dimecres, 29 d’abril del 2009

PP Vice. 29/04/2009. Hacienda investigó al tesorero del PP por ingresar 330.000 euros en billetes de 500.


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Hacienda investigó al tesorero del PP por ingresar 330.000 euros en billetes de 500

La caja B de Correa apuntó pagos por ese monto a Bárcenas.-El dirigente popular alegó ante Hacienda que había devuelto un crédito pedido un mes antes para una fallida compra de cuadros

Camps pide la nulidad de las investigaciones del juez Garzón

El PSOE cree que "algo huele a chamusquina" en los pagos de Bárcenas a Correa

Ha considerado "alucinante" la explicación que el tesorero del PP ha dado sobre el crédito que solicitó de 330.000 euros

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El vídeo en pantalla completa

Los espías siguieron muy de cerca a Ignacio González

Fuentes del Canal de Isabel II han reconocido a Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, como una de las personas que acompañan al vicepresidente madrileño


Esperanza Aguirre respalda a su 'número dos' dándole más poder

La presidenta suprime la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Argumenta que es como medida anticrisis pero la da más competencias a González

Tomás Gómez: "Es un espectáculo bochornoso e intolerable"
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Nuevas evidencias acercan la trama Gürtel al entorno del ex presidente
El secretario personal de Aznar trabajó para Correa

En la Mérida del PP: corrupción, sexo y televisión (I)
El ex alcalde financió con dinero público los tejemanejes de su hermano

Garzón le acusa de haber recibido esa misma cantidad de dinero de manos de Correa
El tesorero del PP ingresó 330.000 euros en billetes de 500 en un banco

La SER muestra el vídeo del espionaje al número dos de Aguirre
Conversaciones sobre paraísos fiscales, el pariente de un narcotraficante y el misterio de las bolsas blancas
MULTIMEDIA

Nuevo enfrentamiento Gobierno-oposición por la crisis económica
De la Vega: "Al PP le crecen los bigotes y las facturas sin pagar”-->

El líder del PP une su destino a de los presuntos corruptos
Galeote, en el equipo de Rajoy como asesor para asuntos europeos
Su gestión de la ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami fue un fiasco
Clemente Aguado tiró 4 millones y medio de euros a la basura
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dimarts, 28 d’abril del 2009

Èxit de la vaga de l'ensenyament públic valencià contra la política educativa de Camps i de Font de Mora.

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La Plataforma cifra en un 70% el seguimiento de la huelga docente

Educación afirma que sólo el 21% han secundado el paro contra la política educativa de la Generalitat

AGENCIAS/LEVANTE-EMV.COM

Un 70 por ciento del profesorado y un 90 por ciento del alumnado de los centros de enseñanza primaria y secundaria de la Comunitat han secundado la huelga convocada hoy por la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra la política educativa de la Generalitat, según los datos de esta organización.

En rueda de prensa, la portavoz de la Plataforma, Gemma Piqué, ha afirmado que los convocantes "están contentos" por el seguimiento de la huelga que, en unos cuarenta o treinta centros de la Comunitat, ha llegado al cien por cien, permaneciendo sólo el profesorado de servicios mínimos.

"Está claro que la sociedad valenciana ha dado la espalda a la política educativa del Partido Popular y no va a admitir esta forma de hacer política", ha manifestado.Asimismo, Piqué ha pedido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, no por su persona, sino por esa forma de hacer política".

Los datos han sido recogidos mediante llamadas telefónicas a los centros educativos de cada provincia por parte de los sindicatos, que han recabado la información desde que los institutos abrieron sus puertas a las ocho de la mañana.

Según ha precisado Marc Candela, portavoz del STEPV, los resultados de seguimiento de la huelga que facilita la Conselleria (un 21,7% entre el profesorado) "no son reales" porque se basan en el profesorado que se apuntó los días antes a la huelga y no en los de hoy.

"Muchos profesores no han comunicado su deseo de hacer huelga porque no están obligados a ello, pero después han hecho huelga", ha explicado Candela.

En cuanto al seguimiento por tipos de centros, Piqué ha explicado que "no pueden desglosar todavía los resultados exactos", pero que el seguimiento de los alumnos en primaria es más difícil porque los padres no tienen donde dejar a estos por estar en el trabajo.

De todas formas, ha valorado como positivo el seguimiento global ya que, "en un principio, parecía que la secundaria era la única que seguía estas protestas por motivo de la Educación por la Ciudadanía, pero el trabajo de la Plataforma ha conseguido que todos se concienciasen que la huelga no es sólo por esta razón, sino por la política del PP".

Asimismo, Piqué ha informado de que hay unos cuatro centros en los que no se ha seguido la huelga y ha habido algún profesor que ha puesto exámenes obligatorios para los alumnos.

Ante estos hechos, la portavoz ha reivindicado el derecho a huelga de los ciudadanos y ha sugerido que los alumnos pidan una repetición de examen.

Además, ha denunciado la "manipulación" del Ayuntamiento de Manises al repartir panfletos en los que se afirmaba que los centros permanecerían abiertos durante la jornada de hoy.

"Nosotros nunca hemos dicho que los centros fueran a estar cerrados, sino que se mantendrían los servicios mínimos y había un derecho a huelga", ha argumentado.

Piqué ha agradecido el apoyo de las asociaciones de vecinos, sindicatos de estudiantes y federaciones de padres, y a "los abuelos que hoy se han quedado a cargo del cuidado de los más pequeños", cuyos padres estaban en el trabajo.

La Plataforma ha organizado hoy a las dos de la tarde una comida en el río Turia con globos para los niños y una manifestación en Valencia, Alicante y Castellón a las siete de la tarde.

LA CONSELLERIA HABLA DEL 25%
Los datos oficiales definitivos del seguimiento de la huelga en los 1.592 centros escolares de la Comunitat Valenciana cifran en un 25,5 por ciento de los docentes que la han sido secundado y la no asistencia a clase del 23,4 por ciento del alumnado, informan fuentes de la Conselleria de Educación.

Por provincias, en la provincia de Valencia ha habido más incidencia con un 30,33 por ciento de los docentes, en Castellón un 23,8 por ciento y en Alicante un 22,34 por ciento.

Estos datos son los oficiales y recogen la práctica totalidad de los centros que han remitido la información de seguimiento comunicada por los directores a los servicios de inspección de las direcciones territoriales.

Las cifras ofrecidas con anterioridad (21,7% de media) respondían al 53 por ciento de los centros que habían remitido la información antes de las 10.45 horas.

La Conselleria de Educación ha reiterado la normalidad con la que se ha desarrollado la jornada de hoy.
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La plataforma espera vaciar las aulas
El déficit de 393.419 euros de la Universitat por la deuda de Educación le impide pagar a proveedores
Suspendida la comisión de Educación por falta de aforo para albergar a la Plataforma.
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Los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana se vacían contra Camps

Entre el 70 y el 80% del profesorado se suma a la primera huelga general de la enseñanza pública contra la política educativa del PP

NEUS CABALLER / EZEQUIEL MOLTÓ - Valencia / Alicante - 28/04/2009

La enseñanza pública valenciana vive hoy la primera huelga general "contra la política educativa del Gobierno del PP". Los colegios e institutos prácticamente se han vaciado de alumnos en un 70%. Según los primeros sondeos recabados centro a centros por los tres sindicatos convocantes CC OO, STEPV y UGT, el 70% de los 504.986 alumnos de 3 a 18 años convocados no han asistido a clase. Entre el profesorado, entre el 70% y el 80% también ha secundado la huelga en protesta por "la política de decretazos" de un Administración educativa en franco desgaste, en lo que fue un gesto sin precedentes porque el paro estaba convocado no para reivindicar mejoras salariales ni laborales.

La Administración educativa ha tratado de neutralizar las cifras del paro docente sacando a colación el estadillo enviado por los directores hace dos días, según el cual sólo el 21,7% anticipó su deseo de hacer la huelga.

En Valencia capital, los tres colegios públicos del Distrito Marítimo -escenario de la Copa del América y de la Fórmula 1- el descontento con la gestión de Camps ha llegado a vaciar al 100% las aulas. Las madres y los abuelos han optado por llevar a sus hijos a los parques y a la playa. El CP Ballester Fandos, el Malva-rosa y el Blasco Ibáñez permanecen prácticamente cerrados por falta de clientela, excepto el profesorado de servicios mínimos obligatorios que tuvo que ir a trabajar.

En la Comunidad Valenciana, al menos 40 colegios e institutos viven la misma situación de cierre total. En otros, hay algún profesor de Bachillerato que ha saboteado la huelga con un examen improvisado e inaplazable. También ha habido municipios gobernados por el PP donde se han dado situaciones extremas como en Bolbaite, donde el alcalde ha lanzado un bando, o en Manises, donde el Ayuntamiento ha repartido folletos, alentando a las familias a llevar a los hijos a clase.

La huelga, que estaba convocada formalmente por los tres grandes sindicatos de la enseñanza pública, cuenta con el respaldo unánime de 14 organizaciones adscritas a la Plataforma por la Enseñanza Pública. Se trata de un movimiento civil que se constituyó en junio del año pasado, cuando el presidente Francisco Camps tuvo la ocurrencia de obligar a traducir las clases de Educación para la Ciudadanía al inglés, y que desde -tras dos trimestres escolares de movilizaciones y desencuentros por la gestión educativa de Alejandro Font de Mora- pide "la dimisión del equipo directivo de la Consejería de Educación".

Secundan esta petición las cuatro asociaciones de estudiantes, la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, la asociación mayoritaria de inspectores Adide, las dos asociaciones profesionales de directores de Primaria y Secundaria, y organizaciones culturales como Escola Valenciana y la confederación de Asociaciones de Vecinos.

"Ésta es un huelga de la sociedad valenciana, de los padres y de las madres, de los profesores descontentos con una política educativa que no puede seguir", ha rematado en rueda de prensa Gemma Piqué, presidenta de la Confederación de Padres y portavoz de la Plataforma, que ha contado con el respaldo de varios miembros de la ejecutiva de Ceapa. "Desde la confederación nacional de padres Ceapa responde a Camps y a Font de Mora que el único pacto por la educación posible es que las comunidades autónomas del PP cumplan con la Ley Orgánica de Educación (LOE)", según ha puntualizado Encarna Salvador.

Parón en Alicante
El amplio seguimiento de la jornada de huelga convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha paralizado el sistema educativo también en Alicante. Los pocos estudiantes que esta mañana merodeaban por los institutos a penas sabían qué pasaba. "Los profesores nos han dicho que no hay clase, que fuéramos al patio o a la biblioteca", comentan Lidia y Lucía, que estudian segundo de ESO en el IES Jorge Juan donde un 90% de los alumnos han secundado la jornada de huelga, y a penas un 16% del profesorado. De los 81 docentes de este centro solo 13 no han acudido al trabajo. "Si lo llegamos a saber no venimos, nos dicen que como no hay alumnos no damos clase", admiten.

Otras dos alumnas de segundo de Bachillerato, Paola y Pamela confiesan "me han enviado mis padres que están hartos de tantas vacaciones, pero sólo había dos profesores, así que nos vamos", comentaba una de ellas. "La huelga que era para los profesores al final nos la encasquetan a los alumnos", agrega su amiga. Esta mañana en el IES Miguel Hernández un 30% del profesorado no acudió a clase, y entre el alumno la cifra se elevó al 85%. "Creemos que es por los barracones, pero no está muy claro", explican Lidia y Lucía sobre los motivos de la convocatoria de huelga.

