La oficina de atención a los afectados y el banco de ADN se retrasan a febrero
El ministerio de Justicia ha presentado hoy una guía de recomendaciones para la práctica de exhumaciones sobre sustracción de niños, después de que el pasado 26 de diciembre la Fiscalía General del Estado remitiese una circular ordenando a todas las fiscalías territoriales agotar todas las vías de investigación y practicar cuantas pruebas fueran necesarias, incluidas las exhumaciones, ante un posible caso de robo de bebés.
La guía, que recoge las conclusiones de un encuentro entre los directores de los institutos de medicina legal de toda España el pasado verano, incide en la importancia de la cadena de custodia y la elaboración de un análisis antropológico completo (especie, edad, estatura, patologías…) de los huesos hallados antes de remitirlos al Instituto Nacional de Toxicología para garantizar “la máxima calidad pericial” de cara a un juicio por robo de bebés. El documento se remitirá a todas las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, ya que son jueces y fiscales quienes pueden ordenar la práctica de exhumaciones.
Desde mayo de 2011, el Instituto Nacional de Toxicología (INT), al que se remitirán todas las muestras obtenidas en esas exhumaciones, ha recibido 104 peticiones de identificación genética relacionadas con posibles bebés robados y ha analizado 52 casos judicializados donde se han practicado exhumaciones. “En la mayoría, los restos hallados se correspondían con el padre denunciante”, ha explicado la directora del INT, Gloria Vallejo.
Carlos Cubero, director del Instituto de Medicina Legal del País Vasco, cree muy difícil que los restos de un bebé “desaparezcan”. Incluso si el enterramiento no está en un nicho o panteón y los huesos están más expuestos a factores exógenos como la humedad o la acidez del suelo, es muy difícil que los restos se desintegren totalmente, especialmente, el germen dentario, opina este experto. No obstante, el deterioro de los restos sí puede hacer imposible la extracción de material genético para su identificación.
Retraso en la oficina y el banco de ADN
La puesta en funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas y la base de datos y banco de ADN que el Ministerio de Justicia prometió el pasado octubre se retrasa. Según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, la oficina se abrirá “a lo largo del mes de febrero”. El banco de ADN es una prioridad para los afectados, porque permitirá incorporar los análisis genéticos que muchos se han hecho y pagado de su bolsillo (unos 150 euros de media) en laboratorios privados a un fichero común elaborado por el Ministerio de Justicia y confían en que de ese cruce de datos (de padres que creen que les robaron a sus hijos y personas que sospechan que pueden ser niños robados) surjan nuevos reencuentros.
Por otra parte, mañana está llamada a declarar ante el juez en calidad de imputada por un caso de niños robados sor María Gómez Valbuena, de 87 años. La monja, imputada ya por un delito de detención ilegal por el supuesto robo de la hija de María Luisa Torres en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, deberá responder ahora por la denuncia de otra madre, Purificación Betegón, que la acusa de robarle a sus dos hijas gemelas en la misma clínica y en el mismo año. Sor María se acogió a su derecho a no declarar cuando el juez Adolfo Carretero la citó el pasado 12 de abril por el caso de María Luisa Torres. No respondió a las preguntas del magistrado, aunque esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose y asegurando que le “repugnaba” la separación de un bebé de su madre.
La guía, que recoge las conclusiones de un encuentro entre los directores de los institutos de medicina legal de toda España el pasado verano, incide en la importancia de la cadena de custodia y la elaboración de un análisis antropológico completo (especie, edad, estatura, patologías…) de los huesos hallados antes de remitirlos al Instituto Nacional de Toxicología para garantizar “la máxima calidad pericial” de cara a un juicio por robo de bebés. El documento se remitirá a todas las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, ya que son jueces y fiscales quienes pueden ordenar la práctica de exhumaciones.
Desde mayo de 2011, el Instituto Nacional de Toxicología (INT), al que se remitirán todas las muestras obtenidas en esas exhumaciones, ha recibido 104 peticiones de identificación genética relacionadas con posibles bebés robados y ha analizado 52 casos judicializados donde se han practicado exhumaciones. “En la mayoría, los restos hallados se correspondían con el padre denunciante”, ha explicado la directora del INT, Gloria Vallejo.
Carlos Cubero, director del Instituto de Medicina Legal del País Vasco, cree muy difícil que los restos de un bebé “desaparezcan”. Incluso si el enterramiento no está en un nicho o panteón y los huesos están más expuestos a factores exógenos como la humedad o la acidez del suelo, es muy difícil que los restos se desintegren totalmente, especialmente, el germen dentario, opina este experto. No obstante, el deterioro de los restos sí puede hacer imposible la extracción de material genético para su identificación.
Retraso en la oficina y el banco de ADN
La puesta en funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas y la base de datos y banco de ADN que el Ministerio de Justicia prometió el pasado octubre se retrasa. Según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, la oficina se abrirá “a lo largo del mes de febrero”. El banco de ADN es una prioridad para los afectados, porque permitirá incorporar los análisis genéticos que muchos se han hecho y pagado de su bolsillo (unos 150 euros de media) en laboratorios privados a un fichero común elaborado por el Ministerio de Justicia y confían en que de ese cruce de datos (de padres que creen que les robaron a sus hijos y personas que sospechan que pueden ser niños robados) surjan nuevos reencuentros.
Por otra parte, mañana está llamada a declarar ante el juez en calidad de imputada por un caso de niños robados sor María Gómez Valbuena, de 87 años. La monja, imputada ya por un delito de detención ilegal por el supuesto robo de la hija de María Luisa Torres en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, deberá responder ahora por la denuncia de otra madre, Purificación Betegón, que la acusa de robarle a sus dos hijas gemelas en la misma clínica y en el mismo año. Sor María se acogió a su derecho a no declarar cuando el juez Adolfo Carretero la citó el pasado 12 de abril por el caso de María Luisa Torres. No respondió a las preguntas del magistrado, aunque esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose y asegurando que le “repugnaba” la separación de un bebé de su madre.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada