dilluns, 26 de gener del 2009

Espionatge al PP de Madrid: L'Aguirregate i Los hombres de Paco. 25/01/2009.


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EDITORIAL: 'Espías autonómicos'

La presidenta Aguirre debe una explicación sobre quién y para qué se ha ordenado el espionaje
26/01/2009

La Comunidad de Madrid cuenta con un servicio de espionaje ilegal, nutrido con dinero público y dirigido desde despachos oficiales, que ha sometido a seguimientos, fotografiado y convertido en objeto de informes a varias personalidades políticas madrileñas, tanto del Ayuntamiento de la capital como del Ejecutivo autónomo, todas pertenecientes al Partido Popular. Éste es el núcleo indiscutible de los hechos, corroborados por abundante documentación, testimonios de personas espiadas e incluso confusas explicaciones de algunos sospechosos de haber espiado. Alguien a muy alto nivel en la Comunidad, uno o varios responsables políticos, viene utilizando métodos propios de dictaduras totalitarias para resolver contenciosos políticos o económicos, en flagrante vulneración de los principios constitucionales y atentando contra los derechos fundamentales.

Mucha tinta ha corrido sobre las divergencias y rivalidades entre las dos fracciones que dividen a los populares madrileños, y de la guerra entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. También sobre la crisis abierta en Caja Madrid, desde que la presidenta de la Comunidad expresó sus deseos de revelar al actual presidente, Miguel Blesa. Pero ni la batalla por el poder en Madrid ni la crisis de la entidad de ahorro deben contar en lo más apremiante de este caso, que es conocer en todos sus detalles hasta dónde ha llegado la vulneración de derechos y libertades y quiénes son los responsables dentro de la Administración de estas actividades ilegales indignas de una democracia.

Lo único que ha reconocido hasta ahora el consejero de presidencia Francisco Granados es que su Gobierno ha encargado a ex policías y guardias civiles labores de contravigilancia y seguridad de edificios. Pero hay constancia y testigos de que, además, bajo su responsabilidad se realizaron pesquisas sobre la corrupción municipal en Ciempozuelos, las mafias de las discotecas o la trama policial de Coslada, todas ellas fuera de sus competencias, algo que permite conjeturar que las redes de espionaje forman parte de una actividad más amplia a cargo de una o varias células a las órdenes de una o más consejerías.

Muchos han venido despachando con chistes, a veces de fondo condescendiente, sobre unos falsos servicios de inteligencia comparables a ridículos personajes del cine o del cómic. Los hechos hasta ahora acreditados por las investigaciones publicadas por EL PAÍS no admiten broma alguna, y aún menos maniobras para desviar la atención, como las declaraciones de Esperanza Aguirre que cargan la culpa del espionaje sobre quienes lo están contando o quienes puedan obtener beneficios indirectos de las peleas internas entre los populares, hasta llegar a la asombrosa teoría de un montaje destinado a desviar la atención ante la pésima situación económica que traviesa España.

Estamos ante un caso muy serio, en el que hay que aclarar el exacto organigrama del equipo o equipos de espías; la cadena de mando entre quienes han tomado la decisión de realizar estas actividades ilegales, han dispuesto de dinero público para efectuarlas y han dado las órdenes concretas y los agentes que las han efectuado; y finalmente el establecimiento de las responsabilidades políticas en las que ha incurrido el Gobierno de la Comunidad, empezando por su presidenta, el vicepresidente, y siguiendo por el consejero bajo cuyo organigrama se presume que han actuado quienes han organizado esta actividad tan despreciable. La falta de un cuadro completo no significa que no haya caso o que nada tenga que ver la Comunidad, como se han hartado de repetir los máximos responsables de su Gobierno, al igual que la inexistencia del arma humeante no constituye prueba de que no se haya cometido un asesinato por bala cuando hay cadáver y hay herida mortal que lo demuestran.
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JESÚS MARAÑA

Ni Gallardón es el príncipe azul ni Aguirre la bruja.

Lo que se esconde detrás del ‘Aguirregate’

25 Ene 2009 23:42

Hasta el momento, ni el PP ni el PSOE han derrochado imaginación a la hora de responder al rosario de pruebas y testimonios sobre la trama de espionaje urdida (con dinero público) en los más altos despachos o en las alcantarillas de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre vaticina que “todo acabará en nada” y habla de “campaña orquestada”. María Dolores Cospedal, secretaria general del partido y encargada de la investigación interna, ha hecho unas cuantas llamadas, las suficientes para exculpar por adelantado a Aguirre, su ex jefa y madrina política. Rajoy se compromete a que “pase lo que pase”, el PP saldrá más unido de este carajal. Alfredo Pérez Rubalcaba califica lo ocurrido como una aventura “de Mortadelo y Filemón”, mientras el máximo responsable del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha desaparecido una semana, en lugar de cumplir su obligación de exigir que se aclare hasta la última línea de esta novela negra.


Pues no. La punta del iceberg del Aguirregate no es un serial de viñetas de Mortadelo y Filemón y haría muy mal el PSOE en limitar las consecuencias a un episodio más de las habituales puñaladas políticas entre Esperanza Aguirre, cabeza y cartel del liberalismo humanista de Hayeck, y Alberto Ruiz-Gallardón, presunto rostro moderno y progresista de la derecha. Es verdad que todo responsable de Interior, ya sea en un Gobierno central o autonómico, termina teniendo cara de ministro del Interior. Hasta Belloch pasó de dibujar un perfil de El Greco a disfrutar como un mono loco con la información privilegiada que facilitan policías, espías y detectives. La información es poder. Los dos periodistas que desvelaron el Watergate recibieron un consejo diáfano de uno de sus jefes: “Si conseguís tener a alguien agarrado por los cojones, tendréis su corazón y su cerebro”. No son ni uno ni dos ni tres los políticos que en estos momentos se sienten agarrados por sus partes, e intentan por todos los medios desviar el vendaval para no ver finiquitadas sus carreras políticas.

El vicepresidente mintió
A fecha de hoy, al menos hay dos asuntos graves perfectamente demostrados. Por una parte, varios altos cargos del PP madrileño han sido espiados, fotografiados en viajes privados y sometidos a seguimientos diarios. Por otra, uno de los espiados, el vicepresidente y mano derecha de Aguirre, Ignacio González, ha mentido. Dijo que apenas conocía a Enrique Sánchez, empresario a quien acompañó en un viaje a Suráfrica: “No es amigo mío ni le adjudiqué nada”. Público ha demostrado ya, con el boletín oficial de la Comunidad de Madrid en la mano, que la empresa de seguridad de Enrique Sánchez recibió una adjudicación multimillonaria del Canal de Isabel II, presidido a su vez por el propio Ignacio González. A él le toca, además, explicar por qué pagó “en metálico” los 8.000 euros que costaba el viaje.

El común de los mortales no suele abonar tal cantidad en metálico (en la hipótesis de disponer de ella) si no es a punta de pistola. Por mucho menos que eso, en el país más admirado (después del Reino Unido) por la liberalísima Esperanza Aguirre, dimiten de sus cargos gobernadores, secretarios de Estado y hasta presidentes. Un político, en democracia, puede hacer casi de todo, menos robar y mentir. Ignacio González ya ha hecho lo segundo, y tiene el cuajo de responder aplicando las dos máximas del refranero que más daño hacen a un régimen democrático: “La mejor defensa es un buen ataque” y “El que resiste gana”.

Adjudicaciones y maletines
Pues no. Ni el más ingenuo de los contribuyentes puede tragarse que esta trama de espionaje tenga como único trasfondo una pelea de poder interno en el PP. Cuesta creer en la casualidad de que la bomba estalle cuando distintas familias políticas de la derecha juegan al Monopoly con Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España. Y cuesta todavía más no relacionar esta maraña con la red que durante décadas ha marcado una forma de tomar decisiones políticas: la que unía a empresarios y administraciones públicas por medio de concesiones, adjudicaciones, comisiones, maletines… y por ahí hasta llegar a la palabra prohibida: corrupción.

La presunción de inocencia limita al norte con los datos objetivos y con el sentido común. Es hora ya de analizar en detalle la finísima frontera que separa a un Gobierno autonómico que presume de todas las esencias del liberalismo de la de una tropa de políticos sensibles a la tentación totalitaria de manejar a su antojo concursos públicos, adjudicaciones millonarias, medios de comunicación y privatizaciones, que colocan el Estado del Bienestar al borde del precipicio. Si Rajoy ambiciona algún futuro no condicionado exclusivamente a que el paro ahogue a Zapatero, más le valdría levantar las alfombras del PP de Madrid, donde ni Gallardón es el príncipe azul ni Aguirre la bruja, sino más bien dos polos que se necesitan mutuamente para que la batería no se descargue. Y si el PSOE madrileño quiere dejar de ser el verso libre que ha sido desde los tiempos de Pablo Iglesias, ya puede Tomás Gómez despertar de esa siesta infinita. Madrid puede ser el rompeolas de todas las Españas, pero no Sicilia.
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El equipo de espías requisó un 'dossier' contra Granados

FRANCISCO MERCADO -

El informe era sobre el patrimonio del consejero de Interior y su esposa, según un dirigente regional

El espionaje desde dentro. Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la propia Comunidad de Madrid, según sostienen altos cargos del Ejecutivo regional. Granados, sin embargo, nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese dossier sobre su patrimonio, según fuentes próximas al consejero.

Uno de los principales cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre ha confirmado a EL PAÍS que ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a políticos del PP, requisaron el ordenador donde se encontraba presuntamente el dossier contra Granados en un despacho de la Ciudad de la Justicia, sociedad dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La documentación supuestamente comprometedora para Granados se encontraba, según las mismas fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Fernández era director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, y, meses antes de que le requisaran documentos en su despacho, había sido uno de los objetivos de los seguimientos a políticos por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid. El consejero Alfredo Prada también fue investigado y seguido por los espías.

