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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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dilluns, 20 d’abril del 2009
dissabte, 7 de febrer del 2009
La Satrapia de Paco Camps. 07/02/2009.
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El Síndic de Greuges pidió 345 veces al Consell que resolviera casos de dependencia
18:36
La Sindicatura de Greuges remitió 345 recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social durante 2008 para pedirle la resolución de los expedientes de otras tantas personas dependientes que han solicitado las ayudas que contempla la conocida como Ley de Dependencia
EFE Los expedientes, que se emitieron entre marzo y diciembre, se originaron por las quejas de los afectados debido a los retrasos en la aplicación de esta norma, aunque la Sindicatura también actuó de oficio en una ocasión para denunciar, entre otras cosas, esos mismos retrasos, así como que el personal es "insuficiente y con formación y experiencia dudosa".
Los meses en los que más recomendaciones se trasladaron al Gobierno valenciano fue el de octubre, con 119 resoluciones; seguido de septiembre, con 65; noviembre, con 64, y diciembre, con veintiocho.
Del lado contrario se sitúan marzo, con una queja; abril, con tres; mayo y junio, con trece cada uno; agosto, con diecinueve, y julio, con veinte documentos enviados, mientras que entre enero y febrero la Sindicatura no remitió ningún documento.
Las razones que motivaron todas las quejas fueron los retrasos en la resolución de los expedientes de los solicitantes, quienes están a la espera de valoración, de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, de examen médico o de alguno de los informes preceptivos.
En otros casos, las razones para no tener resuelta la solicitud fueron la falta de documentación o la no inclusión de algunos solicitantes en el ámbito de la aplicación de la ley, mientras que varias personas fallecieron durante el año pasado a la espera de ver resueltos sus expedientes.
Las primeras resoluciones están firmadas por la Síndica en funciones, Emilia Caballero, pero a partir de julio lo hace el adjunto segundo Carlos Morenilla, quien sustituyó durante varios meses a Caballero, debido a la modificación del reglamento que regula la institución, aprobada por el PP, para que la interinidad del cargo fuera rotatoria.
Sin embargo, Caballero volvió a dirigir la institución el 22 de diciembre, en cumplimiento de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a la modificación de citado reglamento, aprobada en la Comisión de Peticiones de Les Corts.
En sus informes, tanto Caballero como Morenilla recomiendan a la Conselleria que "a la mayor brevedad posible" o "de inmediato", según quien firme el documento, proceda a resolver los expedientes, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención correspondan".
En la mayoría de escritos, ambos realizan un repaso de lo establecido por la Ley de Dependencia respecto al tipo de prestaciones que se ofrecen y el procedimiento para su obtención, y también recuerdan las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones.
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ERC critica el contrato de la Generalitat con la firma del líder de España 2000
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ERC acude al Gobierno para la reciprocidad de emisiones de TV3 y Canal 9
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Justicia dice que el refuerzo de Nules fue por la carga de trabajo y no por Fabra
Afirma que no actúa en función de la "subjetividad de los asuntos"
J. G. G., Valencia
La Conselleria de Justicia pidió reforzar el juzgado de Nules (Castelló) con la creación de un cuarto juzgado "dada la carga de trabajo que soportaba [...], igual que muchos partidos judiciales de la Comunitat" y no por el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Así lo asegura la consellera Paula Sánchez de León en una respuesta a la diputada de Compromís, Mireia Mollà.
Ésta instó a tomar medidas para agilizar la causa de Fabra, tras recordar que, pese a aprobar el Ministerio de Justicia los jueces de refuerzo, la conselleria se negó a enviar el personal de apoyo hasta principios de enero pasado. La consellera contesta que las peticiones de refuerzo al ministerio se realizan "atendiendo únicamente la carga de trabajo" y "nunca con respecto a la subjetividad de los asuntos tramitados". Para ello, añade, se basan en los informes estadísticos del CGPJ.
