Durante décadas, el régimen franquista emprendió una guerra silenciosa pero implacable contra la diversidad lingüística del Estado. No fue un daño colateral ni una consecuencia menor del autoritarismo: fue una política deliberada, sistemática y profundamente ideológica. Para el franquismo, la pluralidad era una amenaza. Y pocas cosas representaban mejor esa pluralidad que las lenguas cooficiales —el catalán, el euskera y el gallego— habladas por millones de personas mucho antes de que el general Franco decidiera imponer su idea estrecha y uniforme de España.

Desde el final de la Guerra Civil, la dictadura identificó la lengua castellana como el único vehículo legítimo de expresión pública. Todo lo demás fue reducido a la categoría de folclore, cuando no directamente perseguido. Las otras lenguas fueron expulsadas de la escuela, de la administración, de los tribunales, de los medios de comunicación y de la vida pública en general. No se trataba solo de promover el castellano: se trataba de erradicar cualquier otro idioma como forma de quebrar identidades colectivas y someter a los territorios considerados “periféricos”.

Hablar catalán, euskera o gallego podía acarrear sanciones, humillaciones o castigos. En las escuelas, los niños eran reprendidos por expresarse en la lengua que hablaban en casa. En algunos casos, se les colgaban carteles denigrantes o se les obligaba a pagar multas simbólicas por “hablar mal”. En la calle, los rótulos fueron castellanizados a la fuerza; los nombres propios, también. Un “Jordi” debía convertirse en “Jorge”, una “Uxía” en “Eugenia”. La lengua, ese espacio íntimo donde se construye la identidad, fue convertida en un campo de batalla.

Ante esta represión, la resistencia adoptó formas cotidianas y, precisamente por eso, profundamente políticas. Hablar la propia lengua se convirtió en un acto de desobediencia. En la cocina, en la taberna, en la fábrica, en la intimidad del hogar o en reuniones semiclandestinas, millones de personas siguieron transmitiendo su idioma a escondidas. Escribir poesía en catalán, cantar en gallego o enseñar euskera en círculos culturales era mucho más que una actividad cultural: era un desafío directo al régimen.

La dictadura comprendía bien el poder simbólico del lenguaje. Por eso lo temía. Porque una lengua no es solo un medio de comunicación, sino una manera de entender el mundo, de nombrarlo y, por tanto, de cuestionarlo. Allí donde el franquismo pretendía imponer silencio y homogeneidad, las lenguas perseguidas mantuvieron viva la memoria, la comunidad y la posibilidad de un futuro distinto.

Hoy, cuando algunos intentan blanquear el franquismo o minimizar sus abusos, conviene recordar que la represión lingüística fue una forma de violencia cotidiana, ejercida durante casi cuarenta años. Defender la diversidad lingüística no es un capricho identitario ni una concesión moderna: es una reparación histórica. Porque durante demasiado tiempo, hablar como uno era se convirtió en un acto de valentía. Y porque hubo un país entero que aprendió a resistir pronunciando sus propias palabras en voz baja, esperando el día en que pudiera volver a decirlas en libertad.