La Universidad de Cádiz tiene uno de los equipos de arqueología no invasiva que ha rastreado más fosas de la dictadura en todo el país
Investigadores de la Unidad de Geodetección de la Universidad de Cádiz, durante los trabajos de mapeo de fosas comunes de la Guerra Civil en el cementerio de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.PACO PUENTES
Cuando la madre del arqueólogo Lázaro Lagóstena supo que su hijo iba a dedicar su extenso equipo de georradar para localizar a asesinados por el franquismo le lanzó una encomienda: “A ver si encuentras a tu tío abuelo”. Era la primera vez que oía hablar de ese antepasado del que nunca más se supo tras pasar por el penal de El Puerto de Santa María por un motivo espurio. Lagóstena se acuerda de aquella exhortación siete años después, al poco de pasar un radar 3D entre las calles de un patio del cementerio de El Puerto lleno de antiguas tumbas de niños. Buscan a 600 desaparecidos y, entre ellos, podría estar ese tío al que se lo tragó hasta la memoria familiar. Si los encuentran, el equipo de la Universidad de Cádiz sumará un nuevo éxito, después de convertirse en una de las unidades de arqueología no invasiva de España que más ha rastreado fosas de represaliados por el franquismo.
La Unidad de Georradar de la UCA suma ya 35 informes relacionados con la Memoria Histórica por toda España, que se añaden a las prospecciones de restos arqueológicos del pasado, en los que ya atesoran más de medio centenar de investigaciones con importantes hallazgos, como el puerto púnico de la ciudad fenicia de Doña Blanca. Pero el rastreo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es un trabajo cuajado de singularidades que solo se parece —y, a veces, ni en eso— a la búsqueda de ciudades del pasado en el uso de los mismos medios técnicos de geodetección. “Esto es un trabajo arqueológico. Si busco una fosa romana buscaría las mismas anomalías en el terreno, pero estas tienen un carácter forense”, apunta Lagóstena, coordinador de la unidad y profesor de Historia Antigua de la universidad.
El equipo suma siete años de informes en las provincias de Alicante, Huelva, Sevilla y, especialmente, Cádiz, “donde casi cada cementerio tiene su fosa de represaliados”. En todos los casos, los cuatro investigadores que componen ahora la unidad son conscientes de las implicaciones emocionales tiene su presencia. “Detrás hay asociaciones intentando dar con sus familiares. Los jóvenes que empiezan en este trabajo ven que están buscando a personas que represaliaron de forma brutal. Es evidentemente sensible”, añade el jefe de la unidad, mientras prepara sus equipos para dar una pasada entre las calles del patio segundo del camposanto de El Puerto, en unos trabajos de campo realizados a mediados de este mes octubre. Los sondeos forman parte de un convenio de más de 50.000 euros financiados por el Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía con fondos estatales.
Lagóstena y los suyos ya estuvieron en ese mismo cementerio hace más de dos años con sus georradares, pero sondeando el patio uno, donde las fuentes orales ubicaban las fosas. “No hubo suerte, resultaron ser enterramientos normalizados”, rememora el profesor. Y antes de la llegada de los expertos de la UCA, ya había habido un intento más en una localidad en la que se busca a 600 personas desaparecidas, 50 de ellas, portuenses asesinados en los primeros meses de terror, el resto presos políticos de toda España que se esfumaron sin dejar rastro. Es el caso de Antonio Pérez Salguero, el tío abuelo del que Lagóstena que “se había perdido en el olvido” familiar, hasta que abrió su unidad arqueológica a estos tipos de trabajos. “Es la tercera vez que lo intentamos, parecemos topos”, reconoce desesperada Raquel Bolarín, integrante del Foro para la Memoria de El Puerto.
Los sondeos de la unidad de georradar beben de documentación de cementerios, juicios, expedientes eclesiásticos o fuentes orales de enterradores para marcar los puntos en los que trabajar, en una información recogida también en el mapa de fosas realizada por el Ministerio de Presidencia tras la ley 20/2022 de Memoria Democrática. En El Puerto, tras el fiasco del patio uno, la zona segunda se perfila como caliente para ubicar hasta tres posibles fosas. Pero el condicionamiento es grande. “Eran enterramientos sin tanto orden. Tenemos que discriminar canalizaciones o mayas metálicas. Además, los cementerios en ese entonces no eran así, en la mayoría de los casos se construyeron a posteriori las cuarteladas de nichos o panteones”, resume Lagóstena, acostumbrado a buscar pistas en los resquicios que son las actuales calles de los camposantos.
El equipo trabaja en dos grupos con sendos georradares, cada uno con sus especificaciones. El primero tiene un canal con dos frecuencias de entre 200 y 600 megahercios, que combinan profundidad y calidad de imagen. El que esta mañana soleada de octubre empuja Lagóstena entre tumbas infantiles es un radar 3D, capaz de llegar a profundidades de hasta 4,8 metros de profundidad de una pasada. Las peculiaridades de los cementerios, abigarrados de cipreses y cuarteladas, obligan a geoposicionar a mano cada pasada, sin echar mano de unos GPS que no resultan tan fiables con esos condicionantes. “Los equipos son capaces de detectar objetos metálicos como casquillos, ya que los restos óseos no son fácilmente detectables”, explica el profesor.
“Buscamos la huella antrópica de la fosa, anomalías de longitud, anchura o número de víctimas compatibles con ella”, añade Lagóstena. Pero esas pistas ni siquiera son visibles tan solo pasar el georradar. Los equipos trazan ondulaciones dependiendo de la composición de los terrenos —los suelos arenosos, por ejemplo, son más sencillos que los arcillosos— en un maremágnum de datos que precisan de un trabajo posterior de interpretación y análisis en la elaboración de los informes. Si estos concluyen que los lugares escaneados son compatibles con la presencia de fosas de represaliados, dan pie a fases posteriores de excavación en las que el equipo de Lagóstena también apoya a los colegas arqueólogos, si necesitan ayuda con puntos exactos o la intervención de nuevo de su instrumental.
La investigadora Ana Plaza, de 27 años, se incorporó como investigadora al equipo de georradar el pasado mes de julio, tras participar como voluntaria en la excavación de fosas como las de la vecina localidad de San Fernando. “Estoy ayudando a una sociedad mejor, a que haya familias que al fin puedan enterrar a sus familiares”, valora la joven mientras ayuda al profesor en el geoposicionamiento manual de la última pasada de su radar. En unos meses, el equipo refutará si, por fin, los represaliados de El Puerto dejan de ser también desaparecidos. A Lagóstena no se le olvida la encomienda de su madre y si las fosas aparecen tiene claro lo que hará: “Me haré la prueba de ADN por si mi tío abuelo está entre las víctimas”.
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