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El Síndic de Greuges pidió 345 veces al Consell que resolviera casos de dependencia
18:36
La Sindicatura de Greuges remitió 345 recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social durante 2008 para pedirle la resolución de los expedientes de otras tantas personas dependientes que han solicitado las ayudas que contempla la conocida como Ley de Dependencia
EFE Los expedientes, que se emitieron entre marzo y diciembre, se originaron por las quejas de los afectados debido a los retrasos en la aplicación de esta norma, aunque la Sindicatura también actuó de oficio en una ocasión para denunciar, entre otras cosas, esos mismos retrasos, así como que el personal es "insuficiente y con formación y experiencia dudosa".
Los meses en los que más recomendaciones se trasladaron al Gobierno valenciano fue el de octubre, con 119 resoluciones; seguido de septiembre, con 65; noviembre, con 64, y diciembre, con veintiocho.
Del lado contrario se sitúan marzo, con una queja; abril, con tres; mayo y junio, con trece cada uno; agosto, con diecinueve, y julio, con veinte documentos enviados, mientras que entre enero y febrero la Sindicatura no remitió ningún documento.
Las razones que motivaron todas las quejas fueron los retrasos en la resolución de los expedientes de los solicitantes, quienes están a la espera de valoración, de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, de examen médico o de alguno de los informes preceptivos.
En otros casos, las razones para no tener resuelta la solicitud fueron la falta de documentación o la no inclusión de algunos solicitantes en el ámbito de la aplicación de la ley, mientras que varias personas fallecieron durante el año pasado a la espera de ver resueltos sus expedientes.
Las primeras resoluciones están firmadas por la Síndica en funciones, Emilia Caballero, pero a partir de julio lo hace el adjunto segundo Carlos Morenilla, quien sustituyó durante varios meses a Caballero, debido a la modificación del reglamento que regula la institución, aprobada por el PP, para que la interinidad del cargo fuera rotatoria.
Sin embargo, Caballero volvió a dirigir la institución el 22 de diciembre, en cumplimiento de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a la modificación de citado reglamento, aprobada en la Comisión de Peticiones de Les Corts.
En sus informes, tanto Caballero como Morenilla recomiendan a la Conselleria que "a la mayor brevedad posible" o "de inmediato", según quien firme el documento, proceda a resolver los expedientes, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención correspondan".
En la mayoría de escritos, ambos realizan un repaso de lo establecido por la Ley de Dependencia respecto al tipo de prestaciones que se ofrecen y el procedimiento para su obtención, y también recuerdan las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones.
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ERC critica el contrato de la Generalitat con la firma del líder de España 2000
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ERC acude al Gobierno para la reciprocidad de emisiones de TV3 y Canal 9
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Justicia dice que el refuerzo de Nules fue por la carga de trabajo y no por Fabra
Afirma que no actúa en función de la "subjetividad de los asuntos"
J. G. G., Valencia
La Conselleria de Justicia pidió reforzar el juzgado de Nules (Castelló) con la creación de un cuarto juzgado "dada la carga de trabajo que soportaba [...], igual que muchos partidos judiciales de la Comunitat" y no por el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Así lo asegura la consellera Paula Sánchez de León en una respuesta a la diputada de Compromís, Mireia Mollà.
Ésta instó a tomar medidas para agilizar la causa de Fabra, tras recordar que, pese a aprobar el Ministerio de Justicia los jueces de refuerzo, la conselleria se negó a enviar el personal de apoyo hasta principios de enero pasado. La consellera contesta que las peticiones de refuerzo al ministerio se realizan "atendiendo únicamente la carga de trabajo" y "nunca con respecto a la subjetividad de los asuntos tramitados". Para ello, añade, se basan en los informes estadísticos del CGPJ.
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diumenge, 9 de novembre del 2008
El 27% de los discapacitados, sin ayudas.