El 27 de junio, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado por la presidenta Esperanza Aguirre, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Juan Carlos Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos. Lo hicieron un día después de que el jefe de Fernández, el consejero Alfredo Prada, fuera destituido por Esperanza Aguirre.
El dossier incluía información sobre el patrimonio de Francisco Granados y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras, tomando como base el vehículo particular del consejero de Interior que estaba a nombre de una empresa y que resultó intencionadamente incendiado para centrar la atención sobre su propietario. Por contra, personas del entorno de Granados apuntan en privado que el dossier no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González. Lo sorprendente es que distintos miembros del Gobierno de Aguirre reconozcan en privado saber el contenido de un ordenador cuya requisa -robo, según la denuncia- nunca han reconocido oficialmente, ni devuelto.

En efecto, en octubre de 2006, el coche del consejero Granados fue incendiado cuando estaba estacionado en el aparcamiento de la urbanización de Valdemoro en la que reside. La investigación descubrió que el incendio había sido intencionado (la policía encontró aceleradores del fuego en el interior del coche) y que el vehículo, un Mini Cooper descapotable, estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.

Granados explicó entonces que el vehículo era de su esposa, pero que el concesionario en el que lo compró no había tramitado aún el cambio de titular por problemas burocráticos. El PP pidió inmediatamente que la Fiscalía General del Estado investigase si el incendio en el domicilio del consejero Granados tenía relación con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde acababa de dimitir el alcalde socialista, Pedro Torrejón, por un escándalo urbanístico de supuesto cobro de comisiones ilegales. El juez que investigó el caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fue fichado posteriormente por el consejero Granados como alto cargo de su consejería.
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Un ex policía que urdió un bulo contra Zapatero
Los agentes tomaron notas a mano de sus pesquisas
Tema: Espionaje político en la Comunidad de Madrid
Gamón y Halffter
El ex policía que fichó Granados urdió un bulo contra el Gobierno de Zapatero
González recoloca a uno de los altos cargos citados en los seguimientos
Fotografía: Sergio Gamón (segundo por la derecha), en una presentación de la policía de Alpedrete
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Granados relaciona la trama de espionaje y la batalla por Caja Madrid
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid indica que la polémica en torno al control de la entidad creó "algunos enemigos" al Gobierno regional que podrían "ser autores" del espionaje.

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Garante de la unidad "pase lo que pase"
MARÍA JESÚS GÜEMES
Mariano Rajoy lanza un mensaje en el que exige cohesión interna en medio de la tormenta desatada por el caso de espionaje. El líder conservado parafrasea a Obama para reclamar "un nuevo patriotismo".
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‘Aguirregate’: La Comunidad, el Ayuntamiento y la actuación del PP , por Manuel Rico
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El Mundo: 'Unidad parapolicial'
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Pedro J. acusa a Rajoy de "alentar el acoso contra Aguirre"
El Mundo denuncia la existencia de una "unidad parapolicial", esta vez dependiente Gallardón

ELPLURAL.COM

La prensa afín a Esperanza Aguirre no cesa en sus intentos de desvincularla de la supuesta trama de espionaje dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior de su Ejecutivo. El diario El Mundo echa en cara hoy a Mariano Rajoy que eludiera ayer apoyarla y diera “pábulo” al “affaire” al afirmar que él garantizará “la unidad del partido pase lo que pase”. “En esta crisis, ha dado en todo momento la impresión de que Rajoy se decantaba por Gallardón”, sostiene el rotativo que hoy ofrece una nueva exclusiva de espionaje: el alcalde de Madrid también habría montado una “Unidad de Seguridad Corporativa que se dedica a controlar a los concejales al margen de la estructura jerárquica” de la Policía”.

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Según publica hoy el diario El Mundo, el sindicato de la Policía de Madrid, UPM (Unión de Policía Municipal) ha denunciado que Alberto Ruiz-Gallardón tiene a su disposición la llamada Oficina de Seguridad Corporativa, integrada por 20 agentes de élite, que actúan al margen de la estructura del cuerpo policial y que se escapa al control al que está sometido el resto del Cuerpo. Según el secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, la unidad no figura en el organigrama de la Policía y está dirigida pro Juan Carlos Durán, un ex sargento de la Guardia Real que fue jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Gallardón y actualmente es director general de Seguridad Corporativo del Ayuntamiento.

Seguridad y "contravigilancia"
Según esta denuncia, el equipo de Durán se encarga de la seguridad del alcalde, que combian con “tareas de contravigilancia a los concejales”. Además, el director del grupo “tiene acceso al diario de todos los agentes y de los escoltas de los concejales”. El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Mora, ha negado que en la unidad trabajen agentes municipales y aclaró que los policías a los que se refiere UPM dependen orgánicamente del Grupo de Vigilancia y Protección, que son los encargados de las tareas de escolta de los concejales.

¿Espionaje regional o municipal?
Esta información demuestra, según el editorial del rotativo, que “los papeles publicados sobre seguimientos a Cobo y Prada podrían haber salido tanto del personal de la consejería de Granados como de esta unidad municipal”. Y es que, para Pedro J. Ramírez, todas las fuerzas, incluso la propia dirección del PP, se han puesto en contra de Esperanza Aguirre en la supuesta trama de espionaje desvelada por El País.

"Recriminación y desconfianza" de Rajoy
Según el diario de Unidad Editorial, “la distancia que separa a Aguirre de Rajoy se agrandó ayer” cuando el líder de los populares “no solo eludió apoyar a la presidenta” regional, sino que “afirmó que se compromete a ‘garantizar la unidad del partido, pase lo que pase’, dando así pábulo a que el affaire del supuesto espionaje puede tener consecuencias graves”. A juicio de Pedro J., Rajoy sólo ha tenido frase de “recriminación y desconfianza” hacia la lideresa “como si ella fuera la responsable de las tribulaciones del partido”, "alentando con su actitud el acoso" contra la presidenta.

Relación con Caja Madrid
“No sería justo decir que la dirección nacional lidera la operación contra Esperanza Aguirre, pero sí se puede afirmar que no le ha dado el respaldo que merecía. Si esa ‘unidad del partido’ se ha quebrado a ojos vistas es porque Rajoy ni impuso criterio único en relación al deseo de Blesa de eternizarse en Caja Madrid ni obligó a Ayuntamiento y Comunidad a hablar con una sola voz cuando comenzaron las acusaciones de espionaje con más ruido que nueces”, advierte el periódico, que ya trató de relacionar la supuesta trama de espionaje con la lucha por el control en la entidad financiera.

"Cosas mucho más terribles"
Y para seguir con su defensa de Aguirre, Pedro J. le recuerda a El País que “en España han ocurrido cosas mucho más terribles” que la posible existencia de un grupo parapolicial de contravigilancia dependiente del Ejecutivo regional madrileño, y que para dar “pon sentado que el Gobierno de Aguirre es responsable”, el periódico de Prisa “debería demostrar que los documentos fueran realizados por alguien vinculado a la Consejería de Granados”.

"Paradójico"
“No dejaría de resultar paradójico que el mismo medio de comunicación que defendió que no se podían exigir responsabilidades políticas a Felipe González cuando su ministro de Interior y su secretario de Seguridad fueron encausados por secuestros y asesinatos, mantuviera ahora que el Gobierno de Aguirre es responsable de que el ‘personal adscrito’ a la Consejería de Granados haya podido apuntar a qué hora llegaban al trabajo determinados cargos públicos”, añade el rotativo de Ramírez.
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Tras el caso Naseiro -del que se salvó el PP por los pelos judiciales del Tribunal Supremo-, José María Aznar decidió nombrar tesorero del partido a Álvaro Lapuerta, un abogado y empresario nacido en Madrid, que ya había sido diputado con Manuel Fraga ejerciendo de jefe supremo de la derecha española y que, residente en Logroño, pasaba por ser el hombre fuerte de los populares en La Rioja.

Antes, durante la dictadura del general Franco, Lapuerta –cuñado del que fuera ministro de Obras Públicas, Federico Silva Múñoz- fue procurador en Cortes por el denominado tercio familiar, que era una burda caricatura de las elecciones democráticas. Llamado coloquialmente en La Rioja El Chato de Cameros, fue propietario del diario La Nueva Rioja y era considerado uno de los caciques más influyentes en los círculos conservadores de esa Comunidad. En su periódico, escribió Aznar los famosos artículos de evidente reticencia respecto a la Constitución española y de no escasa nostalgia hacia el régimen franquista.
El jovencito Aznar
Aznar lo conocía bien y lo había tratado a lo largo de sus dos años largos de vivir en Logroño, hacia el final de la década de los setenta. El matrimonio Aznar-Botella se había trasladado a Logroño, destinado a esa ciudad en su calidad de inspector de Hacienda. También se trasladó su compañero y amigo Miguel Blesa -en la actualidad tan atacado por Esperanza Aguirre- con su mujer. Fue allí, en la sede de Alianza Popular (AP), sita en la plaza de los Alféreces Provisionales, cuando el 27 de enero de 1979 se presentó a media tarde un jovencito Aznar para darse de alta en AP.
Notoria ascensión política
Lapuerta apadrinó de facto a Aznar quien inició de este modo su notoria ascensión política. Algo más joven que Fraga, Lapuerta mantuvo y mantiene excelentes relaciones con el ex ministro de Franco. En La Rioja, y también en Madrid, los políticos veteranos –tanto del PP como del PSOE- coinciden en describirlo con estas palabras: “Álvaro Lapuerta, a sus ochenta años, es la viva historia del PP , naturalmente”.
Mayo de 2008
Pues bien, este hombre –tan cercano a Aznar y a Fraga- reapareció de modo estruendoso ayer gracias a la portada de El País. En mayo de 2008 –en plena guerra de sucesión interna-, Lapuerta fue espiado. “Avisé a Rajoy de que me estaban espiando en Madrid”, declaró a Francisco Mercado, el periodista que viene publicando desde hace unos días el Espe-gate –según mi colega y buen amigo Javier Valenzuela-, o el Watergate con callos a la madrileña.
“Adjudicaciones sospechosas”
El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado por Lapuerta entonces. Altos cargos del Gobierno Aguirre están en el punto de mira y quien ha sido tesorero del PP hasta hace bien poco asegura que por medio hay “adjudicaciones sospechosas” del Gobierno madrileño. Lapuerta, en todo caso, exonera de responsabilidad a la presidenta del Ejecutivo regional.
Fraga, el único
Una vez difundido ayer otro capítulo de este escándalo monumental, fue Fraga el único dirigente del PP que no tiró pelotas fuera ni negó la mayor de esta historia siniestra. Se limitó a decir que él no creía que hubiera habido espionaje, pero que cada cual sabrá lo que hace. Puntualizó además que este tipo de cosas a veces suceden en el interior de los partidos.
Pronto, Zapatero
Mientras tanto, han resonado los rebuznos dialécticos de Juan José Güemes, las ironías hirientes de la lideresa, las estólidas consideraciones de Cristóbal Montoro y de Javier Arenas, la vuelta al silencio ominoso de Rajoy y la frivolidad manifiesta de la investigadora Cospedal. La teoría despreciable de González Pons, portavoz oficial del PP, acusando a Alfredo Pérez Rubalcaba de mover los hilos del affaire desde el Ministerio de Interior, no hace más que crecer. Pronto la culpa del espionaje la tendrá el mismísimo Zapatero.
Huída hacia adelante
Es curioso. No quieren creerse ni las declaraciones de Lapuerta, que es pata negra del PP. La situación resulta curiosa, aunque lógica. Ocurre que tienen, cada día que pasa, más miedo. Recurren a la huida hacia delante, incluso desmintiéndose a sí mismos como el tal ex policía Peña, que aspiraba a ser el Edgar Hower del FBI esperancista y que, a la que se descuide, hasta podría visitar obligadamente alguna que otra celda y no precisamente monacal. Peña no contaba con la aparición de El chato de Cameros. Elemental, querido Watson.
Enric Sopena es director de El Plural
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El Mundo lo publicó y fue condenado por no contrastar los datos
El responsable de la policía de Granados fabricó un bulo contra el Gobierno de Zapatero

