Cada vez son más las familias que deciden emprender la búsqueda de sus antepasados desaparecidos durante la Guerra Civil Española. Prueba de ello son las más de 150 familias que ya forman parte de l’Associació de Famílies del Front del Llevant. Esta agrupación va tras las huellas de los combatientes –tanto de un bando como del otro– que desaparecieron en algún punto de este frente ubicado mayoritariamente en el interior de la provincia de Castellón, pero también en Teruel y el norte de Valencia.
La asociación nació en 2019 y solo en el último año ha engordado sus ‘filas’ un 25%, con la consiguiente suma de voces que denuncian la realidad de una auténtica carrera de obstáculos en la que la propia salida es uno de los mayores retos a los que se enfrentan.
«La ley nos ampara, pero solo sobre el papel», sentencia Felisa González, presidenta de la asociación de familias de combatientes desaparecidos en el frente del Levante. Esta es la asociación de este tipo más joven de España y la que cuenta con más miembros. Pero siguiendo su huella ya son cuatro a nivel nacional.
La segunda fue la del frente de Extremadura, donde desaparecieron entre otros, muchos castellonenses y valencianos. Recientemente, además, se han creado las asociaciones de desaparecidos en Madrid y Teruel, lo que confirma el interés creciente de la población española por recuperar los restos de sus seres queridos. Un derecho que recoge la legislación española, pero que según denuncian estos familiares, cuesta demasiado poner en práctica.
SOBRE EL PAPEL
Es al Gobierno de España al que le corresponde buscar a las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Los documentos usados para investigar el paradero de miles de cuerpos deben ser descritos, catalogados y digitalizados, con tal de garantizar el acceso libre, gratuito y universal. Aquí termina la teoría de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
En la práctica, sin embargo, ninguno de estos artículos es todavía una realidad. Las familias, que no el Estado, son las que dedican los recursos a su alcance para recuperar los restos de sus antepasados –en la mayoría de casos, nietos y nietas en busca de sus abuelos y abuelas–.
Los documentos tampoco están disponibles, no ya en formato digital; ni siquiera para su consulta física. Lo reconoce el propio Gobierno español en una contestación a las familias del Front del Llevant, que trasladaron el pasado mes de mayo algunas de las preguntas más recurrentes entre sus miembros: ¿Cuántos documentos relativos a la Guerra Civil continúan almacenados en las cajas de los archivos históricos sin describir ni catalogar (es decir, sin que nadie sepa de su existencia)?, ¿cuántos se prevé ‘descubrir’ este año?, ¿cuándo podrán consultarse de forma online y evitar así la espera actual de cinco o seis meses desde que se solicitan hasta que se reciben?
En medio de la sofocante cuarta ola de calor de este verano, las familias de más de una quincena de combatientes caídos en el Front del Llevant queman...
El Archivo de Salamanca, uno de los principales depósitos históricos del país junto al Archivo de Ávila, responde con una jarra helada de realidad: cerca del 75% de los documentos sobre la Guerra Civil Española siguen en el total anonimato desde la creación de este centro documental de Memoria Histórica, en 2007.
La suma de los fondos en Salamanca, que junto a otros se utilizaron durante la dictadura para «articular de una manera eficaz y sistemática la planificación y ejecución de tareas de represión política, económica y social de todas las instituciones y personas que apoyaron al régimen republicano», tal y como explica el Ministerio de Cultura, rellenarían 6,4 kilómetros lineales de estanterías (la suma de todos los archivos de España alcanzaría una extensión lineal de 30 kilómetros), incluso después de que el régimen dictatorial realizó «eliminaciones de importantes cantidades de documentos si se consideraba que no tenían valor con fines represivos».
En la práctica, esta realidad se traduce en una probabilidad de un 25% de descubrir por los documentos históricos dónde estuvo designado y dónde pudo haber fallecido un antepasado para todas las familias que no llegaron nunca a conocer estos datos.
REVICTIMIZACIÓN
Durante su día a día los miembros de estas asociaciones se ven abocados a «convertirnos en investigadores» y a invertir su tiempo y dinero en desplazarse por los principales archivos de España donde puede que se encuentren las principales pistas que necesitan, pero que nadie lo sepa. Y esto en el mejor de los casos, ya que tal y como denuncia González, «no todo el mundo tiene recursos para ello», lo que genera una clara desigualdad social y una revictimización de estas familias.
Las críticas alcanzan a todos los niveles de la administración pública. La presidenta de la agrupación del Front del Llevant recuerda que el Gobierno central cuenta con un presupuesto insuficiente para abordar esta tarea colosal. Además son las comunidades autónomas las que deben solicitar las subvenciones para llevar a cabo los proyectos de investigación, exhumación e identificación de desaparecidos, un trámite que ahora mismo, asegura, tan solo realizan los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña.
En la Comunidad Valenciana, de hecho, la entrada de PP y Vox en el gobierno supuso un drástico recorte en la partida presupuestaria para tal fin, de los 600.000 a los 200.000 euros para todo el territorio valenciano. Además, PP y Vox excluyeron a toda figura que no fuese una administración pública (una diputación o un ayuntamiento) como posibles beneficiarios de estas subvenciones, por lo que las asociaciones de familiares y ONGs dependen de que los alcaldes y alcaldesas de la provincia, o la Diputación de Castellón, estén dispuestos a realizar la solicitud.
Una petición a la que ya se han negado algunos gobiernos locales de derechas y al que la actual Diputación de Castellón del Partido Popular le ha dado completamente la espalda.
El 80% DE LOS ARCHIVOS SIN DIGITALIZAR
A pesar de los malos datos trasladados por el Ministerio de Cultura, la intención del Gobierno de España es pisar el acelerador a la hora de describir, catalogar y digitalizar los documentos que ansían tantas familias. En respuesta a la asociación del frente del Levante, el Ministerio asegura que prevé describir y catalogar más de 3,2 millones de registros descriptivos y autoridades este año frente a los poco más de 10.000 documentos tramitados en 2025. En cuanto al a digitalización y publicación de los mismos, el 80% sigue en el cajón, pero este 2026 está prevista la puesta en linea de 3,2 millones de imágenes de documentos cuando durante todo el año pasado la cifra ascendió a solo 150.000. Unas cifras de las que recelan los afectados.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada