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dimarts, 21 d’abril del 2009

Yak 42. 21/04/2009. El general Navarro culpa a los forenses turcos.

21 Abr 2009
Autor intelectual
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Asegura que eran ellos los que tenían prisa e "hicieron desaparecer restos".- Rajoy ve a Trillo preocupado por el juicio del Yak-42

ELPAÍS.com - Madrid - 21/04/2009

"A Trillo le preocupa que sus colaboradores sean sancionados". Después de que los familiares de víctimas del Yak pidieran ayer en el juicio por las identificaciones erróneas que se siga investigando a quienes obtuvieron "beneficio político", el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha admitido hoy en una entrevista en Punto Radio que el ex ministro de Defensa tiene la "conciencia tranquila", pero teme que algún miembro de su equipo pueda verse implicado.

El juicio queda hoy visto para sentencia con los informes finales de las defensas del general Vicente Navarro, del comandante José Ramírez y del capitán Miguel Sáez. "El acta de identificación no goza de esa veracidad inmaculada que le han venido dando las acusaciones", ha afirmado el letrado encargado de la defensa, quien ha cargado la responsabilidad de los errores a los turcos y ha pedido la libre absolución del acusado. Según el testimonio de varios testigos que han pasado por la Audiencia, incluidos dos forenses cuya declaración no estaba inicialmente prevista, el equipo español firmó el documento sabiendo que había 30 cuerpos sin identificar porque tenían prisa para regresar a tiempo al funeral de Estado.
"Quienes tenían prisa por quitarse de en medio todos aquellos cadáveres eran las autoridades turcas. Confeccionaron ese acta de identificación en turco y en el que se hace firmar a dos forenses que no participaron en las tareas. No se les dio copia a los españoles ni en turco ni en inglés. Navarro ha dicho que no se leyó públicamente ese párrafo -en el que se menciona que había cuerpos sin identificar-", ha indicado el abogado.

"La cadena de custodia de les correspondió a los turcos; fueron los únicos que manipularon los cadáveres y entraron en las cámaras". "¿Qué credibilidad tiene ese acta y sus autores?", ha añadido el letrado para referirse al equipo de forenses locales, que en su opinión "hicieron desaparecer" un cadáver y realizaron la lista con un "cambalache" de restos. "Ninguno -ha proseguido-, salvo que queramos dar carta de naturaleza a un documento que contiene menciones falsas", ha asegurado el abogado.

Petición de cárcel
Al margen de la solicitud de los familiares de continuar investigando a los responsables políticos, el fiscal del caso, Fernando Burgos, pidió ayer cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus ayudantes, Ramírez y Sáez, al considerar que se "inventaron" los nombres de quienes no pudieron ser reconocidos. El ministerio público considera probado que el equipo médico español actuó con premura para repatriar los cuerpos aun sin identificar, posiblemente para llegar a tiempo al funeral.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, rechazó que comparecieran como testigos el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el ex ministro Trillo, tal y como solicitaban las acusaciones. Rajoy ha insistido hoy en que Trillo ha sido "objeto de querellas criminales" que no se han admitido a trámite y, durante el juicio en la Audiencia Nacional no ha sido llamado a declarar "ni siquiera como testigo". En su opinión, ya se han pedido disculpas por "los errores que se pudieron cometer". El fiscal solicitó además el pasado 27 de marzo que acudiera a declarar Jiménez Ugarte, lo que también fue rechazado. El número tres de Trillo se encargó de hablar con las familias y trató de impedir que las autoridades turcas les recibieran, como consta en una carta que le envío a Trillo en marzo de 2004.

De acuerdo con otra carta escrita en junio de 2004 por el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre, cuyo destinatario era el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, el "círculo íntimo" de Trillo conocía los errores. Ese grupo de confianza estaba compuesto por el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y el propio Bretón. "Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo", decía entonces Alejandre, pese a que en su declaración ante el tribunal negó saber quiénes lo componían.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que se produjeron errores, pero ha defendido la actuación de los responsables de Defensa. "Ahorrar sufrimiento a las familias en aquel momento tan duro no parece que sea para criminalizarlo; no se puede criminalizar a quienes trataron de acortar el dolor", ha indicado.
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Las acusaciones aseguran que todavía falta gente por juzgar

Piden investigar a los "autores intelectuales" que obtuvieron "beneficio político" de la "pronta repatriación" para celebrar el funeral de Estado ya programado
La defensa del general atribuye a los turcos los errores en las identificaciones de los cadáveres

AGENCIAS 21-04-2009

El letrado del general Vicente Navarro, Ramiro Guardiola, ha defendido la inocencia de su cliente acusando a las autoridades turcas de ser los responsables de los errores en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas del Yak-42 y ha asegurado que eran ellos y no el equipo español quienes tenían prisa por repatriar los cadáveres a España.

