Guillermina, con la foto de su padre, tras la prueba de ADN. // LAURA LEÓN
Guillermina tiene los mismos años que lleva su padre muerto: 77. No lo conoció. Su madre aún estaba embarazada de ella cuando lo asesinaron. Su vida, solo interrumpida por el tiempo que necesitó para criar a sus cinco hijos, ha sido una lucha constante por encontrarlo. Hace un año acudió incluso al Parlamento Europeo. En España nadie la escuchaba. Ayer, con sus piernas hinchadas y un sombrero de paja para resguardarse del sol, Guillermina salió con algo más de esperanza de unos laboratorios en un polígono industrial de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Le acababan de extraer con unos bastoncillos muestras genéticas de ambos lados de su boca.
Es la primera prueba de ADN a una víctima del franquismo que asume de oficio la Junta de Andalucía. “La primera muestra que recogerá el banco de ADN previsto en la nueva ley, que pasará en breve al trámite parlamentario”, señaló el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. El objetivo es ir haciendo cruces con el ADN obtenido tras las exhumaciones que se vayan realizando. Según explicó Naranjo, las muestras se incorporarán al banco que ya existe en la Consejería de Salud.
“A ver si puedo conseguir los huesos de mi padre. No me conoció el pobrecito. Muy politicón, decía mi madre, pero sobre todo era un hombre que no podía ver cómo la gente se moría de hambre”, susurra Guillermina, todavía llorando y con un dolor que trasciende a la propia palabra dolor. Los huesos de su padre, Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, nacido en Posada, juez de paz en Palma del Río y secretario tesorero del PSOE en ese pueblo, nadie sabe con certeza dónde están. La justicia no le ha permitido acceder a los expedientes y la supuesta fosa donde podría haber sido arrojado su cuerpo, en el cementerio de La Salud de Córdoba -según las investigaciones de Foro por la Memoria-, ni ha sido exhumada ni hay visos de que se produzca relativamente pronto, con lo que las esperanzas de encontrar a Anselmo, más allá del simbolismo, son muy remotas.
“La historia de Guillermina y su padre es un símbolo de lo que le ocurrió a miles de andaluces y si algo hizo bien el franquismo fue ocultar las pruebas”, afirmó Naranjo. “La exhumación no tiene sentido si antes no hacemos lo que estamos haciendo hoy [por ayer]. La fosa de Córdoba es compleja, con un alto número de víctimas, unas 2.300, y necesitaríamos la autorización municipal previa. Son obstáculos que iremos superando”, insistió. Naranjo ofreció a la familia solicitar otra vez a los juzgados de Córdoba y Posada la documentación a través del nuevo Defensor del Pueblo Andaluz. “Es fundamental que se impliquen los jueces”, añadió.
Los políticos comenzaron a reaccionar en España después de que el Parlamento Europeo instara a las autoridades a atender a esta mujer. “El silencio de las autoridades estatales como respuesta a una preocupación real de los familiares sólo puede ser definido como trato inhumano”, subrayó la Cámara europea citando el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la reticencia de Rusia a investigar crímenes de Stalin. El pasado 12 de febrero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, firmó una declaración de reparación y reconocimiento personal en la que da por acreditada la “persecución y violencia por razones políticas o ideológicas” sufrida por Anselmo. El texto habla de “fallecimiento a consecuencia de las heridas recibidas por arma de fuego”, no de asesinato, ni de fusilamiento.
Guillermina y su hijo José Manuel consideran insuficiente esta declaración. “Sólo pedimos saber dónde está mi padre y que no se oculte la historia de España en los colegios ni en ningún sitio”, afirmó José Manuel, muy agradecido a la Junta de Andalucía y confiado en que la prueba de ADN de su madre no se quede en “una pancarta simbólica”, sino que sea el “principio real de algo”.
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