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El 27% de los discapacitados, sin ayudas
El número de discapacitados en la Comunitat asciende a 452.800, con una tasa del 9,92%
EFE La tasa de discapacidad en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 9,92 por ciento y , según el avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD).En el conjunto nacional, en 3,3 millones de hogares españoles reside al menos un discapacitado -un 20 por ciento del total- y en 608.000 de ellos la persona vive sola, segúnLa encuesta, publicada hoy por el INE, sitúa el número de personas con discapacidad en 3,8 millones, el 8,5 por ciento de la población.La tasa de la Comunitat es algo superior a la media nacional, fijada en el 8,97 por cien habitantes.Los resultados muestran que más de dos millones reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y medio ayudas técnicas.Sin embargo, más de un millón de personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad (el 26,6 por ciento del colectivo).Por sexo, se observan diferencias significativas: el 31,7 por ciento de los hombres con discapacidad no goza de ninguna ayuda, frente al 23,2 por ciento de las mujeres.Cuando se analizan los tipos de ayuda, el 60,7 por ciento de las mujeres tiene ayuda de otras personas, frente al 47,1 por ciento de los hombres.El perfil de la persona principal que presta cuidados personales es una mujer, de 45 a 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida.Según la encuesta, más de 2,3 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres.Si se compara esta estadística con la realizada por el INE en 1999, la cifra de personas con discapacidad ha crecido en 320.000.Sin embargo, dado que el crecimiento de discapacitados ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha bajado del 9 por ciento de 1999 hasta el 8,5 por ciento en 2008.Como conclusión, se puede afirmar que, en general, la discapacidad aparece a edades más tardías, aunque haya aumentado el período de exposición al riesgo de discapacidad debido al aumento de la esperanza de vida.En 2008 la edad media de las personas con discapacidad es 64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3.En el grupo de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 2008 frente a 77,1 en 1999.Por otro lado, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20 por ciento de los hogares españoles, y en 608.000 de éstos la persona con discapacidad vive sola.No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad.Los principales grupos de discapacidad de las personas residentes en hogares son los de movilidad, vida doméstica y autocuidado.La encuesta ha investigado también las deficiencias que causan la discapacidad, entendiendo por deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal.Las deficiencias más frecuentes son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del oído (23,8 por ciento), las visuales (21 por ciento) y las mentales (19 por ciento).En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia.La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad (casi siete de cada diez casos), predominando una enfermedad común no profesional.El segundo factor más importante son otras causas, especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye el envejecimiento como origen de la deficiencia.Le siguen los accidentes y los problemas perinatales (causas congénitas o problemas en el parto).La EDAD 2008 ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas mayores, los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos de larga estancia.Según los resultados de la encuesta, 269.400 personas que residen en este tipo de centros afirman tener alguna discapacidad (92,7% del total).
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Los olvidados de la dependencia
Los psiquiatras exigen una revisión del baremo para incluir las enfermedades mentales
P. G. del Burgo, ValenciaLos enfermos mentales son los eternos malditos y olvidados, porque de ellos solo se acuerdan sus familias y los psiquiatras y profesionales que los atienden, quienes ayer reclamaron en Valencia una revisión del baremo de la Ley de la Dependencia para incorporar la discapacidad mental que ahora ni se plantea. Esta fue una de las reivindicaciones que ayer planteó el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Julio Bobes, quien manifestó que estos pacientes "precisan un estímulo para realizar sus actividades cotidianas, tareas domésticas y para adoptar decisiones sociolaborales y personales".El especialista exigió que la ley de la dependencia tenga en cuenta los informes de los psiquiatras clínicos, de los cuidados que requieren y de la situación social en la que se encuentran estos enfermos ya que el médico de atención primaria, en muchas ocasiones, no conoce la gravedad del paciente ni el impacto sobre sus cuidados.De hecho, entre las diez enfermedades más discapacitantes hay diversas patologías mentales como el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el abuso de sustancias.El psiquiatra criticó la falta de diligencia de algunas comunidades en aplicar la ley de la dependencia y "las inequidades y falta de coordinación"Asimismo, Bobes denunció que los recursos que se dedican a la rehabilitación psiquiátrica de los pacientes con discapacidad son insuficientes aunque reconoció que en la última década se había advertido una mejora clara en todas las autonomías.