En los cuatro colegios públicos de El Campello, localidad del área metropolitana de Alicante, el 80% del profesorado está en huelga y el 97% de los alumnos no fue a clase, según datos ofrecidos por los directores. En Elche en el IES La Foia el 77% del profesorado no acudirá hoy el centro y de sus 400 alumnos, solo han ido 40. En el colegio Vora Mar de Alicante el 75% del profesorado está el huelga y de los 466 alumnos han acudido 34 que están realizando actividades extra escolares en la biblioteca o en el patio. En el IES Cavaniles sólo 18 profesores están en huelga y 70 están en clase, sin embargo el 90% de los alumnos no han ido a clase. En el IES Mutxamel, otra localidad del área metropolitana de Alicante, de los 88 profesores 78 están en huelga y de los 800 alumnos se han presentado 19. Y por último, en el IES Las Norias de Monforte del Cid, cuyo director José Luis Santiago está expedientado por la Consejería de Educación por permitir exhibir una foto del consejo Font de Mora boca a bajo, el 70% de los docentes no han ido al centro y el 90% de los alumnos tampoco se han presentado.
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La UE equipara català i valencià.

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Que valencià i català són dues maneres de denominar la mateixa llengua, la catalana, ho sap tothom amb un mínim de cultura.

Que el PP i la dreta valenciana en general utilitza aquest tema amb la desvergonya amb què sol actuar i parlar, també.

Segur que ara tindrà el señor de los trajes una via de distracció per a enviar a l'amodorrat poble valencià.

Però, de moment, la UE ha decidit no fer el rídicul intel.lectual.
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La equiparación de valenciano y catalán se extiende en la UE

J. F. / AGENCIAS - Valencia - 28/04/2009

El reconocimiento de la unidad de la lengua no es incompatible con la promoción de su denominación también como valenciano. De hecho, la equiparación de valenciano y catalán se sigue extendiendo por las instituciones de la Unión Europea. El Gobierno logró ayer extender el derecho de los ciudadanos a dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a ser respondidos, en cualquiera de las tres lenguas oficiales reconocidas en España además del castellano. El acuerdo se refiere al derecho de los ciudadanos españoles a utilizar el castellano, el gallego, el euskera y "la lengua denominada legalmente valenciano o catalán".

El acuerdo está vigente con otros organismos europeos
Camps utilizó la potestad de usar el valenciano en el Comité de Regiones


El Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha suscrito convenios con el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para que los ciudadanos puedan dirigirse a estas instituciones en cualquiera de las lenguas cooficiales españolas. Para salvar las reticencias del Consell que preside Francisco Camps y posibles pleitos sobre la denominación de la lengua, el Gobierno ha recurrido sistemáticamente a la doble denominación de valenciano o catalán.

El primer acuerdo firmado por el Gobierno para permitir a los ciudadanos españoles que puedan utilizar las lenguas cooficiales fue el 7 de noviembre de 2005 con el Consejo de la UE. A ese convenio siguieron otros ese mismo año con la Comisión Europea y con el Comité de las Regiones, en cuyo pleno el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudo utilizar el valenciano en su intervención.

En 2006 el acuerdo para que los ciudadanos se puedan dirigir en castellano, euskera, gallego y "la lengua denominada legalmente catalán o valenciano" se amplió al Comité Económico y Social Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo. El 3 de julio de ese mismo año, el Parlamento Europeo adoptó un acuerdo para permitir el uso en sus comunicaciones de las lenguas cooficiales españolas.

Y desde ayer, los valencianos ya pueden dirigirse en su lengua propia a las instituciones de justicia de la Unión Europea. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y el secretario del Tribunal de Justicia europeo, Roger Grass, firmaron ayer en Luxemburgo el acuerdo que permitirá a los ciudadanos españoles expresar sus quejas en cualquiera de las cuatro lenguas oficiales en España y recibir respuesta en la misma lengua.
España se convirtió ayer en el primer país de la UE que firma esta clase de acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo, que permitirá a los ciudadanos españoles expresar sus quejas en euskera, gallego y "la lengua denominada legalmente valenciano o catalán".

"Es una demostración de la voluntad y del compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones de la UE", argumentó López Garrido.

El acuerdo excluye los escritos de carácter jurisdiccional, los que se refieran a la aplicación de una norma legal y los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), un beneficio (como la atribución de un contrato público) o una función (por ejemplo, la candidatura a un puesto de trabajo).

En los otros casos, las personas que deseen dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en valenciano/catalán, vasco o gallego deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español. Allí se pasará al castellano para permitir que el Tribunal redacte su respuesta en dicho idioma y, a continuación, traducirá la contestación de la corte de Justicia a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Los eventuales costes serán asumidos por el Gobierno español.
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PP Vice. 28/04/2009. Un imputado del 'caso Correa' organizó desde un ayuntamiento la boda de Agag:

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Tras su imputación en la Gürtel los obispos borraron su rastro, pero no del todo
El Plural les muestra el folleto de la Pontificia con el profesor Bigotes
ELPLURAL.COM

Álvaro Pérez, el hombre fuerte de la trama Correa en la Comunidad Valenciana y uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, consiguió colarse como profesor en Máster de Imagen y Asesoramiento Político que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. El Plural así se lo contó el pasado 30 de marzo, incluido el empeño de los obispos en eliminar todo rastro de él, especialmente en su página web de donde desapareció de inmediato. Hoy les mostramos una nueva evidencia de su paso por la universidad de los obispos: el folleto del curso.

“Álvaro Pérez Alonso, asesor de Relaciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Presidente del grupo The Orange Market”. Así presentaban al profesor Bigotes en la web de la Pontificia. Nada más saberse su imputación en la trama de corrupción presuntamente vinculada por el PP, su fotografía desapareció de inmediato. Lo que no consiguieron los obispos es eliminar de la circulación los folletos sobre el curso que se habían editado. Este periódico ha podido acceder a uno de ellos:

¡Asesor del Gobierno de Aznar!
Su principal mérito para formar parte del staff del curso es, como se indica también en la presentación que figura en el folleto, es su papel como "asesor de Relaciones Públicas de José María Aznar" y presidente del Grupo The Orange Market. Eran otros tiempos. Ahora tanto el PP como los que formaron parte del Gobierno de Aznar reniegan de él y su brillante empresa está siendo investigada como tapadera de la trama corrupta.
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Un imputado del 'caso Correa' organizó desde un ayuntamiento la boda de Agag

Una carta del diputado Bosch prueba cómo se movilizaron las instituciones

FERNANDO GAREA - Madrid - 28/04/2009

"Paso a detallarte una relación de personas implicadas, así como la gestión que he efectuado con ellas, en relación con los preparativos de la ceremonia de Ana y Alejandro". Ana es la hija de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno; Alejandro es Alejandro Agag; la ceremonia es la espectacular boda de ambos en El Escorial; el párrafo se escribió en 2002 en una carta cuyo receptor era Antonio Cámara, entonces secretario personal del presidente del Gobierno; y el autor es Alfonso Bosch, que declara hoy como imputado ante el juez por el caso Correa.

Alejandro Agag Longo

Ana Aznar Botella

El Ayuntamiento de Madrid cedió medios para la ceremonia en El Escorial

La carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene membrete del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), del que Bosch era entonces segundo teniente de alcalde, y prueba que mantenía relaciones estrechas con la familia Aznar. A su condición de miembro destacado del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar se une el hecho de que, según esta carta, fue también responsable de la boda de la hija del que era presidente del Gobierno.

Se deduce de la misiva que la ceremonia se organizó desde la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y el Ayuntamiento de El Escorial, con medios de este Consistorio, del de Madrid y de la Comunidad. Todas las instituciones se movilizaron para que la boda saliera bien. Bosch, ahora diputado de la Asamblea de Madrid, está acusado de recibir 250.562 euros por adjudicaciones en Boadilla, donde fue responsable de la empresa municipal del suelo, tras su paso por el Ayuntamiento de El Escorial.

En la organización participó Álvaro Pérez, que trabajaba entonces en Madrid para el PP con Francisco Correa -cabecilla de la presunta trama-, y que está imputado por su actividad en la red corrupta y, especialmente, por sus negocios en Valencia.

El receptor de la carta, Antonio Cámara Eguinoa, pasó de secretario personal del presidente del Gobierno a empleado de Correa en una de sus empresas en 2004, tras la derrota electoral del PP. El fichaje de Cámara se hizo en las mismas fechas en las que, según la versión oficial de Mariano Rajoy, el PP dejó de contratar a las empresas de Correa por utilizar fraudulentamente las siglas del partido para hacer negocios.

En la carta, Bosch notifica a La Moncloa las empresas de autobuses que se encargarán del traslado de los invitados y los nombres de responsables de otros detalles, como el aparcamiento o las obras paradas para la ocasión: "Confirmada la retirada de vallas de obra y de casetas en la fachada principal de la lonja del Monasterio, así como las vallas y el acopio del material de obra del Patio de Reyes".

Respecto al parking, explica: "El aparcamiento nos da 350 plazas pudiendo llegar a las 450-500, trasladando ese día a los abonados que tienen al otro parking de la plaza de la Constitución". "Mañana jueves tengo reunión con el arquitecto de dicho proyecto para conocer y prever el estado de la obra el día 5", prosigue. La reunión es con Alberto Arias, arquitecto de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Por último, explica que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por José María Álvarez del Manzano, colaboró con la boda y aportó medios públicos. Así, asegura: "Asunto vallas de señalización y corte: confirmada la recepción de 300 vallas y su retirada el día 6, del Ayuntamiento de Madrid. Gestión realizada a través del Sr. D. Luis Molina". Este último es un histórico concejal del PP de Madrid que fue contratado luego por el Ayuntamiento para el Departamento de Coordinación, que se ocupa de las concentraciones públicas en la capital. En este caso, el consistorio consideró acto público la boda y extendió su competencia al municipio de San Lorenzo de El Escorial. La carta termina asegurando: "Confirmada asistencia Policía Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial".

Alberto López Viejo, imputado también, era concejal de limpieza de Madrid y cortó la calle de Velázquez para facilitar la fiesta de despedida de solteros.
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El Tribunal Superior de Valencia ordena investigar "las filtraciones"

EL PAÍS - Madrid - 28/04/2009

José Flor, el magistrado del Tribunal Superior de Valencia que investiga las ramificaciones del caso Gürtel en esa comunidad, ha solicitado al juzgado decano de Madrid que se investiguen las supuestas "filtraciones a EL PAÍS de documentos que forman parte de la causa principal, declarada secreta por el Juzgado Central de Instrucción número 5". Asimismo, el alto tribunal valenciano ha pedido al Ministerio Fiscal "que le informe sobre qué acciones ha realizado" para averiguar las supuestas filtraciones. Así se indica en una nota que hizo ayer pública el gabinete de prensa del citado tribunal.

A juzgar por la nota, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia da por sentado que la supuesta filtración de documentos del sumario que afectan a los aforados que él investiga se ha producido en Madrid, motivo por el que ha enviado su petición a los juzgados de la capital.

En la citada nota de prensa se omite que este mismo tribunal ordenó levantar el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 3 de abril; es decir, en fecha anterior a las informaciones que ha venido publicando este periódico.

"Las informaciones publicadas por el periódico [EL PAÍS]", señala la nota, "reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales sobre hechos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

El gabinete de prensa destaca que "el pasado 21 de abril la Sala de lo Civil y Penal [del Tribunal de Valencia] dictó una resolución en la que recordaba la vigencia del secreto de sumario, exigible incluso a todas las partes intervinientes en el proceso".
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Camps busca el apoyo del PP en pleno escándalo por sus trajes

El líder valenciano fue aplaudido al final de la ejecutiva

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 28/04/2009

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ofreció públicamente una versión muy dulcificada de lo que había sucedido ayer en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la primera desde que EL PAÍS publicó una conversación entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los cabecillas de la supuesta red corrupta del caso Gürtel. Según Cospedal, Camps recibió el apoyo del partido. "Todos los miembros del comité le han extendido ese apoyo", sentenció.