Denuncia “métodos propios de dictaduras para resolver contenciosos”
El País: “La presidenta Aguirre debe una explicación sobre el espionaje”

Montoro califica la supuesta trama de “ruidito de fondo”
Fraga no cree que haya espionaje pero avisa: “Cada uno sabrá lo que ha hecho”
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TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

El consejero no comparecerá ante el pleno -como exigían el PSOE e IU-, sino en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia
CADENASER.com 26-01-2009

'El País' publica este lunes una nueva información de la presunta trama de espionaje llevada a cabo por políticos del Partido Popular en Madrid. Así, se informa de que el equipo de espías requisó un informe que aludía al patrimonio del consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y de su esposa.

Un bulo contra el Gobierno de Zapatero Aguirre: "La Comunidad de Madrid no tiene espías"
AUDIOS: Entrevista íntegra a Alfredo Prada
AUDIOS: Rajoy: "Yo me comprometo a garantizar la unión de este partido pase lo que pase"
Zapatero advierte que "saben muy bien a quien tienen que mirar desde Génova"
Un consejero de Aguirre crea su servicio secreto particular con un ex policía y ex guardias civiles
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, espiado con cámaras ocultas
Alfredo Prada: "La Fiscalía debería actuar de forma urgente"
Mariano Rajoy conocía que había espionaje político en su partido
Güemes: "El País publica basurilla para ver si le ayudan a superar la crisis de Prisa"

Uno de los principales cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha revelado a El País que ex agentes que trabajaban en el área de Seguridad de la Consejería de Interior requisaron el ordenador que contenía el 'dossier0 contra Granados.

El informe versaba sobre el patrimonio de Granados y de su esposa y su contenido trataba de vincular al consejero con constructoras tomando como base el incendio intencionado del vehículo particular del propio consejero, que estaba a nombre de una empresa.

Fuentes próximas al consejero de Interior han indicado que Granados nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese 'dossier' sobre su patrimonio. También personas del entorno de Granados apuntan que el informe no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González.

El ordenador con la información confidencial se encontraba, según fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.

"Nuestros enemigos en Caja Madrid pueden estar tras la trama"
Además, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha indicado en una entrevista en El Economista que la polémica en torno al control de Caja Madrid ha podido crear "algunos enemigos" al Gobierno regional dentro de esa entidad, que podrían "ser autores" de la trama de espionaje en la Comunidad.

Granados insiste en que desconoce "quien ha facilitado, financiado y montado la infraestructura" que ha hecho posible que varios altos cargos de la política madrileña hayan sido seguidos en los últimos meses.

Comparecencia de Granados
La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid se reune este lunes para decidir cuándo comparecerá el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en sede parlamentaria para hablar de la supuesta trama de espionaje.

Granados pidió comparecer en la comisión de Interior de la Cámara para informar sobre "cómo la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones", petición que se suma a las de los grupos parlamentarios de PSOE e IU que también reclaman que Granados comparezca en sede parlamentaria.

Un bulo contra el Gobierno de Zapatero
'El País' también informa este lunes que el ex policía que fichó Granados Marcos Peña urdió un bulo contra el gobierno de Zapatero. La noticia falsa se publicó en 'El Mundo' en mayo de 2006 y se refería a un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de Afinsa. Así, se involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económicxa de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Aguirre: "La Comunidad de Madrid no tiene espías"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes en Bilbao, en relación a la supuesta trama de espionaje político, que la Comunidad de Madrid "no tiene espías".

Estas han sido las únicas palabras pronunciadas por Aguirre respecto a esta cuestión al término del desayuno Forum Euskadi, en el que participó el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti.
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Losantos, contra la "escuálida" carrera del líder del PP y el "oneroso déspota de ambiciones"
ELPLURAL.COM

“La campaña de Rajoy y Gallardón para liquidar el PP de Madrid va a todo trapo”. Así ha valorado esta mañana desde la COPE Federico Jiménez Losantos la supuesta trama de espionaje que, según las informaciones de El País, la Consejería de Presidencia e Interior madrileña ha organizado para llevar a cabo seguimientos a distintas personalidades del propio PP regional. El locutor ha insistido en su programa de hoy en apuntar a Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón como los creadores de esta trama para “acabar” con Esperanza Aguirre, ya que esta supone, según dijo, “un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano”.

Los medios de la derecha siguen haciendo campaña a favor de Esperanza Aguirre y no cesan en su empeño de defender a la presidenta madrileña de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje que apuntan a su Ejecutivo. Si el diario El Mundo contraatacaba hoy a las informaciones de El País asegurando que en la Comunidad de Madrid existe otra red de vigilancia parapolicial, esta vez dependiente del Ayuntamiento, el siempre cercano a Aguirre, Federico Jiménez Losantos, tiene claro que las noticias del grupo Prisa al respecto forman parte de “una campaña emprendida por Gallardón y Rajoy para acabar con el PP de Madrid, porque Aguirre es un obstáculo en la carrera de Rajoy hacia la nada, y en la carrera de Gallardón hacia el sillón de Mariano, que tiene que estar al caer ya”.
"Los Hombres G"
“Los Hombres G no son los de David Summers, no, son los hombres del oneroso déspota de ambiciones”, apuntó el locutor de la radio de los obispos, recogiendo la información del rotativo de Pedro J. Ramírez, y exigió a Gallardón, al que también se refirió como “el faraón” o “la Carla Bruni de la derecha española”, que explique la existencia de esta supuesta segunda trama. “Seguro que lo explica, porque es un hombre transparente. El licenciado vidriera era de hormigón a su lado”, ironizó.
A Rajoy le "sobra" Aguirre
Tampoco ahorró en descalificaciones a Mariano Rajoy, a quien acusó de dar ayer un “discurso” sobre la unidad del partido que se convirtió en “una colección de mentiras y bobadas”. “¿Qué unidad del PP, si desde las elecciones de marzo nunca ha tenido menos unidad el PP? Has destrozado el PP vasco, lo has hundido en Cataluña y te lo quieres cargar en Madrid”, acusó a Rajoy, y le echó en cara que le “sobra Aguirre”.
"Verte nos produce repulsión"“
Si el que no gustas eres tú. Vete a un congreso democrático, no a una chapuza búlgara infecta como lo de Valencia, y si te votan lo militantes, pues muy bien, tendrás legitimidad, ahora no tienes ninguna, ninguna. Y desde lo de San Gil, verte a muchos de los votantes del PP, que lo hemos sido, nos produce repulsión por no decir otra cosa”, le recriminó.
"Interés de banda"
Además insistió en que el alcalde madrileño y el líder del PP están llevado a cabo esta operación “por puro interés de banda”, porque la carrera “escuálida” y “vermiforme” de Rajoy “se terminó” y ahora está obligado a “ir matando con tal de que no haya sucesión”. “Se trata de la lucha por el poder del PP, porque en menos de un año, el PP está para los leones, está descompuesto”, añadió.
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diumenge, 25 de gener del 2009

Aguirregate. Manuel Rico.

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‘Aguirregate’ (I): La actuación de la Comunidad

Manuel Rico.

Esperanza Aguirre y su equipo, ante el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid, han reaccionado con un cierre de filas incondicional y echando mano de la vieja táctica que sostiene que la mejor defensa es un buen ataque. Veamos:

1) Tras conocerse el espionaje al vicepresidente Ignacio González, desde la Comunidad se empieza a extender la idea de que el caso está relacionado con la batalla por el control de Caja Madrid.

2) La información sobre el seguimiento al vicealcalde, Manuel Cobo, permite al equipo de Aguirre lanzar una nueva idea: se trata de una operación de “acoso y derribo” del Gobierno madrileño. ¿Por qué? Pues por dos motivos: las noticias deberían enfrentar a los vicepresidentes madrileños (se insinúa que fue Granados quien espió a González), mientras que permiten presentarse como víctimas a Gallardón y su hombre de máxima confianza. Así lo explicó Granados:

La red de espionaje de la Comunidad de Madrid es una gran mentira y sobre ella se están colgando otras informaciones días tras día. Todo esto es un montaje cuyo único objetivo es acabar con el Gobierno de Esperanza Aguirre.

3) Si existe la intención de “acosar y derribar” un Gobierno, parece lógico que alguien monte la operación y también que las maniobras tengan un beneficiario. Las respuestas de la Comunidad de Madrid son meridianas: las informaciones son un montaje de El País, al que otorgan credibilidad el pobre Mariano y Gallardón, que son lógicamente los grandes favorecidos por el escándalo.

