Su ideología, incluso el simple vínculo con personas poco afectas con el nuevo régimen, y su actitud ante la religiosidad fueron los principales ‘motivos’ por los que centenares de educadores fueron sancionados en Nafarroa durante el franquismo. Así lo recoge un libro publicado por el Gobierno.
El magisterio navarro sufrió durante la guerra del 36 y la dictadura un proceso de depuración en el que su ideología y su actitud ante la religiosidad eran ‘motivos’ suficientes para que los docentes fueran sancionados, hasta el punto de ser apartados de la enseñanza, según se recoge en un libro editado por el Instituto Navarro de la Memoria.
El trabajo, titulado ‘El proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra, 1936-1976’, ha sido realizado por Reyes Berruezo, Juan José Casanova y Francisco Javier Ema, y en el mismo se recuerda que la Segunda República española fue denominada ‘La República de los maestros’, por lo que al magisterio «se le culpabilizó de la penetración de las ideas republicanas y socialistas preparando el sustrato ideológico a la depuración de las Escuelas Normales y a la separación de la docencia de los maestros».
Tras recopilarse información extraoficial de los docentes durante el período republicano, una vez iniciada la guerra del 36, la Junta Superior de Educación de Nafarroa se puso a la tarea de depurar a los maestros, de tal manera que a todos se les analizó, aunque «no todos fueron investigados o sancionados». Algunos, más de 30, ni siquiera llegaron a vivir ese proceso porque directamente les ejecutaron.
Todo respondía a «un plan predeterminado» que buscaba expulsar de la docencia de manera definitiva a maestros con plaza y de manera indefinida a los interinos que no comulgaban con el nuevo régimen. A otros les aguardaban sanciones que no les privaban del puesto de trabajo, pero que les dejaban ‘marcados’ al estar en la lista de sancionados.
¿En qué se basaba la Junta Superior de Educación para sancionar a determinados integrantes del magisterio navarro? Con el objetivo de conseguir «una venganza rápida» se tiró en un primer momento, agosto de 1936, de la información recabada por la Asociación Católica de Padres de Familia desde 1934. Posteriormente se sumó la derivada de la incautación de la documentación de sindicatos y partidos políticos, y se completó con referencias recabadas de las fuerzas vivas de cada localidad, es decir, el cura, la Guardia Civil o jefes carlistas y falangistas.
La ideología de los docentes fue uno de los ‘motivos’ más utilizados a la hora de sancionar. Estar afiliado o ser simplemente simpatizante de fuerzas socialistas, nacionalistas vascas o republicanas era suficiente para quedar marcado.
Especialmente perseguidos fueron los afiliados de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), vinculada al Partido Socialista y parte de cuyos archivos fueron enviados a la Junta Superior de Educación como prueba acusatoria. De hecho, «cualquier modesto afiliado que estuvo solamente unos meses inscrito en el sindicato, aparecía en los cargos como un importante activista internacionalista», se señala en el libro.
Así, el 31,64% de los maestros sancionados por su ideología, 100 de 316, lo fueron por sus vínculos con FETE y el socialismo; seguidos de los 67 (21%) por su relación con el PNV, ANV, ELA o sociedades como Lagun Artea y Euzkotarra; y los simpatizantes de izquierda, que fueron 63 (19,93%). Estas cifras ponen de manifiesto que «las sanciones por motivación política fueron el 90%».
El factor de la religiosidad
La religiosidad de los docentes también era una cuestión analizada por la Junta Superior de Educación a la hora de depurar el magisterio navarro, de tal manera que «las acusaciones de irreligiosidad o faltas al cumplimiento de los deberes religiosos de los maestros» también fueron determinantes a la hora de establecer sanciones.
En el libro se ofrece una serie de testimonios recabados sobre este aspecto en relación a determinados docentes. El cura de Atarrabia señalaba sobre la maestra Pilar García-Falces que «es creyente, pero es fría, muy fría en la práctica. Se concreta a lo más precisito», lo que le parece imperdonable para una docente «por la ejemplaridad de las niñas».
Algo parecido dice el cura de Zirauki respecto a Honorato Martínez, cuya conducta religiosa «no me merece elogio, pues se ha concretado en oír misa en los días festivos estilo de soldado». Es decir, no se libraban ni los creyentes «tibios», así que es de imaginar lo que opinaban de los que evidenciaban su irreligiosidad.