Francisco Camps Ortiz

Nadie habló para respaldarle salvo, de forma sutil, el presidente murciano

Sin embargo, la realidad en la reunión, según cuentan varios de los presentes, fue algo diferente. Habló una decena de personas y, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones con las novedades del caso Gürtel, nadie quiso ofrecer explícitamente su apoyo a Camps. El asunto no había sido mencionado. Sólo Mariano Rajoy, en su discurso, había dicho, como siempre, que su partido se encargará de defender la "presunción de inocencia de todos sus miembros".

Pero entonces Camps pidió la palabra al final de la reunión, ya en el turno de ruegos y preguntas, cuando parecía que el tema no se iba a tratar porque la reunión se había centrado en hablar de las elecciones europeas, la crisis económica, la financiación autonómica y la epidemia de gripe porcina.

El presidente de la Generalitat valenciana hizo una breve mención al asunto que trae de cabeza a su Gobierno: el escándalo de los trajes que presuntamente, según el auto del juez Baltasar Garzón, le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes.

"Agradezco al partido el cariño que he recibido en las últimas semanas", dijo Camps. Y después, como siempre muy en positivo, añadió: "Desde el congreso de Valencia [en junio de 2008, en el que fue reelegido Rajoy], el PP está en fase ascendente y el PSOE en fase descendente".

Esta última frase de aliento interno recibió un aplauso de sus compañeros. Ramón Luis Valcárcel, el presidente murciano, habló inmediatamente después para ironizar con la idea de que hay quien "se está intentando cargar el prestigio de personas honorables y algún molt honorable", en referencia a Camps. Los más cercanos al presidente valenciano entendieron este aplauso como un apoyo cerrado al presidente, y así lo interpretó Cospedal cuando fue preguntada por la prensa.

Sin embargo, en el PP son mayoría los dirigentes que, aun defendiendo la honradez de Camps, con la idea expresada por Rajoy de que "nadie se corrompe por tres trajes", ven al valenciano muy quemado políticamente, no tanto por las evidencias contra él como por su empeño en tratar de suavizar la realidad: esto es, su estrechísima amistad con un supuesto cabecilla de una red corrupta, que recibió más de seis millones de euros en concesiones públicas de la Generalitat que, en última instancia, dependen del presidente.

Camps tampoco quiso ofrecer a su partido mayores explicaciones, ya que su estrategia, según su entorno, es reservar todos los detalles para cuando le citen a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En la reunión del Comité Ejecutivo, Rajoy también quiso explicar a los suyos que cuadrar la lista europea, que se dará a conocer hoy, "no es nada fácil", porque España ha perdido cuatro eurodiputados de los que tenía y además la lista debe ser paritaria. Varios hombres relevantes que querían repetir quedarán fuera de los puestos de salida.
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El ex viceconsejero de Inmigración de Madrid niega haber cobrado dinero de la trama

Primer interrogatorio del TSJM a dos dirigentes del PP imputados.- Clemente Aguado: "Jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo".- El diputado regional Alfonso Bosch evita hacer declaraciones

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 28/04/2009

Primer interrogatorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el caso Gürtel. El diputado del PP en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno regional Juan Carlos Clemente Aguado han comparecido hoy como imputados ante el juez Antonio Pedreira, por su implicación en la red corrupta de empresas dirigida por Francisco Correa. Bosch se ha negado a declarar, acogiéndose al artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto de sumario. El diputado del PP ha evitado hacer manifestaciones a la salida. "Lo que tenía que decir ya lo he dicho ante el juez", ha indicado Bosch, quien según Garzón habría percibido 250.000 euros de la red durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte. El juez Pedreira le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, mientras que el tribunal está estudiando la posibilidad de levantar el secreto de sumario.

El juez imputa a empresarios vinculados a supuestos pagos al tesorero del PP

El segundo en comparecer, Clemente Aguado, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama, sí ha declarado y ha negado cualquier vinculación con la red corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", ha manifestado al término de su comparecencia. El abogado de Clemente ha confirmado que los delitos que se imputan a su cliente son los de cohecho y tráfico de influencias y ha añadido que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido declarar el pasado 15 de abril. Según el abogado, Clemente ha negado categóricamente ante el juez haber recibido "ni una sola cantidad distinta de su salario".

Próximo a Correa
Bosch es el primer aforado de Madrid imputado formalmente en la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien se inhibió en favor del TSJM. De acuerdo con el auto de la Sala de este tribunal, Bosch pudo haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias. Garzón sostenía en el auto de inhibición que el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV) adjudicó directamente a Easy Concept, uno de las empresas investigadas, contratos del Ayuntamiento de este municipio. Otra de las supuestas irregularidades la constituiría su intermediación para la adjudicación a la Constructora Hispánica de las obras de la Ciudad Deportiva de Boadilla.

Garzón situaba a Bosch como una persona próxima al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, con quien mantenía "un papel destacado" en sus operaciones inmobiliarias. El diputado se habría embolsado por su colaboración cerca de 250.000 euros, según el juez. Al margen de estos indicios, una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS señala que Bosch organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad de la que era en 2002 segundo teniente alcalde. En la organización de la boda participó también Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por su actividad en la trama. La carta iba dirigida a Antonio Cámara Eguinoa, quien fue secretario personal de Aznar y se convirtió en 2004 en empleado de una empresa de Correa.

También presta declaración el abogado Santiago Lago Borstein. Junto a Bosch Clemente, y este abogado, el juez Pedreira citó el pasado viernes a Correa y dos empresarios que se dedicaban a la construcción. La investigación se centra en averiguar el supuesto pago de comisiones ilegales por la concesión de obras que podían haber llegado hasta el tesorero del PP, Luis Bárcenas, también investigado aunque no imputado hasta el momento por recibir sobornos por el valor de 1,3 millones. El magistrado tomará declaración el próximo jueves a Correa, a quien el juez de la Audiencia Nacional imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
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El primer aforado de Madrid imputado en la trama se niega a declarar
El PP aprueba hoy la lista para las europeas con la probable entrada de Galeote
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Alarte acusa a Camps de actuar al estilo mafioso

El líder de los socialistas denuncia que el PP le investiga y ataca a su familia

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 28/04/2009

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, salió ayer a defenderse de los ataques del PP contra él y su familia. "Los valencianos no nos merecemos un presidente de la Generalitat que responde a una situación de dificultad al más puro estilo de mafia", dijo el dirigente socialista. Alarte sostuvo esta dura acusación en todo lo que ha sucedido desde el pasado 6 de febrero, cuando estalló el caso Gürtel, que relaciona al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, con la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

"El PP tiene un panel con fotos y datos de mi familia, para investigarlos"

Los socialistas denuncian que desde ese día los populares han iniciado una operación de desprestigio contra ayuntamientos gobernados por el PSPV para "tapar" la implicación de Camps. "Están pasando cosas realmente extrañas. Llevo 10 años de alcalde de Alaquàs y hasta la aparición del caso Gürtel, no tenía ni una sola petición de información por parte del PP. A partir del 6 de febrero, hay un aluvión, un boicoteo absoluto, una persecución", dijo Alarte antes de reunirse con la dirección de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El PP no ha dado tregua a los ayuntamientos socialistas y ha solicitado comisiones de investigación por doquier, también en Alaquàs. Hace cuatro días, los populares pidieron a la Fiscalía que investigue la contratación de una abogada encargada de la defensa de mujeres maltratadas en Alaquàs, y anteayer se publicó una información sobre la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Alfafar (PSPV) a la empresa del padre de Alarte.

"Cualquiera de los empresarios con los que hoy [por ayer] voy a departir, estoy seguro de que tienen familia, tienen hijos, hermanos, y ejercen su derecho democrático de participar en la vida pública. No hay que atacarlos por eso", apostilló el dirigente, quien avanzó que se defenderá en los tribunales de las informaciones insidiosas que se divulguen. "No le vamos a consentir esto. No somos iguales", agregó Alarte.El Partido Popular de Alfafar solicitará una comisión de investigación ante "las supuestas irregularidades que se han cometido con la contratación del servicio de grúa municipal".

A la vista de este nuevo caso, el secretario general de los socialistas valencianos insistió en la persecución de la que se siente objeto. "Me contaban esta mañana que en la sede del PP tienen en una habitación un panel con fotos, cuadritos, datos sobre mi familia y la gente de mi entorno, que están investigando. El señor Camps se ha equivocado con ese método", aventuró Jorge Alarte.

Los socialistas llevan desde que se hizo pública el caso Gürtel, a principios de febrero, exigiendo explicaciones al presidente de la Generalitat y al PP de su relación con Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, El Bigotes. Lo han hecho dentro y fuera de las Cortes. Y esta semana volverán a hacerlo. "¿Cree que los ciudadanos valencianos tienen derecho a recibir una explicación suficiente del señor presidente sobre las múltiples circunstancias que le relacionan con la trama descrita en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y sobre las particularidades que rodean la manera en que las empresas de la citada trama obtienen y ejecutan contratos con organismos públicos bajo su responsabilidad?", dice textualmente la pregunta registrada por Ángel Luna. Los socialistas quieren una explicación de la conversación grabada por la policía con autorización judicial y publicada el pasado jueves por EL PAÍS, entre el presidente Camps y El Bigotes, donde se referían uno al otro como "amiguito del alma" y donde quedaba explícito los regalos de alto valor hechos por Pérez a la esposa e hija del presidente valenciano. Esta conversación se desvelaba un día después de que Camps repitiese que todo era mentira.

Por segunda vez en una semana, Alarte dirigió sus críticas contra la televisión autonómica valenciana, Canal 9, donde apenas se da información sobre el caso Gürtel y, sin embargo, aparecen casi a diario los supuestos escándalos de los socialistas. "El señor Camps no puede aprovecharse de la televisión pública como hace de una manera indecente. Tampoco puede aprovecharse de la debilidad de unos medios de comunicación que viven una situación de crisis difícil y a los que se les extorsiona a cambio de que se les publicite y se divulguen informaciones insidiosas", acabó Alarte.

Y puesto a contestar al PP, el secretario general del PSPV le tomó la palabra al secretario regional, Ricardo Costa, quien el domingo emplazó a los dirigentes socialistas a comparar sus respectivas declaraciones de bienes con la de Camps y la suya propia. Alarte le respondió colgando ayer su declaración de la web del partido y pidiéndole a ambos que hicieran lo mismo. Costa anunció que hoy se harán públicas.

El documento hecho público por Alarte es la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento de Alaquàs el 7 de junio de 2007. Según explicó el partido en un comunicado, la declaración presentada ese día no ha sufrido ninguna variación sensible más allá de la reducción de las deudas por el pago ordinario y mensual de las respectivas cuotas. "Los únicos datos que han sido eliminados son los referentes a su domicilio, matrícula de vehículo y DNI por motivos de seguridad", apuntaron en Blanquerías. Como avanzó el propio Alarte, éste tiene un piso en propiedad en la ciudad de Valencia, un préstamo hipotecario de 110.000 euros por este inmueble, un plan de pensiones, un Volkswagen en propiedad, y dos créditos personales por 61.000 euros.

Alarte, al no ser diputado, era el único que todavía no había hecho pública su declaración de bienes. El político recordó que fue el PP quien se opuso en 2007 a que las declaraciones de bienes de todos los diputados de las Cortes se colgaran de la web del Parlamento. "Visto el interés que tienen", ironizó, "vamos a pedir de nuevo en las Cortes la próxima semana que se hagan públicas", concluyó.
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Bosch Tejedor, primer aforado imputado en la causa del caso Gürtel

El juez imputa al diputado del PP madrileño seis delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales

CADENA SER 28-04-2009

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales al diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado que ha sido imputado en esta causa.