La propia Aguirre, en su comparecencia del 22 de enero, reta a Gallardón a que pruebe sus afirmaciones o se atenga a las consecuencias:

El alcalde de Madrid o cualquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar y, si no, tendrán que vernos en los tribunales.

Desde la Comunidad también se comunica a los periodistas que ha provocado un enorme malestar la decisión del pobre Mariano de abrir una investigación interna, ya que ello equivale a dar carta de credibilidad a las informaciones publicadas.

En cuanto a los ataques contra El País, son continuos durante toda la semana y llegan a su paroxismo el 24 de enero, cuando el yerno de Fabra y mamporrero vocacional, Juan José Güemes, intenta difamar al periodista que ha firmado las principales noticias.

4) Para que se visualice el cierre de filas, Granados y González comparecen juntos dos días seguidos y Aguirre asegura que pone “la mano en el fuego” por sus dos vicepresidentes.

5) Granados niega que tenga bajo sus órdenes un equipo “parapolicial”, como denuncian desde el Ayuntamiento. Para ello, utiliza un argumento aparentemente poderoso: 41 de las 47 técnicos que trabajan actualmente en la Dirección General de Seguridad ya estaban allí en 2002, cuando el presidente madrileño era Alberto Ruiz-Gallardón. ¿Cómo van a ser capaces las seis nuevas incorporaciones de espiar a medio PP de Madrid, viajes al extranjero incluidos?

6) Eso sí, el propio Granados esboza por si acaso la teoría de los “espías incontrolados”, que podrían trabajar desde dentro de la Comunidad pero para alguien ajeno al Gobierno.
Lo que no puedo garantizar es que algunos de los empleados eventuales, cuya retribución no es demasiado alta, no hayan podido hacer seguimientos a espaldas de sus superiores, incluido yo. De hecho, sé que algunos realizan tareas de vigilancia fuera de su horario laboral. Tengo la convicción de que no ha sido así, pero no lo puedo asegurar.

7) La Comunidad evita dar cualquier detalle sobre el viaje y las actividades de González en Colombia y Suráfrica. El vicepresidente se niega a explicar por qué mintió sobre las adjudicaciones al empresario Enrique Sánchez González y tampoco aclara de dónde salieron los 8.000 euros en metálico con los que supuestamente pagó su viaje a Johannesburgo.
En resumen, el relato de Aguirre y su equipo es el siguiente: la Consejería de Interior no tiene un equipo de espionaje y el escándalo es una gran mentira orquestada por El País, que interesadamente han creído el pobre Mariano y Gallardón, para cargarse a su gran adversaria en el PP; en caso de que se haya producido algún seguimiento puntual a algún político, sería obra de agentes incontrolados pagados por alguien ajeno al Gobierno madrileño; y en cuanto al espionaje a González, que sí existió, está relacionado con la pelea por el control de Caja Madrid y en ningún caso fue realizado por agentes de la Consejería de Interior. O sea que, en palabras de Aguirre, todo terminará en nada:

Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada.
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‘Aguirregate’ (II): La actuación del Ayuntamiento

Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, han permitido al equipo del Ayuntamiento presentarse como víctima y atacar frontalmente a la Comunidad de Madrid. He aquí un resumen de su actuación:

1) El mismo dia que El País informa sobre el espionaje a Cobo, el vicealcalde presenta un escrito ante la Fiscalía donde señala directamente a Francisco Granados como responsable del caso. En concreto, en la denuncia se sostiene lo siguiente:

De la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública.

En la misma línea se pronuncia el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando en el programa 59 Segundos (TVE-1) otorga credibilidad a las informaciones del diario de Prisa:

Se sabe que se ha realizado esta investigación porque no se ha hecho tacha de falsedad de los documentos y que por la lectura de los mismos, estas personas están adscritas a una unidad de la Comunidad de Madrid.

2) Tanto Gallardón como Cobo niegan tajantemente cualquier relación del escándalo con la batalla por el poder en Caja Madrid.

3) Gallardón intenta rebatir la idea de que la actual Dirección General de Seguridad es prácticamente la misma que cuando él gobernaba Madrid. Asegura el alcalde:
En mis ocho años al frente de la Comunidad de Madrid, jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esa naturaleza y, si me la hubiera encontrado organizada, por supuesto que la hubiese disuelto.

4) El Ayuntamiento también destaca que este escándalo no se puede enterrar sin más y advierte de que exigira dimisiones si se confirma que los espías trabajaban en la Consejería de Interior. O sea, apunta directamente a las cabezas de Granados y de Aguirre, el primero como responsable directo del caso y la segunda como responsable política por elegir al vicepresidente como estrecho colaborador.

5) Cuando la presidenta madrileña se pone chula y exige a Gallardón que pruebe sus acusaciones, el alcalde evita entrar al trapo y no se da por aludido.

El relato de Gallardón y su equipo es, por tanto, el reverso del que transmiten desde la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento otorgan credibilidad a las noticias de El País y señalan directamente a Granados como responsable, a quien responsabilizan de crear un equipo “parapolicial” en la Consejería de Interior que no existía cuando Gallardón gobernaba la Comunidad; niegan que la batalla por Caja Madrid sea el telón de fondo del escándalo y advierten de que exigirán dimisiones cuando los hechos estén probados.
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‘Aguirregate’ (III): La actuación del PP

La dirección nacional del PP ha pasado en pocos días de pregonar su fe en Esperanza Aguirre a abrir una investigacion interna que pone en la picota al Gobierno de la Comunidad. He aquí los bandazos típicos del pobre Mariano y su gente:

1) Las primeras informaciones no parecieron inquietar a la cúpula del PP. El 20 de enero, el pobre Mariano Rajoy avaló la versión de la Comunidad de Madrid y el PP regional: “Nos han dicho, en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo”. Por tanto, llegó a la conclusión de que no era necesario investigar “lo que se publica en cualquier parte”.

2) La situación cambió de forma radical tras conocerse que entre los espiados estaban Manuel Cobo y Alfredo Prada, políticos adscritos al bando del pobre Mariano en la guerra interna del PP. Así, el 22 de enero, el partido difunde un duro comunicado anunciando una investigación interna. De repente, lo que se “publicaba en cualquier parte” podía tener una “enorme gravedad”. Y, de hecho, el PP habla en su nota de depurar “responsabilidades de carácter estrictamente politicas”. Vamos, que señala sin nombrarlos a Aguirre y sus vicepresidentes.

3) El espiado Alfredo Prada, responsable de Exterior en la Ejecutiva del PP y político fichado por Rajoy después de que fuese defenestrado por Aguirre, también apunta a la Comunidad de Madrid como responsable de los hechos:

Era personal de la Comunidad de Madrid, estaban cometiendo una actividad ilegal y además con la utilización de fondos públicos.

4) Entre la decisión inicial de cerrar los ojos y la posterior de abrir una investigación interna, Payasadas Pons tuvo la feliz ocurrencia de intentar implicar en el escándalo al Ministerio del Interior. Es triste la vida del pobre Estevet, que dice ser vicesecretario de Comunicación del PP, pero que en realidad vive en la penumbra de los sótanos de Génova 13 mientras Cospedal y Sáenz de Santamaría se reparten el protagonismo. Cada cierto tiempo Estevet intenta levantar cabeza y habla con la prensa, pero como sólo suelta chorradas propias de un graciosillo adolescente, pues el partido se ve en la obligación de ordenarle silencio durante otra temporada. Es exactamente lo que ocurrió con su ocurrencia sobre el escándalo del espionaje.

5) Aunque como instructora de la investigación interna se supone que María Dólores de Cospedal no debería hacer declaraciones públicas antes de concluir su trabajo, la secretaria general del PP se apresuró a afirmar que ella creía la versión de la presidenta madrileña:

Ya he hablado con Aguirre y me ha dicho que no tenía conocimiento de este asunto, y yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer? Claro que la creo.

No es de extrañar que muchos dirigentes del PP desconfíen del papel de Cospedal, papelón más bien, ya que se crió políticamente en las faldas de Aguirre.

6) Una semana después de que saltase el escándalo, la dirección del PP confirma que el pobre Mariano Rajoy había sido alertado sobre la trama de espionaje… ¡en mayo del año pasado! ¿Y qué decisión adoptó el presidente del PP al tener noticia de tan graves sucesos? Pues aplicar su receta favorita: no hacer nada y esperar a que los problemas se resuelvan solos.

O sea, sin novedad en Génova, 13. La cúpula del PP da bandazos y no transmite un mensaje unitario, al contrario de lo que hacen los equipos de la Comunidad o del Ayuntamiento. El pobre Mariano dice el martes que una información periodística no es motivo para abrir una investigación interna, y ésa es precisamente la decisión que adopta el jueves tras otra noticia en el mismo medio; a Cospedal le piden que averigüe la verdad y a las pocas horas ya proclama la inocencia de los presuntos implicados; González Pons va por libre soltando tonterías a las que nadie hace caso; y el presidente del PP se enfrenta a un escándalo que ha dejado pudrirse durante ocho meses.

Con semejante panorama, ¿quién va a conceder valor alguno a la promesa del pobre Mariano de garantizar la unidad del PP “pase lo que pase”?
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Espionatge al PP de Madrid: Los hombres de Paco. 2...
Espionatge al PP de Madrid: Los hombres de Paco. 2...
Los hombres de Paco. 23/01/2009.
Los hombres de Paco. 22/01/2009. (2)
Los hombres de Paco. Lluita entre bandes rivals de...
Los hombres de Paco.
Los hombres de Paco Madrid: El Gobierno de Aguirre...
CSI Madrid.
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Espionatge al PP de Madrid: Los hombres de Paco. 25/01/2009.

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Jo sempre he pensat que el PP era un partit de delinqüents disposat a TOT per arribar al poder. Només cal veure el seu arbre genealògic: fills de llurs pares, néts de llurs avis. Però no deixa de sorpredre'm de què són capaços per fer realitat les seves ambicions.

Primer, el maig del 2003, Esperanza Aguirre va perdre les eleccions. Però ho tenia tot preparat: de la mà d'un trànsfuga indecent -Eduardo Tamayo Barrena- i d'una dona amb molt poques llums va donar un cop d'estat amb format legal. No és va aprofitar dels trànsfugues per a governar sinó que forçà noves eleccions a l'octubre per donar-hi una forma democràtica.