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A 17.000 personas solo les falta un papel
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El 27% de los discapacitados, sin ayudas
El número de discapacitados en la Comunitat asciende a 452.800, con una tasa del 9,92%
EFE La tasa de discapacidad en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 9,92 por ciento y , según el avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD).En el conjunto nacional, en 3,3 millones de hogares españoles reside al menos un discapacitado -un 20 por ciento del total- y en 608.000 de ellos la persona vive sola, segúnLa encuesta, publicada hoy por el INE, sitúa el número de personas con discapacidad en 3,8 millones, el 8,5 por ciento de la población.La tasa de la Comunitat es algo superior a la media nacional, fijada en el 8,97 por cien habitantes.Los resultados muestran que más de dos millones reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y medio ayudas técnicas.Sin embargo, más de un millón de personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad (el 26,6 por ciento del colectivo).Por sexo, se observan diferencias significativas: el 31,7 por ciento de los hombres con discapacidad no goza de ninguna ayuda, frente al 23,2 por ciento de las mujeres.Cuando se analizan los tipos de ayuda, el 60,7 por ciento de las mujeres tiene ayuda de otras personas, frente al 47,1 por ciento de los hombres.El perfil de la persona principal que presta cuidados personales es una mujer, de 45 a 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida.Según la encuesta, más de 2,3 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres.Si se compara esta estadística con la realizada por el INE en 1999, la cifra de personas con discapacidad ha crecido en 320.000.Sin embargo, dado que el crecimiento de discapacitados ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha bajado del 9 por ciento de 1999 hasta el 8,5 por ciento en 2008.Como conclusión, se puede afirmar que, en general, la discapacidad aparece a edades más tardías, aunque haya aumentado el período de exposición al riesgo de discapacidad debido al aumento de la esperanza de vida.En 2008 la edad media de las personas con discapacidad es 64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3.En el grupo de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 2008 frente a 77,1 en 1999.Por otro lado, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20 por ciento de los hogares españoles, y en 608.000 de éstos la persona con discapacidad vive sola.No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad.Los principales grupos de discapacidad de las personas residentes en hogares son los de movilidad, vida doméstica y autocuidado.La encuesta ha investigado también las deficiencias que causan la discapacidad, entendiendo por deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal.Las deficiencias más frecuentes son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del oído (23,8 por ciento), las visuales (21 por ciento) y las mentales (19 por ciento).En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia.La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad (casi siete de cada diez casos), predominando una enfermedad común no profesional.El segundo factor más importante son otras causas, especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye el envejecimiento como origen de la deficiencia.Le siguen los accidentes y los problemas perinatales (causas congénitas o problemas en el parto).La EDAD 2008 ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas mayores, los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos de larga estancia.Según los resultados de la encuesta, 269.400 personas que residen en este tipo de centros afirman tener alguna discapacidad (92,7% del total).
