La extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco y las sanciones contra aquellos que realizan apología de la dictadura depende del resultado electoral. El PP asegura que si llega al Gobierno derogará la Ley de Memoria Democrática.
BILBAO
ACTUALIZADO:En los últimos reductos franquistas aún hay tiempo para la ilusión. No piensan en la llegada de un Franco del siglo XXI que acabe con la democracia a tiro limpio, sino con un presidente elegido por las urnas que cumpla con su palabra y haga efectiva la última esperanza de los defensores del franquismo: la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
La consecución o no de este sueño podría tener repercusión económica para José Luis Corral, jefe del Movimiento Católico Español (MCE). El pasado 20 de noviembre, este veterano dirigente franquista se enteró de que el Gobierno había decidido abrirle un expediente por una posible vulneración de la Ley de Memoria. El motivo no fue otro que la celebración a toda bandera que el MCE organizó en Plaza de Oriente para rendirle tributo al dictador en el aniversario de su muerte.
De momento no ha habido novedades sobre este proceso –el primero que se abrió tras la entrada en vigor de la nueva normativa–, que podría acabar con una fuerte sanción económica para Corral en su calidad de organizador del evento.
En cualquier caso, no parece preocuparle demasiado: el pasado domingo 16, el jefe del MCE y sus seguidores hicieron acto de presencia en el Arco de la Victoria para conmemorar el golpe de Estado contra la segunda República.
De momento, se desconoce si la Secretaría de Estado de Memoria Democrática abrirá también una investigación en torno a lo ocurrido en ese acto, que contó con los permisos previos de la Delegación de Gobierno. Por fotos y videos no será: tal como ocurre tras cada acto de apología franquista, el MCE ha difundido varias imágenes del encuentro.
"Hoy nos aparece todo un ministerio y una Secretaría de Memoria Democrática con unas leyes infames que llegan hasta convertir a víctimas con derecho de indemnización a terroristas de ETA y del Grapo", afirmó Corral durante su intervención en el Arco de la Victoria.
"Esperamos que el domingo se lleven un buen baño de realidad"
Allí habló de "expectativas revanchistas" por parte de la democracia y definió el golpe de Estado de 1936 con estas palabras: "Parte del Ejército y de la España más militante se resiste a morir y se defiende". Criticó también al "gobierno frentepopulista y separatista que hay ahora mismo en La Moncloa, que esperamos poder cambiar el próximo día 23". "Esperamos que el domingo se lleven un buen baño de realidad y de verdad histórica", dijo en otro momento de su discurso.
Sólo hay una cosa que puede devolverle la tranquilidad absoluta a Corral y los suyos: un Gobierno del PP que cumpla con lo prometido y elimine la Ley de Memoria Democrática, algo que Feijóo ya aseguró que hará en caso de llegar a La Moncloa.
Si el líder del PP consigue acceder al Ejecutivo y hace efectiva esa propuesta, habrá también motivos para la tranquilidad en el número uno de la calle Edgar Neville de Madrid. Allí está la sede de la única institución de toda Europa Occidental que reivindica, con registro legal, un golpe de Estado: la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF)
La ilegalización de esta entidad encaja con lo previsto por la Ley de Memoria, que contempla dejar fuera del juego democrático a aquellas fundaciones que realicen apología del franquismo, ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".
La hoja de ruta del Gobierno para hacer cumplir la ley y declarar la extinción de la FNFF pasaba por la tramitación en el Congreso de una modificación de la ley de Fundaciones "con la finalidad de agilizar el procedimiento, plazos y efectos de la resoluciones dictadas a efectos de extinción de fundaciones", según apuntó el Ejecutivo en una respuesta remitida en mayo pasado al senador Carles Mulet (Compromís).
El futuro de la FNFF depende del próximo gobierno
Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para este domingo y la disolución de las Cortes han dejado en el aire la tramitación, por lo que el futuro de la Fundación Francisco Franco quedará, indefectiblemente, en manos del próximo gobierno. Si ese nuevo Ejecutivo lleva los colores de PP y Vox, la entidad franquista quedará a salvo de cualquier proceso de ilegalización.
Apología del golpe
El presidente de la FNFF, el general retirado Juan Chicharro Ortega, aprovechó las páginas del diario La Razón para advertir precisamente de que este domingo "los españoles decidirán si prefieren continuar bajo la seudodictadura socialista/comunista/separatista que lidera el actual presidente del Gobierno, Sr. Sánchez, o por el contrario apuestan por un cambio radical que conduzca a la regeneración de esta España que se debate entre ser o no ser de su integridad".
En un artículo publicado el mismísimo 18 de julio, Chicharro –quien llegó a desempeñarse como ayudante de campo del rey Juan Carlos y ocupó altos cargos en la Marina– aseguró que "desde una perspectiva histórica", el 18 de julio de 1936 "media España se alzó en armas para defender la integridad de nuestra patria y las raíces cristianas de nuestra nación ante la inminente revolución comunista que amenazaba la propia existencia de España". Apología del golpe de Estado en su máximo esplendor.
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