Com que la dreta sap que llurs votants, a més dels qui puguin ser conservadors ideològics o interssats, són bàsicament còmplices, Esperanza i el PP sabien que qui, a més de no abastar el poder, seria castigat pels votants seria el PSM, es va "exposar" a noves eleccions. I, efectivament, la jugada sortí rodona.

Ara, els delinqüents s'espien entre ells. Hi ha entrevistes a l'ABC, Güemes -gendre del "ciudadano ejemplar" (Rajoy dixit sobre Fabra) parla de muntatge, González Pons -la fallera machor del Reyne- eleva la seva estupidesa i el seu cinisme i els trasmet per ones hertzianes, satèl.lit i TDT.

I, entremig, què fa la ciutadania? Amb quina cara i quina reacció assisteix a l'espectacle? Els còmplices, de segur, impertorbables. Esperem que els anomenats votants de centre -els volubles segons les rauxes i la butxaca- reaccionin.

Sempre ens queda l'esperança que, ja que no fou possible el 2003, ara caiguin caps, peus i carreres polítiques. Que a la presó falta gent.

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Especial Francisco Granados Spy : ¿ Un súper agente por cuenta propia o ajena ?
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ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID
"Avisé a Rajoy de que me estaban espiando"
FRANCISCO MERCADO -

Álvaro Lapuerta, histórico dirigente del PP, atribuye los seguimientos a altos cargos del Gobierno de Madrid.- La diputada María del Carmen Rodríguez Flores también fue espiada

El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El histórico dirigente del Partido Popular Álvaro Lapuerta, a la sazón tesorero nacional del PP, alertó entonces a su presidente de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.

LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
Diputado histórico
Güemes acusa a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira"
El escándalo del espionaje rompe los últimos puentes entre Rajoy y Aguirre

El vicealcalde investigado
DOCUMENTO (PDF - 597,99Kb) - 25-01-2009

Parte sobre Sergio Gamón
DOCUMENTO (PDF - 726,46Kb) - 25-01-2009

El acompañante de Prada
DOCUMENTO (PDF - 606,01Kb) - 25-01-2009

Una diputada del PP controlada
DOCUMENTO (PDF - 236,84Kb) - 25-01-2009

"Sale El Cabezón"
DOCUMENTO (PDF - 583,15Kb) - 25-01-2009

Bajo, canoso y gordo
DOCUMENTO (PDF - 634,86Kb) - 25-01-2009

Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO

Cospedal ha sido informada de la denuncia que hizo Lapuerta
Criticó algunas adjudicaciones en Madrid porque las creyó sospechosas

En su denuncia verbal, Lapuerta exoneró a la presidenta Esperanza Aguirre de tales seguimientos, pero, según aseguran altos cargos del PP con los que ha tenido contacto, explicó que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.

Lapuerta, un hombre afín a Rajoy, ocupaba el cargo de tesorero nacional del PP en las fechas en que fue objeto de vigilancia, un periodo especialmente turbulento en la vida del partido por la batalla desatada entre el presidente del partido y Aguirre. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva", confirmó ayer a este periódico al ser consultado.

Frente a estos hechos y declaraciones, el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Juan José Güemes, acusó ayer a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira y un bulo calumnioso" en relación con la trama de espionaje político destapada por este periódico.

Tras descubrir que era víctima de seguimientos, Lapuerta trasladó su preocupación a dos de sus colaboradores más estrechos: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que ahora ocupan los cargos de tesorero y gerente del PP, respectivamente.

Posteriormente, esta denuncia también ha sido comunicada a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, responsable de la investigación interna abierta por el partido tras destaparse las actividades de la red de espionaje radicada en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados.

Otro de los conocedores de estos hechos es Alfredo Prada, antiguo consejero de Justicia y hoy miembro de la dirección del PP. Prada fue espiado tras las últimas elecciones generales, en las mismas fechas que Lapuerta, un periodo en el que se libraba una feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy. El seguimiento a Prada incluyó citas privadas con personas de las que los agentes tomaron fotografías, según indicaron en los partes de seguimiento a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que se reproducen en esta página.

Prada era uno de los dos principales objetivos del equipo de espías. El otro era el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Aguirre en la batalla por el poder dentro del PP.

Al mes de cesar los partes de seguimientos a Prada, Esperanza Aguirre le destituyó de su puesto de consejero de Justicia como castigo por su alineamiento en el congreso nacional del PP y, sobre todo, por ser fichado por Mariano Rajoy para su equipo directivo.

Durante el espionaje al tesorero nacional del PP, Lapuerta fue fotografiado cuando salía de una residencia religiosa en compañía de su mujer y dos días después al anochecer, cuando regresaba a su domicilio. En la primera ocasión, siempre según los testimonios recabados por este periódico, el chófer de Lapuerta salió corriendo detrás del misterioso fotógrafo, pero éste se escabulló por las calles adyacentes, en torno a San Bernardo. El segundo síntoma de espionaje fue una foto tomada con flash cuando volvía a su domicilio. Tampoco pudo ser interceptado el fotógrafo.
Otra de las personas espiadas es la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior. Este informe (ver en los documentos de la parte superior) muestra que este aparato parapolicial no sólo marcó los pasos, públicos y privados, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, sino de otras personas más que creían, con o sin motivo, que tenían relación con ellos. En algunos casos, se espió a personas que simplemente tuvieron la mala fortuna de aparcar el coche en las inmediaciones o estar compartiendo restaurante con ellos. El caso de la diputada Rodríguez es sintomático. Figura en un parte de seguimiento a un "objetivo" no precisado el 27 de mayo que come en el restaurante madrileño O Cruceiro, escenario frecuente de comidas de Rodríguez y otros altos cargos del partido. Sólo se sabe lo que aporta el parte sobre el espiado: "13.00. Se monta el dispositivo. 14.15: Sale del trabajo, se dirige a calle Núñez de Balboa 23, restaurante O Cruceiro; 16.50: Sale del restaurante anterior, se dirige a la calle León donde se desmonta el dispositivo a requerimiento para otras labores". A mano, los ex agentes apuntan una matrícula y, debajo, el nombre del propietario del vehículo, que es la diputada autonómica del PP.

María del Carmen Rodríguez asegura que ese día no estuvo en dicho restaurante, y no halla razones para que su coche y su nombre figuren en un parte de vigilancias, pero no oculta sus sentimientos: "Mi vida es tan clara, que no tengo nada que ocultar. Lo que siento es que si estas personas lo han hecho, que me imagino que sí porque está saliendo mucha porquería, que francamente que todo esto es muy poco bonito. ¿Qué quieren buscar en mí, si soy el último mono?".

Pero podría haber una clave: "Ah, he sido amiga de Prada desde hace muchísimo tiempo porque es un hombre honesto, ¿Y eso bastaba? Pues puede ser. Y que soy de Mariano Rajoy. Eso lo puedes decir. Soy del núcleo duro del partido. Soy Mariano Rajoy. Me han dado una importancia que no tenía. Todo esto me produce un rechazo natural. Me parece tan bajo, tan barriobajero que no cuadra con mi forma de ser".

En los partes de seguimiento que firman los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid citan expresamente al que entonces era su jefe [Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana], a otros superiores de su departamento y a la Dirección General a la que tenían que acudir en ocasiones cuando estaban en pleno seguimiento de políticos. Hay tres tipos de partes, lo que podría indicar que han sido realizados por agentes distintos. Uno de ellos siempre escribía en mayúsculas; el segundo cuida la presentación mientras el tercero utiliza un cuerpo de letra más pequeño y prefiere guardar el nombre de su objetivo; simplemente refleja sus movimientos, que en algún caso implican a empresas de seguridad, a las que se dirige la persona espiada.


LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID

Seis partes de los seguimientos efectuados por ex policías a sueldo de la Consejería de Interior
El vicealcalde investigado
- Los espías controlan los movimientos de Manuel Cobo desde que sale de su vivienda, en una localidad vecina de la capital, y expresan su temor a que los sorprendan policías municipales.
Fotos del acompañante de Prada
- En el espionaje al entonces consejero de Justicia, se meten junto a él en el hotel y dos de los agentes toman fotografías del acompañante de Alfredo Prada.
"Nuestro director Sergio"
- Los agentes encargados del seguimiento a políticos también recogen en los partes la llegada de su director, Sergio [Gamón], en ese momento director general de Seguridad de la Consejería de Interior.
Una diputada del PP, controlada
- En la operación, los ex agentes a sueldo de la Comunidad descubren coches sospechosos, toman sus matrículas y luego investigan a sus propietarios. Aquí hallaron a una diputada del PP.
"Sale El Cabezón"
- A Juan Carlos Fernández, apodado El Cabezón por los agentes, también le controlaron. Fernández era uno de los hombres de confianza del consejero de Justicia, también espiado.
Bajo, canoso y gordo
- A un desconocido que se encuentra con el consejero Prada Presa le describen con estas palabras: "Baja estatura, cabeza despoblada, nariz puntiaguda, cintura gruesa...".


Diputado histórico

La de Álvaro Lapuerta es una vida dedicada a la política. Casado y con 10 hijos, a sus 80 años pertenece a la directiva nacional del PP.

Pragmático y silencioso, fue durante un tiempo el diputado más antiguo del Congreso (ha estado en siete legislaturas). Sumando sus años como procurador en el régimen franquista, ostentó un escaño más de 30 años. Participó en 2008 en los actos del 30º aniversario de la Constitución, junto a los padres de la ley fundamental.

En su partido, donde ha sido tesorero y es considerado un miembro histórico, guarda una estrecha relación con muchos dirigentes de la cúpula. A pesar de la renovación en el seno del PP que llevó a cabo Rajoy el año pasado, él se mantuvo en la directiva.

Los que le conocen, dicen que es leal y muy serio. Tras dejar su trabajo como abogado del Estado, durante la dictadura fue delegado especial del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil.
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REPORTAJE: Aguirre se deshilacha entre espías

Los seguimientos a políticos desatan las peores tensiones en el Gobierno regional

F. MERCADO / J. M. ROMERO - Madrid - 25/01/2009

Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitación y, dos días después, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de políticos con mucho poder.