AUDIOS: Aguirre: "No se puede criminalizar a aquellas autoridades que, para disminuir el dolor de las familias, intentaron acotarlo"
Dos forenses turcos vienen a España con la intención de declarar en el juicio del Yak 42
El PP sigue respaldando a Trillo pese a la declaración de los dos forenses turcos
El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones
ENCUESTA: ¿Se debe investigar a los "autores intelectuales" del caso Yak-42?

Sarabia, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
El letrado, que denunció la existencia de "una vorágine de mentiras" tras la identificación errónea de los cuerpos, también solicitó que se abra una investigación contra el ex secretario general de Política de Defensa y ex 'número 3' de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, por si pudiera haber cometido un delito de "encubrimiento".

"Angustia y dolor"
En la sesión vespertina de la octava sesión del juicio, en la que expusieron sus informes las tres acusaciones particulares que han ejercido la acusación al margen de la principal asociación de víctimas, también reclamaron que las víctimas sean resarcidas por los "daños morales" derivados de "la angustia y el dolor" que sufrieron al descubrir que a sus seres queridos se les había atribuido una identidad falsa.

El abogado Leopoldo Torres explicó que las familias vieron agravado su duelo por "las noticias sobre la falsa identificación de los cadáveres", a las que se sumaron "engaños, maltratos psicológicos, amenazas e intimidaciones" por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.

El letrado, que recordó durante su exposición la frase "dejen en paz a los muertos" atribuida al ex presidente José María Aznar, también denunció las estrategias de "ocultación y manipulación" que "desde el primer día" llevaron a cabo "personas del entorno de los acusados dentro de su ámbito profesional del Ministerio de Defensa que o fueron excluidas del procedimiento o en ningún momento fueron imputados".
El fiscal Fernando Burgos explica en su informe que el general Vicente Navarro se inventó la identidad de 30 de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" en el traslado de los cuerpos. Además, la decisión de repatriar a las víctimas en dos días "estaba tomada desde el primer momento".

El fiscal Burgos solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que elaboró la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio al comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necroscopia. Así lo ha comunicado el la exposición de su informe definitivo de conclusiones en la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42.

En dicho documento, Burgos asegura que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley de Registro Civil y no tomaron muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre inmediatamente, el día 27, cuando no existía la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación" de las víctimas.

Burgos explicó que el acta elaborada por las autoridades turcas contaba con la identificación de 32 cuerpos y que los otros 30, fueron "rellenados con nombres y apellidos por el acusado", el general Navarro. Estas labores de identificación sólo pudieron ser realizadas por miembros del equipo militar enviado por el Ministerio de Defensa y en el que utilizaron datos como el uso de 'piercings' que "sólo conocía el equipo español".

Durante los dos días que se desarrollaron estas labores contaron con "la absoluta permisividad de las autoridades turcas", dijo el fiscal, que además añadió que Navarro contó con la ayuda del traductor del Consulado español, por lo que no puede alegar que no conociera el acta por encontrarse en el idioma turco. "Es la alegación de la ignorancia de lo obvio y eso no puede ser recogido por el tribunal como algo serio".

Burgos acusa a los tres acusados de un delito de falsedad de documento oficial. A esto hay que añadir la existencia de 'dolo falsario' por parte del general Navarro y sus ayudantes por actuar con "conciencia y voluntad de trasmutar la realidad" y por lo tanto quebrar "la confianza" de la sociedad y las instituciones en el ejercicio de sus funciones.
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El abogado defensor asegura que los forenses otomanos hicieron desparecer restos.
21/04/2009 13:09

La defensa del general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado en el juicio por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares muertos en el accidente del Yak-42, ha asegurado este martes que quienes tenían prisa "por quitarse de en medio esos cadáveres" eran las autoridades turcas.

Así lo ha manifestado el abogado defensor, Ramiro Guardiola, en la novena y última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que, además de Navarro, se sientan en el banquillo el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, todos acusados de un delito continuado de falsedad documental.

