LA ALDEA
El jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha prometido sacar del emblemático sitio los restos del dictador y aplicar otras medidas de reparación histórica.
El mausoleo deja 2 millones de euros al año al Estado español por la visita de unos 300 mil turistas. (Francisco Seco/AP)
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
Madrid / 22.06.2018 05:44:02
El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, se ha propuesto sacar en los próximos meses a Francisco Franco del Valle de los Caídos, un enorme mausoleo en las afueras de Madrid que el dictador mandó construir con mano de obra de prisioneros de guerra de la vencida República.
Por eso reformará la Ley de Memoria Histórica que contará con casi todo el apoyo de la oposición, menos del conservador Partido Popular (PP) y de Ciudadanos (centroderecha). También pretende anular las condenas de los tribunales franquistas, crear un banco público de ADN y un censo nacional de víctimas, y la retirada efectiva de la simbología fascista.
La propuesta socialista recoge a la vez la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, una petición que también llevaron al Congreso mientras estaban en la oposición; el reconocimiento de los bebés robados como víctimas del franquismo y la creación de una Comisión de la Verdad.
Esta es la hoja de ruta del nuevo ejecutivo. Una idea que hace meses registró el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que se convirtió en propuesta no de ley, es decir, de carácter simbólico por la obstaculización del PP en el gobierno.
Ahora las cosas han cambiado tras el cese de Mariano Rajoy de la presidencia.
El Valle de los Caídos se ubica a 60 kilómetros al noroeste de Madrid, enmarcado en el imponente escenario natural de la Sierra de Guadarrama. Alberga una abadía y una enorme fosa, donde reposan los restos de más de 33 mil combatientes de la Guerra Civil (1936-1939) pertenecientes a ambos bandos.
Es propiedad del Patrimonio Nacional de España y cada año deja al gobierno dos millones de euros, como consecuencia de las visitas de 300 mil turistas. Un símbolo del franquismo construido con la soberbia que solo pueden conferirse a sí mismos los dictadores. Un símbolo de lo que fueron las dos Españas. Lleva 40 años sin rendir cuentas de sus actividades ante el Estado español.
Fue el propio rey Juan Carlos el que decidió que el dictador Franco reposara para siempre en ese lugar y firmó un decreto que envió al propio abad Luis María de Lojendio. Mientras, otros afirman que fue Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno bajo el franquismo y la transición, el que se empeñó en que el general fuera enterrado en la basílica. Lo que parece seguro es que la familia tuvo poco que opinar sobre el lugar en el que debían reposar sus restos mortales. A millones de españoles, al gobierno y a casi todos los partidos políticos les escuece el tema de que su verdugo esté enterrado en el mismo sitio al igual que José Antonio Primo de Rivera, fundador de la fascista Falange.
En su artículo “Dinamitar el Valle de los Caídos”, el escritor Jon Lee Anderson, colaborador del semanario The New Yorker, escribió: “Siempre me ha inquietado la tendencia española a la amnesia colectiva y también su tolerancia a convivir con lugares temibles como el Valle de los Caídos. Comenzando con el pacto del olvido que fue el eje de la famosa Transición pos franquista. Me parece que este empecinamiento español en negar la verdad de su propia historia es la gran flaqueza de su precaria democracia”.
La exhumación de los restos del dictador, fallecido en 1975 tras 40 años en el poder, tiene escasa dificultad técnica y bajo costo económico, según los expertos, ya que ni siquiera hacen falta forenses dado que se trata de una muerte natural en la que no existen diligencias judiciales penales: solo mover la lápida, comprobar el interior de la tumba y extraer el ataúd.
La familia Franco puede reclamar el cuerpo embalsamado del militar golpista y participar en el proceso a través del abogado o perito que designen. Decidirá el sitio al que quieran llevarlo y pagar los costos. Será cuestión de tiempo. Es la promesa del gobierno de Pedro Sánchez.
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