Todo ha quedado grabado en las cámaras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de policía. Han irrumpido en dependencias de la Consejería de Justicia. No son extraños, todo queda en casa.
Pero la persona que trabaja cada día en el despacho asaltado (Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un escándalo. Ha ocurrido sólo un día después de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han caído en desgracia.

El asalto al despacho se cierra con la destitución de Gamón como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la dirección del Área de Seguridad de la Consejería de Interior.

Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las imágenes del asalto al despacho captadas por las cámaras de videovigilancia han sido destruidas porque sólo se guardan cinco días de grabación, según cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con prácticas ilegales de presión a base de amenazas con dossiers.

Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta política dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex policías y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejería de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tiene competencias legales atribuidas.

"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de máxima fractura política en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minoría, no se resigna a la derrota.

"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con ironía y otras abiertamente. Unos años antes, Cobo intentó disputar a Aguirre, sin ningún éxito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por EL PAÍS esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos días. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ningún dato erróneo.

"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los últimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pasó a simple consejero de Justicia.

En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligió a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este periódico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.

El operativo de vigilancia especial a políticos de Madrid, que ningún miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el número 33 de la calle de Gobelas (Madrid), donde está situada la sede de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

Ex policías y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos métodos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".

Sergio Gamón es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y también fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista María Teresa Fernández de la Vega.

Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, según los documentos que obran en poder de EL PAÍS, terminaron espiando los propios hombres de Gamón, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejerías y responsabilidades desde que llegó al Gobierno. Asumió el área de Interior que la presidenta le quitó a Prada.

Altos cargos de la Consejería de Interior recalcaron a EL PAÍS que pese a esta dependencia orgánica, Gamón "sólo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fichó el propio González. El vicepresidente autonómico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gamón.
González, se defiende recordando que él mismo ha sido víctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscalía los seguimientos de que fue objeto cuando viajó a Cartagena de Indias en marzo de 2008. González sostiene que ese seguimiento precisó de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho más elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella época, González evaluó crear un CNI legal autonómico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta llegó a presentarle un borrador que dejó aparcado en un cajón. El vicepresidente consideró que no era conveniente y, además, esa materia dependía de la Consejería de Interior.

Granados introdujo ciertos cambios en la Consejería de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrató como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde el consejero fue alcalde. Y nueve meses más tarde, en junio de 2008, colocó en el departamento a un ex policía llamado Marcos Peña que venía recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que más trabajó a favor de la teoría de la conspiración que pretendía involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus órdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: sólo responden ante el consejero. No están bajo las órdenes del actual director de seguridad, Enrique Barón, quien ha desechado controlarlos. Pero no sólo Barón receló de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles sólo le hacen tareas de escolta.
UGT también muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gamón sigue en nómina de la Consejería de Interior. Gamón fue destituido como director general tras conocerse que había entrado con un comando en una sede autonómica de la Consejería de Justicia para requisar distinto material de un director que también fue sometido previamente a seguimientos.
Peña, el otro fichaje de Granados, se dedicó, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Peña estos meses exponerle algunas teorías sobre la relación entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupción socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. También ha escuchado Granados teorías de sus colaboradores sobre la implicación del CNI en el espionaje a Ignacio González. Los dos dossiers sobre los viajes públicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio González sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la información que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes políticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. González y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de políticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situación que intentaron despreciar el lunes -"¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PAÍS?", espetó Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese día por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignación en los dirigentes nacionales del PP. Tanta que Rajoy ordenó abrir una investigación interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el escándalo acusando a compañeros del partido de mentir.

Antes de la conferencia de prensa del jueves, González y Granados habían llamado por teléfono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levantó el teléfono. Recurrió a lo que más le gusta, un mensaje escrito por el móvil. En ninguna de las llamadas se atrevieron González y Granados a poner en duda que el espionaje político se había producido. A partir de ahí, pensaron que para su exposición pública, la mejor defensa era el ataque.

En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex policías y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejería de Interior y amenazan con querellas a EL PAÍS, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejería de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.

MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigará
Observó, escuchó y dejó hacer. En un primer momento, Rajoy cerró filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos capítulos de la red de espionaje, de la que había tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al líder del PP a tomar cartas en el asunto. Atrás quedó la confianza en Aguirre. Ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades".

ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
La presidenta regional prefirió ver el toro desde la barrera. Los tres días siguientes a la publicación de la noticia no compareció públicamente. Incluso no presidió el Consejo de Gobierno del jueves porque tenía "un acto privado". Al cuarto día apareció para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó a EL PAÍS: "Nos vemos en los tribunales". Y a renglón seguido pidió a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.

ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"
El alcalde de Madrid se desmarcó una vez más del discurso de Esperanza Aguirre. Gallardón manifestó su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigación, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que publicó EL PAÍS]".
Para echar más leña a la hoguera, Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró en TVE.

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La casa de los espías

El escándalo rompe los últimos puentes entre Rajoy y Aguirre

Güemes acusa a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira"

DOCUMENTOS: Nota secreta sobre Cobo

Parte sobre Gamón

El acompañante de Prada

Seguimiento a la diputada

"Sale El Cabezón"

Bajo, canoso y gordo
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El 'Aguirregate' amenaza a Rajoy

Un año después de que el líder del PP dejara fuera de las listas a Ruiz - Gallardón y a Aguirre, ambos siguen enfrentados. El partido exige orden.

M. J. GÜEMES/ Y. GONZÁLEZ - MADRID - 25/01/2009 08:00

Los dirigentes del PP están preocupados por la marcha de su partido. El conflicto de Caja Madrid y la supuesta trama de espionaje, que afecta a varios de sus compañeros, ponen de nuevo a prueba el liderazgo de Rajoy.

Son muchos los que consideran que la situación que se está viviendo es el resultado de una mala gestión. Y no dudan en culpar, en ese sentido, a Mariano Rajoy. Hay quien cree que tenía que haber dado hace mucho tiempo un puñetazo sobre la mesa para poner fin a las peleas entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

En el PP reprochan a Rajoy que no haya frenado antes las peleas

"Es un lío eterno y él nunca ha sido capaz de parar este enredo que daña la imagen del partido", afirma un diputado. Otro considera que "se le ha ido de las manos" y que tendría que "ejercer de presidente".

Es verdad que en más de una ocasión les ha dado un toque de atención pero ha resultado inútil. Y se ha demostrado que esta herida lleva un año sin cerrarse. Nadie olvida que el 15 de enero de 2008, Rajoy comunicaba a ambos líderes que no irían en las listas para las generales. El regidor había mostrado gran interés por estar en el Congreso y Aguirre estaba dispuesta a renunciar a la Comunidad para convertirse en diputada. Ella lanzó su órdago y ganó el primer round.
El segundo se disputó antes del Congreso Nacional. Hasta el último minuto se barajó la posibilidad de que Aguirre presentara una candidatura alternativa. Todos lo pensaron tras escucharla en una encendida defensa de las ideas liberales.

Rajoy llegó sólo a la cita y finalmente salió respaldado con algo más del 70 por 100 de la militancia. Incluyó a Gallardón en su equipo. Y buena parte de los que le habían cuestionado se refugiaron bajo el techo del PP de Madrid.

Rajoy dijo que creía a Aguirre, pero un día después abrió una investigación

Las peleas entre Aguirre y Gallardón han continuado. Para algunas personas del partido conservador, Rajoy se tenía que haber plantado y no haber esperado a que le estallara un escándalo "tan bochornoso como éste". Creen que Caja Madrid era un aviso de lo que se avecinaba y que no quiso verlo. Prefirió mantenerse neutral y callado. Mientras Aguirre trataba de hacerse con el control de la entidad financiera, Gallardón se aliaba con su presidente, Miguel Blesa.

El silencio de Rajoy se rompió hace unos días. Su consejo: recomendar que fuera el Banco de España quien tutelara la caja para que está se despolitizara por completo.


Planta cara
Cuando saltó la polémica del espionaje , Rajoy dijo que creía a Aguirre. Pero un día después lanzaba un rotundo comunicado que desataba definitivamente la guerra entre ellos. "Más vale tarde que nunca", piensa un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

No obstante, hay en el partido quien cree que pese a que pueda parecer que su líder ha actuado con un poco de retraso, lo ha hecho "con la prudencia que le caracteriza". En este sentido, una diputada nacional recuerda que Rajoy "lidera el primer partido de la oposición y mide mucho que sus actuaciones puedan ir en contra del PP".

Ahora en este juego a tres bandas, Rajoy debe demostrar su capacidad de liderazgo. Para muchos se juega su prestigio. Y también su fuerza porque ésta ha sido la primera vez que se enfrenta de verdad a Aguirre. Por eso, a los marianistas les recorre un temor: que si la presidenta de la Comunidad de Madrid sale ilesa vaya a por él sin miramientos.
A este contexto se le suma además otro elemento. El líder del PP ha tenido que soportar esta semana cómo altos cargos Ruiz-Gallardón, Fraga o Mayor Oreja recordaban que había que seguir contando con el ex presidente Aznar.

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Todos los hombres de la presidenta

Tag: La semana, PP — Ignacio Escolar @ 10:55 pm

Ignacio González. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Canal de Isabel II y número dos de Esperanza Aguirre. A González le han espiado, le han pillado acompañando a unos señores que perdían enormes bolsas blancas de contenido desconocido en una oficina en Colombia, y también de carísimo viaje por Sudáfrica en compañía de un empresario que tiene a la Comunidad de Madrid entre sus mejores clientes. Sus andanzas por el mundo mundial aparecen en dos dosieres, que no parecen obra de aquellos que siguieron a los otros principales espiados que de momento se conocen, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Tanto Cobo como Prada comparten un denominador común del que González carece: ambos están en bandos rivales al de Aguirre en la guerra del PP.