El parlamentario regional se ha negado a declarar ante el juez acogiéndose al artículo 24 de la Constitución que le permite no hacerlo hasta que se levante el secreto del sumario.
Bosch-Tejedor no ha hablado ni en el despacho del juez ni en la calle sobre la acusación que le señala como el presunto receptor de 250.000 euros de la red Gürtel.

Con gesto serio y tenso abandonaba la sede judicial sólo una hora después de entrar a declarar. Antes había sido el turno de Carlos Clemente, antiguo viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Aguirre. El juez también le imputa los mismos delitos que a Bosch-Tejedor. Junto a su abogado, el antiguo alto cargo regional se ha declarado inocente.

La jornada de declaraciones ha terminado con el interrogatorio al abogado Santiago Lago Bornstein. Todos han salido en libertad porque no se han adoptado medidas. El próximo jueves Francisco Correa será trasladado desde prisión hasta la sede del Tribunal para afrontar su primera declaración ante el magistrado Antonio Pedreira. LLeva mas de dos meses en la cárcel y el sumario le señala como el máximo responsable de la red Gürtel.
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La trama Correa sigue acercándose al ex presidente del Gobierno y su familia
El imputado Bosch explicó por carta al secretario de Aznar en Moncloa los preparativos del bodorrio de El Escorial

Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar la ceremonia de El Escorial y los fastos adyacentes

En las grabaciones de la investigación se dice que se llevaba un 10% de comisión
El ex viceconsejero de Aguirre imputado en la Gürtel niega haber recibido "jamás" un euro fuera de su sueldo

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirma que es real
Señor Camps, su conversación con su "amiguito del alma", no tiene nada de montaje

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Compromís detecta 6 contratos de la Generalitat con empresas investigadas en el caso Gürtel

Se trata de contratos exentos de fiscalización tanto previa como posterior y que no requieren tramitación administrativa más que la orden y el pago de la cuantía, que asciende a 60.000 euros

EFE

El grupo Compromís pel País Valencià en Les Corts Valencianes han anunciado hoy que han detectado seis contratos menores de Presidencia de la Generalitat con empresas investigadas por la Audiencia Nacional dentro del entramado del caso "Gürtel".

Así, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la sindica del grupo, Mónica Oltra, quien ha explicado que estos contratos son aquellos que están exentos de fiscalización tanto previa como posterior y no requieren tramitación administrativa más que la orden y el pago de la cuantía.

Según han puntualizado fuentes de Compromís a través de un comunicado de prensa, este grupo está convencido de que durante los años 2005, 2006 y 2007 la Generalitat concedió "innumerables contratos menores" a empresas de la trama, de los que han logrado tener acceso a seis que tienen un importe total de 60.000 euros.

Asimismo les consta que otras empresas de la trama "están dadas de alta de terceros, lo que significa que mantienen o han mantenido relaciones contractuales con la administración autonómica por un concepto y cuantía por el momento desconocida".

En el caso de las empresa contratadas en el 2005 "son las mismas que participaron en el concurso para la realización de un vídeo informativo que Presidencia quería realizar para el reciclado de envases, y que finalmente no realizó pero que la empresa adjudicataria Orange Market, cobró la mitad del precio".

Presidencia también adjudicó sendos contratos a Boomerang Drive SL y Down Town Consulting, que tenían el mismo administrador único que Orange Market, y por un importe de 22.520 euros en 2005, el mismo año que se produce la contratación para el vídeo de reciclado por Presidencia, han explicado.

En este caso, han denunciado, "además se comete una evidente ilegalidad de fraccionamiento de contrato mayor en dos contratos menores para la realización de un mismo objeto que es la manipulación de unas memorias USB y su envío".

Según la información facilitada por Compromís, ese mismo año Presidencia contrató con Orange Market la coordinación y tratamiento de datos de la Guía de la Comunicación por un importe de 12.020 euros, y en 2006 le asignó un acto de presentación de proyectos estratégicos de comunicación por 7.447 euros.

En 2007, según estos mismos datos, se contrató con Orange Market el montaje y desmontaje de un acto en la Ciudad de la Justicia con motivo de las elecciones autonómicas y también con Easy Concept por 6.761 euros, sin que se pueda concretar el concepto de la factura, ya que se pagó con "caja fija".

Según ha explicado la caja fija es como un "agujero negro, donde no se sabe lo que hay" y donde hay cosas que "escapan al control público".Oltra ha informado de que su grupo intentará la semana próxima recabar toda la información para enviarla a la Audiencia Nacional, para que el juez Baltasar Garzón "amplíe el caso e incluya esta información que es, a todas luces, motivo de ampliación del caso".

"Estamos convencidos que más allá de la acusación de cohecho por el asunto de los regalos, detrás del caso Gürtel puede existir una trama de financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y desde Compromís continuaremos averiguando y aportando toda la información que recabemos", ha advertido.

Oltra ha recordado que en 2008, "buena parte de los 900 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat" de los que han solicitado información "porque escapan de cualquier fiscalización", han sido adjudicados mediante el procedimiento de contratos menores.
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Vote:¿Debe dimitir el president de la Generalitat?

"Jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo"

El ex viceconsejero de Inmigración de Madrid Carlos Clemente Aguado ha declarado hoy como imputado en el "caso Gürtel"

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La dirección del PP recibe a Camps con aplausos y críticas a las filtraciones
Alarte exhibe su patrimonio y reta a Costa y a Camps a hacer lo mismo en vez de actuar "como la mafia"
Flors pide al juez decano de Madrid que investigue la publicación de documentos
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El juez del 'caso Gürtel' imputa seis delitos a Bosch

El diputado de la Asamblea de Madrid se convirtió el viernes en el primer aforado del PP imputado en la trama.

EFE - Madrid - 28/04/2009 14:48

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en esta causa, quien hoy se ha negado a declarar ante el juez.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que han precisado que los delitos que se imputan a Bosch son: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Pedreira, encargado de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, imputa estos mismos delitos a el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado y al abogado Santiago Lago Borstein, que también han comparecido hoy como imputados en el TSJM.

Bosch se ha acogido a su derecho a no declarar

Bosch, que ha permanecido en el despacho del juez apenas media hora, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no se levante el secreto sumarial, lo que, según han asegurado las fuentes consultadas, no impide la continuación del proceso contra él.
Por su parte, Carlos Clemente ha manifestado a los periodistas al término de su comparecencia: "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", mientras que Santiago Lago ha dicho que no tenía nada que ver con esta situación.
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dilluns, 27 d’abril del 2009

PP Vice 27/04/2009. El Bigotes declaró al fisco 121.000 euros en ropa regalada a cargos del PP:

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El Bigotes declaró al fisco 121.000 euros en ropa regalada a cargos del PP

Orange Market ingresó 10 millones en cinco años, según la Agencia Tributaria

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 27/04/2009

Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, amigo del presidente valenciano, Francisco Camps, al que regalaba trajes y otros objetos de alto valor, según la investigación policial, declaró a la Hacienda Pública entre 2003 y 2007 (los ejercicios de los que se tienen datos hasta el momento) que su empresa, Orange Market, había comprado a la tienda Milano ropa por valor de 121.683 euros.

Entre 2003 y 2007, su empresa compró en Milano ropa por 121.683 euros
Además de Camps, recibieron trajes otros altos dirigentes valencianos


Parte de esta ropa, según varios testimonios y numerosa documentación que consta en el sumario del caso, fue a parar a dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana situados en puestos clave: al presidente Camps, que supuestamente devolvió los trajes de Milano pero no así los que le hicieron en otra tienda de Madrid llamada Forever Young; a un antiguo vicepresidente, Víctor Campos; al secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; y a un alto responsable en la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

La Agencia Tributaria ha elaborado varios informes solicitados por el juez Garzón sobre los movimientos de algunas sociedades que formaban parte de la trama corrupta vinculada al PP. La red de sociedades en las que trabajaba Álvaro Pérez -dirigidas por Francisco Correa, testigo en la boda de la hija de José María Aznar con Alejandro Agag y que se halla en prisión por orden de Garzón- facturó durante los 10 últimos años decenas de millones de euros no sólo por el montaje de actos del PP sino por cientos de contratos públicos que logró de Administraciones donde gobernaba este mismo partido.

La trama corrupta hizo sus grandes negocios en la Comunidad Valenciana (tras la marcha de Eduardo Zaplana y durante la presidencia de Francisco Camps), en la Comunidad de Madrid (tras la llegada de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón) y en al menos cinco medianos municipios madrileños (Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón), todos ellos gobernados por alcaldes populares con mayoría absoluta.

El regalo de trajes a políticos que gobernaban en instituciones donde la trama corrupta lograba con facilidad contratos no fue sólo una práctica habitual de Orange Market, la empresa que Álvaro Pérez dirigía en la Comunidad Valenciana. También Easy Concept, otra sociedad de la red de Correa, pagaba trajes a alcaldes y concejales de los municipios madrileños donde había contratos y negocios en juego.

Según distintas resoluciones dictadas por Garzón antes de inhibirse de esta investigación, Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, ha confesado que gastó casi 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. La propia Jordán admitía, en una conversación grabada por el ex concejal del PP de que denunció a la trama, que desde Easy Concept se habían pagado 30.000 euros a Milano para trajes de Camps.

En la contabilidad de esta empresa registrada en la Agencia Tributaria figura este desembolso, aunque la investigación descubrió que Camps había devuelto los trajes de Milano porque no le gustó cómo le quedaban. Posteriormente, Álvaro Pérez siguió regalándole trajes de otra tienda de ropa, Forever Young, a la que fue a parar el director de la tienda de Milano.

Algunos empleados de la tienda Milano aseguraron a sus superiores a través de correos electrónicos, siempre según la investigación policial, que muchos de los pedidos que hacía Álvaro Pérez para "uniformes a cargos del PP", en relación al regalo de trajes, eran facturados como mantelerías, cristalerías o metros de tela, mercancías que no vendía ese establecimiento. Con este procedimiento, los empresarios de la trama corrupta hacían pasar sus regalos a políticos como compra de mercancía necesaria para su actividad. Eso les permitía aumentar su capítulo de gastos y reducir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado está a la espera de un informe que ha solicitado a la Agencia Tributaria para decidir si, por grave perjuicio al Estado, se persona en la causa contra la trama corrupta vinculada al PP.

Según la información tributaria que consta en el sumario remitido al Tribunal Superior de Valencia, Orange Market, la empresa que Álvaro Pérez montó en la región mediterránea, pasó de facturar 88.000 euros en 2003 a más de tres millones de euros en 2007. Los clientes principales de la empresa, según su historial fiscal, siempre fueron los mismos: la Agencia Valenciana de Turismo, la Generalitat valenciana y el Partido Popular. En 2005, por ejemplo, de los 2,77 millones de euros declarados como ingresos por Orange Market, casi 2,4 pertenecían al Gobierno valenciano (1,57 millones de la Agencia Valenciana de Turismo y 103.000 euros de la Generalitat), y al PP de la comunidad autónoma (712.322 euros), ambos presididos por Camps.

La información de la Agencia Tributaria no incluye el ejercicio fiscal de 2008, ni los contratos conseguidos por Orange Market para 2009, antes de que el juez Garzón desarticulara la trama corrupta y encerrara en prisión a tres de sus principales directivos. Con la suma de todos estos conceptos, la empresa de Álvaro Pérez habría facturado en apenas cinco años de ejercicio más de 10 millones de euros.