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Los olvidados de la dependencia
Los psiquiatras exigen una revisión del baremo para incluir las enfermedades mentales
P. G. del Burgo, ValenciaLos enfermos mentales son los eternos malditos y olvidados, porque de ellos solo se acuerdan sus familias y los psiquiatras y profesionales que los atienden, quienes ayer reclamaron en Valencia una revisión del baremo de la Ley de la Dependencia para incorporar la discapacidad mental que ahora ni se plantea. Esta fue una de las reivindicaciones que ayer planteó el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Julio Bobes, quien manifestó que estos pacientes "precisan un estímulo para realizar sus actividades cotidianas, tareas domésticas y para adoptar decisiones sociolaborales y personales".El especialista exigió que la ley de la dependencia tenga en cuenta los informes de los psiquiatras clínicos, de los cuidados que requieren y de la situación social en la que se encuentran estos enfermos ya que el médico de atención primaria, en muchas ocasiones, no conoce la gravedad del paciente ni el impacto sobre sus cuidados.De hecho, entre las diez enfermedades más discapacitantes hay diversas patologías mentales como el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el abuso de sustancias.El psiquiatra criticó la falta de diligencia de algunas comunidades en aplicar la ley de la dependencia y "las inequidades y falta de coordinación"Asimismo, Bobes denunció que los recursos que se dedican a la rehabilitación psiquiátrica de los pacientes con discapacidad son insuficientes aunque reconoció que en la última década se había advertido una mejora clara en todas las autonomías.
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A 17.000 personas solo les falta un papel
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diumenge, 2 de novembre del 2008
Uno de los nuestros: Una firma participada per la família del Conseller Cotino factura milions al Consell.
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Dependència
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Una firma participada por la familia de Cotino factura millones al Consell
En 2007 percibió 15,9 millones de euros por plazas en asilos subvencionados
JAIME PRATS - Valencia - 02/11/2008
La familia del consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, es uno de los principales propietarios de Gerocentros del Mediterráneo, empresa líder del sector de residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Esta firma, que opera en el mercado de los geriátricos bajo el nombre comercial Savia Centros Residenciales, recibió en 2007 la suma de 15,9 millones de euros en concepto de plazas subvencionadas por la Generalitat. Así se desprende de las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por el diputado socialista Antonio Torres, en las que el Gobierno valenciano indica que 18 residencias del grupo Savia obtuvieron fondos públicos para sufragar 955 plazas.
Gerocentros fue la principal adjudicataria del plan de construcción de nuevos centros de la tercera edad impulsado en 2001 por el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco. Este plan, que entró en vigor en 2003, incentivó la construcción de nuevas residencias por parte del sector privado a cambio de garantizar la Administració que ocuparía un tercio de estas plazas, las llamadas de accesibilidad social. Gerocentros recibió en 2007 un total de 11,2 millones de euros por este concepto y casi cinco por el bono-residencia, otra fórmula de financiación pública.
Los acuerdos de esta empresa con la Administración son previos a la llegada de Juan Cotino a la consejería, una circunstancia que se produjo en junio de 2007. Gerocentros del Mediterráneo, que cerró el año 2006 con una facturación de unos seis millones de euros, está participada en un 38,7% por Sedesa Concesiones (filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA, ligada a la familia de Cotino). Enrique Ortiz e Hijos posee también un 38,7%, la empresa castellonense Doalco el 10,96% y el grupo murciano Fuertes un 11,64%, según el último cambio accionarial que trascendió el año pasado.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social indicaron a este diario que el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell "no mantiene ninguna relación con empresas de este sector".
Nueve meses de silencio
En enero de 2008, un acuerdo del Consell introdujo un cambio de modelo en la gestión de las plazas denominadas de accesibilidad social. Se acordó fijar contratos individualizados con las 52 residencias con las que se conciertan plazas. Además, se incorporó la posibilidad de rebasar el tercio del total de la capacidad del centro para uso público (concertado) y se establecieron acuerdos de 15 años de duración, frente a los de cinco años prorrogables del plan de Rafael Blasco. El diputado socialista Antonio Torres ha solicitado en dos ocasiones una copia de este acuerdo, anunciado el 25 de enero pasado y que comportaba una financiación de 436,7 millones de euros. La primera petición, dirigida a la presidenta de las Cortes Valencianas es del 29 de abril de 2008. La segunda es del 12 septiembre. En ningún caso ha obtenido respuesta. Para Antonio Torres, estos cambios han supuesto "blindar" las condiciones de estas empresas, entre las que se encuentra la participada por la familia del consejero. Además, denuncia que este departamento se está centrando en potenciar la asistencia residencial, cuando "lo que demandan las personas es recibir asistencia en casa, no desplazarse a una residencia". Bienestar Social apunta que esta modificación de las condiciones del plan Blasco responde a la adecuación a la ley de la Dependencia.