Guardiola ha acusado además a los forenses turcos de "hacer desaparecer" la bolsa número 42 "porque ya no servía para nada, ya que tenían los 74 cuerpos", los 62 militares españoles y la tripulación de 12 ucranianos muertos el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

El abogado del general Navarro dice que los turcos no paraba de preguntar "cómo iban" los trámites

"Mucho nos tememos que quienes tenían prisa por quitarse de en medio esos cadáveres eran las autoridades turcas", ha sostenido el letrado durante su informe final, contradiciendo así lo expuesto ayer por el teniente fiscal Fernando Burgos, quien señaló que falsearon las identificaciones con una "invención" porque había "mucha prisa" en repatriar los cuerpos.

Prueba de ello, según ha explicado Guardiola, era que los funerarios que enferetraron los cadáveres preguntaban al equipo español "cómo iban" y "eso no conecta con un equipo que tiene prisa por recuperar los cuerpos".

Según ha apuntado, la actuación "anómala e ilícita" de los forenses turcos se tuvo que producir en el "cambalache de restos y cuerpos" que había entre la tarde del 26 y la mañana del 27, período en el que estos forenses examinaron los cuerpos.

Guardiola ha asegurado que las imputaciones que pesan sobre Navarro responden al acta de identificación y a las autopsias realizadas por los forense turcos, "manantial de donde fluye todo", ha sostenido el letrado, que ha dicho las acusaciones han dotado de una "veracidad inmaculada".

"Poca credibilidad"
"Poca credibilidad se puede dar a los fiscales y forense turcos", ha recalcado el letrado, que ha añadido que las listas y las notas de campo de Navarro no tienen valor probatorio porque "no están en autos".

El letrado ha insistido en que las identificaciones realizadas por el general Navarro, "que no obtenía ningún beneficio con falsealas", fueron correctas, "con independencia de que la entrega de 30 cadáveres no fue correcta en la morgue".

"Es distinto errar en la identificación de los cadáveres en un periodo de treinta tantas horas y un escenario dantesco, como era la morgue, que errar en una identificación al cabo cinco años de instrucción en la paz y en la quietud de los despachos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", ha agregado.
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La sensibilidad de Aguirre hacia la madre de una víctima del Yak-42
“Ahorrar sufrimientos a las familias en aquel momento tan duro no es para criminalizar a nadie”
Los familiares de las víctimas siguen reclamando el testimonio de Trillo y Aznar
El fiscal del Yak 42 concluye que los acusados se "inventaron" las identidades de 30 militares
La defensa del general Navarro acusa a los turcos de tener prisa “por quitarse de en medio esos cadáveres”
Rajoy asegura que Trillo tiene “tranquilidad de conciencia”, pero Soraya está “preocupada” por el ex ministro
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dilluns, 20 d’abril del 2009

Yak 42. El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak..

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Un abogado de las familias del Yak pide que se investigue a "los autores intelectuales"

"La decisión de traer los cadáveres del Yak estaba tomada", asegura el fiscal Fernando Burgos, que pide cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus colaboradores por delito de falsedad en documento oficial

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 20/04/2009

El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, ha pedido hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según ha indicado, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".

La catástrofe del Yak-42
Federico Trillo

Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.

"La decisión estaba tomada"
"La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa", ha asegurado el fiscal Fernando Burgos, que ha expuesto durante la sesión de por la mañana la exposición de los informes definitivos en el juicio del Yak-42.

El ministerio público pide cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el siniestro ocurrido en 2003 en Turquía, y cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A los tres les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, porque eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre los documentos y contienen "datos falsos" en elementos esenciales. El fiscal considera probado que los responsables del equipo español repatriaron los cadáveres conscientes de que había cuerpos que no pudieron ser reconocidos. En su opinión, los acusados realizaron una "invención", puesto que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, y los 30 espacios vacíos fueron "rellenados con nombres y apellidos".

Dos forenses turcos, cuya declaración no estaba prevista inicialmente, ratificaron la semana pasada ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que los responsables del equipo español decidieron volver con los cuerpos de los militares sin identificar porque tenían prisa para llegar al funeral. El fiscal ha apuntado hoy en la misma dirección: "Tenían que salir con los cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no".

Una relación "cínica"
"Si esos documentos no se hubieran falseado no se hubiera podido enterrar o incinerar a las personas", ha manifestado el fiscal. "Se activaron los servicios de la compañía funeraria el mismo día 26 de mayo de 2003 (cuando se produjo el siniestro), se despreciaron datos que aparecían en los anillos, se introdujo en un féretro de tres personas", ha proseguido el fiscal. "Todos estos indicios revelan que necesariamente los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente por las razones que fuera, al parecer determinadas por la celebración de un funeral. El estado de los restos permitía la identificación decía Navarro, pero este es un documento oficial que falta a la verdad", ha explicado Burgos.

