La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado oficialmente una reclamación dirigida al Gobierno para que responda a las leyes de concordia de los gobiernos autonómicos gobernados por PP y VOX reforzando las políticas de memoria del Estado. El escrito registrado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explica como en las últimas semanas hemos visto cómo algunos gobiernos autonómicos promueven leyes de Concordia que ponen límites a los derechos de las víctimas de la dictadura y equiparan momentos históricos con el fin de blanquear el régimen franquista y a quienes se beneficiaron de su violencia política y de su corrupción económica.

El Gobierno central discute con ellos pero realmente lo que demuestran estos debates es que las víctimas del franquismo se encuentran todavía desamparadas por las instituciones democráticas y sometidas a estos vaivenes, mientras no se encuentra en ese debate la verdadera discusión que lleve al ejercicio de todos sus derechos que consisten en la apertura de investigaciones judiciales condenas y reparaciones que en ningún caso son posibles con la legislación vigente ni del Estado ni de las comunidades autónomas.

Mientras se producen esos debates las víctimas del franquismo siguen desatendidas y muriendo sin que las instituciones de la democracia en la que viven hayan garantizado sus derechos. La inexistencia de una institución que atienda a las víctimas del franquismo es una forma de revictimizarlas. Por eso exigimos, partiendo de los dictámenes sobre España del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que con carácter de urgencia el Ministerio de Política Territorial en Memoria Democrática ordene la creación de una institución que utilizando las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el territorio de todo el Estado atienda a las víctimas del franquismo que a día de hoy no tienen un lugar físico al que asistir en el que exigirle al Gobierno del Estado sus derechos, ser escuchadas y sentirse cuidadas por las instituciones democráticas que no pueden utilizar sólo la palabra víctima en los debates políticos sino que tienen que asociarla a derechos básicos de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el franquismo.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima del franquismo identificada por ADN “es incomprensible que las familias de los desaparecidos por la represión franquista no tengan una oficina en las que ser atendidas, cuidadas y donde se garanticen sus derechos. En cinco años las políticas de memoria han estado en tres ministerios distintos, como si no existiera un criterio firme y es hora, en el año 2024, de poner todos los medios para que las víctimas accedan a sus derechos”.

Copia del registro del escrito presentado al Gobierno

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