Flor Baena lucha desde hace décadas por “limpiar el nombre” de su hermano Xosé Humberto, fusilado dos meses antes de la muerte del dictador
La ley de memoria democrática, que lleva un año en vigor, establece la nulidad de las sentencias y resoluciones impuestas por tribunales franquistas, declarados “ilegítimos” ya desde la norma aprobada en 2007. Los represaliados o familiares pueden solicitar un certificado estatal de reparación que establece que su valor es cero, pero el Gobierno ultima ahora la fórmula para incorporar esa nulidad al expediente judicial.
Así lo reclama desde hace décadas Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena, uno de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutado en 1975, dos meses antes de la muerte de Franco. Los hechos inspiraron a Luis Eduardo Aute el célebre tema Al alba. Baena, que entonces tenía 25 años, fue fusilado junto a Ramón García Sanz, y José Luis Sánchez Bravo, miembros, como él, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Ángel Otaegui y Juan Paredes, Txiki, de ETA. Christian Grobet, un observador de la Liga Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos que se coló en el juicio, calificó el proceso de “simulacro” y “farsa siniestra”.
Flor Baena lleva décadas intentando “limpiar el nombre” de su hermano. Al llegar la democracia, la familia trató de reabrir el caso presentando testigos y pruebas de que Xosé Humberto no pudo participar en los hechos por los que fue juzgado —la muerte de un policía— porque ese día no estaba en la ciudad donde se cometió el asesinato. El Tribunal Constitucional alegó que no podía intervenir en un caso que era previo a la firma de la Constitución. El de Estrasburgo les dio una respuesta similar: que en el momento de los hechos, España no había firmado el convenio de Derechos Humanos. Tras escribir nuevamente, el pasado 4 de octubre, y apoyada por Amnistía Internacional, a la secretaría de Estado de Memoria Democrática solicitando ayuda para “restituir el honor” de su hermano, Flor Baena recibió una carta en la que la subdirección general de Ayuda a las víctimas de la Guerra y la Dictadura le informa de nuevas opciones. “En cuanto a la constancia de la nulidad [de la condena] en el expediente judicial”, explican, “se está trabajando en un modelo normalizado de declaración de nulidad con diferentes agentes productores y receptores de este tipo de documentación. La intención es incorporar dicha declaración al expediente judicial donde coste la causa como anulada”.
La opción que ya está en vigor es la solitud de una declaración de reparación moral que establece que la condena o resolución es nula “tanto judicial como administrativamente” por deberse a “razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa”. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, entregará varias de esas declaraciones este lunes, en la celebración del segundo día oficial en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
La anulación de las sentencias franquistas era una vieja reivindicación de los familiares de las víctimas. En Castigar a los rojos (Editorial Crítica), Ángel Viñas, Francisco Espinosa y Guillermo Portilla detallan cómo el franquismo retorció el Derecho para construir una “justicia de exterminio”. Solo en Málaga, por ejemplo, cuatro tribunales juzgaron en 100 días a 20.000 personas e impusieron 3.000 penas de muerte. Eran juicios sin garantías, inspirados en las tesis de la Inquisición y el derecho nazi para condenar a la población no por sus actos, sino por sus ideas. Prueba de cómo funcionaban aquellos tribunales es este extracto de un juicio sumarísimo en 1939 contra 20 reos, entre ellos Juan Caba Guijarro, miembro de la CNT: “No me importa si sois inocentes”, advirtió el fiscal. “Mi actitud —prosiguió— es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aquí participamos todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda oposición para imponer nuestro orden”.
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