"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trta de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira", ha dicho la acusación particular.

"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trata de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira; hubo conciencia de lo que estaba sucediendo, de que era imposible de identificar todos los cuerpos y una voluntad de de decir lo que no era la realidad", ha dicho la acusación particular.

Ausencias políticas
"No han venido los responsables políticos", ha lamentado durante su exposición el representante de la acusación particular de los familiares, que ha recordado los nombres del ex presidente José María Aznar, el ex ministro Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los ausentes, al margen de otros personas cuya declaración hubiera podido ser, en su opinión, interesante para arrojar "más luz" como todos los forenses turcos o el director del laboratorio de Estambul. El abogado ha pedido que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quién ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares.

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. La Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. La acusación particular ha recalcado durante su exposición el daño moral causado a las familias: "No están fortalecidos ante un fraude de quien más confían. Ha habido familias militares frustradas por el comportamiento de mandos; no hay auxilio en mi casa, hay desprecio en mi casa, me voy a la justicia, pensaron. El alivio se ha producido en esta sala".

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Vídeo: Piden cinco años de cárcel para el General Navarro
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El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak

Alejandre, ex jefe del Ejército, se lo reprochó en una carta al general Bretón

MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 20/04/2009

"Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo, Lorenzo, Jiménez Ugarte, entiendo que tú. Dudo que Antonio Moreno y Gallarza lo supieran. ¿Torrente? ¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste ante posturas más valientes o duras? ¿Por qué estuviste a punto de cortar la carrera de Emilio [Pérez] Alamán, que defendía posturas parecidas a la de la actual Administración?"

Alguien hizo desaparecer los anillos que llevaban varios cadáveres
Si hay delito, hay instigadores y encubridores, según las acusaciones

Cuando compareció como testigo, el pasado 1 de abril, ante el tribunal que juzga el caso Yak 42, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre dijo no entender a quiénes se refería un abogado con la expresión "círculo íntimo" de Trillo. Pero en la carta que escribió el 13 de junio de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, parecía seguro de quiénes lo integraban: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y "tú". Es decir, el destinatario de la misiva: el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, quien también declaró como testigo en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de los dos generales ante el tribunal coincidieron en un punto: en la reunión que el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente, celebró el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa nadie comentó que hubiera problemas con la identificación de los cadáveres.

Reunión en la cúpula
Alejandre alegó además no recordar si le comentó al ex jefe de la cúpula militar Félix Sanz, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio. Lo que, en todo caso, subrayó, nunca hizo.

Pero si el entonces jefe del Ejército no sabía nada de las falsas identificaciones ¿quién lo sabía? "Dudo que Antonio Moreno [Barberá] y [Eduardo González] Gallarza lo supiesen", prosigue Alejandre en su epístola al general Bretón, aludiendo a quienes eran en esa época jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, respectivamente. "¿[Francisco] Torrente?", insinúa, en referencia al almirante jefe de la Armada, con quien se enfrentó al final de su carrera.

¿Quién lo sabía? Alejandre no es el único que se ha hecho esta pregunta. También la han formulado repetidamente, sin hallar respuesta, las familias de los militares muertos en el accidente. Lo que parece claro, a la luz de lo oído en el juicio, que hoy entra en su fase final con los alegatos del fiscal y las acusaciones, es que mucha gente estaba al corriente de que casi la mitad de los 62 cadáveres fueron repatriados sin identificar y se les enterró o incineró con nombre falso.

Según Bulent Sam, uno de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar, el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico, y el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta en el que se comprometían a identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles. Aunque alegaron que no entendieron el sentido del acta porque estaba en turco, el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. El forense turco reveló además que los dos generales recibieron una copia del acta tras firmarla, aunque jamás ha aparecido. Como tampoco lo han hecho las fichas que sirvieron para elaborarla y que, según confesó Navarro, destruyó después de que estallase el escándalo.

Pero aunque Navarro y Beltrán no hubieran informado a la cúpula del departamento, sí lo hizo como mínimo el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien, según dijo en el juicio, nada más llegar a Madrid, el mismo día del funeral, advirtió a sus superiores, en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.