En una de las últimas conversaciones que Pérez mantuvo con Francisco Camps antes de ser imputado por Garzón dentro de la trama corrupta, el jefe de Orange Market manifiesta al presidente valenciano su cariño y lealtad y le envía varios regalos con un tarjetón. Pérez le explica a Camps las razones de estos "detallitos", como llama a los regalos: "Para que sepas lo que te debo". El presidente valenciano se niega desde hace semanas a explicar sus relaciones con Álvaro Pérez, al que se dirige en las conversaciones grabadas por la policía como "amiguito del alma". La única versión que existe en el sumario, aparte de esas grabaciones, sobre esa amistad la aporta José Tomás, sastre de Francisco Camps. Tomás aseguró a la policía y al juez que habló por teléfono con Camps y que éste le dijo que Álvaro Pérez era amigo suyo y que era un bocazas.
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Francisco Camps agradece a la dirección del PP su respaldo

Rajoy defiende la presunción de inocencia para todos los implicados en el 'caso Gürtel'

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 27/04/2009

Los dirigentes del Partido Popular, de izquierda a derecha, Esteban González Pons, Pío García Escudero, Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Juan Vicente Herrera, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, hoy en Madrid.- EFE
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha agradecido a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunidos esta mañana en la calle Génova de Madrid, el apoyo y cariño recibido tras ser implicado en el caso Gürtel. Según la parte del sumario en poder del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Camps y otros tres cargos del PP recibieron, presumiblemente, varios trajes pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama corrupta- que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes y que logró contratos millonarios de la Generalitat.

La mayoría del PP asume que Galeote irá en la lista europea

Francisco Camps Ortiz

Grabaciones telefónicas efectuadas por la policía a las que ha tenido acceso EL PAÍS acreditan la estrechísima relación entre El Bigotes y Camps. También según la investigación policial, El Bigotes, uno de los tres encarcelados por la trama, declaró a la Hacienda Pública entre 2003 y 2007 (los ejercicios de los que se tienen datos hasta el momento) que su empresa, Orange Market, había comprado a la tienda Milano ropa por valor de 121.683 euros.

Presunción de inocencia
Durante su discurso hoy en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la presunción de inocencia para todos los implicados por la instrucción del caso Gürtel, aunque no ha hablado expresamente del presidente valenciano.

Sobre las listas europeas, Rajoy no ha aclarado si estará de nuevo Gerardo Galeote, eurodiputado también implicado por el juez de la Audiencia Nacional Balatasar Garzón durante su instrucció del caso. Según un auto de Garzón, Galeote ha recibido más de 600.000 euros y dos coches de la red corrupta que se investiga en el caso Gürtel. La mayoría de los dirigentes consultados, entre ellos cinco miembros de la cúpula, se muestran convencidos de que Galeote repetirá.

El presidente del PP sí ha hablado de lo difícil que es hacer las listas para las elecciones del 7 de junio porque no cabe todo el mundo. Ya en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que mañana se reunirá el comité electoral y "se tendrá conocimiento de la lista". Previamente, la secretaria general del PP ha resumido los tres aspectos que se han tratado en la reunión de esta mañana: la situación económica, que está dando paso a una "crisis social", las propuestas que va ir presentando el PP y la situación del Gobierno, que a juicio de la secretaria general del partido está "agotado" y "falto de credibilidad".
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Utiliza como coche particular un A-6 a nombre de la empresa presuntamente favorecida

El hombre fuerte de Aguirre en Caja Madrid, acusado de recibir sobornos a cambio de contratos públicos de la CAM

ELPLURAL.COM

La ofensiva de Esperanza Aguirre por hacerse con el control de Caja Madrid tiene en Pablo Abejas, consejero de la entidad, a uno de sus principales puntales, aunque ha sufrido varios reveses en los últimos tiempos. Ahora se suma otro, y es que El Confidencial denuncia, citando cargos del propio Partido Popular, que Abejas habría cobrado sobornos a cambio de conseguir contratos públicos de la Comunidad para la empresa constructora de su socio y amigo José Vicente Martín Liquiñano.

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El Confidencial, diario on-line próximo a la dirección nacional del PP dirigido por Jesús Cacho, cita cargos dentro de este partido y alude a documentos en su poder para asegurar que Abejas habría cobrado sobornos a cambio de conseguir contratos públicos de la Comunidad para la empresa constructora de su socio y amigo José Vicente Martín Liquiñano, North Rim Ibérica. Esta empresa habría obtenido de la CAM cerca de 2,7 millones de euros en contratos, con adjudicaciones como el reforma de la cocina de la residencia Santiago Rusiñol de mayores en Aranjuez (720.000 euros), la primera fase de la construcción de un colegio público Arroyo Culebro en Leganés (1,2 millones) o el acondicionamiento del centro Profesor Tierno Galván (776.000 euros). La empresa se encuentra actualmente en suspensión de pagos.

“Jugosa gratificación” para Abejas
El consejero de Caja Madrid recibiría mensualmente una “jugosa gratificación” en metálico de North Rim Ibérica, siempre según lo denunciado a Génova por los cargos locales del PP a los que alude el diario de Cacho. Estas fuentes aseguran que, a veces, el consejero se desplazaba para recibir su dinero hasta las oficinas centrales de la constructora, situada en Boadilla del Monte –epicentro de la trama corrupta de Correa vinculada al PP- o bien era su propio hijo, ex director financiero de North Rim Ibérica, quien le entregaba el dinero.

Un hijo y un coche en las empresas de Liquiñano
Insiste el diario on-line de Cacho en que los vínculos van mucho más allá de lo personal, ya que no sólo un hijo de Abejas trabajaba en la constructora de Martín Liquiñano, sino que un vehículo particular del consejero de Caja Madrid, un Audi A6, figura a nombre de otra de las empresas del constructor, Promociones Random Dos. Martín Liquiñano figura además como administrador de una empresa propiedad de Abejas y su esposa, Berg Business S.L.

“Favores sin contraprestación”
"No he beneficiado a nadie porque no tengo capacidad para hacerlo", declara Abejas a El Confidencial, asegurando que conoce a Liquiñano "como a otros muchos, pero no tengo ninguna relación profesional o negocio con él". En cuanto a Berg Bussiness S.L., explica que “está en liquidación y no tiene actividad”, y justifica que su Audi esté a nombre de la empresa de Liquiñano en que para continuar con un renting iniciado por Telefónica, donde fue directivo: “necesitaba ponerlo a nombre de una empresa y el señor Martín Liquiñano me hizo ese favor”. Abejas desmintió a El Confidencial haber recibido sobornos del constructor: “Son favores que él me hace por pura amistad, pero sin ninguna contraprestación por mi parte”.
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Las cuentas de El Bigotes con Hacienda de 2003 a 2007

121.000 gastados en trajes y más de 4,4 millones de ingresos del PP

ELPLURAL.COM

La ramificación de la trama Correa en la Comunidad Valenciana tiene nombre propio, el del empresario Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, “amiguito del alma” del presidente Francisco Camps cómo éste mismo le definió en una conversación telefónica. Según los datos de la Agencia Tributaria, la empresa de El Bigotes, Orange Market, declaró desde 2003 a 2007 ingresos próximos a los 8 millones de euros, la mayor parte de ellos procedentes de contratos con la Generalitat de Camps o con su partido, el PP valenciano. En la partida de gastos figuran 121.000 euros dedicados a ropa en la tienda Milano, que según la investigación policial habrían sido para dirigentes populares, incluido el presidente.

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Los datos de la Agencia Tributaria sobre la empresa Orange Market, que forman parte de la documentación sobre la trama de corrupción vinculada solicitada por el juez Garzón, arrojan unos ingresos de cerca de 8 millones de euros de 2003 a 2007, el último ejercicio del que constan cifras, según publica El País.

Facturación volcada en el PP
En 2005 se produce un salto sustancial en la facturación de la empresa, cuando de 237.086 euros del ejercicio precedente se pasa a 2,7 millones, la mayor parte procedentes de negocios con la Generalitat (1,6 millones), con su Agencia Valenciana de Turismo (0,7 M) o con el PP valenciano (0,1 M). Esta importancia de los ingresos gracias a los contratos con el PP se mantuvo en los siguientes ejercicios, hasta el punto de que de esos cerca de ocho millones facturados por Orange Market entre 2003 y 2007, hasta 4,4 millones proceden de adjudicaciones de las Administraciones públicadas controladas por el PP y del propio partido.

Más de 121.000 euros en ropa
Orange Market también declaró a Hacienda que había gastado entre 2003 y 2007 hasta 121.683 euros en ropa adquirida a la tienda Milano. En el sumario de Garzón constan diferentes testimonios y datos que apuntan que parte de esta ropa fue a parar a dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, desde su presidente Camps, a un antiguo vicepresidente, Víctor Campos, al secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y a un alto responsable de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Los trajes, instrumento habitual de la trama
También en la rama madrileña de la trama, desarrollada en municipios como Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, constan pagos en trajes por parte de Easy Cibceot, otra empresa asociada a la red de Correa.

“Para que sepas lo que te debo”
El grado de amistad entre El Bigotes y el presidente Camps queda patente en una conversación telefónica en la que el primero justifica los costosos regalos que le hace al dirigente popular: “Para que sepas lo que te debo”.
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Mayor Oreja le define como "un gran parlamentario"

Rajoy apuesta por los políticos bajo sospecha: se da por hecho que Galeote irá en las listas a las europeas

V.V.

A poco más de un mes para las próximas elecciones europeas del 7 de junio, la lista que presentará el PP es todavía un misterio. Después de desvelarse que Jaime Mayor Oreja será de nuevo el cabeza de lista de los conservadores, la principal intriga se centra ahora en si Gerardo Galeote, implicado en la trama de corrupción de la Gürtel, estará incluido en las listas. Por el momento, todo parece indicar que así será, al menos mientras el eurodiputado no aparezca directamente imputado en el caso. Mayor Oreja no quiso confirmar ayer si Galeote repetirá puesto, pero sí lo defendió, presentándolo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular”.

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Aunque habrá que esperar hasta el próximo domingo para que el PP presente oficialmente a los candidatos que conformarán la lista a las elecciones europeas, la mayoría de las voces dentro del partido apuntan ya que Gerardo Galeote volverá a integrar la candidatura. Ello pese a que el actual eurodiputado es uno de los implicados en la Operación Gürtel y, según un auto de Baltasar Garzón, recibió de las empresas de la trama corrupta más de 600.000 euros y dos coches.

Seguirá en la lista
No obstante, parece bastante seguro que Galeote irá en la lista de Mayor Oreja puesto que, en caso contrario, se haría muy difícil de justificar su permanencia en el cargo durante este tiempo, así como la de el tesorero del partido, Luis Bárcenas, también implicado en la trama, y que sigue colaborando de forma activa en la campaña para las europeas.

"Un gran parlamentario", según Oreja
El cabeza de lista, Jaime Mayor Oreja, no concretó ayer si Galeote le acompañará en la carrera hacia la Eurocámara, pero sí rompió una lanza a su favor al definirlo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular español, en el seno del Grupo Popular Europeo y en las instituciones europeas”. Mayor insistió en que Galeote “ha hecho y hace muchísimo” por el partido, y recordó que no será él, sino el Comité Electoral del PP, quien configurará las listas, algo para lo que los populares se reunirán mañana.

Condena previa
Según una información de El País, el PP no puede permitirse dejar fuera de la lista a Galeote, puesto que sería una especie de condena previa por su implicación, cuando el discurso mantenido por Rajoy consiste precisamente en respaldar a los dirigentes de su partido salpicados por esta trama hasta que se demuestre su imputación en el caso. El PP justifica esta postura aferrándose a los últimos escritos de la Fiscalía, que recomiendan no llevar aún el caso al Tribunal Supremo, que investigaría a Galeote y a Bárcenas por se aforados nacionales, sino que pide que se siga investigando la posible implicación de ambos dirigentes.

¿Qué pasaría con Bárcenas?
Además, la exclusión de Galeote obligaría también a destituir a Bárcenas, algo que miembros del propio PP han pedido ya, pero a lo que la dirección se niega de momento. Su inclusión en las listas conlleva en cambio el riesgo de que, en plena campaña electoral, el nombre de Galeote apareciese como uno de los imputados, lo que obligaría a que Mariano Rajoy le pidiera su dimisión.