No es el único indicio que apunta a que podrían ser dos los equipos de espionaje que se mueven en las alcantarillas de Madrid, ciudad sin ley. Si se confirman los datos revelados por el periodista Francisco Mercado en el diario El País, uno de esos equipos parapoliciales –el que espió a Cobo y a Prada durante los momentos más delicados de la crisis del PP– está a sueldo de la Comunidad de Madrid. ¿Y el otro? Aún no se sabe, pero sí su objetivo: sacar a la luz la supuesta corrupción del Gobierno de Madrid por motivos probablemente igual de oscuros, como la venganza.
En el PP comentan que González se está dejando otra vez la barba porque le ha vuelto a salir una erupción cutánea que le impide afeitarse con normalidad: “Tal vez cosa de los nervios”.

Sergio Gamón. Actual director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, ex director general de Seguridad Ciudadana, ex inspector de Policía, ex jefe de escoltas de la vicepresidencia del Gobierno, jefe de los supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada: tres personas de su confianza que él mismo fichó y tres ex Guardias Civiles de Valdemoro, el pueblo de Francisco Granados. Aguirre le ascendió a director general en el año 2006, cuando Alfredo Prada aún era el consejero de Justicia e Interior, pero ya se conocían de mucho antes. Gamón también fue su jefe de seguridad en el Senado, cuando ella era la presidenta.

La relación de Gamón y su familia con Aguirre es muy cercana, según explican fuentes del PP de Madrid. Su mujer también trabajó a sus órdenes en el Senado como secretaria, y hace unos años, con la bendición de Aguirre, sustituyó en el puesto a la secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano, el primer director general de Esperanza Aguirre en Telemadrid. La hija de Sergio Gamón, María del Carmen Gamón, es concejal del PP en Fuenlabrada y presidenta de Nuevas Generaciones en este municipio de Madrid. Gamón fue destituido como director general de Seguridad Ciudadana después de que su antecesor en el cargo, Juan Carlos Fernández, le denunciase por robar el ordenador de su despacho justo al día siguiente de que Esperanza Aguirre echase del gobierno regional a Alfredo Prada. Tras este escándalo, Aguirre le colocó con un nuevo cargo en la Consejería de Interior de Madrid, dónde aún trabaja.

Enrique Sánchez González. Presidente del grupo Sagital, ex diputado y portavoz en la Diputación de Madrid por la UCD, ex portavoz del Real Madrid y compañero de avión hacia Sudáfrica de Ignacio González en el famoso viaje. Según declaró González a El País, “El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada”. Sin embargo, tal y como ha desvelado Manolo Rico en Público esta semana, el Canal de Isabel II adjudicó un contrato de 33 millones de euros por dos años a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez. No es el único contrato de Sagital con la Comunidad de Madrid.

Pedro Antonio Martín Marín. Empresario y político, compañero de Sánchez en UCD, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex directivo del Real Madrid y sucesor de Miguel Ángel Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación de José María Aznar. Según varias fuentes, es ese amigo de Ignacio González y de Enrique Sánchez que viajó con ellos y sus esposas hasta Sudáfrica. Martín Marín coincidió con Sergio Gamón en La Moncloa y preside el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo y también accionista de Bodegas de Montecastro S. L., una empresa vitivinícola donde las únicas personas que figuran en su web como “principales accionistas” que no pertenecen al equipo fundador de El Mundo son el cantante Julio Iglesias y Enrique Sánchez González. Pedro J. es también el periodista español que más cita en sus artículos el Watergate. Y para una vez que viene a cuento, se ha puesto del lado de Nixon.
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El telón de fondo de Caja Madrid, por Vicente Clavero

25 Ene 2009

Cualquiera que sea el desenlace del turbio asunto que tiene en jaque al Gobierno de Esperanza Aguirre, es lógico que la batalla de Caja Madrid pase momentáneamente a un segundo plano, suponiendo –claro está– que los episodios de espionaje denunciados no formen parte de ella.
La presidenta va a tener poco tiempo durante una temporada para mucho más que achicar agua, a pesar de su empeño inicial por hacer infructuosamente el don Tancredo y transmitir a la opinión pública la impresión de que todo es un simple invento de la prensa y de que aquí en realidad no pasa nada.

Este distraimiento relajará la presión sobre el otro bando en liza: el que se ha hecho fuerte en Caja Madrid con el propósito de repeler la acometida de Aguirre, cuyo objetivo declarado es impedir que Miguel Blesa continúe en la presidencia, para colocar en su puesto a alguien que le baile el agua.

La Comunidad de Madrid, además, sufrirá un inevitable desgaste político mientras se sustancia el caso, y eso –quiérase o no– mermará sus posibilidades de culminar con éxito el cerco al que tiene sometida desde hace varios meses a la cuarta entidad financiera más grande de España.
Por si fuera poco, lo que se ha sabido esta semana no allana precisamente el camino del delicado acuerdo que estaban cocinando en secreto Aguirre y Tomás Gómez a fin de repartirse el poder en la caja y que ahora resultaría todavía más difícil de justificar, si cabe, para los socialistas madrileños.

Eso no significa, sin embargo, que Blesa tenga motivos ya para cantar victoria, porque es de sobra conocida la tenacidad con la que Aguirre se aplica a cualquier empeño, sobre todo cuando está en juego algo tanapetecible como el control de Caja Madrid.

Alberto Ruiz-Gallardón –que en esto camina de la mano de Blesa– tampoco le conviene fiarse por más que vea la meta al alcance de su mano, pues la presidenta debe de ser de las que mueren matando.
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La política del fango

GONZALO LÓPEZ ALBA - Madrid - 25/01/2009 08:00

El Aguirregate retrotrae la política española a los años noventa. Entonces proliferó la guerra de dossiers, con los llamados renovadores del PSOE filtrando, desde instituciones y organismos oficiales, documentos comprometedores para derribar el infranqueable torreón de Alfonso Guerra. Por la espita abierta, con causa o sin ella, fueron arrastrados hasta los sumideros otros muchos: Corcuera, Barrionuevo, Vera, Galeote, Narcís Serra... hasta provocar la pérdida del crédito social de toda la organización y su descomposición interna.

La trama parapolicial presuntamente organizada desde las entrañas del Gobierno autonómico que preside Esperanza Aguirre, de confirmarse las apariencias, relega a la categoría de aprendices de brujo a quienes orquestaron aquellas vendettas, con denuncias tan documentadas como anónimas. Pero hay una seña de identidad compartida: la lucha por el poder, sin cuartel y sin escrúpulos, entre facciones de un mismo partido.

El pulso entre Aguirre y Ruiz-Gallardón tiene una víctima clara en Rajoy

El presunto espionaje político entre dirigentes del PP y el conflicto de Caja Madrid son dos corrientes de una misma catarata que puede arrastrar a Mariano Rajoy, porque si algo no es presunto es la guerra fratricida que se libra en el Partido Popular como entonces ocurría en los pagos socialistas, con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón engolfados tanto monta, monta tanto en una lucha a muerte por la sucesión de Rajoy.

No parece casual que algunos de los seguimientos denunciados se realizaran en fechas inmediatamente previas al congreso que el PP celebró en junio de 2008 en Valencia, cuyos prolegómenos se caracterizaron por los amagos de Aguirre de presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy y por los esfuerzos de Ruiz-Gallardón para sacar la cabeza. Y, si casual, no puede dejar de resultar llamativo que Francisco Granados sea un nombre que aparece vinculado a otros episodios oscuros de la política madrileña.

Nunca fue acusado públicamente por falta de pruebas, pero el nombre de Granados flotó en la investigación que en 2003 se realizó desde la sede central del PSOE para intentar desentrañar el tamayazo, la operación que permitió a Esperanza Aguirre convertirse por primera vez en presidenta autonómica, cargo desde el que, jubilado José María Aznar, se encumbró a la categoría de lideresa de la facción más conservadora de la derecha .

La carrera de Granados fue fulgurante desde que dirigió la investigación del tamayazo
Llama la atención que fuera Granados, precisamente él, el elegido por Aguirre para presidir la comisión de investigación que sobre el tamayazo se constituyó en la Asamblea regional, un momento crucial en el distanciamiento entre la presidenta madrileña y su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. A partir de esa fecha, quien hasta entonces sólo había sido alcalde de la localidad de Valdemoro, vocal de la Ejecutiva regional del PP y diputado autonómico, empezaba una fulgurante carrera política, pasando por tres consejerías diferentes hasta convertirse en el hombre fuerte de Aguirre como consejero de Presidencia, Interior y Justicia, además de secretario general del PP de Madrid.

Caja Madrid
En una era caracterizada, más que por la vertiginosa velocidad de los cambios, por la aceleración del olvido, el estallido del Aguirregate ha relegado la atención sobre el conflicto de Caja Madrid, donde acecha el más peligroso de los cruces: el que se da entre la política y el dinero. Convendría a sus actores políticos el recuerdo de que, en el año 2000, con el PSOE a la deriva, una disputa interna por el control de Cajastur provocó la rebelión de los parlamentarios socialistas contra el presidente del Principado, Vicente Álvarez-Areces, que a punto estuvo de perecer políticamente en el intento.

La extrema gravedad de este conflicto deriva del hecho de que Aguirre y Ruiz-Gallardón han convertido la cuarta entidad financiera de España en un escenario más del teatro de batalla de sus ambiciones particulares, en un uso perverso de sus poderes institucionales. Pero también del debilitamiento de la corporación que es su consecuencia indirecta, pues alienta a los tiburones de la privatización que ansían apropiarse de ese goloso pedazo de la tarta.

Las cajas de ahorros son ya un fenómeno casi exclusivamente español, toda vez que en la mayoría de los países de nuestro entorno han sido engullidas por la banca privada. La gran diferencia respecto de las demás entidades financieras, con las que compiten en el mercado sin privilegios, es que sus beneficios no van a engordar los bolsillos del banquero de turno y sus accionistas, sino que han de destinarse obligatoriamente a realizar obra social , descontada la parte que se dedica a reforzar la propia solvencia.

Las instituciones y colectivos que proponen a sus directivos comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales e impositores tienen la obligación de orientar su labor social en función de las necesidades de la ciudadanía de los territorios donde operan y de neutralizar las tentaciones que puedan tener sus presidentes de operar como banqueros privados será de interés, cuando haya relación oficial, conocer si todas las cajas aplican las moratorias para las hipotecas de parados. Y tienen también el deber de evitar que se conviertan en un campo minado de intereses partidistas y/o particulares.