El regente de una parroquia aseguraba de un maestro que «en religión era ateo práctico, de los de peor especie» y añade que «alguna vez acudía a la iglesia, pero era únicamente en plan turista y de espía para el semanario ‘¡¡Trabajadores!!’ para zaherir al párroco».
Un jefe local de Falange afirmaba sobre otro docente que «es indigno de pertenecer al magisterio, pues su actuación ha sido de lo más disolvente, anti cristiano y además se jactaba de serlo, pues no se ocultaba de manifestar sus ideas delante de todos». Y añadía que «en cuanto a católico no puede ser más detestable y además era continuo propagandista de sus nefandas ideas», que eran, por supuesto, de izquierdas.
La retirada del crucifijo de la escuelas durante los años de la República fue otra de las acusaciones que se hicieron a muchos docentes, «aunque respondiese al estricto cumplimiento de la legalidad republicana que obligaba a todos los maestros», se recuerda en el libro.
Falta de valores morales
La Junta también puso el énfasis en acusar a muchos maestros «de falta de valores morales o de conductas sociales que hicieran del maestro un ejemplo para la sociedad». En este caso, las maestras eran el gran objetivo y se les acusaba de mala moralidad «por su forma de vestir, por lo que consideraban falta de modestia, maquillajes inadecuados, asistencia al baile o al cine, comportarse con libertad, sus relaciones personales...», se detalla en el volumen. Un comentario sobre la maestra de Ugar señalaba que «se pintorroteaba mucho, aunque abusando en su acicalamiento (un figurín, dicen)».
También se valoraba si eran personas que «se acomodaban a las circunstancias de cada momento para contemporizar con aquellos que gobernaban», las amistades que frecuentaban, si se hospedaban en casa de un significado izquierdista, estar emparentado con persona conocidas de ese espectro político o leer prensa considerada de izquierdas o libros caracterizados de «inmorales o marxistas».
Incluso se señalaba a los docentes que habían empleado en las aulas manuales populares como ‘El niño republicano’ o ‘El Evangelio de la República: la constitución de la Segunda República española comentada para niños’.
¿Y qué sanciones les aguardaban a los docentes que no encajaban con el ideal de maestro de la Junta Superior de Educación de Nafarroa? En el libro ‘El proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra, 1936-1976’ se recoge que la represión sufrida por el personal docente afectó a 407 personas, con diferentes tipos de sanciones.
La separación definitiva de la docencia, es decir, la destitución, afectó a 59 maestros y la indefinida a 84. La separación de la docencia y pérdida de escuela entre opositores e interinos llegó a 113 docentes, mientras que el traslado en la provincia junto a sanción económica se aplicó a 38, con adhesión patriótica a 23 y solo el traslado a 13.
Sanción económica se impuso a 31 docentes, sanciones menores a 8 y fueron expedientados sin sanción un total de 38.
La destitución y la sustitución indefinida se aplicó especialmente a los maestros «defensores o partidarios de una enseñanza laica y a dirigentes o militantes de organizaciones o partidos integrantes del Frente Popular». Los traslados y las sanciones económicas se centraron en los llamados ‘tibios’ o que cumplieron con la legalidad del momento, además de las personas próximas al nacionalismo vasco.
Algunos recurrieron las sanciones que les habían caído, otros no lo llegaron a hacer, también hubo quien mostró arrepentimiento por comportamientos pasados y los que incluso fueron al frente a combatir por los sublevados para redimir ‘sus culpas’. En ocasiones, esta última fórmula hizo que les permitieran continuar al frente de sus escuelas y en otras, que se les levantara o redujera la sanción al haber buscado su «rehabilitación ofrendando la vida a la Patria».
Las sanciones fueron aplicadas por la Junta a su parecer entre agosto y noviembre de 1936. A partir de ese momento tenían que confluir con las prescritas por las autoridades franquistas y no fueron ratificadas por el Ministerio hasta 1942, aunque algunas revisiones continuaron bastantes años más.
Ese largo proceso de depuración supuso «una sangría en el magisterio navarro», ya que 132 maestros abandonaron la docencia y otros 131 la ejercieron fuera de Nafarroa. Solo 144 de los 407 investigados y/o sancionados continuaron ejerciendo la docencia en el herrialde tras el castigo.
Pero, como se recoge en las conclusiones del libro, sobre todos «cayó el manto del silencio» tras sufrir un proceso represivo que «ocasionó mucho daño y dolor» a una generación de docentes que vio su vida «truncada por un conflicto civil de largas consecuencias».
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