El viernes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps,presentó un nuevo acuerdo para concertar 8.109 plazas residenciales a partir de 2009 que sustituirá el bono residencia y que también, señaló, responde a las necesidades de la ley de Dependencia.
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Dependència
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Una firma participada por la familia de Cotino factura millones al Consell
En 2007 percibió 15,9 millones de euros por plazas en asilos subvencionados
JAIME PRATS - Valencia - 02/11/2008
La familia del consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, es uno de los principales propietarios de Gerocentros del Mediterráneo, empresa líder del sector de residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Esta firma, que opera en el mercado de los geriátricos bajo el nombre comercial Savia Centros Residenciales, recibió en 2007 la suma de 15,9 millones de euros en concepto de plazas subvencionadas por la Generalitat. Así se desprende de las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por el diputado socialista Antonio Torres, en las que el Gobierno valenciano indica que 18 residencias del grupo Savia obtuvieron fondos públicos para sufragar 955 plazas.
Gerocentros fue la principal adjudicataria del plan de construcción de nuevos centros de la tercera edad impulsado en 2001 por el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco. Este plan, que entró en vigor en 2003, incentivó la construcción de nuevas residencias por parte del sector privado a cambio de garantizar la Administració que ocuparía un tercio de estas plazas, las llamadas de accesibilidad social. Gerocentros recibió en 2007 un total de 11,2 millones de euros por este concepto y casi cinco por el bono-residencia, otra fórmula de financiación pública.
Los acuerdos de esta empresa con la Administración son previos a la llegada de Juan Cotino a la consejería, una circunstancia que se produjo en junio de 2007. Gerocentros del Mediterráneo, que cerró el año 2006 con una facturación de unos seis millones de euros, está participada en un 38,7% por Sedesa Concesiones (filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA, ligada a la familia de Cotino). Enrique Ortiz e Hijos posee también un 38,7%, la empresa castellonense Doalco el 10,96% y el grupo murciano Fuertes un 11,64%, según el último cambio accionarial que trascendió el año pasado.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social indicaron a este diario que el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell "no mantiene ninguna relación con empresas de este sector".
Nueve meses de silencio
En enero de 2008, un acuerdo del Consell introdujo un cambio de modelo en la gestión de las plazas denominadas de accesibilidad social. Se acordó fijar contratos individualizados con las 52 residencias con las que se conciertan plazas. Además, se incorporó la posibilidad de rebasar el tercio del total de la capacidad del centro para uso público (concertado) y se establecieron acuerdos de 15 años de duración, frente a los de cinco años prorrogables del plan de Rafael Blasco. El diputado socialista Antonio Torres ha solicitado en dos ocasiones una copia de este acuerdo, anunciado el 25 de enero pasado y que comportaba una financiación de 436,7 millones de euros. La primera petición, dirigida a la presidenta de las Cortes Valencianas es del 29 de abril de 2008. La segunda es del 12 septiembre. En ningún caso ha obtenido respuesta. Para Antonio Torres, estos cambios han supuesto "blindar" las condiciones de estas empresas, entre las que se encuentra la participada por la familia del consejero. Además, denuncia que este departamento se está centrando en potenciar la asistencia residencial, cuando "lo que demandan las personas es recibir asistencia en casa, no desplazarse a una residencia". Bienestar Social apunta que esta modificación de las condiciones del plan Blasco responde a la adecuación a la ley de la Dependencia.
El viernes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps,presentó un nuevo acuerdo para concertar 8.109 plazas residenciales a partir de 2009 que sustituirá el bono residencia y que también, señaló, responde a las necesidades de la ley de Dependencia.