"Nada que temer"
No obstante, Mayor Oreja insistió ayer en que el PP no teme que los flecos de la Operación Gürtel vayan a dañar al partido de cara a los comicios, y advirtió que tiene la conciencia “tranquila” y que su “única” preocupación es por la situación económica y los datos del paro. “Nosotros no tenemos nada que temer”, aseguró, después de criticar que hay quien quiere que la crisis llegue también al PP.

Cospedal se remite al Comité
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha remitido la decisión sobre la repetición de Galeote al Comité Electoral del PP que se reúne mañana. Preguntada por el tema este mediodía tras la Ejecutiva del partido, la número dos de Génova se ha limitado a contestar que “mañana, imagino, podremos tener conocimiento” de quién será el segundo de las listas y de si el actual eurodiputado reaparecerá en las listas del PP.
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El PP arropa a Camps

De Cospedal critica las últimas filtraciones "escandalosas" en el 'caso Gürtel'.

EUROPA PRESS - Madrid - 27/04/2009 17:40

Esteban González Pons, Pío García Escudero, Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Juan Vicente Herrera, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, hoy en Madrid. EFE
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha agradecido ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP el apoyo que ha recibido desde que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, le implicó en la presunta trama de corrupción de la 'operación Gürtel'.

Al término de su intervención, los asistentes le han dado un fuerte aplauso. "Gracias por los apoyos recibidos por lo que todos sabéis", afirmó Camps, informaron fuentes asistentes a la reunión del Comité Ejecutivo, que centró su reunión en la campaña electoral para las elecciones europeas de junio, la crisis económica, la gripe porcina y la reforma del modelo de financiación autonómica.

En su discurso, el presidente de la Generalitat defendió la necesidad de mantener el actual impulso porque el Partido Popular está en fase "ascendente" mientras que los socialistas están, por el contrario, en fase "descendente", señalaron las fuentes consultadas.

Dolido por las filtraciones
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó después en rueda de prensa que el presidente autonómico valenciano había recibido ese respaldo. "Camps ha recibido el apoyo de todos sus compañeros del Comité Ejecutivo nacional", aseveró.

Cospedal: El PP está en fase "ascendente" mientras que los socialistas están en fase "descendente"

Dicho esto, De Cospedal criticó las últimas filtraciones que se han producido en el 'caso Gürtel', en referencia a la conversación que publicó la pasada semana el diario El País entre Camps y Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'. Señaló que se trata de filtraciones "escandalosas" porque esa información la tiene la policía o está en el juzgado y, por eso, añadió que "las explicaciones con relación a esas filtraciones las tienen que dar otros".

"Van en contra del más elemental derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y la honorabilidad de las personas que reconoce para todo español la Constitución", recalcó, para añadir que la filtración de esas "conversaciones privadas" había causado "estupor" en el seno del PP.

Deseosos de que arranque el juicio
Dado que mañana empiezan las primeras declaraciones por el 'caso Gürtel' -está citado el diputado madrileño Alfonso Bosh-, De Cospedal destacó que el PP tiene "el máximo interés" en que este asunto "se despeje lo antes posible" y "se haga justicia lo antes posible", entre otras cosas, para "preservar el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia de muchas personas".

De Cospedal confirmó que mañana se reunirá el Comité Electoral Nacional para conformar la lista que el PP presentará a las elecciones europeas de junio. El presidente nacional, Mariano Rajoy, que asistirá a esa cita, aseguró hoy que la candidatura del partido está formada por "los mejores" y "las personas más cualificadas".

La inclusión o no de Galeote en la lista es un tema que ha provocado división de opiniones en el seno del PP

Una de las principales incógnitas es si repetirá Gerardo Galeote después de que el juez Baltasar Garzón, sostuviera en un auto que pudo recibir 652.000 euros de la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa. La decisión sobre su continuidad está en manos de Rajoy.

La duda Galeote
La inclusión o no de Galeote en la lista es un tema que ha provocado división de opiniones en el seno del PP. Algunos creen que si repite se dará una baza electoral al PSOE para que centre su campaña en este caso y defienden la conveniencia de dejarlo fuera.

Sin embargo, otros miembros del PP consultados por Europa Press creen que tras el escrito de la Fiscalía Anticorrupción --que dice que "no concurren indicios bastantes de criminalidad" contra él que determinen la inmediata remisión de la causa al Tribunal Supremo-- se han solventado los obstáculos para que siga manteniendo su acta de eurodiputado.

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diumenge, 26 d’abril del 2009

El auditor no halla facturas de 1,8 millones que el IVEX pagó por un recital de Julio Iglesias

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Corrupció
Zaplana
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El auditor no halla facturas de 1,8 millones que el IVEX pagó por un recital de Julio Iglesias

En el organismo público no hay ni rastro de lo que cobró Midway por el concierto de México, que ni siquiera organizó. Bancaja aportó diez cheques que se transfirieron a Bahamas

El juez que investiga el contrato "b" del IVEX y Julio Iglesias encargó una pericial de gastos por dos recitales: México y Orlando. La auditoría al primero no se ha podido hacer al no haber un solo justificante de los 1,8 millones pagados. En Orlando, el perito ha detectado una factura duplicada de 325.000 dólares.

Francesc Arabí, Valencia

Ni rastro. El auditor tenía intención de seguir la pista del dinero, pero el dinero no ha dejado huellas. Al menos en el archivo de la contabilidad del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).

Y si las hubo se han borrado en estos diez años exactos que han transcurrido desde que el 23 de abril de 1999 Julio Iglesias cantó en el Auditorio Nacional de México. Aquel concierto, el último de los seis que dio el artista en virtud del contrato firmado con la Generalitat de Eduardo Zaplana para promocionar los productos valencianos en el mundo, constituye, junto al recital que un año antes se celebró en Orlando, el epicentro de un escándalo que desde hace 1.720 días está siendo investigado en los tribunales. Para avanzar en el esclarecimiento de los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal, el juez Luis Carlos Presencia encargó sendos peritajes sobre los gastos de organización de esas dos actuaciones. El informe sobre el concierto mexicano no ha podido realizarse porque en el IVEX no existe ni una factura ni justificante de pago de un solo dólar por aquel concierto. Y ello pese a que por el mismo se abonaron 1.802.434 dólares, entre el 12 de abril y el 27 de julio de 1999. La moneda americana cotizaba a 163 pesetas a principios de julio por lo que la cantidad es prácticamente la misma si se traduce a euros.

Cobrar por no hacer nada
El estropicio en las arcas de la Generalitat, no amparado en facturas, es más grave aún si se considera que ese dinero se pagó a una empresa, Midway International, por realizar unos trabajos de montaje que ni siquiera hizo. Lo dijo la Agencia Tributaria cuando multó al IVEX con 191.000 euros por intentar desgravarse gastos por unos servicios pagados "que no se ha acreditado que se hayan realizado", señaló en el expediente sancionador. Lo corroboró el ex delegado del instituto en México, Vicente Sendra, cuando explicó al juez que no tenía ni idea de quién ni qué era Midway; lo ratificó el representante del Auditorio Nacional donde se celebró el concierto y, para completar el cuadro, lo apuntaló el apoderado de la empresa que realmente organizó el evento, la mexicana Rac Producciones. Esta promotora de eventos corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cediera los derechos de Julio Iglesias y la explotación comercial de la taquilla. Al IVEX le bastaba con que Rac le reservara 300 entradas para invitar a empresarios y compromisos. El trato, sobre el papel, era impecable: a la empresa de espectáculos le salía gratis el artista y al IVEX, el recital. En teoría. Porque mientras ese trato se cerraba en México, en Valencia se ingresaron diez cheques en la cuenta de Midway en el Arab Bank, por 980.321 dólares. Además, otros 822.113 dólares fueron transferidos directamente desde ese mismo banco, del que Midway y el organismo público eran clientes, a la cuenta de UBS en Nassau (Bahamas) número WA356115.000, según publicó este diario. La propia Bancaja aportó al juez resguardos de los cheques. La investigación se ha centrado en los gastos de organización porque todos los indicios apuntan a que, en el modus operandi, ese capítulo de costes de montaje servía para hinchar facturas o falsificarlas desde el primer dólar y justificar así la salida de dinero público para sufragar la diferencia entre los emolumentos oficiales del cantante (375 millones de pesetas) y los pactados bajo mano (990 millones), como constaba en el contrato "b" revelado por este diario. Pero, además, las cantidades bajo sospecha de los gastos de esos conciertos superan ampliamente esos 615 millones de pesetas. ¿Alguien se llevó comisión por montar el entramado financiero que dio cobertura a la operación Julio Iglesias? ¿Quién estaba detrás de las empresas off shore que facturaban e ingresaban el dinero en cuentas numeradas y secretas en paraísos fiscales? ¿Julio Iglesias en todos los casos, sólo él o alguien más? 4.135 días después de que se firmara el contrato, el juez, el fiscal y la acusación particular, ejercida por el PSPV, se quedan con las ganas de ahondar en el asunto. O puede que precisamente la ausencia de facturas aporte más luz a este farragoso y eterno caso que doscientas cajas llenas de papeles. Porque lo que sí está acreditado es que el dinero salió del IVEX. Y que, como la energía, nunca se pierde. Se transforma. Sólo eso.
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Detecta 325.000 dólares no justificados por Orlando

F. A., Valencia

Al contrario de lo sucedido respecto al concierto de México, en el de Orlando el problema surge por exceso. No es que hay facturas que soportan los gastos, es que hasta se repiten en algún caso. Lo ha advertido el auditor al que el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia le encargó realizar un informe pericial. El perito se refiere a un justificante de gastos por valor de 325.000 dólares, una cantidad que curiosamente coincide con el cheque que el IVEX envió a su entonces delegado en Miami José Marquina con la orden de endosarlo en favor de International Concerts, la empresa presidida por Julio Iglesias y radicada en Islas Vírgenes Británicas. La citada cantidad fue ingresada en la misma cuenta del suizo UBS en Nassau a la que iban a parar swifts remitidos por Midway. El perito autor del informe no entra a considerar, según fuentes de la investigación, si efectivamente la factura duplicada es la que sirve para justificar la emisión del citado cheque remitido al paraíso fiscal caribeño, pero sí es tajante a la hora de apuntar que los gastos que ahí aparecen y han sido facturados por otro lado y abonados.

Se da la circunstancia de que el ex delegado en la Florida denunció el 13 de noviembre de 2005 en una entrevista en este diario que desde el IVEX le ordenaron hinchar la factura de la organización de aquella misión comercial para tener una percha sobre la que colgar presuntamente el cheque de 325.000 dólares. Marquina acudió voluntariamente al juzgado para aclarar que él no se había beneficiado de estas supuestas irregularidades y demostrar que el talón nunca lo ingresó en cuenta propia sino que lo endosó a favor de International Concerts.

Amplia misión institucional
El recital de Orlando fue el plato fuerte de una nutrida misión comercial e institucional que se organizó con ocasión de la feria de la cerámica Coverings. El viaje sirvió para inaugurar la oficina de Bancaja en Miami y se montó también un acto de promoción del Puerto de Valencia. Entre los expedicionarios estaban el presidente Zaplana o los entonces consellers Diego Such (Industria) y José Luis Olivas (Economía), entre otros.Buena parte de los gastos soportados por el IVEX la liquidó el ex director general del organismo público a través de una tarjeta American Express que tenía asignada. Le sirvió, por ejemplo, para pagar la cena de casi 90.000 dólares con la que la Generalitat obsequió a los invitados al reducido concierto que Julio Iglesias ofreció en el Hotel Peabody de Orlando. La cena fue un aperitivo de la actuación del artista y resultó más cara que el montaje del recital. Costó casi el doble. Duplicaciones aparte, los gastos de aquella misión a Florida ascendieron a 207.000 dólares, a los que habría que descontar, a la hora de hacer frente a la factura, los pagos realizados con tarjeta.
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Yak 42. Trillo. "No se hará justicia mientras Trillo y Aznar no se sienten en el banquillo de los acusados".

