El 20 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Castellón completó la la primera entrega de una víctima del franquismo a sus familiares, para cuya identificación se llevaron a cabo dos campañas de exhumaciones. Se trataba de Rafael Prades Trueba y sus restos fueron recogido por sus nietos con la intención de cumplir con los deseos de la familia de «darle una sepultura digna».
Con Rafael, y durante cinco consecutivas campañas de excavaciones en el cementerio civil de San José desde el año 2018, han aflorado los restos de 250 represaliados en la Guerra Civil y durante la Dictadura de Franco, tal y como ha indicado el arquéologo que dirigió estos trabajos, Miguel Mezquida.
Sin embargo, «solamente tres de los restos exhumados han sido identificados por ADN hasta la fecha». Dos son las razones para que «Castellón, lamentablemente presenta el índice de certificaciones de identidad más bajo de la Comunidad Valenciana», según Mezquida. «Por un lado, se trata de restos óseos muy mal conservados porque el subsuelo del cementerio de San José está surcado por aguas de escorrentía que van al río Seco, con lo que los huesos se desmineralizan y dificultan la extracción del ADN para cotejar».
Y, por si no fuera poco, «son muy pocas las empresas forenses acreditadas en España para realizar los trabajos de identificación», tal y como ha explicado el arqueólogo a EL MUNDO ante la pregunta de si es normal que a los familiares de una víctima del franquismo que fue enterrada en dicho camposanto de la capital de La Plana se les ha dicho que deberán esperar aún, al menos dos años más para tener confirmada la identidad de su antepasado.
«Y tanto que es cierto, por eso la mayoría de los restos que afloran se devuelven al cementerio y son depositados en los columbarios del Memorial instalado por el Ayuntamiento de Castellón» en el cementerio civil. «Este año han obtenido certificados forenses cuatro laboratorios, cuando se presentaron 13», puntualiza Mezquita para explicar la acumulación de trabajo pendiente.
Todo ello, antes de añadir, incluso, una tercera causa de la ralentización de este proceso: la Covid. «Desde la pandemia todo se ha complicado más en los bancos de ADN públicos porque las ayudas públicas han descendido y la situación se agravará, evidentemente, con el cambio de color político en muchos ayuntamientos y administraciones autonómicas».
Mezquida se refiere, obviamente, a la llegada a los gobiernos locales, provinciales y autonómicos, como es el caso del Ayuntamiento de Castellón y de la Generalitat Valenciana, de bipartitos formados por PP_y Vox que han suprimido las concejalías y las consellerias de Memoria Democrática.
Al respecto, el arqueólogo y director de la empresa ArqueoAntro advierte que queda pendiente una sexta y última campaña de exhumaciones en San José, que ya fue adjudicada por la Conselleria de Transparencia, Cooperación y Memoria Democrática a una mercantil catalana. «Primó el importe, más que la experiencia en el concurso», lamenta Mezquida ante una «mercantilización de las exhumaciones» como, afirma, puso de manifiesto «las adjudicaciones del Consell por baja económica».
Así pues, el consistorio tiene ahora la pelota en su tejado para conceder, o no, el permiso de ocupación temporal del antiguo cementerio, para la localización de más víctimas de la represión franquista.
La llegada de Vox junto al PP al Consell y a un buen número de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana preocupa al arqueólogo director de la Asociación Científica ArqueoAntro que ha estado al frente de las cinco campañas de exhumaciones realizadas desde 2018 en el cementerio civil de San José de Castellón. Para Miguel Mezquida «ya se está retrasando o deteniendo cualquier tipo de iniciativa relacionada con Memoria Histórica o Democrática. Y en lo concerniente a los procesos de localización, excavación y exhumación de fosas, más de lo mismo».
Según Mezquida «es fácil que incluso haya una interrupción de las intervenciones subvencionadas por la Generalitat, conforme se desarrollen los proyectos ya otorgados». «Y lo que es más preocupante, según el arqueólogo, es que el Banco de ADN público no obtenga financiación, y queden muchas identificaciones a medias, o por hacer. En concreto, algunos procesos de exhumación de Castellón, Segorbe, Vistabella o Vilafranca que dependen de las identificaciones de FISABIO (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica).
«Por tanto, teme Miguel Mezquida, no es que los procesos de identificación puedan retrasarse más, es que podrían frenarse en seco».
Y a la pregunta de cuántos restos podrían quedarse sin exhumar, Mezquida no duda. «Respecto a víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y del Franquismo en la provincia de Castellón, quizás los que mejor podrían responderte son Juan Luis Porcar del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, o Vicent Gabarda; nuestros máximos especialistas en represión, y referentes nuestros a la hora de iniciar cualquier investigación en tierras castellonenses. Pero podríamos estar hablando de unos 1.000 represaliados por el Franquismo por localizar, y eso que en los últimos años se han recuperado en torno a 270 víctimas».
«Además, seguimos sin una estimación real de combatientes de los dos bandos aún desaparecidos por toda la provincia. Fueron miles los fallecidos, ya que todo Castellón fue un campo de batalla, y fácilmente quedan varios millares de soldados aún por exhumar».
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