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dilluns, 27 d’octubre del 2008
El Consell sólo reconoce ayudas a tres enfermos mentales de un total de 200 casos idénticos
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El Consell sólo reconoce ayudas a tres enfermos mentales de un total de 200 casos idénticos
Bienestar Social argumentó a la asociación que hizo la petición que "no hay dinero"
Amat Sapena, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social sólo ha reconocido a tres discapacitados psíquicos como dependientes de las 200 solicitudes presentadas por la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avasede) pese a que todos los casos son idénticos.Para obtener una pensión no contributiva han tenido que pasar una evaluación médica y después es un tribunal el que decide quién es discapacitado para recibir la ayuda de la Generalitat Valenciana que corresponda.
Fuentes de Avasede manifestaron a Levante-EMV que "todos los expedientes enviados cumplen los requisitos, luego no entendemos porque aprueban tres y rechazan los 197 restantes". La explicación llegó por vía telefónica. "'No hay dinero',fue la única argumentación de la conselleria. Esa es la única razón que nos han dado para explicar la vara de medir que utilizan para dar o denegar ayudas por la Ley de la Dependencia", señalan las mismas fuentes.
Siete millones de euros más
Sin embargo, el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del pasado día 24 de octubre publicaba el destino de 7 millones de euros para ampliar la dotación económica del programa para financiar la estancia en residencias de tercera edad, que se suman a los 31 millones de pesetas del presupuesto inicial, plan que ha sustituido al antiguo bono residencia. Desde Avasede señalan "hay cosas que nos parecen extrañas. Con el actual programa es la Conselleria de Bienestar Social la que decide dónde va el beneficiario de la ayuda mientras que con el bono residencia podía elegir la residencia que consideraba más idónea o que más le gustaba y después recibía la ayuda de la Generalitat. Y si no le gustaba o no se veía bien atendido, se podía cambiar a otra residencia. Sin duda, se ha salido perdiendo".Avasede defiende que el discapacitado psíquico es el gran marginado de la política social de la Generalitat. "Eso está claro, el anciano vota en unas elecciones y es importante. El enfermo mental en cuanto es incapacitado pierde el derecho al voto. Por eso unos reciben un trato y los otros son ignorados por la administración autonómica. Es así de sencillo".
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"Están sacando a los enfermos de las residencias"
A. S., Valencia
La crisis económica también está azotando a las familias con discapacitados psíquicos ingresados en residencias. En lo que va de 2008 el Consell no ha concedido ni una nueva ayuda de la Prestación Económica Individualizada (PEI). Las fuentes de Avasede dicen que "sólo están renovando las ya concedidas, pero son insuficientes. Si, según las estadísticas, un 4% de la población sufre una enfermedad mental. en la Comunitat Valenciana hablamos de unos 750.000 discapacitados psíquicos. Y con la crisis económica muchas familias están sacando a los enfermos mentales de las residencias porque no pueden asumir el pago de la estancia -que puede costar alrededor de 2.000 euros- sin la ayuda de la Generalitat. Y eso es muy duro para las familias porque muchas ni pueden atender a esta clase de enfermos ni éstos reciben la atención tan especializada que necesitan".
Pasar la tutela judicial a la GeneralitatLas mismas fuentes de Avasede denuncian que los servicios sociales de muchos ayuntamientos recomiendan a los familiares de discapacitados psíquicos que renuncien a la tutela judicial para otorgársela a la Generalitat. "Claro, eso es consecuencia de lo anterior. Si las familias no pueden pagar una residencia para un paciente tan complicado de tratar, algo han de hacer. Si renuncian a la tutela judicial y se la traspasan a la Generalitat Valenciana se liberan de esa carga tan pesada. Y saben, además, que el enfermo mental no se va a quedar en la calle porque el juez no lo permitirá. Y será la conselleria la que se haga cargo de todos los gastos de la permanencia en la residencia".