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"No se hará justicia mientras Trillo y Aznar no se sienten en el banquillo de los acusados"

Francisco Cardona es de los familiares del Yak-42 que han asistido todos los días al juicio celebrado en la Audiencia Nacional. En su opinión, han sido nueve sesiones muy duras desde el punto de vista humano, pero sobre todo ha notado destacadas ausencias en el banquillo de los acusados: José María Aznar, Federico Trillo y Javier Jiménez Ugarte.

José Parrilla, Valencia

Nueve sesiones ha necesitado el juez Bermúdez para juzgar a tres militares por los errores cometidos en la identificación de 30 de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía. Han sido sesiones duras, dolorosas y tensas a las que no han faltado Francisco Cardona y su mujer, Amparo Gil, padres del sargento de Alboraia muerto en aquel siniestro aéreo. Ellos querían estar presentes en este juicio aunque la sentencia que salga del mismo, independientemente de su resultado, no les haga justicia. Según Cardona, aún tienen que pagar quienes dieron la orden de acelerar el funeral, y las familias están dispuestas a seguir batallando en los juzgados.

-¿Cómo ha visto el juicio?
-Yo he tenido algunas diferencias con el juez. En algunos casos ha sido muy estricto con algunas preguntas de la acusación y muy condescendiente con preguntas de la defensa. El día 15, cuando declararon los forenses turcos, me expulsó de la sala. La situación era muy tensa y había que tener mucho aguante para, aun sabiendo que el abogado de la defensa no estaba hablando de tu hijo, no alzar la voz en nombre de las familias.

-También ha tenido algún detalle, como admitir, precisamente, el testimonio de los forenses turcos
-Yo creo que él se vio de alguna forma acorralado, porque los tres que citó él no pudieron declarar por videoconferencia y a los dos que trajimos nosotros los tenía aquí. Si los rechazaba se le iba a echar la gente encima y además habría un problema de indefensión.

-¿El juicio ha sido doloroso desde el punto de vista humano?
-Sí, mucho. Muy doloroso en muchos momentos. Hemos escuchado muchas palabras que han herido a muchas familias y que solamente una persona con la sangre muy fría es capaz de pronunciar en la sala.

-¿Ha habido muchas lágrimas?
-Las ha habido.

-¿Y cabreos?
-Muchos, y enfrentamientos con el abogado defensor y con el juez a pesar de que estos han sido diluidos por los letrados de la defensa. Yo fui expulsado de la sala y luego el juez vino a buscarme para hablar conmigo.

-¿Qué ha echado en falta en este juicio?
-A mí me recordaba a la película del Cid Campeador rodada en Peñíscola. Allí había muchos extras que iban todos los días con un escudo y una lanza y Charlton Heston aparecía una o dos veces a la semana para rodar una imagen. Aquí ha pasado lo mismo. Hay unos extras que son el general Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, que salían parapetados, y los protagonistas de la película no han aparecido.

-¿Quiénes son los protagonistas de la película?
-Me refiero a Javier Jiménez Ugarte, número tres del Ministerio de Defensa en aquellos momentos; al ministro de Defensa, Federico Trillo; y a José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

-¿Tiene la sensación de que aunque se condene a los tres militares no se habrá hecho justicia?
-Sí. De hecho, nosotros hemos pedido, independientemente de la sentencia, que se siga investigando. Todas las cosas tienen un por qué y hay que preguntarse por qué Navarro hizo eso. Si los otros dos acusados dicen que actuaron por ordenes de Navarro, ¿por órdenes de quién actuó Navarro? Él por su cuenta no puede hacer eso. Él por su cuenta no puede decir ahora que se dedicó a dulcificar el dolor de las familias. Eso no puede decirlo, ni debe. Aquí hay un por qué y hay un quién. Alguien es el responsable de la celeridad. No habrá Justicia mientras Trillo y Aznar no estén ante un tribunal.

-¿Qué proceso se va a seguir para investigar a esos responsables últimos?
-Nosotros hemos pedido al juez que siga investigando el caso. Si él no puede, que diga quién debe hacerlo y nosotros abriremos una causa contra esas personas. Hay quien dice que ya no se pueden pedir responsabilidades porque ya no están en el Gobierno, no lo entiendo.

-¿No bastaría con que Trillo, porque Aznar ya no está en la política activa, saliera también?- Es que no sé si es el máximo responsable.
-Sólo estaba José María Aznar por encima de él-Pues José María Aznar también. Si está fuera de la política y ha perdido el aforo igual podemos adelantar. Y eso que dice Rajoy de que Trillo no fue al juicio porque no había sido citado es porque en la instrucción ya se evitó su comparecencia y en la vista oral el juez ha negado que vaya como testigo, no porque nosotros hayamos dicho que no venga. Al contrario, ojalá hubiera venido.

-¿Cree que Trillo está "muerto" políticamente?
-Debería estarlo. Muerto e incinerado, como mi hijo.

-¿Cómo le sentaría que en las próximas elecciones generales fuera otra vez de número uno por Alicante?
-Me sienta fatal que este cobrando del erario público y que encima esté de portavoz de Justicia del Partido Popular, ¿cómo crees que me va a sentar en un futuro? Me reventará.

-¿Cómo valora su actitud frente a esta situación?
-De cobardía. Es un cobarde. Es un cobarde desde el momento en que no aparece por los medios de comunicación y si tiene que hacer una declaración como portavoz de Justicia del Partido Popular lo hace a través de un comunicado para no acercarse a los micrófonos. Es un cobarde.

-¿Han echado en falta que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hubiera hecho un pronunciamiento claro sobre esto?
-En este país, la Justicia tiene a gala ser independiente. Políticamente no se puede achacar nada a nadie porque si entramos en ese juego nunca mejor se nos podría decir que estamos manipulados.
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Mentiras desenterradas del Yak 42

El juicio sin políticos por las identificaciones falsas apunta al equipo de Trillo

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 26/04/2009

En el mejor de los casos, dedicaron a identificar 30 cadáveres carbonizados tres horas y 25 minutos, el tiempo que transcurrió desde que firmaron un documento diciendo que sabían que estaban sin reconocer hasta que los repatriaron desde Turquía. Menos de siete minutos por cada cuerpo. Se equivocaron en todos. Confundieron a un negro con un blanco. Mezclaron restos de tres cuerpos en un solo féretro. Y seis años después, las familias de las víctimas del Yak-42 aún no saben por qué.

La catástrofe del Yak-42
A FONDO

"Defensa me escribió diciéndome que mi hijo muerto estaría 'avergonzado de mí"
Dedicaron a los reconocimientos menos de siete minutos por cadáver


El juicio por las identificaciones falsas de la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz (62 muertos) no les ha servido, repiten, para aclarar esa parte fundamental y poder cerrar su duelo: por qué aquellos militares hicieron las identificaciones tan deprisa; es decir, a qué político obedecían y con qué propósito.

El fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido cinco y cuatro años y medio de cárcel para los tres acusados, el general de Sanidad Vicente Navarro y los capitanes médicos Ramírez y Sáez por "inventarse" las identificaciones y falsear varios documentos oficiales. Pero insistió en que "la decisión estaba tomada desde el primer momento". Y fueron los políticos los que decidieron cancelar el envío de un equipo especializado de la Guardia Civil para tomar muestras de ADN; los que fijaron la fecha del funeral sólo 60 horas después de la tragedia, cuando "no existía la más remota posibilidad de que los cuerpos estuvieran identificados", según el fiscal. Y los que mintieron una y otra vez a las familias para ocultarles que habían enterrado al hermano, al hijo, al padre de otro.

No se han sentado estos días en el banquillo, pero muchas de las afirmaciones del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y su número tres, Javier Jiménez-Ugarte, han quedado constatadas como mentiras en el juicio. Éstas son algunas de ellas.

- Sí sabían que no estaban identificados. Los forenses turcos, que hicieron correctamente todas las identificaciones, alarmados por las prisas de los militares españoles ("querían salir de allí cuanto antes. Dijeron que tenían prisa porque el jueves se celebraba un funeral", declaró uno de ellos en el juicio) les hicieron firmar, antes de irse, un acta en la que reconocían que se llevaban cuerpos sin identificar y se comprometían a hacerlo en España. Se llevaron copia, según indicaron los forenses turcos, pero el ministerio la ocultó. Cuando este diario publicó, en marzo de 2004, el documento, Defensa alegó que no lo tenía.

- Sí entendieron a los turcos. En el juicio, el general Navarro declaró que firmó el acta sin saber lo que firmaba, porque "estaba todo en turco". Pero el Consulado había enviado a un intérprete de español que tradujo el documento y firmó, como Navarro, el acta.

- El estado de los cuerpos no era bueno. Los españoles no consideraron necesario tomar muestras de ADN, que hubieran demorado la identificación unos cuatro días, según los expertos. Tampoco enviaron a ningún forense, y el biólogo y el odontólogo que se desplazaron desde España ni siquiera llegaron a intervenir. "El estado de los restos era aceptable para su filiación", afirmó Defensa. No era así. Del lugar del accidente se recogieron miembros amputados. El estado de los cuerpos provocó que se clasificaran como dos cadáveres lo que resultaron ser partes de uno solo.

- Sí existían pruebas de ADN. Los forenses turcos explican en el acta que firman los militares españoles que los cuerpos "estaban destrozados" y que por ese motivo tomaron muestras genéticas de todos para "realizar un estudio comparativo entre los análisis de ADN de los cadáveres y los de los familiares si se envían (desde España) en caso de que se soliciten".
Varias familias habían preguntado por las muestras de ADN recogidas en Turquía. Defensa, especialmente el general Navarro y el número tres de Trillo, negó siempre su existencia. "Jiménez- Ugarte llegó a enviarme una carta diciéndome que mi hijo muerto se avergonzaría de mi comportamiento", recuerda Francisco, padre del sargento Francisco Cardona. Fueron esas muestras recogidas por los forenses turcos las que permitieron a los familiares averiguar el error, exhumar los restos que habían enterrado y en no todos los casos (algunos habían sido incinerados), devolvérselos a sus seres queridos.

- No identificaron los cuerpos por los uniformes y objetos personales. Defensa aseguró a las familias, y así lo repitió Navarro en el juicio, que habían identificado los cuerpos gracias a los uniformes militares (llevan cosido el nombre en el bolsillo), las placas identificativas y objetos personales como alianzas de boda. Pero no todos llevaban uniforme. "Mi hijo iba vestido de civil", recuerda Cardona, y cuando cinco meses después del accidente un grupo de familiares viajó a Turquía, un imán de la zona les entregó las chapas metálicas de dos víctimas que había recogido del lugar del siniestro. "Yo mismo encontré en el suelo varios objetos, como la esfera de un reloj", recuerda Cardona.

- La justicia turca no impidió devolver los objetos de las víctimas. Algunas familias pidieron abrir ataúdes para ver a los suyos. Defensa se negó. Después, reclamaron los objetos con los que supuestamente les habían identificado. Y el Ministerio contestó que el juez turco había decidido que quedasen dentro de los féretros. "Pensé que se trataría de algún rito musulmán", recuerda Carlos, padre del fallecido cabo Feliciano Vegas, "pero cuando le preguntamos a la abogada turca nos dijo que no existía tal posibilidad. Cuando desenterramos los cuerpos, el de mi hijo no llevaba su alianza de boda".

