La Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado por las Cortes Generales, al igual que sucedió con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, cuenta con la patata caliente de la Ley de Amnistía de 1977, que sigue en vigor pese a que es el principal instrumento enarbolado por numerosos jueces para evitar investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El último pronunciamiento al respecto ha llegado por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que insta al Gobierno español a que estudie la derogación de esa Ley de Amnistía, ya que obstaculiza a su juicio las políticas en favor del reconocimiento y reparación de las víctimas.

El órgano de la ONU, formado por diez expertos y presidido por el mexicano Claude Heller, pone en valor la nueva ley memorialista impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como un avance “en favor del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”. Sin embargo, advierte de que alberga una fisura en su mismo corazón, ya que, “al no haberse derogado la Ley de Amnistía de 1977, no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España en el pasado”.

Por este motivo, el Comité contra la Tortura, en un pronunciamiento no vinculante, emplaza al Estado a que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción”. También aboga por un cambio en el Código Penal para “excluir cualquier posibilidad de impunidad en relación con la investigación de los actos de tortura y el enjuiciamiento y castigo de sus autores”. 

Peticiones de revisión

La Ley de Amnistía, aprobada el 14 de octubre de 1977, otorgaba el perdón a “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Partidos como el PNV han abogado por revisarla y ERC pidió su derogación durante la Comisión constitucional en la que se aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática, pero el propio PSOE ha puesto pie en pared frente a esta posibilidad.

Naciones Unidas examina de forma periódica la actitud de España con los casos de tortura como firmante de la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1987, y los apercibimientos que recibe al respecto son una constante. El informe que se ha conocido hoy es el séptimo al que somete al Estado y cubre el periodo entre 2015 y 2023 tras la visita que una delegación del comité cursó los pasados 20 y 21 de julio.

Derecho internacional

Las asociaciones memorialistas y de derechos humanos también habían tenido oportunidad de trasladar al comité de la ONU sus impresiones respecto al cumplimiento de las últimas recomendaciones dirigidas al Estado español sobre los casos de torturas. Frente al argumentario del Gobierno, que enarbola la aprobación de la Ley de Memoria Democrática como un avance, entidades como Amnistía Internacional, Egiari Zor Fundazioa, La Comuna (de presos y represaliados por la dictadura) y Ceaqua (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) expresaron serias reticencias.

Contactado por este medio, el portavoz de la Asociación Víctimas del 3 de Marzo, Andoni Txasko, recuerda que “la normativa internacional en materia de derechos humanos dice que hay que atender el derecho de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición”. Y el Estado “no cumple ninguno de estos preceptos”. 

Califica además de “barbaridad” que no se enjuicien los casos amnistiados en aplicación de la Ley del 77, toda vez que los juristas españoles “aplican el Código Penal interno, asegurando que prevalece sobre el internacional”. Aboga por ello por derogar a Ley de Amnistía, “sobre todo el artículo que deja impunes los delitos cometidos en el franquismo y a sus responsables”, y por modificar el Código Penal para blindar que “la legislación internacional en Derechos Humanos sea aplicada en su totalidad en el Estado”. 

Caso omiso de Moncloa

Sabino Cuadra, miembro de la iniciativa ciudadana Sanfermines 78: Gogoan!, que busca recuperar la memoria histórica sobre los sucesos de ese año en las fiestas de San Fermín, hacía hincapié en que el comité “reitera lo que ya había venido diciendo en ocasiones anteriores, instando a derogar la Ley de Amnistía con la normativa vigente”. De este modo, la ONU “explicita que el Gobierno español no ha hecho caso de sus recomendaciones”.

Destaca a su vez que, “pese a que la aprobación de la Ley de Memoria Democrática era una oportunidad excelente” para sepultar esa normativa de 1977, “se ha dejado pasar y sigue siendo una tarea pendiente esencial en materia de memoria”. Califica la Ley del 77 como “una anomalía democrática” que ha contribuido a “mantener el aparato represivo del Estado”, y recuerda que, a lo largo de los años, “los responsables de la masacre de sanfermines han sido aupados en el cargo”.

Desgaste del Estado

Pese al carácter no vinculante de la resolución de Naciones Unidas, el activista en Derechos Humanos Andrés Krakenberger pone en valor que “es un instrumento para ir a otros sitios donde sí se puede producir una sentencia vinculante”, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese marco ofrecerá “más munición” en favor de resoluciones contra la tortura, insiste. “También puede suponer un desgaste importante de la reputación de España a nivel internacional”, añade.

A preguntas de este medio, Krakenberger recuerda que “leyes similares, como la de Punto Final de Argentina, tuvieron que ser derogadas y hay gente que tuvo que comparecer ante la justicia, tanto del lado de la dictadura como de los Montoneros”. Recuerda por último que “hay muchísima gente afectada” que sigue con vida, por lo que “esta reivindicación sigue teniendo todo el sentido del mundo”.