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El Consell sólo reconoce ayudas a tres enfermos mentales de un total de 200 casos idénticos
Bienestar Social argumentó a la asociación que hizo la petición que "no hay dinero"
Amat Sapena, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social sólo ha reconocido a tres discapacitados psíquicos como dependientes de las 200 solicitudes presentadas por la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avasede) pese a que todos los casos son idénticos.Para obtener una pensión no contributiva han tenido que pasar una evaluación médica y después es un tribunal el que decide quién es discapacitado para recibir la ayuda de la Generalitat Valenciana que corresponda.
Fuentes de Avasede manifestaron a Levante-EMV que "todos los expedientes enviados cumplen los requisitos, luego no entendemos porque aprueban tres y rechazan los 197 restantes". La explicación llegó por vía telefónica. "'No hay dinero',fue la única argumentación de la conselleria. Esa es la única razón que nos han dado para explicar la vara de medir que utilizan para dar o denegar ayudas por la Ley de la Dependencia", señalan las mismas fuentes.
Siete millones de euros más
Sin embargo, el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del pasado día 24 de octubre publicaba el destino de 7 millones de euros para ampliar la dotación económica del programa para financiar la estancia en residencias de tercera edad, que se suman a los 31 millones de pesetas del presupuesto inicial, plan que ha sustituido al antiguo bono residencia. Desde Avasede señalan "hay cosas que nos parecen extrañas. Con el actual programa es la Conselleria de Bienestar Social la que decide dónde va el beneficiario de la ayuda mientras que con el bono residencia podía elegir la residencia que consideraba más idónea o que más le gustaba y después recibía la ayuda de la Generalitat. Y si no le gustaba o no se veía bien atendido, se podía cambiar a otra residencia. Sin duda, se ha salido perdiendo".Avasede defiende que el discapacitado psíquico es el gran marginado de la política social de la Generalitat. "Eso está claro, el anciano vota en unas elecciones y es importante. El enfermo mental en cuanto es incapacitado pierde el derecho al voto. Por eso unos reciben un trato y los otros son ignorados por la administración autonómica. Es así de sencillo".
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"Están sacando a los enfermos de las residencias"
A. S., Valencia
La crisis económica también está azotando a las familias con discapacitados psíquicos ingresados en residencias. En lo que va de 2008 el Consell no ha concedido ni una nueva ayuda de la Prestación Económica Individualizada (PEI). Las fuentes de Avasede dicen que "sólo están renovando las ya concedidas, pero son insuficientes. Si, según las estadísticas, un 4% de la población sufre una enfermedad mental. en la Comunitat Valenciana hablamos de unos 750.000 discapacitados psíquicos. Y con la crisis económica muchas familias están sacando a los enfermos mentales de las residencias porque no pueden asumir el pago de la estancia -que puede costar alrededor de 2.000 euros- sin la ayuda de la Generalitat. Y eso es muy duro para las familias porque muchas ni pueden atender a esta clase de enfermos ni éstos reciben la atención tan especializada que necesitan".
Pasar la tutela judicial a la GeneralitatLas mismas fuentes de Avasede denuncian que los servicios sociales de muchos ayuntamientos recomiendan a los familiares de discapacitados psíquicos que renuncien a la tutela judicial para otorgársela a la Generalitat. "Claro, eso es consecuencia de lo anterior. Si las familias no pueden pagar una residencia para un paciente tan complicado de tratar, algo han de hacer. Si renuncian a la tutela judicial y se la traspasan a la Generalitat Valenciana se liberan de esa carga tan pesada. Y saben, además, que el enfermo mental no se va a quedar en la calle porque el juez no lo permitirá. Y será la conselleria la que se haga cargo de todos los gastos de la permanencia en la residencia".
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dissabte, 18 d’octubre del 2008
Dependència al PV: La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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