Los nueve miembros del Ejército del Ala 31 que viajaban en el Yak iban de civil. Algunos de los objetos personales de las víctimas seguían meses después en el lugar del accidente. Y en el acta de la fiscalía turca se dejaba constancia de que, en al menos 14 cuerpos, no había "nada para identificar".

Lo último que se escuchó en la sala antes de que el juez pronunciara el "visto para sentencia" fue una excusa, lo más parecido a una disculpa que han recibido las familias de las víctimas del Yak-42: "Procuramos dulcificar las circunstancias de una muerte absolutamente indescriptible para que esas familias que ya han perdido al ser querido no sigan torturándose", alegó Navarro en su último turno de palabra. La tortura se ha prolongado ya seis años. Y continúa.

"Estamos determinados a seguir emprendiendo acciones legales hasta que los políticos que dieron las órdenes respondan por ello y se aclare todo lo que no se ha aclarado en el juicio", explicó Miguel Ángel, hermano del fallecido sargento José Manuel Sencianes y presidente de la Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42. "Porque nos va la vida en ello. La gente necesita dormir para poder vivir y yo no podré dormir bien hasta que se le haga justicia a mi hermano".

¿Quién se llevó los anillos?
Aún queda mucho por saber, repiten las familias de las víctimas del Yak. El fiscal de la Audiencia Nacional insistió durante el juicio en la sorprendente inexistencia de un expediente sobre las identificaciones en el Ministerio de Defensa. El general Navarro reconoció que había destruido las fichas de identificación, las mismas que el ministerio aseguró haber repasado minuciosamente cuando estalló el escándalo. Los políticos que en aquel momento tomaban las decisiones y daban las órdenes no han aportado, pues, ni documentos ni testimonios que puedan arrojar luz sobre algunos de los misterios del caso. Por ejemplo: ¿dónde están los anillos de las víctimas con los que supuestamente fueron identificadas?

Defensa aseguró a los familiares que la justicia turca había decidido que permanecieran en los féretros, pero cuando exhumaron los cuerpos, los anillos no estaban.

También queda por aclarar si el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz o el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre cometieron falso testimonio durante el juicio. El primero declaró que Alejandre le había comentado que supo que los cuerpos no estaban identificados en una reunión celebrada en el Ministerio de Defensa 24 horas antes del funeral de Estado y que había propuesto que no se entregaran a los familiares. Alejandre negó ante el juez Bermúdez que conociera los errores en la identificación al día siguiente del siniestro.

Otro de los aspectos oscuros es el viaje del entonces número tres de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, a Turquía en marzo de 2004 para tratar de convencer a los forenses turcos de que asumieran la responsabilidad de las identificaciones erróneas
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http://www.publico.es/espana/221478/victimas/trillo

Las víctimas de Trillo

Las familias de los militares denuncian al ex ministro de Defensa como último responsable.

MIGUEL ÁNGEL MARFULL - Madrid - 26/04/2009 08:00

Si tuviera delante a Trillo, sólo le preguntaría si tiene hijos". Jacinta Vicente perdió al suyo hace en el accidente del Yak 42. Su marido, Evelio González, remata su frase para completar seis años de rabia contenida: "Querría saber si le queda algo de vergüenza, si tiene honor".

Los familiares creen un sarcasmo que Trillo sea portavoz de Justicia del PP

El 26 de mayo de 2003, Evelio y Jacinta escucharon a las seis de la mañana por la radio que un avión con 62 militares españoles a bordo se había estrellado esa madrugada en Turquía. Su hijo, el teniente Mario González Vicente, de 27 años, viajaba en la aeronave. No necesitaron demasiados detalles para salir de dudas.

Acababan de hablar con él antes de que emprendiera el vuelo fatalmente truncado en la ladera de una montaña próxima al aeropuerto turco de Trabzon. Ahora guardan sus últimas palabras como un tesoro: "Estaba orgullosísimo de lo que hacía; me dijo que lo volvería a repetir, que no olvidaría nunca su trabajo en Afganistán. Eso es ser un militar. Así es el honor de un teniente.

¿Dónde está el de Trillo?"
Una vez visto para sentencia el juicio por la cadena de errores en la identificación de las víctimas del accidente, ambos denuncian que hay más responsables por encima de los tres uniformados que se han sentado en el banquillo. "Federico Trillo es el culpable; los militares mandan en los cuarteles pero los políticos ordenan a los militares", sentencian.

"Sientes incredulidad"
Los familiares de las víctimas han recorrido juntos "seis años de sufrimiento y dolor continuo" que resume el padre del teniente González Vicente en una secuencia con tres sensaciones: "Sientes incredulidad, piensas que el Estado te ha abandonado y que los militares te han traicionado".

"Sufrimos amenazas desde el primer momento", dice el padre de una víctima

Asiente al escucharle Consuelo Sánchez, hermana del sargento primero Miguel Sánchez Alcázar, casado, y con un hijo que tenía dos años cuando su padre perdió la vida en Turquía. "Rajoy habla constantemente de principios y valores. ¿Cuáles han seguido ellos desde el accidente? ¿Con qué principios y valores defiende Trillo la Justicia en el Congreso?".

"No nos habría importado esperar. ¿Por qué no hicieron las cosas bien?" Consuelo enhebra sus preguntas con los ojos empañados. "Trillo y Jiménez Ugarte número tres del ex ministro de Defensa de Aznar alimentaron nuestro dolor y nuestra pena y trataron a nuestros 62 héroes peor que perros".

Acoso a las víctimas
Faltó algo más que simple tacto. Algunos ejemplos desbordan la frontera de lo calificable. "Javier Jiménez Ugarte me dijo que, si mi hijo viviera, se avergonzaría de nosotros por lo que estamos haciendo", recuerda Amparo Gil. Lo que les recriminaba el principal subordinado de Trillo era que exigieran que la cadena de negligencias que siguió al accidente no quedara impune.
Esta batalla de seis años ha quedado impresa en el nicho donde descansa su hijo en el cementerio de Alboraya, en Valencia. Eres nuestra vida y nuestras ganas de luchar, reza el epitafio que Amparo y Francisco Cardona, padres del sargento Francisco Javier Cardona Gil, colocaron en su lápida. Javier tenía 27 años y llevaba diez en el ejército del Aire.

Junto al ex ministro, las familias culpan a su número tres y a José María Aznar

Francisco conoció la noticia del accidente en la base aérea de Zaragoza. "Estaba esperando ese avión, el vuelo en el que regresaba mi hijo, y lo vi en la televisión". Los problemas llegaron de inmediato. "Sufrimos amenazas desde el primer día. En la base, un coronel nos dijo que tuviéramos cuidado con lo que decíamos a la prensa, porque nos podíamos arrepentir". Ese coronel es ahora general. "Los han ascendido a todos", lamenta Amparo.

"Faltan Trillo y Aznar"
Ambos han asistido casi todos los días a un juicio en el que denuncian, antes que nada, tres ausencias: "Allí han faltado Trillo, Aznar y Ugarte, que fueron los que daban las órdenes".

La labor de las familias ha acabado con los 'vuelos basura'

"Por su culpa", Francisco y Amparo han llevado flores cada domingo a una tumba equivocada durante 20 meses. Tuvieron que esperar ese tiempo para enterrar, finalmente, al verdadero sargento Cardona. Con el frío lenguaje forense en el que las víctimas son un número adherido a un saco mortuorio y los cadáveres un hecho jurídico, al matrimonio Cardona Gil le entregaron la bolsa número 14. Los restos de su hijo se encontraban, sin embargo, en la 17. Esclarecieron la verdad, gracias a su empeño, un año, ocho meses y un día después del accidente "por el detestable trabajo" de Trillo y su equipo.

Aunque no se siente en el banquillo, Francisco condena al ex ministro: "Hemos tenido que aguantar su soberbia, su chulería y su prepotencia todo este tiempo. Es un cobarde; no se atreve a dar la cara. Trillo, que está todo el día pidiendo Justicia, es el que tiene que dar explicaciones".
Francisco se las exigió en persona antes de clavar la fotografía de su hijo fallecido en la mirada del ex ministro: "Fue en El Corte Inglés de Valencia. Estaba firmando libros. Compré uno los 24 euros peor gastados de mi vida, metí en él una foto de mi hijo y le pedí que se lo dedicara a las víctimas del Yak 24". Pero Trillo no quiso escribir tal dedicatoria y encendió aún más la indignación del padre del sargento fallecido. "Le exigí que lo hiciera, igual que hizo firmar el acta de repatriación de los cadáveres sin identificar".

Los guardaespaldas de Trillo acompañaron a Francisco a la salida del centro comercial, mientras rompía el libro y lanzaba sus restos de papel a la cara del ex ministro de Aznar que "jugó" con otros restos más sensibles, los de su hijo.

"No habrá justicia sin condena a Trillo", dice la madre de un fallecido

Pendientes del fallo de la Audiencia Nacional, ni Francisco ni Amparo se sienten aliviados: "Esperamos una sentencia justa, pero tengo pocas esperanzas por la cantidad de obstáculos que hemos sufrido", explica Amparo. Con la mirada hundida, reconoce que estos seis años de pulso a la paciencia, "llenos de altibajos", han cambiado su vida por completo: "Hoy no soy la misma; era pacífica y prudente y hoy soy guerrillera y mala. No tengo ilusión por nada".

El cansancio ha astillado también el carácter de Granada Ripollés, hija y nieta de militares y hermana del comandante José Manuel Ripollés, que dejó 23 años de servicio en el Ejército a bordo del Yakolev siniestrado y en España una viuda y dos hijos. Asegura que estos cinco años largos de espera le han "embrutecido".

Granada lleva prendido en su chaqueta un lazo verde con el que simboliza su exigencia de justicia para las víctimas del accidente de Turquía. "No me lo he quitado ni un solo día". Ese lazo, y la batalla de los familiares convertida en asociación dos meses después del accidente, han dado frutos. Bajo el epitafio del sargento Cardona, sus padres escribieron también otra frase: Nació para vivir y murió para que otros vivieran.

Ha sido la última batalla ganada por los 62 militares del Yak y podría ser el lema de la asociación que agrupa a sus familiares. "Nuestra lucha ha conseguido que se cambien los aviones en los viajan los militares y que se cree un protocolo de identificación para este tipo de casos que antes no existía".

El hermano de Granada, el comandante Ripollés denunció días antes de morir las pésimas condiciones del avión en el que esperaba regresar a España: "Con sólo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar taquicardia". Esos vuelos basura no se han repetido gracias al trabajo de la asociación de víctimas del Yak 42.

"Asumimos riesgos como familiares de militares, pero una cosa es un accidente, y otra una cadena de mentiras", explica Granada para buscar responsables: "Trillo nunca nos ha pedido perdón a los familiares de las víctimas".

¿Muertos en paz?
"Tenía que estar en el banquillo de los acusados, con Ugarte y Aznar, le interrumpe Juana López porque nos trataron peor que a cucarachas", se queja la madre del brigada Emilio González López, destinado en Valencia antes del accidente que segó abruptamente sus 23 años de servicio en las Fuerzas Armadas.

También la radio le sirvió a Juana aquella mañana de mayo para saber que no volvería a ver a su hijo. Lo que no imaginaba era hasta qué punto aquel accidente cambiaría su vida. Cuando comenzó a tejer sus primeras sospechas, tampoco lo podía creer. "Era imposible que hubieran hecho eso", recuerda pensando en los mandos de Defensa.

En este tiempo, Juana no ha olvidado una frase. Aznar llenó de sal su herida más dolorosa "cuando pidió que dejáramos a los muertos del Yak en paz". Ahora espera justicia. Cuando se le pregunta qué condena aliviaría su pena no lo duda: "Ninguna hasta que no sea Trillo el condenado".

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Las familias se trajeron por sorpresa al juicio a dos testigos decisivos

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