El modelo por el que configuran sus órganos de dirección es discutible. Pero, mientras que no se modifique, la mínima responsabilidad ética exigible a quienes ponen y a quienes están puestos en ellos es que su politización sea noble: limpia y transparente. Si no, siempre existirá el riesgo de secuelas del tamayazo como la protagonizada por los socialistas Romero y Pérez, aun cuando hubieran votado guiados exclusivamente por lo que entendían mejor para la estabilidad de Caja Madrid y no por proyectos de futuro personal al margen de los intereses que están obligados a representar en virtud de ese modelo.

Como en el chiste de Gila, alguien espía a alguien, pero no se sabe bien quiénes son los espías y quiénes son las víctimas. Acaso porque todos practican el mismo juego. Con fuego.
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Gallardón y Aguirre vuelven a disimular sus diferencias

El papelón de Cospedal
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El Plural apoya a Mercado y a los compañeros de El País
Güemes, yerno de Carlos Fabra, debe de ser un experto en acciones judiciales

No deja de ser curioso que a Juan José Güemes le haya correspondido anunciar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha medidas legales contra El País. El controvertido consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre ha añadido además una retahíla de insultos dirigidos a Francisco Mercado, el redactor del diario de Prisa que ha publicado el escándalo de los espionajes.

El intrépido Güemes debe de ser, muy probablemente, un experto en acciones judiciales. O, para ser más exactos, un insuperable conocedor de cómo pueden frenarse este tipo de acciones. Su suegro, Carlos Fabra –ese “político modélico”, según Mariano Rajoy, que acumula múltiples sospechas-, lleva desde hace algunos años, zafándose, de forma tan descarada como inquietante, de las actuaciones judiciales que le afectan.

De lo que se trata
En el caso que nos ocupa, de lo que se trata es de activar las acciones judiciales contra el colega Mercado y, en paralelo, de amortiguar al máximo las que puedan derivarse de la investigación judicial que ha comenzado a desarrollar el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix.

Diagnóstico adelantado
Claro que Moix, en el inicio del asunto, advirtió –a través de unas insólitas declaraciones- que él no percibía ningún hecho delictivo en el affaire de los espías, tras leer la primera información de Mercado. ¿Por qué dijo lo que dijo el fiscal Moix? ¿Desde cuándo un fiscal adelanta públicamente su diagnóstico, aunque lo matice agregando una cierta dosis de cautela?

La velocidad de Moix
¡Cuánta velocidad la del fiscal jefe del TSJM! También está siendo, por cierto, muy rápida la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en su averiguación de lo sucedido y cumpliendo instrucciones de Rajoy. En quince minutos y por teléfono, según ella misma se encargó de explicar, despachó Cospedal el episodio con su amiga Aguirre de la que –no lo olvidemos- fue consejera durante algún tiempo. Cospedal se apresuró a manifestar a los periodistas: “Yo creo a Esperanza Aguirre? ¿Cómo no la voy a creer?”

El caso Naseiro
El PP, en todo caso, tiene muchos motivos para estar relativamente optimista respecto a la Justicia. ¿Habrá que evocar cómo el Tribunal Supremo redujo a cenizas, hace unos veinte años, el asunto Naseiro, acogiéndose a una cuestión de procedimiento y evitando de este modo un desastre de gran magnitud para la derecha? ¿Habrá también que recordar cómo el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el entonces presidente Aznar, bloqueó cualquier investigación judicial sobre el tamayazo?

El caso Fabra
En cuanto al caso Fabra, no es necesario evocar el pasado. No hay más que observar el presente. ¿Cuántos jueces han salido zumbando del juzgado de Nules (Castellón) sin ejercer su tarea respecto al presidente de la Diputación provincial y presidente del PP castellonense? La respuesta provoca bochorno e indignación, sobre todo si cabe atisbar una cierta complicidad por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps de presidente.

En la Comunidad de Madrid
De momento, el bombazo dialéctico de Güemes –ejerciendo de portavoz del PP madrileño- ha topado con una inmediata réplica, suscrita por el Comité de Redacción de El País. Los periodistas del mencionado periódico han decidido plantar cara a las chulerías de Güemes y, por consiguiente, de la presidenta regional de Madrid. “Defendemos, apoyamos y felicitamos –subrayan los colegas de El País- a Mercado por las informaciones en las que se destapa una trama de espionaje ilegal montada en el seno de la Comunidad de Madrid”.

Solidaridad
Reciba también Mercado la solidaridad de quien suscribe este artículo y la de mis compañeros de El Plural. Contad, queridos amigos de El País con nuestro apoyo. Es modesto pero firme. Aunque se empeñe el PP, no logrará amordazaros ni tampoco conseguirá matar al mensajero.

Enric Sopena es director de El Plural
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La Comunidad de Madrid anuncia acciones legales contra El País

El marianista Quevedo asegura que el consejero de Interior realizaba dossiers contra Rajoy en el Congreso de Valencia

Granados presidió la Comisión Investigadora del tamayazo y ahora es presunto impulsor de una trama de espionaje

Aguirre bromea: “¿A ti no te he espiado, con lo todopoderoso que eres?”

De Cospedal: “Yo creo a Aguirre, ¿cómo no la voy a creer?”

Los redactores de El País plantan cara a las amenazas de Güemes
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El Mundo: Entrevista a Marcos Peña

“Me han utilizado para perjudicar a la presidenta”, dice ahora en El Mundo
El ex policía Marcos Peña, el hombre de Granados, o “donde dije digo, digo Diego”

ABC: Esperanza Aguirre, sobre la polémica del espionaje: «Todo acabará en nada»
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La lideresa amenaza a Gallardón con llevarle a los tribunales
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas

ELPLURAL.COM

Casi una vez por pregunta niega Esperanza Aguirre que haya una red de espionaje montada dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La lideresadedica la mayor parte de una entrevista con ABC a echar balones fuera y recordar los seguimientos a Pizarro y los asuntos turbios en el Gobierno de Felipe González. Esa es su línea general, que pasa por insinuar que el “montaje” está hecho para beneficiar a los socialistas madrileños que quieren arrebatarle el poder y para que el Gobierno “tape” los datos del paro y la crisis.

Ni un solo temor o preocupación por todo lo que está saliendo a la luz. Aguirre no cree que pueda abrasarse poniendo la mano en el fuego por todos sus consejeros. La raíz de su tranquilidad reside en que no se cree ni una sola palabra de lo que publica El País. “Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”, asegura Aguirre.

Aguirre lo niega todo
Una y otra vez, y las que vendrán, niega Esperanza Aguirre que se haya montado un dispositivo de espionaje en las entrañas de su Gobierno. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, no existe nada nuevo que no estuviera ya con Leguina y Gallardón y que vaya más allá de mantener la seguridad en los edificios oficiales.

Balones fuera
“El único espionaje oficial comprobado es el que le hicieron a Manuel Pizarro. Y no hay que olvidar que un vicepresidente del Gobierno de Felipe González tuvo que dimitir por espiar entre otros al Jefe del Estado”, explica Aguirre, empeñada en no olvidar el pasado cuando es ella la beneficiada.

Cortina de humo
Su estrategia de echar balones fuera pasa por preguntarse “qui prodest?” (¿A quién beneficia?). Según la lideresa, ese beneficio es para el PSOE, “que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales”. No podía faltar la apelación a la cortina de humo, a la que recurre el PP cada vez que le salpica un asunto turbio y que se aleja de la crisis económica. Según Aguirre, también se beneficia el Gobierno, “que le sirve para tapar los 3.200.000 parados, el déficit del seis por ciento y lo nocivo de las medidas de incremento de gasto público que ha tomado”.

¿Gallardón a juicio?
Sobre Gallardón, Esperanza Aguirre se muestra ambigua. Comenta que el alcalde madrileño hizo dos declaraciones: unas pidiendo “que Granados compareciera en la Asamblea y otras dando por bueno lo que publicaba El País.” Y justo a continuación de esto, la lideresa añade: “Ya lo he dicho: el que dé por bueno el montaje tiene tres opciones: o aporta pruebas, o rectifica, o tendrá que vérselas con nosotros en los tribunales”.

“Es un montaje”
Aguirre no tiene miedo de salir abrasada, de tanto poner la mano en el fuego por sus consejeros. “Ya lo hice y no me quemé”, asegura Aguirre, en referencia a Luis Armada, viceconsejero de Transportes, que fue requerido por la Justicia para declarar sobre el caso Guateque. La lideresa está muy tranquila: “Esto en una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”.
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MÁS SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
Mariano Rajoy conocía que había espionaje político en su partido

Este sábado el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de sanidad de Aguirre, Juan José Güemes, acusó a este periódico de "fabricar una gran mentira"

CADENASER.com 25-01-2009

Según el diario 'El País', Mariano Rajoy fue informado ya de un caso de espionaje político en Madrid en mayo de 2008. Fue el tesorero nacional del PP en el momento, Álvaro Lapuerta, quien aviso a su presidente de que estaba siendo vigilado y que sospechaba de altos cargos de la Comunidad de Madrid. El propio partido ha confirmado estos hechos.

AUDIOS: Cospedal anuncia que el PP será "absolutamente contundente" ante la trama de espionaje

AUDIOS: Una periodista pregunta a Rubalcaba sobre su implicación en el espionaje: "Y Mortadelo y Filemón también"

AUDIOS: Declara el periodista de El País que destapó la trama de espionaje

AUDIOS: Güemes: "El País y el grupo Prisa deberían pedir perdón por esta gran mentira"

Un asesor del gobierno de Aguirre fue condenado hace un mes por espiar a altos cargos

Cospedal, Aguirre y Gallardón coinciden en un Foro del PP en plena trama de espionaje

Según el diario Lapuerta explicó que los motivos de tal espionaje podrían venir dados como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.

Además de Lapuerta, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; del entonces consejero de justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, también fue espiada la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Y es que según un documento que aporta el diario 'El País' su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior.

Este sábado el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de sanidad de Aguirre, Juan José Güemes, acusó a este periódico de "fabricar una gran mentira". El comité de redacción ha condenado el ataque.
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