Oficialmente, algunos de ellos lo habían sido gracias a objetos personales como anillos con el nombre del cónyuge y la fecha de la boda. Cuando las viudas los reclamaron, Defensa les contestó -y no sólo a ellas, sino también al Congreso, en respuesta por escrito- que habían sido enterrados en los féretros por orden del juez turco. Mentía: ningún juez turco intervino en el caso y, cuando se reabrieron los ataúdes (para intercambiar los cadáveres erróneamente asignados a familias que no eran suyas), los anillos no estaban dentro. Su desaparición es uno de los misterios sin aclarar.

Tampoco se ha explicado quién ordenó desactivar el equipo de catástrofes de la Guardia Civil, que estaba ya listo en la base de Torrejón para salir hacia Turquía con todo el material necesario para realizar una identificación correcta. Y por qué.

Muy pocos militares se atrevieron entonces a elevar una tímida protesta. Uno de ellos fue, como recordaba Alejandre en su carta, el general Emilio Pérez Alamán, a quien Trillo puso en la lista negra porque criticó el trato a los parientes de los fallecidos.

Si el general Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez cometieron un delito, y así lo sostienen el fiscal y las acusaciones, tuvo que haber instigadores, cooperadores, cómplices y encubridores, según las familias de las víctimas.

El tribunal ha tendido un cortafuego alrededor a los tres mandos militares que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Trillo ni siquiera ha sido citado como testigo, igual que Jiménez-Ugarte, y la declaración de Beltrán, imputado en la instrucción pero no en el juicio, fue desmontada por el testimonio de los forenses turcos. Con estos mimbres, puede haber sentencia. Pero será muy difícil explicar la razón de que los acusados actuaran como lo hicieron.
"¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste?", le reprocha el general Alejandre a Bretón en su misiva.

En el caso Yak-42 hubo algunos que supieron y muchos que no quisieron saber. Al menos, cuando aún era tiempo.
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El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones

Asegura que la decisión de repatriar los cuerpos incluso sin identificar se tomó "desde un primer momento" por las "prisas" para llegar al funeral

SERVIMEDIA 20-04-2009

El fiscal del caso Yak-42, Fernando Burgos, ha acusado al general Vicente Navarro y a sus subordinados de "inventarse" la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo y aseguró que lo hicieron por las "prisas" que tenían por repatriar los cadáveres a tiempo para llegar al funeral de Estado, que se celebró tan sólo tres días después de la catástrofe.

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El representante del Ministerio Público ha hecho un resumen de todas los indicios que, a su entender, prueban que los tres acusados, Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, cometieron un delito continuado de falsedad en documento oficial. Burgos pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos hizo estas afirmaciones durante la octava sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), provocando la mayor catátrofe de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Llama "cínicos" a los acusados
Durante la lectura de su informe de conclusiones, de un perfil muy técnico, el fiscal Burgos tildó de "cínicos" a los acusados por inventarse "torticeramente" y a sabiendas la identificación de 30 de las 62 víctimas. "La razón es que tenían prisa", aseguró. En este sentido, Burgos señaló que la decisión de repatriar cuanto antes los cadáveres, incluso sin identificar, se tomó "desde un primer momento." Para demostrar este extremo, el fiscal señaló que, por ejemplo, el equipo español "se despidió" del hotel en el que estaban alojados en Trebisonda el mismo día 27, antes de que hubiesen comenzado con el grueso de los trabajos de identificación.

Además, indicó que no se tomaron las muestras de ADN "no porque no les dejaran, sino porque tenían prisa". De hecho, destacó que al día siguiente del accidente se decidió no tomar muestras genéticas a los familiares, algo que era imprescindible para indentificar a las víctimas mediante el ADN. El fiscal Burgos también subrayó que los servicios de la funeraria que viajó a Turquía para ayudar en la repatración así como los aviones Hércules en los que viajaron los féretros se activaron en la tarde del 26 de mayo, el mismo día del accidente. Por otro lado, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en los númerosos testigos que han comparecido ante el tribunal y que han desmentido la versión de los hechos ofrecida por los acusados, en especial en relación con los presuntos problemas de comunicación y la supuesta falta de colaboración de las autoridades turcas. En este sentido, dijo que, en contra de lo expresado por los acusados, los testimonios practicados en la vista oral han probado "la total ausencia de problemas planteados por parte del equipo turco". Burgos destacó que los militares españoles sí tuvieron la asistencia de un traductor y que, además, pudieron comunicarse con las autoridades turcas gracias a "los conocimientos de inglés de unos y otros". "Los acusados dicen que ignoraban lo obvio, esto no puede ser recogido por el tribunal como algo serio", señaló el fiscal.

