El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de sustitución por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de la verdad, integrada por expertos independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica acerca de las desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra Civil y el franquismo; así como de formular propuestas y recomendaciones a los poderes públicos para que la defensa de los derechos de las familias de las víctimas no sea solo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva. Asimismo, proponemos recobrar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica y restablecer las partidas presupuestarias dedicadas a los gastos derivados de la comisión interministerial, creada por el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre.
Este instrumento, señorías, la comisión de la verdad que hoy proponemos aquí, es recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para explicar el pasado; para explicar necesariamente y para entender, como complemento de lo que ha venido haciendo durante estos últimos 35 años, tanto el Poder Legislativo, con la aprobación, por ejemplo, durante el Gobierno socialista, de la ley de la memoria histórica, la Ley 52/2007 −una ley que, por cierto, no apoyó el Partido Popular−, como el Poder Judicial, en menor medida. Hoy esta comisión de la verdad es, si cabe, más necesaria. Lo es porque, desde que gobierna el Partido Popular, todo el trabajo que se venía desarrollando de reconocimiento, de ampliación de derechos, de buscar la verdad, de hacer justicia, de establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución y violación durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, se ha visto truncado. Ha quedado truncado por las medidas del Gobierno, contrarias a la aplicación de la ley de la memoria histórica y contrarias específicamente a la dotación de las partidas presupuestarias que se destinaban a estas tareas, de modo que quedan aún cerca de 2000 fosas por abrir y decenas de miles de desapariciones forzadas por aclarar. Las familias de los desaparecidos durante este triste periodo de la historia de España aún no han visto satisfecho su derecho a conocer la verdad y el derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados o enterrados en fosas comunes. Esta tarea no puede ser solo de los particulares, de las familias de las víctimas; sino que tiene que tiene que contar con el apoyo de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica.
Para restablecer esos derechos que son de justicia, propone el Grupo Parlamentario Socialista esta enmienda de sustitución, que espera que sea aceptada.
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/index.html?id=S011008&legis=10
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