Hace un año, celebrábamos con gran expectación la tan necesaria Ley de Memoria Democrática de 2022, que complementó y fortaleció el camino trazado por la Ley de Memoria de 2007 y la Ley de 2017 de Andalucía. Leyes que permiten la investigación histórica, el conocimiento de la verdad, la recuperación de la historia de hombres y mujeres, y la visibilización de la lucha de las mujeres, relegadas hasta ahora en la narrativa histórica como subordinadas y dependientes.
A pesar de tener solo un año de vigencia, considero oportuno repasar la historia de esta reciente Ley. Han pasado muchas cosas desde el 31 de octubre de 2022, en el que se celebró por primera vez el Día de las Víctimas en un emotivo acto presidido por el presidente de España, en presencia de familiares, rompiendo el silencio y el olvido, y honrando a tantos hombres y mujeres en un sentido homenaje.
"Los demócratas aplauden esta Ley por eliminar la anomalía democrática que España ha padecido durante décadas, poniendo fin a años de represión, miedo y encubrimiento"
Esta Ley fue acogida con satisfacción, ilusión y esperanza por familias, asociaciones memorialistas y demócratas. A partir de ahora, es responsabilidad del Estado y las autoridades públicas investigar las desapariciones forzosas, exhumar las fosas para dar una sepultura digna a las víctimas y ponerlas en el centro de las políticas de Memoria Democrática.
Los demócratas aplauden esta Ley por eliminar la anomalía democrática que España ha padecido durante décadas, poniendo fin a años de represión, miedo y encubrimiento. Sin duda, es un paso importante para la salud de nuestra democracia.
"La actual Junta de Andalucía desde el minuto uno ha recortado el presupuesto y ha cambiado términos, evitando hablar de dictadura, golpe de estado o franquismo, y enfocándose solo en la concordia"
No obstante, la Ley ha enfrentado desafíos en el último año. En el contexto de elecciones, algunos candidatos a la presidencia prometían derogarla, y otros simplemente han incumplido sus compromisos, ignorándola de manera encubierta. La actual Junta de Andalucía desde el minuto uno ha recortado el presupuesto y ha cambiado términos, evitando hablar de dictadura, golpe de estado o franquismo, y enfocándose solo en la concordia. Además, no ha cumplido con los requisitos en materia de educación establecidos por la Consejería, como la formación del profesorado o la celebración en los centros escolares del 14 de junio Día de la Memoria. Es curioso que ahora anuncie la redacción del II Plan de Memoria cuando desconocemos el balance del primero correspondiente al periodo 2018-2022.
Es también el caso de la Diputación de Granada que en el área de Cultura cambia su designación y ya no será como hasta ahora Cultura y Memoria histórica y Democrática, sino Cultura y Educación.
Son muchas las acciones pendientes porque siguen sin retirarse los símbolos contrarios a la Memoria democrática, por la demora en la identificación de los restos de las víctimas, como también ha señalado en su informe El Defensor del Pueblo de Andalucía que va a realizar una actuación de oficio sobre los lugares y senderos de memoria; o porque en la página digital del Catálogo de lugares de Memoria no se ha incorporado nada nuevo desde el 2017. Estos son solo algunos ejemplos.
En este período, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de su Secretaría de Estado, ha liderado los esfuerzos en la exhumación e identificación de las víctimas.
Hoy, en el Día de las Víctimas de la guerra y la Dictadura, nos unimos con determinación junto a familias, asociaciones memorialistas y las instituciones que se sumen para exigir Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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