La invención de los acusados de la identidad de 30 de las 62 víctimas, recogidas en la lista elaborada en Turquía, provocó que se faltara a la verdad en cuatro documentos oficiales: los certificados necropsia, los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios.

"Estas falsedades se pueden atribuir a Navarro, dominador de todos los actos y autor de la primera lista, y a los otros dos acusados, que saben perfectamente que los restos que se introducen en las féretros no corresponden a la identidad que se les atribuye", concluyó Burgos.
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El fiscal acusa a Navarro de inventar identidades

Dice que la decisión de trasladar los cuerpos "estaba tomada desde el primer momento".

EUROPA PRESS - Madrid - 20/04/2009 13:41

El fiscal Fernando Burgos aseguró hoy que el general Vicente Navarro llevó a cabo la "invención" de los documentos que atribuían erróneamente 30 de las 62 identidades de las víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación.

"Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".

Solicita cinco años para el general médico Navarro y cuatro para los que redactaron los informes

El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre efectuados inmeditamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".

Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
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diumenge, 2 de novembre del 2008

Uno de los nuestros: Una firma participada per la família del Conseller Cotino factura milions al Consell.

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Dependència
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Una firma participada por la familia de Cotino factura millones al Consell

En 2007 percibió 15,9 millones de euros por plazas en asilos subvencionados

JAIME PRATS - Valencia - 02/11/2008

La familia del consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, es uno de los principales propietarios de Gerocentros del Mediterráneo, empresa líder del sector de residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Esta firma, que opera en el mercado de los geriátricos bajo el nombre comercial Savia Centros Residenciales, recibió en 2007 la suma de 15,9 millones de euros en concepto de plazas subvencionadas por la Generalitat. Así se desprende de las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por el diputado socialista Antonio Torres, en las que el Gobierno valenciano indica que 18 residencias del grupo Savia obtuvieron fondos públicos para sufragar 955 plazas.

Gerocentros fue la principal adjudicataria del plan de construcción de nuevos centros de la tercera edad impulsado en 2001 por el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco. Este plan, que entró en vigor en 2003, incentivó la construcción de nuevas residencias por parte del sector privado a cambio de garantizar la Administració que ocuparía un tercio de estas plazas, las llamadas de accesibilidad social. Gerocentros recibió en 2007 un total de 11,2 millones de euros por este concepto y casi cinco por el bono-residencia, otra fórmula de financiación pública.
Los acuerdos de esta empresa con la Administración son previos a la llegada de Juan Cotino a la consejería, una circunstancia que se produjo en junio de 2007. Gerocentros del Mediterráneo, que cerró el año 2006 con una facturación de unos seis millones de euros, está participada en un 38,7% por Sedesa Concesiones (filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA, ligada a la familia de Cotino). Enrique Ortiz e Hijos posee también un 38,7%, la empresa castellonense Doalco el 10,96% y el grupo murciano Fuertes un 11,64%, según el último cambio accionarial que trascendió el año pasado.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social indicaron a este diario que el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell "no mantiene ninguna relación con empresas de este sector".

Nueve meses de silencio
En enero de 2008, un acuerdo del Consell introdujo un cambio de modelo en la gestión de las plazas denominadas de accesibilidad social. Se acordó fijar contratos individualizados con las 52 residencias con las que se conciertan plazas. Además, se incorporó la posibilidad de rebasar el tercio del total de la capacidad del centro para uso público (concertado) y se establecieron acuerdos de 15 años de duración, frente a los de cinco años prorrogables del plan de Rafael Blasco. El diputado socialista Antonio Torres ha solicitado en dos ocasiones una copia de este acuerdo, anunciado el 25 de enero pasado y que comportaba una financiación de 436,7 millones de euros. La primera petición, dirigida a la presidenta de las Cortes Valencianas es del 29 de abril de 2008. La segunda es del 12 septiembre. En ningún caso ha obtenido respuesta. Para Antonio Torres, estos cambios han supuesto "blindar" las condiciones de estas empresas, entre las que se encuentra la participada por la familia del consejero. Además, denuncia que este departamento se está centrando en potenciar la asistencia residencial, cuando "lo que demandan las personas es recibir asistencia en casa, no desplazarse a una residencia". Bienestar Social apunta que esta modificación de las condiciones del plan Blasco responde a la adecuación a la ley de la Dependencia.

El viernes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps,presentó un nuevo acuerdo para concertar 8.109 plazas residenciales a partir de 2009 que sustituirá el bono residencia y que también, señaló, responde a las necesidades de la ley de Dependencia.
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