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El rectorado de Valladolid oye la petición de colectivos de memoria que pedían un reconocimiento oficial a los trabajadores de la enseñanza duramente castigados tras el golpe de estado de 1936
Imagen de archivo de un maestro con sus alumnos.
La maestra de Quintanilla de Abajo (Valladolid) Ángela Alonso fue castigada en diciembre de 1939 por "revelar secretos de la maternidad" a su alumnado. La profesora de pedagogía Aurelia Gutiérrez Blanchard, muy implicada en la renovación educativa de la Segunda República y defensora de las corrientes de la nueva escuela europea, fue asesinada extrajudicialmente el 24 de agosto de 1936. El profesor de Aritmética y primer alcalde republicano de Valladolid, Federico Landrove, murió en un penal de Segovia. En 1938, cuando ya estaba muerto, embargaron todos sus bienes. Su hijo, catedrático de Derecho Procesal, diputado y abogado de estado, fue fusilado tras un consejo de guerra el 15 de agosto de 1936.
Tras el golpe de estado de julio de 1936, las élites de la Iglesia y del Ejército dispuestas a dominar el país consideraron al magisterio como una amenaza. Las cifras de historiadores e investigadores para todo el territorio español sitúan en cerca de 20.000 los docentes represaliados. Las detenciones a maestros, maestras, profesores de instituto y de universidad se fueron sucediendo de manera sistemática y planificada desde la sublevación militar y hasta años después del final de la Guerra Civil. La Segunda República había universalizado la educación, laica y gratuita, otorgándole un lugar preminente dentro de sus políticas sociales, y el nuevo estado franquista no iba a tolerar una sociedad formada y conectada con Europea, tal y como fomentaba el proyecto educativo republicano.
Sólo en la provincia de Valladolid, más de dos centenares de profesoras y profesores fueron asesinados, encarcelados, inhabilitados y desterrados por el franquismo.
La investigadora vallisoletana Chusa Izquierdo estudia desde hace años la represión franquista en la provincia y, en concreto, las prácticas represoras hacia el magisterio. Su trabajo arroja luz en el apartado de la represión física. "Había estudios parciales sobre la depuración administrativa, pero faltaba la parte de asesinatos extrajudiciales y judiciales y los casos de encarcelamientos", señala Izquierdo. Su investigación saldrá pronto publicada y, mientras, la asociación con la que colabora, Colectivo contra el olvido, ha logrado que la Universidad de Valladolid acoja un acto de reconocimiento a estos profesores y profesoras represaliados, el martes 18 de marzo a partir de las 17.30.
"Aquí no se había producido ninguna rehabilitación moral de los docentes, y llevábamos tiempo pidiendo que la universidad acoja en su seno a aquellos a los que un día expulsó", explica Asunción Esteban, profesora de Historia de la Universidad de Valladolid y miembro de Colectivo contra el olvido, la asociación que trabaja asuntos relacionados con la memoria histórica dentro de la universidad. "El distrito universitario de Valladolid era muy grande, acogía nueve provincias, incluidas las del País Vasco, y fue el rectorado el encargado de estudiar los casos de profesores depurados y firmar los expedientes", recuerda Esteban.
Sobre una plantilla de mil docentes con la que contaba Valladolid al final de la Segunda República, 216 fueron sometidos a procesos de depuración que incluían sanciones administrativas, inhabilitaciones, destierro a otras provincias, cárcel, consejos de guerra y fusilamientos extrajudiciales. "El 5 de septiembre del 36 ya empiezan a salir listas de profesores sancionados", detalla Izquierdo. "En ciudades de retaguardia como Valladolid, que cae desde el principio en el lado de los militares sublevados, la represión física se produce a lo largo de la guerra y unos años después", añade la investigadora. Las sanciones administrativas se prolongaron hasta principios de los años 50.
Educación laica y gratuita: una amenaza
La Segunda República basó su modelo educativo en un sistema laico, gratuito, obligatorio y con libertad de cátedra. Incorporó además el funcionariado de la clase docente y se legisló para facilitar la enseñanza a la ciudadanía más empobrecida. También se reguló el bilingüismo desde la escuela primaria, se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y se tenían en cuenta las nuevas tendencias pedagógicas que llegaban de Europa. "Se dignificó sobre todo la figura del maestro", puntualiza Asunción Esteban. "Querían cambiar la sociedad desde la enseñanza, y por eso se cebaron con ellos tras el golpe de estado", añade. "Es importante que la gente conozca que toda esa educación se sustituyó por la doctrina nacional católica que hemos tenido durante décadas, desconectada de Europa.Y más ahora que volvemos a hablar de la educación religiosa en las aulas. Sin memoria no hay conciencia y no se puede contrastar con el pasado; por eso quieren que nos olvidemos de que en un momento tratamos de hacer una sociedad más justa", concluye Esteban.
Una parte importante de los docentes represaliados comparte su compromiso social y político con el proyecto republicano. Además del desempeño del magisterio, muchos fueron alcaldes o concejales en sus pueblos y ciudades. "Las acusaciones contra ellos eran de todo tipo porque abarcaban también su pertenencia a sindicatos y partidos de izquierda", aclara Chusa Izquierdo. También, se les señalaba por propagar ideas marxistas en el aula o por no cumplir deberes religiosos.
La trayectoria del vallisoletano Juan Moreno Mateo es un ejemplo de vida dedicada a la docencia y a la política. Fue uno de los impulsores del partido republicano Radical Socialista, concejal y gestor en la diputación. Antes de la proclamación de la Segunda República ya defendía la importancia de la enseñanza laica, y luchó por lograr derechos y privilegios para maestros. Tras el golpe de estado permaneció escondido unos días y después partió hacia A Coruña, donde lo hallaron muerto, según informes policiales a los que ha tenido acceso Izquierdo. "Alguien lo debió reconocer y lo mataron, pero no se sabe nada más", matiza.
Maestras acusadas de ‘moral relajada'
Las detenciones a maestras se basaban, además, en su conducta social. "Aparte de su compromiso social y educativo, se les acusaba de estar solteras o separadas, de ir a bailes o a teatros, de tener moral relajada", explica Izquierdo. Más de la mitad de la plantilla docente de los pueblos, en el caso de la provincia de Valladolid, eran mujeres. El 30 por ciento sufrió procesos de depuración. "Sus historias revelan mujeres valientes en ese momento que se atrevieron a defender la educación republicana y a usar las aulas para enseñar", precisa la investigadora.
Fue el caso de María Álvarez Carro, la maestra de Carpio, afiliada a Acción Republicana y muy involucrada en la vida social y política del momento. Le acusaron de actitud laicista, de pertenecer al Frente Popular y de mantener una "conducta pésima". En diciembre de 1939 se confirmó su separación definitiva del servicio, pero María había sido asesinada en el verano de 1936, según testimonios orales recogidos por Izquierdo.
Mañana, el acto de reconocimiento a los trabajadores de la enseñanza represaliados comienza con la proyección del documental ‘Las maestras de la República', y contará con la presencia del historiador Josep Fontana y la maestra e hija de maestros asesinados Hilda Farfante, una de las protagonistas del documental. Los impulsores de la iniciativa buscan ahora descendientes de los maestros y maestras represaliados.
En el siguiente enlace, se puede acceder a los nombres de los docentes vallisoletanos asesinados y encarcelados.
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