzaven el nom del PP, fins i tot el de la direcció nacional, davant ajuntaments del nord-oest de Madrid", va declarar la setmana passada.Dilluns passat, a Antena 3, va ser més explícit respecte a les dates: "El 2004 el tresorer em va dir que aquestes persones estaven usant indegudament el nom del partit, va proposar que no se'ls contractés més i jo vaig acceptar la seva petició." El llavors tresorer, Álvaro Lapuerta, es feia ressò de les denúncies d'alguns regidors madrilenys del PP, que després van motivar l'obertura de la causa que instrueix Garzón.
SOTA LA PRESIDÈNCIA DE RAJOY
Però el relat cronològic del president del PP no s'ajusta amb exactitud a la realitat, si es tenen en compte les factures que un any més tard Pasadena Viajes va remetre als mitjans de comunicació --inclosa Ediciones Primera Plana, editora d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-- que van seguir Rajoy durant la campanya del referèndum sobre la Constitució europea i la precampanya de les eleccions basques, totes dues el 2005. Rajoy, fins llavors secretari general, havia assumit la presidència del partit en el congrés celebrat a Madrid l'octubre del 2004.
Quan s'acosta una campanya electoral, els grans partits contracten a agències de viatges l'organització de la caravana que seguirà el líder en els seus mítings i altres actes pú- blics, a les quals s'integren els periodistes acreditats i el personal del partit. L'empresa escollida factura a cada mitjà de comunicació una quantitat tancada que inclou els vols per tot Espanya en un avió contractat per a l'ocasió, els desplaçaments entre els aeroports i les ciutats de destí i les nits d'hotel del periodista, entre altres despeses. L'a- gència, per tant, no la tria el mitjà, sinó el partit. I, en la campanya del sí a la Constitució europea, el febrer del 2005, el PP va escollir la firma de Correa.
LES TARIFES
Una cosa semblant va passar en la precampanya de les eleccions basques del 2005. El PP va organitzar a Vitòria l'onzena reunió de la seva Unió Intermunicipal, que congrega els alcaldes i regidors populars de tot Espanya. Com que Rajoy la clausurava el 15 de març, el PP va encarregar a Pasadena Viajes la gestió de l'estada a l'Hotel Palacio Elorriaga dels periodistes que assistissin a la cita. La factura per una habitació individual va pujar a 235 euros. La tarifa que ahir oferia l'hotel era sensiblement més econòmica: 85 euros.
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PP Vice. 19/02/2009. La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (d), en presencia -de izda a dcha- del conseller de Gobernación, Serafín Castellano; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el conseller de Economía, Gerardo Camps, y el vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, durante la declaración leída ante los periodistas que realizó esta mañana en el Palau de la Generalitat, en la que ha desmentido las informaciones que le vinculan con la investigación de una trama de corrupción por parte del juez Garzón.
EFE/Juan Carlos Cárdenas
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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González Pons asegura que ayer se filtró el nombre de Camps para que no se hablara de la huelga de jueces (Aquest tio és tonto i creu que tots som ell).
PABLO X. SANDOVAL - Madrid - 19/02/2009
El vicepresidente de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha exigido que se levante el secreto de sumario de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa. "Queremos saber cuántos miembros del PP han sido investigados sin fuero para hacerlo", ha afirmado González Pons. Los populares presentarán esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que consideran violación del secreto de sumario.
Garzón dejará la investigación en unos días
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Camps pide el cierre filas ante su implicación en la trama de corrupción
Esteban González Pons
El PP se siente víctima de una cadena de filtraciones que proceden del Ministerio del Interior, del juez o del fiscal. González Pons ha vuelto a cargar contra el Gobierno porque considera que se ha transferido información de forma interesada. "Ayer se filtró un nombre - Francisco Camps- para que no se hablara de la huelga de jueces; nos tememos que vuelva a ocurrirla semana que viene para que no se hable de las elecciones", ha añadido el vicepresidente de Comunicación del PP en la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de la calle Génova.
Para González Pons la investigación del juez de la Audiencia Baltasar Garzón puede llegar el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no tiene esa posibilidad. "Es una trama contra el Partido Popular con el fin de hacer daño político y eliminar cualquier oposición", ha insistido el portavoz del PP.
Sospechas sobre contrataciones
González Pons ha advertido de que si se hacen simples conexiones entre partidos políticos y adjudicaciones públicas se puede someter a sospecha toda la contratación pública española. En ese sentido ha puesto como ejemplo que los autores de la campaña de publicidad del PSOE en los comicios son adjudicatarios de la Expo de Zaragoza.
En línea con las manifestaciones de los últimos días de resto de miembros de su partido, el vicepresidente de Comunicación del PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "No puede estar ni un día más al frente del ministerio después de haber reconocido que cazó sin licencia", ha afirmado.
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El presidente de la Comunidad Valenciana niega su implicación en la trama corrupta y anuncia que tomará medidas legales
La Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat en la causa abierta por el juez Garzón
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 19/02/2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso".
Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP.
Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción.
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Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
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Qué dicen en el PP sobre la trama
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Rajoy no habla cuando le preguntamos por Camps
Gallardón evita poner la mano en el fuego por Aguirre
Pons dice que su partido "no se va a rendir jamás"
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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